El dilema de la reivindicación del consumo de la hoja de coca como manifestación cultural y la lucha contra el narcotráfico en Bolivia.

Por Luis Abel Zárate Meriles

 

1. INTRODUCCIÓN

El gobierno del presidente boliviano, Evo Morales, se ha caracterizado por emprender políticas de desarrollo integral de la coca y su revalorización. La nueva constitución política del Estado Plurinacional de Bolivia, establece en su artículo n° 384, la protección de la coca como patrimonio cultural, por lo cual, la defensa de la hoja de coca se convierte en una prioridad cultural y de Estado: Artículo 384. “El Estado protege a la coca originaria ancestral como patrimonio cultural, recurso natural renovable de la biodiversidad de Bolivia, y como factor de cohesión social; en su estado natural no es estupefaciente. La revalorización, producción, comercialización e industrialización se regirá mediante ley”.
Por otro lado, la Convención de Viena de 1961, estipula dos enunciados referentes a la penalización del masticado de la hoja coca y la temporización para erradicar o desaparecer esta actividad en un plazo de 25 años.
Esta divergencia se convierte en un dilema, ya que la erradicación total de la hoja de coca, para la sociedad boliviana sería un atentando frente a sus costumbres y cultura en general. El presente trabajo busca analizar la problemática que se ha generado en el Estado Plurinacional de Bolivia, respecto a la penalización del masticado de la hoja de coca (Convención de Viena 1961) y la defensa de esta activad ancestral (masticado de la hoja de coca). El gobierno de Evo Morales, ha emprendido desde inicio de su primer gobierno, una política de desarrollo integral de la coca y revalorización de la misma, posición que para algunos analista deja cabos sueltos en relación a lucha contra el narcotráfico, poniéndolo en conflicto con los acuerdos internacionales suscritos por el estado boliviano.
Por lo expuesto, este articulo intentará analizar si la denuncia elaborada por Bolivia frente al artículo 49 de la Convención de Viena es correcta y si la revalorización de la hoja de coca como patrimonio cultural establecida en la nueva Constitución de Bolivia del 2009, afecta en el crecimiento del narcotráfico Bolivia. El trabajo estará divido en tres partes: 1) La hoja de coca como patrimonio cultural boliviano; 2) Los tratados internacionales, la Convención de Viena, y sus políticas contra la erradicación de estupefacientes y su relación con el narcotráfico; 3) Correlación entre el uso de la hoja de coca y su derivación hacia el narcotráfico en Bolivia.

 

2. DESARROLLO
2.1. LA HOJA DE COCA COMO PATRIMONIO CULTUTAL EN BOLIVIA
El Gobierno de Bolivia enfatiza su voluntad política de revalorizar y dignificar a la hoja de coca, promocionando sus valores histórico-culturales, impulsando los procesos de industrialización y comercialización lícita; además de desarrollar acciones orientadas al cambio de su status jurídico en el marco de las Convenciones Internacionales sobre la materia. (Datos: Embajada de Bolivia en Argentina).
Como se sabe, el uso de la hoja de coca en Bolivia obedece a un proceso histórico  ue empieza desde la época pre-inca, incaica, la colonia, república y la actualidad. Muchos historiadores mencionan que en la época preincaica, la hoja de coca era consumida por todos los habitantes en general (Cajías; 1995:21), sin embargo, en la época incaica fue restringida solo para un sector “privilegiado o nobleza” (Matienzo; 1978:249). Ya en la época colonial, la hoja de coca se convirtió en un producto importante para la comercialización (Lema; 1980:42) no solo en las minas sino en todo el territorio, ya que, la utilizaban en mates para curar resfríos, dolores de muelas, heridas, fracturas de huesos y otros. Respecto a esto, Parkerson (1980:115), diría que se puede asumir que la coca se convirtió en un recurso esencial en la colonia, porque adquirió  un valor mercantil para dejar de ser un valor cultural y religioso.
En la actualidad, la hoja de coca sigue siendo usada por los pobladores bolivianos en sus actividades cotidianos como el trabajo en el campo. Amplios sectores de la población mastican coca para combatir el cansancio, los efectos de vivir en la altura, usos medicinales, y como parte de sus ceremonias tradicionales o de costumbres.

 

2.2. LA CONVENCIÓN DE VIENA
El ministro boliviano de Relaciones Exteriores, David Choquehuanca, manifestó que la problemática latente que tiene el Estado Plurinacional de Bolivia respecto al uso de la hoja de coca o “akulliku”, es el artículo nº 41 de la Convención de Viena de 1961, ya que, presenta dos enunciados referentes a la penalización del masticado de la hoja de coca y la temporización para erradicar o desaparecer esta actividad en un plazo de 25 años, Por tal motivo, el gobierno boliviano presenta su denuncia a la ONU para poder contrarrestar este problema en pro del desarrollo cultural y tradicional de la sociedad altiplánica.
Al hacer una pequeña revisión histórica, percibimos que la Organización de Naciones Unidas (ONU) en su segundo periodo de sesiones (24 de julio al 8 de agosto de 1947) recomendó al Consejo Económico y Social (ECOSOC) que envíe una comisión de estudio a Perú y Bolivia. Posteriormente, el ECOSOC aprobó el envío de una Comisión investigadora encargada de estudiar los efectos de la masticación de la hoja de coca y la posibilidad de limitar su producción y reglamentar su distribución. En agosto de 1951, el ECOSOC tomó nota del Informe de la Comisión del Estudio de la Hoja de Coca. A finales de 1988, se aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. En esa oportunidad, las Delegaciones de Bolivia y Perú lograron el reconocimiento de la dimensión histórica de la hoja de coca. El artículo 14 de esa Convención señala: “Las medidas que se adopten deberán respetar los derechos humanos fundamentales y tendrán debidamente en cuenta, los usos tradicionales lícitos, donde al respecto exista la evidencia histórica, así como la protección del medio ambiente”. Ahora bien, en los años 70´ el ex-presidente Banzer Suárez (1971-1978), ratificó mediante un Decreto Supremo la Convención de Viena de 1961, por lo cual, en el año 2000 el uso del masticado de hoja de coca debería haber sido penalizada. Este gobierno (Banzer) y el resto que lo sucedieron años posteriores, no se preocuparon por especificar una reserva (en los años para la erradicación) y tampoco pensaron en el futuro problema en que se convertiría la penalización del akulliku que ya de por sí era y es impensable en Bolivia. Actualmente, con el gobierno de Evo Morales, se empieza a formular una nueva visión de cómo debe actuar el Estado frente al uso y cultivo de la coca. Hay que recordar, que Morales ha surgido de sindicatos cocaleros y que parte del gobierno actual también han sido cocaleros. Después de una serie de discusiones en el parlamento boliviano, la Cámara de Senadores aprobó en grande y en detalle la Ley n° 392 sobre la determinación del gobierno de denunciar la Convención Única de las Naciones Unidas sobre estupefacientes de 1961. La mencionada ley señala: 1) la denuncia al artículo 49 de la Convención del 1961, respecto a la prohibición del “akulliku”, lo cual, demuestra que no se está dejando de lado los demás artículos y determinaciones que establece esta Convención en la lucha contra el narcotráfico, y 2) indica que Bolivia podrá volver a pedir en enero de 2012 su adhesión a la Convención, pero sin los artículos que vetan el masticado de coca, porque se contradicen con la Constitución, promulgada por Morales en 2009, que considera sagrada esa planta. Respondiendo al primer enunciado planteado in supra, sobre si la denuncia elaborado por Bolivia frente al Convención de Viena es correcta, diría que sí, pues Bolivia ha utilizado todos los recursos legales y ha adoptado una iniciativa de integración para incorporar países y organizaciones internacionales a una campaña con el fin de levantar la penalización del masticado de la hoja de coca, aprobada por la Organización de Naciones Unidas (ONU) hace 50 años.
Por otro lado, la Convención de Viena ha sido la sede de múltiples tratados internacionales en diferentes temáticas, sin embargo, es en el año 1988 cuando se esclarece mejor los términos respeto a la lucha contra el narcotráfico, reconociendo al tráfico de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, medida que se mundializó por el crecimiento explosivo de la venta y consumo la cocaína en el mundo. Organismos Internacionales entre gubernamentales y no gubernamentales han elaborado una serie de políticas contra la producción ilegal de la hoja de coca, el consumo y tráfico de la cocaína. Europa y los Estados Unidos han diseñado diferentes políticas para poder contrarrestar este problema, sin embargo, las formas se han diferenciado en relación a los procedimientos, pues la política siempre ha sido erradicación total a bajo costo, sin importarles el brindar alternativas económicas a los productores de coca.

 

2.3. CORRELACIÓN ENTRE EL USO DE LA HOJA DE COCA Y SU DERIVACIÓN HACIA EL NARCOTRÁFICO EN BOLIVIA
En el Estado Plurinacional de Bolivia, desde el gobierno de Evo Morales, se han aprobado dos planes nacionales, el Plan Nacional de Desarrollo Integral con Coca 2006 – 2010 (PNDIC) y la Estrategia Nacional de Desarrollo Integral con Coca 2011 – 2015 (ENDIC), además de la CONALTID: Estrategia de Lucha contra el Narcotráfico y Revalorización de la Coca 2007 – 2010 y junto con la Ley 1008 (aprobada en 1988), forman el marco legal-institucional de donde parte la política de lucha contra el narcotráfico boliviana, así como las políticas de revaloración de la hoja de coca, a partir de la consideración que se hace de ella como un producto ancestral y parte de la cultura boliviana.

 

Cultivos, producción y usos de la Hoja de Coca en Bolivia
El gobierno boliviano contempla el consumo y uso lícito de la hoja de coca para las prácticas sociales y culturales de la población boliviana bajo formas tradicionales, como el “akulliku” (masticación), usos medicinales y usos rituales en el artículo 4 de la Ley 1008, Ley del régimen de la coca y sustancias controladas, la cual contempla 12 000 hectáreas de cultivo de hoja de coca. Asimismo, como lo mencionado in supra la nueva constitución política del Estado Plurinacional de Bolivia, establece en su artículo 384, la protección de la coca como patrimonio cultural, por lo cual, la defensa de la hoja de coca se convierte en una prioridad cultural y de Estado. La hoja de coca en Bolivia ha sido proyectada a desarrollar un comercio e industrialización lícita, además del uso tradicional antes mencionado: en el 2007 el Gobierno Nacional Boliviano se proponía mantener en 20 000 hectáreas de cultivo de hoja de coca (meta que no ha podido cumplir), para que los cultivos excedentarios sean dirigidos a la industrialización legal promovida por el gobierno y financiado por la cooperación extranjera. De este modo plantea la elaboración, en el 2007, de diferentes productos nutricionales y medicinales tales como infusiones, harinas, biomedicamentos (jarabes, pomadas, agroquímicos) y otros (abono, nutrientes, etc.). Se estima que para el 2010, el gobierno boliviano ha destinado US$ 1.7 millones para la construcción de plantas industriales de procesamiento de la hoja en la provincia de Chapare, así como para la provincia de la Yungas destinaría US$ 1.2 millones. (datos no confirmados).
Así mismo, en el 2010, la DIGCOIN contaba con 13 empresas inscritas, creando industrias controladas por las federaciones cocaleras bolivianas que están empezando el reto de comercializar productos derivados lícitos de la hoja de coca.
Lamentablemente las proyecciones fijadas no han llegado al logro de sus metas, principalmente en los índices de cultivación y producción de hoja de coca. La cantidad de hectáreas de cultivos de hoja de coca en Bolivia se ha mantenido en aumento. La cantidad de hectáreas cultivadas entre el 2000 y el 2009 se han más que duplicado (111.64%) creciendo a una tasa de promedio anual de 9%. Sin embargo, en el periodo 2006 – 2009 la tasa promedio de crecimiento de cultivos se ha mantenido en un 5% anual, ha comparación del 13% anual en el periodo 2000 – 2005. Según la Ley 1008, la cantidad de cultivos permitidos, en las zonas de producción tradicional, se ha mantenido en 12 000 hectáreas desde su aprobación en 1988. Por el contrario, la cantidad de cultivos no autorizados, en las zonas de producción excedentaria en transición y las zonas de producción ilícita, son las que han ido en aumento. Como vemos siempre hay una tendencia hacia el aumento de cultivos de hoja de coca ilícita, pero los promedios de crecimiento de periodos distintos varia, es decir entre el 2000 y el 2005, el promedio de crecimiento anual ha sido de 55%, mientras que entre el 2006 y el 2009, el promedio ha sido de 9%.
Por otro lado, la producción de hoja de coca ha mantenido las mismas tendencias respecto a los cultivos. Lo más relevante aquí es que más del 50% siempre está destinado al narcotráfico, sin embargo en el periodo del 2006 – 2008, se ha mantenido la cantidad en 36 200 toneladas métricas de producción de hoja de coca.
Ahora bien, en relación al cultivo de la hoja de coca tenemos que ver las políticas de racionalización y erradicación. La racionalización es el acuerdo voluntario de los productores con la política de gobierno para la reducción de la superficie cultivada. La cual es planteada como un mecanismo desarrollado en ciertas áreas “que el Gobierno ha definido acciones concertadas con las comunidades, para reducir las plantaciones de coca, conservando solo la producción vinculada al consumo (un cato por afiliado)”. Según la UNODC donde se ha desarrollado políticas de racionalización, los cultivos de hoja de coca se han reducido o se mantienen estables. Las estadísticas no muestran la tendencia de racionalización y erradicación. En comparación con las cantidades totales, las cantidades de hectáreas son pocas, sin embargo, estas se han dado evitando la generación de conflictos sociales frente a las comunidades cocaleras, que es un factor que no se contempla en la lucha contra las drogas.
Podemos reconocer que a partir de una nueva política de lucha contra las drogas, presentada desde el 2007 por la CONALTID, la efectividad en el control de los cultivos de hoja de coca, como de producción de la misma, ha sido mayor. Sin embargo, dicho crecimiento no se detiene y las proyecciones de mantener en 20 000 hectáreas, para el 2009, están mucho más lejos de lo que estaban el 2006, año a partir del cual consideraban las líneas base para sus proyecciones.

 

Lucha contra las Drogas
A partir del gobierno de Evo Morales, la lucha contra las drogas ha desarrollado un giro importante. En la Estrategia de Lucha contra el Narcotráfico y Revalorización de la Hoja de Coca, la evaluación de sus políticas antidrogas anteriores considera que han sido impuestas por “exigencias externas”, lo que “contribuyó al avasallamiento de la historia, identidad, cultura, tradiciones, y daño al medio ambiente del país.” Veremos, en tal sentido, algunos índices de lo que ha significado, la lucha contra el narcotráfico y los cultivos de hoja de coca. De tal manera, se puede entender que la dirección que tiene la lucha contra las Drogas, a diferencia de los gobiernos anteriores busca despenalizar el cultivo de la hoja de coca y sus usos tradicionales. Decisión que lo obliga a poner un mayor control en la incautación de producción de derivados de la hoja de coca.
Un factor importante es la estimación de producción de cocaína. Las cifras indican que dicha estimación de lo que se produce en Bolivia en materia de cocaína también tiene la misma inclinación a la subida, logrando superar en el 2008 con 113 toneladas métricas, lo que en el 2004 había sido su pico más alto: 107 toneladas métricas, esto nos dice que las cantidades de hoja de coca producida y que es destinada al narcotráfico también han aumentado a pesar de las estimaciones de las Naciones Unidas mostradas durante los años 2006 - 2008. En este sentido viendo los números respecto a la incautación de derivados de la hoja de coca que han sido reportadas, se observa una mayor cantidad de incautaciones a partir del 2006, tanto en cocaína base y clorhidrato de cocaína. Lo mismo se puede observar en los laboratorios clandestinos y pozos de maceración que han sido destruidos desde el gobierno de Evo Morales, desde el año 2006.
Lo que se puede ver en planos generales, es que una gran parte de la hoja de coca que se cultiva, se dirige hacia la producción de derivados como la pasta base y el clorhidrato de cocaína, en tal sentido, las políticas emitidas por la comunidad internacional exige el control y erradicación, ya que, aún se mantiene una tendencia al aumento de dichos cultivos. Sin embargo, los planes de desarrollo, así como la estrategia de lucha contra el narcotráfico han tenido dentro de su enfoque la consideración de los movimientos sociales cocaleros como un actor principal, lo que, ha llevado a tener una política más cuidadosa de los derechos humanos, evitando los conflictos y enfrentamientos, y también siendo efectiva en el control de los cultivos, aunque no es suficiente. Algo que se muestra, en este sentido, es que la política de lucha contra el narcotráfico enfrenta directamente a los productores y comercializadores de los alcaloides derivados de la hoja de coca, según los grandes aumentos en las incautaciones de droga y la destrucción de laboratorios y pozos. Debo mencionar en este punto que algunos analistas políticos en Bolivia indican que son alrededor de 75.000 Has. de cultivo de hojas de coca existentes en Bolivia, de las cuales solo 5.000 Has. Son destinadas al consumo tradicional.

 

3. CONCLUSIONES
El Estado Plurinacional de Bolivia ha reaccionado correctamente en cuanto a la denuncia frente a la Convención de Viena de 1961, ya que, ha utilizado los mecanismos procesales adecuados para solicitar su petición, sustentándose en el respeto de la tradición y cultura en general de la sociedad boliviana.
En cuanto, a la relación que existe entre la revalorización de la hoja de coca y el  narcotráfico, puedo asumir que a mayor incentivo irresponsable de la hoja de coca mayor proliferación del narcotráfico. Considero que la revalorización del consumo de la hoja de coca es un discurso que no se lleva a la práctica debido a los grandes intereses económicos que el narcotráfico mueve a nivel mundial. Las cifras nos dicen que no se están obteniendo los objetivos propuestos a cabalidad (existe una tendencia hacia la alza en la producción de cocaína), por ende, se necesita mayor control. En consecuencia, la revalorización a pesar de que reconoce nuevos derechos y respeta las decisiones de los cultivadores (grupos sociales) ha incentivado una mayor producción de la establecida por ley y que lamentablemente es la que se destina al narcotráfico.

 

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REFERENCIAS
CAJÍAS, M.(1995). La coca en la historia de Bolivia. Su uso en las épocas prehispánicas y colonial. Revista Boliviana de Cultura. Año V, Nro. 11, noviembre 1995.
CÁRDENAS, E.(2008). Reseña de Narcotráfico: Europa, Estados Unidos, America Latina” de Avaro Camacho. Revista de Estudios Sociales. Nº 30/Agosto. Universidad de los Andes- Colombia.
LEMA, A. (1989). Producción y circulación de la coca en el Alto Perú 1780-1840", Historia y Cultura/Octubre 1989.
MURRA, John (1978): La organización económica del Estado Inca. Siglo XXI, México.

Fuente: Forense Latina, de  http://www.embajadadebolivia.com.ar/cultura/revalorizacion_coca.htm

El narcotráfico en la Región

Por Horacio Calderón

 

 

La Argentina es desde hace mucho tiempo un país de tránsito -predominantemente hacia Europa- para la cocaína que se produce en Bolivia, Perú y Colombia. También y de manera notable para la heroína de origen colombiano cuyo mercado final es EE.UU. Los narcóticos ingresan a territorio argentino desde Bolivia, primariamente, pero también desde Paraguay y Brasil. La mayor parte de la cocaína y la marihuana ingresa desde Bolivia aprovechando las ventajas que da un terreno escarpado y el deficiente control a lo largo de la frontera. En el caso de Paraguay, lo más usual es realizar el contrabando utilizando barcazas que tocan tierra en la margen ribereña argentina, cercana a los puntos de embarque situados en las costas del país vecino.

Según informes altamente especializados de agencias de lucha contra el narcotráfico de EE.UU., gran parte de los cargamentos de narcóticos transbordados hacia Europa desde la Argentina, se canalizan aprovechando el sistema de puertos del país y generalmente se encuentran ocultos en contenedores.

La heroína de Colombia y parte de la cocaína boliviana y peruana para consumo local y su transbordo a terceros países, llega a la Argentina por vía aérea, aprovechando el escaso control existente debido a la falta de una adecuada radarización. También, por la gran cantidad de pistas de aterrizaje clandestinas (y a veces no tanto), protegidas por organizaciones de narcotraficantes que no podrían realizar sus actividades si no contaran con el respaldo de funcionarios corruptos en numerosas provincias.

La Argentina fue históricamente una casi inagotable fuente de provisión de casi todos los precursores químicos necesarios para la fabricación de diferentes drogas ilegales, gracias a la avanzada industria química de nuestro país.

Pero además, a la condición de país de tránsito y de fabricación y desvío de precursores, debe sumarse desde tiempo atrás la existencia en territorio nacional de pequeños laboratorios, para convertir en clorhidrato de cocaína la llamada “pasta base” elaborada a partir de la planta de coca.

Como si todo ello no fuera suficiente, también se detectaron y decomisaron pequeños laboratorios para la fabricación de drogas sintéticas destinadas al consumo local y al contrabando hacia otros países.

La Argentina se ha convertido durante los últimos años en un país de consumo de todo tipo de narcóticos y substancias estimulantes como las metanfetaminas, el “Extasis” y el devastador “Paco”, llegando a índices que se suponían impensables una década atrás.

Entre los logros a mencionar de las fuerzas de seguridad y policiales de la Argentina se encuentra la localización y secuestro de pequeños laboratorios para tratar y convertir la “pasta base” de coca en clorhidrato de cocaína del 98% o más de pureza. No obstante, el número de unidades neutralizadas de ese tipo demuestra por sí solo el incremento de la actividad tendiente a procesar esa droga a escala local.

El Informe de la UNODC varias veces citado indica que la cocaína procedente de la Argentina secuestrada en Europa en 2006 era del 3 por ciento, mientras que en 2007 decreció al 2 por ciento[1]. Como en alguno de los casos citados, deberán esperarse los informes correspondientes a 2008, para ratificar o no la tendencia hacia la baja.

EL “MODELO ARGENTINO” DE LA CORRUPCION Y EL NARCOTRAFICO
Desde las primeras décadas del siglo pasado, la Argentina comenzó a sufrir lenta pero inexorablemente la construcción de un tejido criminoso, que iría contaminando las principales estructuras del poder político del país a lo largo de todo el territorio nacional.

La provincia de Buenos Aires, por ejemplo, fue así testigo de cómo muchos de sus más poderosos intendentes -por lo general caudillos de los principales partidos políticos-, eran los beneficiarios del dividendo de delitos como la trata de blancas y el juego clandestino. Desde luego esos intendentes, fieles a la estructura piramidal del poder, elevaban a las instancias superiores, es decir a los gobernadores, la parte más importante de las ganancias obtenidas. El reparto incluía también, paralelamente- a una importante nómina de partícipes necesarios, con el objeto de que el tejido criminal no pudiera cuestionarse, ni mucho menos perforarse y puesto en peligro por ninguna mafia interna y/o exterior. Así, participaban de esta gigantesca asociación ilícita miembros de la legislatura provincial y municipal, policías, jueces y funcionarios de la administración pública.

Las otras provincias del país, no diferían demasiado del modelo provincial bonaerense, paralelo al de la ciudad de Buenos Aires. La especial situación argentina carecía de las características de organizaciones mafiosas como la italiana, que contaban con una estructura piramidal casi permanente, con un “capo” acompañado o no de un concejo, del código de silencio conocido como “omertá”. La “mafia” argentina - por el contrario-, estaba constituida mayoritariamente por “servidores públicos” de todos los poderes del Estado Nacional y de los provinciales. Una vez culminado su período en el gobierno de turno o sus destinos en los otros poderes, o en altos cargos policiales, por ejemplo, transmitían el control de los ingresos y el manejo de sus arcas (hoy llamadas “cajas”) a sus sucesores en los cargos.

Resulta oportuno remitirse aquí nuevamente al “modelo de Tomas Schelling” sobre el crimen organizado, ya descripto, pero incluyendo el agregado propuesto en este trabajo sobre los otros partícipes necesarios para tal descomunal montaje de la corrupción en los EE.UU.

Si se suman a los tradicionales dividendos por la trata de blancas y el juego clandestino los nuevos delitos incorporados a lo largo de las últimas décadas, como los tráficos de alcaloides, de armas, de personas, de venta de órganos para transplantes y de negocios de un Estado azotado por la corrupción, sin que casi nadie termine encausado y condenado, esto permite argüir una vez más[2] que la Argentina está sometida a una mafia autóctona de características realmente tenebrosas. Mafia que no ha podido ser penetrada y ni siquiera combatida hasta  hora ni por las más grandes mafias internacionales, como la italiana, a pesar de la importante colectividad de ese origen, que conjuntamente con la española constituyen las dos principales simientes de la nacionalidad argentina.

El grado de corrupción que permite el desarrollo de todo tipo de negocios ilegales, ha llegado al punto de facilitar que las organizaciones criminales colombianas y mexicanas, hayan incluso realizado en territorio argentino (nadie puede asegurar que eso no continúe) el control de calidad final de la pureza de sus productos. También, debe reiterarse, importando desde el exterior substancias como la efedrina, para transbordarlas luego ilegalmente con un altísimo margen de ganancia hacia países como México, o bien utilizarlas para fabricar estimulantes con destino al mercado doméstico.

Todo ello, al amparo de un sistema legal absolutamente laxo, y de algunas autoridades que en algunos casos parecen alentar -desde la corrupción imperante de la cual forman parte-, que la Argentina pueda replicar modelos como aquellos en que la violencia entre narcotraficantes está a la orden del día.

La organización que operaba el negocio de la efedrina, importada de países productores desde la Argentina para luego ser reembarcada a México, utilizaba una impresionante red de laboratorios y farmacias habilitadas, complementada por sociedades comerciales previamente adquiridas o creadas ad hoc. El negocio de la substancia en el cual hay necesariamente organizaciones criminales mexicanas involucradas en algunos de los nodos del sistema de tráfico, es solamente una pequeña “punta del iceberg” en el marco del comercio ilegal de medicamentos genuinos y falsificados; clarificación de dinero de negociados escandalosos a lo largo de muchos años; defraudación y estafas a obras sociales, y otros delitos asociados al campo de la medicina de alta complejidad.

Pero en definitiva, los jueces intervinientes en las causas que se tramitan en la Justicia argentina deberán dilucidar en las instancias actuales y las superiores que correspondan, cuáles fueron las leyes que fueron violadas y cuáles no en el caso de la efedrina y el resto de los delitos asociados que se generan en el campo de la salud pública. Estén dichas investigaciones conectadas o no con algunos de los asesinatos perpetrados en 2008, supuestamente vinculados al tráfico de efedrina. Siempre y cuando no haya que enfrentarse a alguno de los enormes fiascos a los que nos tienen acostumbrados algunos jueces en la Argentina, como el mamarracho investigativo y jurídico que ha impedido poner al descubierto la trama doméstica vinculada al Caso AMIA, para citar uno de los más graves ejemplos.

Al cuadro previamente expuesto, cabe sumar un análisis de los hechos más relevantes de los casos vinculados al tráfico de efedrina, incluyendo los asesinatos que se suponen -aunque no probadamente todavía-, estaban estrechamente relacionados a esta actividad delictiva.

LA EFEDRINA Y OTRAS SUBSTANCIAS ESTIMULANTES TIPO ANFETAMINAS
Desde enero hasta agosto de 2008 y merced a la falta de controles sobre el control de efedrina, la Argentina pasó a convertirse en un importante centro para la importación y reembarque de esta substancia a México. No era en ese entonces ilegal la importación y comercialización de la efedrina en la Argentina, sobre todo porque es una substancia que se utiliza medicinalmente, para elaborar broncodilatadores, descongestivos nasales, etc. No era ilegal siempre y cuando las operaciones comerciales no estuvieran deliberadamente conectadas, tal cual fue descubierto, con un sistema específicamente montado para usar dicha efedrina como un precursor químico utilizado ilegalmente para fabricar estupefacientes de origen sintético. En el caso argentino, se fabricaba y/o enviaba de contrabando la materia prima y/o las substancias estimulantes tipo anfetaminas a otros países, México por ejemplo, en los cuales su venta está estrictamente vedada.

Tal como ha sucedido con el caso de la efedrina, el gran problema que crea en la Argentina y otros países como Chile el control de la fabricación de estupefacientes y substancias psicotrópicas, es que la mayoría de estas últimas tienen usos lícitos en la industria química y farmacéutica. La industria argentina, y en menor medida la chilena, cuentan con establecimientos de producción tecnológicamente muy avanzados; aptos no sólo para la fabricación de precursores para procesar drogas ilegales tradicionales como la cocaína y la heroína, sino también las sintéticas que se encuentran bajo investigación desde algún tiempo.

Sustancias de uso dual utilizadas para la fabricación ilícita de estupefacientes y sustancias psicotrópicas[3]

EL “TRIPLE CRIMEN” Y LOS ASESINATOS DE NARCOTRAFICANTES COLOMBIANOS
El caso argentino no se habría diferenciado en demasía al ya descripto de Chile, pero ya no se trata de un probable caso de operaciones reiteradas de contrabando de narcóticos, como muchos de los mencionados en el presente trabajo. La diferencia es que el escándalo de la efedrina escándalo estalló en la Argentina por los asesinatos de los comerciantes Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina, aparentemente vinculados al tráfico de esta substancia. Pero también -según informan las mismas fuentes judiciales y algunos medios de comunicación que se remiten a ellas-, a una red de comercialización ilegal de drogas genuinas y falsificadas de alto valor.

Además, las investigaciones judiciales realizadas hasta este momento, tanto sobre el caso de la efedrina, como del triple crimen de los tres ciudadanos argentinos mencionados, parecen sembradas de pistas falsas y operaciones de distracción de todo tipo, que incluyen testigos e informantes encubiertos, como también supuestos “agentes dobles” de organismos antinarcóticos, que nadie acredita públicamente a quiénes verdaderamente responden. Para agravar aún más el caso, se agregó el desconcierto de algunas autoridades nacionales y provinciales, pero sobre todo su grave falta de conocimiento del fenómeno narcoterrorista mexicano. Esto quedó plasmado en la temprana y prematura acusación sobre la pertenencia de algunos detenidos mexicanos a tal o cuál “cártel” de la droga, que en la realidad ni siquiera existía. Tampoco estaban siquiera acreditados -en ese específico momento-, ni la identidad ni la nacionalidad de los detenidos, ya que ni siquiera el gobierno mexicano podía confirmarlo[4].

Un desconcierto similar había ocurrido en julio de 2008, cuando fueron asesinados dos ciudadanos de origen colombiano en el paseo de compras “Unicenter”, provincia de Buenos Aires. El más importante de ambos era Héctor Edilson Duque Ceballos, alias “Monoteto”, uno de los tres principales lugartenientes[5] de la “Organización Jiménez Naranjo” -cuya estructura organizacional se encuentra disponible en el sitio web oficial del Departamento del Tesoro de los EE.UU.[6]. La organización estaba liderada por Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias “Macaco”, extraditado desde Colombia a EE.UU. el 7 de mayo de 2008. El otro muerto es Jorge Quintero Gartner, quien sobrevivió al ataque. El jefe de la banda narcoterrorista que lleva su apellido, tenía una estrecha relación con la organización paramilitar narcoterrorista colombiana AUC; asimismo, con el denominado “Cártel del Norte del Valle” que se encuentra actualmente bajo permanente acoso por parte del gobierno del presidente Alvaro Uribe Vélez y como consecuencia de eso con su estructura organizacional y capacidad operacional sumamente debilitadas.

Más allá de que los asesinatos en el paseo de compras “Unicenter” hayan sido o no una venganza del citado Jiménez Naranjo, o de bajas dentro de una lucha territorial entre bandas, lo cierto es que hasta el día de la fecha permanecen impunes. Nadie sabe quién o quiénes ordenaron esos crímenes, ni mucho menos quiénes los ejecutaron.

Sebastián Forza, una de las víctimas del triple crimen en la Argentina relacionado con el tráfico de efedrina, registra un ingreso a Chile a principios de abril de 2007. Curiosamente, el 20 de ese mismo mes de abril, también viajaron por unas horas a Chile las dos víctimas colombianas del paseo de compras “Unicenter” de la provincia de Buenos Aires, Héctor Edilson Duque Ceballos, alias “Monoteto” y Jorge Quintero Gartner, que estaban acompañados el momento del ataque por el socio de ambos, de nombre Julián Jiménez Jaramillo, quien pudo sobrevivir al ataque. Aún no se ha podido comprobar fehacientemente si existía alguna conexión entre el primero y los dos últimos sujetos mencionados.

El escándalo surgido como consecuencia de los asesinatos del centro de compras y posteriormente de los tres ciudadanos argentinos, ha permitido llevar al primer plano de las noticias el hecho histórico -aunque no tan conocido-, de que la Argentina era uno de los principales fuentes de importación de aquellos precursores químicos que son imprescindibles, por ejemplo, para fabricar clorhidrato de cocaína, de heroína y de todo tipo de estimulantes en los laboratorios del narcotráfico de América Latina.

¿Por qué la guerra desatada entre bandas de narcotraficantes asociadas y/o pertenecientes a cárteles de la droga basados en países como Colombia y México, que ha culminado con asesinatos cometidos por sicarios argentinos o del exterior? Aunque sus móviles, autores ideológicos y ejecutores permanecen todavía bajo investigación, lo más importante a señalar - nuevamente- es que la Argentina ha incrementado su lamentable condición de territorio donde todos y cada uno de los negocios vinculados al narcotráfico, parecen desarrollarse casi sin control por parte de las autoridades gubernamentales y gracias a los vacíos y la laxitud existente dentro del plexo legal anticriminal.

La circulación de algunos de los sospechosos por ciudades vinculadas a la llamada Triple Frontera[7], como en el caso del detenido Jesús Martínez Espinoza -sin que este comentario implique presunción alguna sobre su inocencia o culpabilidad en los delitos que se le imputan en los tribunales argentinos-, actualiza una vez más la atención sobre esa neurálgica región. Esta encierra todo tipo de actividades ilegales y una impresionante cantidad de organizaciones domésticas y extranjeras vinculadas al narcotráfico y otras formas de crimen organizado[8].

En lo que concierne a la Argentina y si bien no hay actividad enraizada del narcotráfico mexicano en el país por el momento, la captura de sospechosos de ese origen y la serie de causas judiciales que están afrontando, constituye un serio indicador de una actividad que debe ser erradicada de cuajo.

Como consecuencia de los cruentos acontecimientos conocidos y las posteriores capturas de individuos y secuestros de mercaderías, parecen haber sido momentáneamente neutralizadas algunas de las operaciones mexicanas en curso en la Argentina hasta hace pocos meses atrás.

Las principales investigaciones sobre algunos de los narcotraficantes mexicanos relacionados con el caso de la efedrina, acreditarían en principio su pertenencia a células de la organización narcoterrorista con centro en el Estado de Sinaloa, liderada por Guzmán Loera, ya citado. Asimismo, que han logrado iniciar acciones coordinadas y/o conjuntas en países vecinos y/o de la región, sobre lo cual no había demasiados registros hasta hace poco tiempo. Algunos especialistas han comenzado incluso a sospechar que los cárteles mexicanos, como tantas otras organizaciones criminales basadas en la Triple Frontera y otras regiones vinculadas a la seguridad interior de la Argentina, puedan tener ya contactos estrechos con organizaciones terroristas de todo signo, de acuerdo a modelos de convergencia entre ellos, debidamente probados en casos similares por la realidad en el terreno.

El modelo de convergencia anteriormente mencionado entre facciones del movimiento narcoterrorista peruano “Sendero Luminoso” y sus asociados mexicanos, es un indicador claro de que este puede replicarse en países como Bolivia y los de la Triple Frontera. Asimismo, en conexión con actores extracontinentales con alcance global, los cuales constituyen un peligro para la seguridad internacional en cualquier región del mundo[9].

(*) Extracto del ensayo del autor: “La situación en México y el impacto de narcoterrorismo en el Continente Americano”, que mantiene plena actualidad ante las detenciones y allanamientos dispuestos en los últimos días.

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Notas:
[1] ONU. UNODC, op. cit, pág. 77.
[2] Este autor lo ha denunciado reiteradamente en otros escritos y en programas de radio y televisión.
[3] International Narcotics Control Board: “Sustancias de uso dual utilizadas para la fabricación ilícita de estupefacientes y sustancias psicotrópicas”, abril de 2000. http://www.incb.org/pdf/s/tr/pre/2000/precursors_2000_annex2_es.pdf
[4] Muchos delincuentes latinoamericanos y sobre todo de América Central, acostumbran utilizar pasaportes y documentación auténticos de otros países de la región, pero con sus datos y hasta impresiones digitales pertenecientes a otras personas (N. del A.)
[5] Los otros dos son Jesús María Alejandro Sánchez Jiménez, conocido entre otros alias por el de “Chucho” o “El Primo”, y Rafael Angel Sánchez Rúa, encargado del tráfico de armas de la OJN.
[6] Departamento del Tesoro de los EE.UU.: “Jimenez Naranjo Organization” (Office of Foreign Assets Control), Washington, agosto de 2008, con acceso web en: http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/programs/narco/charts/jimenez_naranjo_org.pdf
[7] Región que vincula a la Argentina, Brasil y Paraguay (N. del A.)
[8] Cfr. Calderón Horacio, op. cit.
[9] Ibídem.

 

Fuente: IEBA – Instituto de Estudios Estratégicos de Buenos Aires

México: Narcos con tácticas de guerrilla. Los Zetas por dentro.

Los delincuentes respondieron con una descarga de lanzagranadas y rifles de asalto AK-47, dejando inservible un vehículo de la policía federal.
Tres días de combates dejaron 22 miembros del cártel de los Zetas, dos policías y un soldado muertos, de acuerdo con datos militares. Además, 20 Zetas fueron arrestados y decenas más huyeron.
La batalla podría parecer una escena de la guerra en Afganistán, pero ocurrió a sólo 72 kilómetros al sur de la frontera con el estado de Texas, en Estados Unidos.
Y fue sólo uno de decenas de combates que se han registrado en el noreste de México en los últimos meses mientras soldados, infantes de marina y policías participan en una mortal cacería contra itinerantes escuadrones de los Zetas.
Formado en 1998 por 14 soldados retirados mexicanos, el cártel ha crecido hasta convertirse en un comando de más de 10,000 hombres armados que actúan desde Río Bravo, en la frontera con Texas, hasta lo más profundo de Centroamérica.
Su rápida expansión ha desplazado a bandas de narcotraficantes mexicanos más antiguas en muchas áreas, dándole a los Zetas una posición dominante en el multimillonario negocio del tráfico transfronterizo de drogas, así como también en la extorsión, el secuestro y en otras actividades criminales.
Pero son sus sangrientos ataques lo que les ha dado notoriedad y los ha hecho tan temidos.
Parte de sus miembros fueron arrestados por algunas de las peores atrocidades cometidas en la guerra contra las drogas en México, entre ellas el asesinato de cientos de personas cuyos cadáveres han sido encontrados en fosas comunes con una frecuencia alarmante.
Además, han sido culpados por la masacre de 72 trabajadores inmigrantes, en su mayoría centroamericanos, que se dirigían a Estados Unidos y del incendio de un casino que cobró 52 vidas.
En mayo, soldados mexicanos anunciaron la detención de Daniel Elizondo, alias “El Loco”, uno de los líderes de los Zetas y sospechoso de ser el autor de la masacre de 49 personas cuyos cadáveres fueron arrojados en una carretera a mediados de ese mes, decapitados y sin extremidades.
En el último mes, los Zetas han sido vinculados a la decapitación de 18 personas cerca de Guadalajara y de haber colgado de un puente a otras nueve en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo.
En ambos casos, el cártel dejó mensajes firmados en las escenas de los crímenes, asegurando que las víctimas eran traficantes rivales.
Agentes mexicanos y estadounidenses dicen que las tácticas paramilitares de los Zetas -basadas en operativos armados de pequeñas e itinerantes células- y la indiscriminada violencia son las fuerzas impulsoras detrás de una reciente escalada en la guerra contra las drogas que se desarrolla en México.
Este conflicto entre las fuerzas gubernamentales y los cárteles, y también entre los propios grupos, ha cobrado unas 55,000 vidas en los últimos cinco años, entre ellas más de 3,000 policías y soldados.
Los Zetas representan un desafío mayor para el Gobierno que los otros cárteles, debido a la intensidad de sus ataques contra las fuerzas de seguridad, su desprecio por la vida civil y la ferocidad de sus actos criminales que rompen los códigos tácitos de los narcotraficantes comunes.
Esta brutalidad ha convertido a una de sus principales áreas de operación, en el noreste de México, en una zona prohibida para muchos empresarios y turistas.
Policías y soldados mexicanos dicen que los Zetas son más parecidos a grupos insurgentes que a los cárteles tradicionales.
“Actúan como una guerrilla urbana”, dijo Florencio Santos, un militar retirado que actualmente es director de la policía del municipio de Guadalupe, una ciudad ubicada en las afueras de Monterrey.
“Hacen una llamada para que salga la policía, luego hacen un bloqueo en la calle en frente de la patrulla y abren fuego de frente y de lado”, agregó.
Los agentes antidrogas dicen que los objetivos de los Zetas también difieren de los del narcotráfico tradicional.
Mientras los antiguos cárteles se centran en las rutas de tráfico y en las áreas de productores de droga, ellos se mueven en cualquier pueblo o ciudad donde puedan llevar a cabo extorsiones y otros delitos.
“Han creado un nuevo modelo de crimen organizado y han llevado la violencia a nuevos niveles para tratar de acabar con los viejos cárteles”, dijo Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por su sigla en inglés).
“Esto tiene desestabilizadas a muchas áreas de México”, añadió.
La unidad de investigación especializada en delincuencia organizada de México, la SIEDO, reveló en un informe que los Zetas ahora controlan un territorio mayor que el cártel de Sinaloa, la organización más antigua y con más dinero del narcotráfico, liderada por Joaquín “El Chapo” Guzmán.
El reporte, divulgado en enero, dice que mientras los sinaloenses operan en 16 de las 32 entidades federales de México, los Zetas están en 17.
Y también están introduciéndose en Estados Unidos.
Un gran jurado en Laredo, Texas, acusó en abril a cuatro sospechosos de pertenecer a los Zetas de conspiración para traficar drogas y asesinatos en pleno territorio estadounidense.
Los cargos siguen a otro juicio llevado a cabo en enero en Laredo en el que dos presuntos integrantes del cártel fueron encontrados culpables de posesión ilegal de armas y de homicidio.
Algunos sicarios de los Zetas están siendo procesados por fiscales mexicanos por estar presuntamente detrás de la muerte del agente de aduanas estadounidense Jaime Zapata, que se produjo en México en el 2011.
Zapata fue el primer agente estadounidense en ser asesinado en servicio en México desde la década de 1980.
El Gobierno estadounidense ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por la captura del jefe de los Zetas, Heriberto Lazcano, de 37 años, alias “El Verdugo”, quien desertó del Ejército siendo muy joven y se pasó al mundo del crimen.

Zona de guerra
La región donde operan los Zetas en la frontera con Estados Unidos, pasó a ser la región más violenta del país.
En el estado de Nuevo León, donde se ubica la rica ciudad industrial de Monterrey y de pueblos como Vallecillo, se produjeron entre enero y mediados de mayo más de 685 asesinatos relacionados con el tráfico de estupefacientes, de acuerdo a estadísticas divulgadas en medios de comunicación.
Esto puso a Nuevo León por delante incluso del estado de Chihuahua, donde ocurrieron 560 asesinatos relacionados con choques entre bandas de narcotraficantes y cuya capital, Ciudad Juárez -dominada por el cártel de Juárez-, era la de más muertos por violencia en México.
Nuevo León parece una zona en estado de sitio. Los grafitis de los Zetas marcan el territorio del grupo y muchos pobladores, conscientes de que sus sicarios asesinan regularmente a personas acusadas de soplones, tienen demasiado miedo como para colaborar con la policía, que muchas veces es cómplice de los criminales.
Miembros de las distintas fuerzas de seguridad de Nuevo León dicen que sólo se trasladan en convoyes con al menos 30 soldados debido al peligro de ser emboscados por los narcotraficantes.
Santos, jefe de la policía de Guadalupe, sobrevivió a un ataque de ese tipo en septiembre gracias a que las balas no perforaron su vehículo blindado.
“Fue un momento de mucho miedo”, dijo Santos. “Pensé que las balas iban a entrar, pero aguanté la troca hasta que llegaron otros policías”, añadió.
Sin embargo, algunos de sus compañeros policías no tuvieron la misma suerte. El año pasado, los Zetas asesinaron a 13 de los 300 oficiales que vigilan las calles en Guadalupe y destruyeron 48 patrullas en ataques de ese mismo tipo.
Santos y la mayoría de sus oficiales ahora duermen dentro de los cuarteles para protegerse.
Los Zetas son ayudados por una red eficaz de espías. Los halcones, como se les denomina, suelen ser hombres jóvenes y mujeres a los que se les paga cerca de 600 dólares mensuales, según la policía de Guadalupe. En un país con un salario mínimo de alrededor 5 dólares por día, ese es un dinero que puede comprar mucho apoyo.
Cuando un reportero de Reuters acompañó recientemente a la policía de Guadalupe en un patrullaje, los oficiales escuchaban una frecuencia de radio utilizada por los mafiosos.
En los audios se oía a los halcones de los Zetas advirtiendo a sus superiores sobre un convoy de vehículos de la policía que entraba en un barrio pobre en las afueras de Monterrey.
Santos, el jefe policial, contó que él combatió a la guerrilla zapatista cuando se alzó en armas en el sureño estado de Chiapas en 1994 dentro de su lucha por los derechos de los pueblos indígenas. Los Zetas, recalcó, son un enemigo más letal.
“Tienen mucho más entrenamiento y mejores armamentos de los que tenían los zapatistas”, sostuvo.

En dirección al norte
El líder supremo de los Zetas, Lazcano, nació en 1974 en el pueblo de Acatlán, en el estado de Hidalgo, según los registros locales.
Esta comunidad de granjas ganaderas y parcelas de maíz, situada a más de 960 kilómetros de la frontera entre México y Estados Unidos, ofrece pocas oportunidades a sus jóvenes. Muchos se dirigen al norte para entrar ilegalmente a Estados Unidos o se unen a las fuerzas armadas.
Cuando era niño, Lazcano se trasladó con su familia a la cercana ciudad de Pachuca, estableciéndose en el barrio de clase trabajadora de Tezontle, según la policía.
El enjambre de calles polvorientas y casas de bloques de cemento sin pintar se encuentra junto a una base militar, donde los registros muestran que Lazcano se alistó en la fuerza armada mexicana a los 17 años para ser soldado de infantería.
Lazcano siguió los pasos de los fundadores de los Zetas, muchos de los cuales provenían del centro y sur de México y sirvieron en divisiones militares -infantería, caballería motorizada, fuerzas especiales-, que con frecuencia reciben entrenamiento de Estados Unidos.
Un cable diplomático estadounidense publicado en el 2009 por WikiLeaks mostró que al menos uno de los Zetas, Rogelio López y quien fuera teniente de infantería, fue entrenado en Fort Bragg, Carolina del Norte.
Manuales estadounidenses de entrenamiento desclasificados usados por oficiales de Latinoamérica incluyen secciones sobre inteligencia de combate y el uso de informantes, ambos puntos fuertes del grupo narco más violento de México.
Lazcano desertó de la infantería en 1998 para unirse a los Zetas, liderados por el ex paracaidista Arturo Guzmán Decena.
En ese tiempo, la banda aún era devota a su misión original: actuar como cobradores de deudas y sicarios para el cártel del Golfo, en ese entonces uno de los grandes cárteles del país que trasladaba cientos de toneladas de cocaína, marihuana y heroína a Texas.
Los encargados de cumplir estas misiones adoptaron el nombre de Zeta a partir de una señal de radio que Guzmán había utilizado cuando era paracaidista. Guzmán se autobautizó como Z-1 y Lazcano se convirtió en Z-3.
Unos meses más tarde, después de que soldados mexicanos mataron a tiros a Z-1 y a su segundo al mando, Lazcano asumió el control a los 28 años y el grupo comenzó una rápida expansión como el brazo armado del cártel del Golfo que dirigía el capo Osiel Cárdenas, actualmente preso.
Propagaron el nombre de la banda en las calles e incluso lo promocionaron colgando mantas de los puentes:
“Grupo operativo Los Zetas te quiere a ti, militar o ex militar”, decía un mensaje.
“Ofrecemos buen sueldo, comida y atenciones a tu familia. Ya no sufras maltratos y no sufras hambre”, rezaba otro.
Reclutaban a jóvenes pobres, ex soldados, miembros de otras pandillas y hasta mercenarios extranjeros, incluyendo algunos que habían trabajado en las fuerzas especiales Kaibil de Guatemala, según el Ministerio de Seguridad del país centroamericano.
Los kaibiles, una fuerza de contrainsurgencia, están acusados de cometer atrocidades durante la guerra civil en ese país.
Mientras los Zetas crecían, también lo hacían sus ambiciones, lo que generó tensiones con el cártel del Golfo.
Las primeras grietas en la alianza aparecieron en el 2007, cuando los líderes del Golfo llegaron a un acuerdo de paz con el cártel de Sinaloa, una acción que fue vista por los Zetas como una traición, según el testimonio de Jesús Rejón, miembro fundador del grupo, o Z-7, tras su arresto en el 2011.
En el 2010, las tensiones se desbordaron hasta convertirse en un enfrentamiento abierto debido a que los Zetas comenzaron a atacar a miembros del cártel del Golfo donde los encontraran y a adjudicarse el territorio para sí mismos.
El cártel del Golfo, aliado con sus viejos rivales del cártel de Sinaloa respondieron a la afrenta, envolviendo a la región en la violencia.

Economía mafiosa
Es imposible determinar la participación de los Zetas en el mercado estadounidense de narcóticos, que según Naciones Unidas tiene un valor total cercano a los 60,000 millones de dólares anuales.
Pero está claro que su principal zona de influencia incluye algunas de las más codiciadas rutas de tráfico hacia Estados Unidos.
Más de 8,500 camiones cruzan diariamente a Texas desde la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, el doble de los que lo hacen desde Tijuana o Ciudad Juárez.
Para almacenar y mover las drogas, los Zetas han instalado células en Laredo, Dallas y Houston, según una audiencia realizada en enero en una corte federal de Estados Unidos, donde fueron condenados dos miembros de una de estas unidades por homicidio, crimen organizado y portación ilegal de armas.
La evidencia obtenida a través de grabaciones y declaraciones de testigos mostró que las células también transportan hacia México armas compradas en Estados Unidos y dinero en efectivo.
Fiscales federales de Estados Unidos en Texas dicen que hombres armados de los Zetas han llevado a cabo al menos ocho asesinatos en suelo estadounidense hasta la fecha.
El cártel también ha obtenido miles de millones de dólares al diversificar su accionar a extorsiones, secuestros, piratería de productos e incluso robo de crudo desde oleoductos del monopolio estatal mexicano, Pemex, señalaron agentes estadounidenses.
En un reporte reciente, Pemex indicó que había perdido 11.7 millones de barriles de crudo por robos entre el 2010 y el 2011 y señaló al cártel como el principal culpable.
Esa multiplicación de actividades criminales rompe con los hábitos de cárteles más antiguos dedicados al tráfico de drogas.
Y mientras los Zetas han hecho dinero con un portafolio de crímenes, las bandas que los imitan se han expandido, adoptando nombres tales como “La mano con ojos”.
En Guadalupe, el jefe de policía Santos dijo que el grupo recibe pagos a cambio de protección, un método conocido como “cuotas”, de taxistas, restaurantes y otros negocios locales.
“La mayoría paga por miedo de lo que los Zetas van a hacer”, afirmó.
Durante un reciente patrullaje, la policía fue llamada a la escena de un tiroteo y halló a un hombre dedicado a la venta de autos acribillado a balazos, en lo que habría sido una represalia por no pagar sus “cuotas” o “derecho de piso”.
Supuestamente, ése fue el caso de un casino que los Zetas incendiaron en agosto del año pasado a plena luz del día, donde murieron 52 personas.
El afán por el dinero obtenido mediante la extorsión ha promovido el avance del grupo criminal a lo largo de México, dijeron investigadores.
“Lo que quieren hacer es controlar el territorio y el espacio físico, donde simplemente pueden cooptar a otros negocios y recaudar sus ‘impuestos’”, aseguró Steven Dudley, del grupo de análisis InSight Crime, en Washington, Estados Unidos.
“Este modelo es fácilmente repetible”, apuntó.

 

 

Fuente: Mundo Narco - CosechaRoja.org

Monterrey: la ciudad devorada por el narco.

Los carteles están desangrando a México. Y Monterrey es el epicentro de la batalla: mientras políticos, activistas y víctimas hacen todo para ahuyentar a los narcos, estos siguen masacrando.

“Alto ahí”, gritó el municipal, desenfundando su pistola. “¡Dese la vuelta! ¡Contra la pared!”, rugió y avanzó con cautela. El policía que vigilaba el Casino Royale, en Monterrey, apuntaba con su arma al enviado especial de SEMANA. Ocho meses atrás, el 25 de agosto de 2011, unos sicarios se habían tomado el edificio, hoy ruinoso y ennegrecido. Llegaron gritando y disparando, cercaron el lugar, regaron gasolina y prendieron fuego. Murieron 52 personas. Desde entonces, un par de jóvenes agentes vigilan temerosos los restos del casino… y Monterrey, hasta hoy, está de luto.

“A veces vienen e intentan entrar”, explicó más tarde el policía. El área metropolitana de Monterrey es la tercera más grande de México y el eje industrial del país. Multinacionales como Cemex y Femsa operan allí y crean más empleos, atraen más inversión y exportan más que cualquier otra región. Pero, como sus policías, Monterrey entera hoy se siente amenazada. La guerra entre Los Zetas, el cartel del Golfo y el de Sinaloa -tres poderosas organizaciones criminales- se acerca al corazón de la ciudad. Decenas de negocios han cerrado, miles de habitantes han huido y quienes deben quedarse viven en pánico. El domingo pasado, en Cadereyta, a solo 37 kilómetros, tuvo lugar la más reciente atrocidad: los cuerpos mutilados de 49 personas fueron arrojados al borde de una carretera. Cuando la Policía llegó, encontró bolsas de plástico y, en su interior, solo el torso y parte de las extremidades de las víctimas.

SEMANA viajó a esta enorme metrópoli, cuya área urbana abarca nueve municipios y se riega sobre un caluroso y árido valle entre la Sierra Madre y el Cerro del Topo Chico, en el noreste de México. Recorrió sus distritos: los más ricos, los más deprimidos y los más comerciales, todos con algo en común: el desespero ante la creciente inseguridad. En los muros del Barrio Antiguo abundan las marcas de bala y los grafitis que ilustran la violencia. Monterrey rompió con el mito de que la guerra contra el narcotráfico era un fenómeno que no llegaba a las grandes urbes. Aquí todos hablan de una ciudad que lucha para que el ‘narco’ no la devore.

Monterrey está en el estado de Nuevo León y este, por su geografía, se ha convertido en una ruta de tráfico de ilegales y droga. A comienzos de la década pasada, el fin de más de 70 años de gobierno único del PRI significó el inicio de lo que los mexicanos llaman ‘el desmadre’. Los carteles, antes controlados por agentes del gobierno, empezaron a disputarse las lucrativas rutas ilegales. Se concentraron en Tamaulipas, un estado que colinda con Estados Unidos y por el que pasa 70 por ciento del comercio terrestre mexicano. Pero luego, obedeciendo al llamado ‘efecto cucaracha’ (“atacándolas no las eliminas, sino que las llevas a otras partes”), empezaron a esparcirse en estados vecinos como Nuevo León.

En su capital, periodistas, académicos y autoridades coinciden en esta versión de la historia. Así mismo están de acuerdo con que Monterrey, otrora un oasis de riqueza y prosperidad, empezó a conocer la violencia en 2010. Los Zetas rompieron con el cartel del Golfo. “Comenzaron las vendettas y los ajustes de cuentas”, dijo a SEMANA en su despacho Jorge Domene, vocero de seguridad de Nuevo León. “Y luego llegó el narcomenudeo”. Tras los atentados contra las Torres Gemelas, la frontera gringa se había cerrado y la droga empezó a estancarse en México. “Cada gramo costaba dinero y hubo que venderla aquí”, relató Domene. Monterrey se convirtió así en una ‘plaza’: un centro de paso, venta y consumo de droga.

El negocio estimuló la corrupción policial y les permitió a los carteles armar ejércitos. “Esa es la tragedia”, dijo a SEMANA María Ángela Gutiérrez, socióloga de la Universidad de Monterrey. “La llegada del narco coincidió con un México en crisis: pobre, sin empleo y con un tejido social descompuesto”. Los más afectados son los jóvenes. Desde 2009, el gobierno de Nuevo León ha metido a la cárcel a 4.000 personas y más de 3.000 han muerto, de las cuales la mayoría son menores de 30 años. Los ‘jefes de plaza’ los usan como jíbaros, informantes, extorsionistas, secuestradores o sicarios. Y son la carne de cañón que, cuando la banda contraria quiere vengarse, termina colgada de los puentes.

A primera vista, Monterrey da la impresión de ser víctima de una exageración. A diferencia de Ciudad Juárez y Nuevo Laredo -capturadas por la mafia-, aquí hay policía, el comercio fluye y la vida diurna es agitada. Sin embargo, el poder de las mafias se descubre en los detalles. El centro antiguo solía ser una ‘zona rosa’ con restaurantes y discotecas. Hoy, está vacío hasta los viernes en la noche. “Era difícil caminar por la cantidad de gente”, dijo a SEMANA José Carranco, que trabajaba en la zona. Ahora no solo las vías están solas, sino también los locales, cuyos dueños se rehusaron a pagar extorsiones y prefirieron huir antes de correr con la suerte de Pablo Martínez, jefe de seguridad del Café Iguana. “Cuando lo mataron, sentí que esta ciudad había cambiado”, dijo Carranco, que trabajó con él. Un sábado de 2011, unos sicarios se bajaron de un carro, le dispararon y escaparon. Luego, cuando los enfermeros atendían el cuerpo, regresaron para llevarse el cadáver y desaparecerlo.

Los traumas de este ataque se sumaron a los que dejó el incendio del Casino Royale. Samara Pérez se encontraba allá con su hijo de 18 años. “Me había invitado”, dijo entre lágrimas a SEMANA. “De repente, vi a unos hombres que empezaron a gritar e insultar y de repente la sala estaba llena de humo”. Samara se encerró en un cuarto que la protegió de las llamaradas. Más tarde, se enteró de que su hijo había muerto. Así, de golpe en golpe, Monterrey se ha ido hundiendo en la angustia. “Hasta nos han dado clases de cómo reaccionar ante hechos violentos”, le dijo a SEMANA Martha Rivera, una maestra que hace un año, durante una balacera a pocos metros de su primaria, se tiró al suelo con sus alumnos y empezó a cantar con ellos. Por su acto heroico, Shakira le dio un premio en Cartagena durante la Cumbre de las Américas. “A mis niños les ahorré una experiencia traumática, pero son excepciones”.

Desde que la guerra contra el ‘narco’ comenzó oficialmente en 2006, más de 50.000 personas han muerto y más de 18.000 han desaparecido. Y mientras la lucha armada le cuesta al Estado millones de dólares, víctimas y victimarios están en el olvido. Las primeras carecen de apoyo psicológico y financiero. Y los últimos -en muchos casos pobres o migrantes forzados a trabajar para los carteles-, si no son ejecutados brutalmente, permanecen excluidos de la sociedad: escondidos en sus barrios, hacinados en cárceles y muy lejos de una reconciliación. “En México no hay quién se encargue de las víctimas”, dijo a SEMANA Consuelo Morales, directora del movimiento Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos en Monterrey. Entre sus registros, Morales tiene casos de crueldad inédita y de abusos de la autoridad por parte del Ejército, la Marina y la Policía. Para la drogadicción, que en esta ciudad se ha convertido en un camino al crimen, no hay políticas de salud pública, sino que permanece como un problema de seguridad. “A nadie le preocupa atajar la raíz del problema: que es el abandono de la niñez”.

En esta última batalla, Monterrey se defiende como puede. La Policía destruyó los templos de la Santa Muerte que los capos habían erigido a las afueras de la ciudad. En 2011, el gobierno fundó una ‘fuerza civil’ especializada. También ha invitado a políticos como Sergio Fajardo para aprender de las experiencias de Medellín. El caso más exitoso es el del rico distrito de San Pedro, cuyo alcalde, Mauricio Fernández Garza, ha logrado resultados contrarios al resto de la ciudad. Este controversial funcionario, frentero, multimillonario y extravagante, llenó titulares poco después de llegar al cargo, pues declaró que tenía un “grupo rudo” que le hacía tareas de inteligencia. Lo acusaron de fundar grupos paramilitares, pero pronto pudo demostrarles incluso a sus críticos más acérrimos que se trataba de una unidad estandarizada de inteligencia. En un despacho lujosamente decorado, Fernández Garza le dijo a SEMANA: “Aquí hemos hecho lo que en el resto del país nadie ha hecho: atajar el problema con profesionales de Policía y con políticas sociales serias”. Y añadió: “Claro está que eso solo se puede hacer con lana (dinero), pero hay que tener la voluntad”.

Fuente: Semana - CosechaRoja.org

Honduras: la vida en el país del miedo

Descubrir qué hay atrás de las elevadas cifras de muertes en Honduras, el país más violento del mundo, es como pelar una cebolla. Ahí, la tasa de violencia mortal es ocho veces mayor que el promedio mundial, cuatro veces más alto que el latinoamericano y más del doble que el guatemalteco. Hace falta levantar varias capas para comenzar a divisar por qué este país está acorralado por violencia, corrupción e impunidad y por qué las víctimas, sus victimarios, y los asustados espectadores, parecen vivir en países distintos. La mayoría de la gente contará cómo convive con la violencia, siempre que quien lo escuche no sea periodista, o que reciba la garantía del anonimato.

 

POSTAL I: Un  viaje en autobús
En una madrugada de marzo, en Ciudad de Guatemala, la fila de pasajeros avanza lentamente hacia el autobús. Un guardia de seguridad revisa sus pertenencias, hurga hasta donde puede, y les pasa por encima un detector de metales. De pronto, cada viajero da medio paso hacia atrás, sorprendido por el flash de una cámara. El guardia de seguridad también fotografía a cada pasajero. Así la empresa tiene un registro de todos. Esta vez, son un variopinto de hondureños que regresan a casa, turistas estadounidenses mochileros y algunos guatemaltecos que viajan por trabajo.

El autobús hará escala en Copán Ruinas y San Pedro Sula, antes de llegar a Tegucigalpa. Un picop con dos guardias de seguridad armados lo seguirá hasta Copán. Luego, escoltará a otro autobús desde ahí hasta la capital guatemalteca. En la frontera El Florido, difícilmente se percibe la diferencia entre un país y otro entre furgones estacionados en doble fila que, flanqueados por verdes colinas, ocultan el rótulo “Bienvenido a Honduras”. Un cambista con 20 años en el negocio dice que el cruce fronterizo es seguro porque está cercado. “Por Corintia (en el noroccidente hondureño) sí está mal”, dice, frunciendo el ceño surcado de arrugas, apretando los ojos. “Las maras”, suelta, casi deletreando cada sílaba, como recordando lo que son capaces de hacer.

Una patrulla de la Policía Nacional Civil permanece estacionada frente a la oficina de migración del lado guatemalteco. Un policía habla por celular. El otro lee su libreta de apuntes. La fachada de Migración de Honduras está desierta. Pero en un banco adjunto, hay dos guardias de seguridad privada. Cada uno sujeta con firmeza una escopeta, y sólo uno viste chaleco antibalas, como la mayoría de guardias privados en casi todos los bancos de Honduras.

Un policía privado que escolta el autobús espera con radio en mano a que suban los pasajeros después del chequeo migratorio. Asegura que los asaltos en carretera rara vez ocurren, que le ha ocurrido a otras empresas sin escolta armada, su competencia. “Pero sólo del lado de Guatemala”, dice. “Del lado de Honduras, nada”.

Entre los pasajeros viaja un joven hondureño de 24 años, administrador de un estudio de karate en Comayagua, en las afueras de Tegucigalpa (donde en febrero se incendió una cárcel y dejó a 361 reos muertos). Lee la sección deportiva de un diario hondureño, la nota roja de las primeras páginas la pasó de largo. Según él, Honduras está igual que siempre (mal), aunque desde enero de 2010 haya comenzado la gestión del presidente Porfirio Lobo. En ese lapso, el país alcanzó la cifra más alta de muertes violentas en el mundo (86 por cada 100 mil habitantes, una tasa ocho veces mayor que el promedio mundial, y cuatro veces mayor que el latinoamericano). “El problema aquí es que los políticos (en el gobierno) mucho se ayudan”, dice, explicando que la corrupción desvía los recursos del Estado para prevenir la violencia. La corrupción política puede ser quizás una punta de iceberg.

En las 14 horas del trayecto entre Guatemala y Tegucigalpa, los demás pasajeros también parecen inmutables a pesar que viajan hacia el corazón de la violencia en Centroamérica, o en el planeta Tierra. Muchos ya viven ahí, y se creen habituados a sortearla con éxito, a sobrevivir reglas no escritas que todos conocen.

POSTAL II: Capital con cicatrices
Algunos muros de Tegucigalpa, la capital hondureña, todavía muestran las cicatrices del evento político descrito por analistas como un parteaguas en la historia del país: El golpe de Estado del 28 junio de 2009, que sacó a Manuel “Mel” Zelaya de la presidencia en Honduras, que dejó un gobierno interino de Roberto Micheletti (quien dejó la presidencia del Congreso para ocupar la de la República), meses de incertidumbre, relaciones diplomáticas resquebrajadas, y una ola de violencia política que agudizó la que prevalecía por la delincuencia y el crimen organizado.

Hace tres años, los mensajes en grafiti estaban por todas partes. Ahora, es necesario circular por varias calles y buscar –casi con ojo de lince- la pintura desgastada que dibujó posiciones polarizadas. En una calzada, que sirvió de punto de concentración tanto para los seguidores de Zelaya como para quienes apoyaban su salida, todavía se leen mensajes como “Mel ratero”, o “Fuera golpistas”. El recuerdo de los hechos que engendraron estos pronunciamientos todavía está fresco.

Un ex jefe policial dice que era vox populi que un hijo de Zelaya utilizaba el avión presidencial para asistir a conciertos en la República Dominicana. Es una historia que también relata un ex líder magisterial, según quien el dinero comenzó a fluir una vez ganada la elección, incluso antes de iniciado el gobierno. “Antes de las elecciones de 2005, (Mel) nos dijo que debíamos reunir 100 mil lempiras (unos Q43 mil) para una concentración política”, dijo la fuente. “Al fin lo conseguimos (entre las bases), aunque con muchas dificultades”. Ya como presidente electo, Zelaya ya no necesitó pedirles ayuda para reunir los  1.2 millones de lempiras (medio millón de quetzales) que gastó en otra concentración antes de tomar posesión.

Un ex dirigente sindical, que se reunía con Zelaya en su casa en esa época, afirma que el ex presidente era y es víctima de una campaña de desprestigio. Él todavía cree que lo sacaron del país porque intentó “tocar” a los poderosos: los proveedores de combustible, grandes terratenientes (aunque Zelaya era uno de ellos) y al empresariado. “Su gran pecado fue querer ayudar a la gente más pobre de este país, que sobrevive con menos de un dólar (unos Q7.78) al día”, afirmó el ex sindicalista, quien figuró entre los manifestantes que salieron a las calles durante dos meses para protestar contra la salida de Zelaya.

“Mel quería preguntarle a los hondureños si querían reformar la Constitución, por medio de una consulta popular (que tendría que ser depositada en una ‘cuarta urna’), para encausar cambios sociales a largo plazo”, explica. Los detractores de Zelaya afirman que el ex mandatario quería modificar la carta magna para reelegirse y continuar en el poder, y los organismos Judicial y Legislativo intervinieron para detenerlo. Estos últimos dos, apoyados o forzados por los poderes económico y militar. En medio del conflicto, hubo quienes apoyaban la salida del ex presidente, pero se oponían a su expulsión del país. Este debate aún prevalece, aunque ha habido un camino recorrido para la reconciliación política, o como dicen analistas críticos, el retorno a una democracia plural.

Pulso político
La polarización no se percibe a simple vista. La inscripción a mediados de marzo pasado del nuevo partido político de Zelaya, Libertad y Refundación (LIBRE), atizó las cenizas, aunque según encuestas de ese mes, el Partido Nacional (PN) de derecha, y el Partido Liberal (PL), de izquierda, todavía concentran las preferencias del electorado casi en un 70 por ciento, entre los siete partidos inscritos para las elecciones primarias en noviembre próximo.

Zelaya ganó las elecciones en 2005 con el PL. En las elecciones de noviembre de 2009, el presidente Lobo fue electo por el PN. “En la última elección se creyó que un gobierno fuerte nos iba a sacar adelante mejor que un gobierno débil, que ellos podrían ser la solución, pero esa gente se ha engañado”, dijo Ramón Custodio, jefe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Honduras (Conadeh), refiriéndose al gobierno de Lobo. “Por casualidad  se dio que el poder legislativo (la mayoría de curules en el Congreso) también se le entregó al partido gobernante, y estos han malentendido el mensaje”.

Ahora el grafiti político no es lo único desgastado. También lo están las vallas que anunciaban al presidente Lobo y sus promesas de seguridad y empleo como la solución para Honduras. Con un año y ocho meses por gobernar, el mismo Lobo admite que está de manos atadas. “Yo les garantizo que nadie está vacunado; nadie sabe cuándo la violencia va a tocar a su puerta”, dijo a mediados de abril, en una actividad sobre la participación ciudadana en la seguridad, que el Banco Mundial y la cooperación estadounidense auspiciaron. Lobo parecía derrotado. Un minuto decía: “Hoy por la tarde iniciaré una cruzada por la vida, por comunidades más seguras”. Luego advertía: “Prevenir no podemos hacerlo un gobierno o dos gobiernos. La lucha empieza desde el hogar, la familia, la escuela; los gobiernos somos transitorios, (pero) el pueblo sigue”.

Pero la población hondureña está golpeada. Durante la gestión de Lobo, han muerto violentamente 19 personas en promedio, por día, en un país con la mitad de habitantes que Guatemala. Estimaciones del Banco Mundial indican que pocos hondureños no han padecido alguna forma de violencia. Según Giusseppe Zampaglioni, representante de ese organismo, cada víctima de los 7,104 homicidios ocurridos en Honduras en 2011 (2,024 sólo en el departamento de Cortés) pertenecía a una familia de al menos cinco miembros. De manera que al menos 35,500 hondureños sufrieron un impacto psicológico y económico directo de esas muertes el año pasado. Entre las víctimas mortales, el 47 por ciento tenía entre 15 y 29 años de edad. Otro 31 por ciento tenía entre 30 y 44 años. Cerca del 20 por ciento eran mujeres.

Lobo fue el principal contendiente de Zelaya en 2005, cuando su principal oferta era la seguridad. Ese año, hace siete años, la tasa de muertes violentas era de 37 por cada 100 mil habitantes, pero subió a 66.8 en 2009, y alcanzó las 86 dos años después, con Lobo. Los zelayistas todavía lo identifican como golpista porque fue electo en comicios organizados durante la administración interina de Micheletti, sin observación internacional. En realidad, pocas figuras o entidades públicas gozan de un perfil neutral –a eso no escapa ni siquiera la Conadeh, a la que algunos periodistas restan credibilidad porque funciona con fondos gubernamentales, aunque es una entidad autónoma-.

Al menos un sector de la opinión pública destaca que Custodio se oponía al golpe (aunque no era seguidor de Zelaya), y eso le valió su identificación con el mandatario derrocado; otro sector lo considera golpista. Custodio dice que este ha sido el precio de ser crítico con todos, en parte, porque sostiene que los problemas de Honduras comenzaron mucho antes del golpe y que Zelaya apareciera en escena.

La influencia militar en la policía
Algunos informes, como uno publicado por el centro académico Woodrow Wilson en Washington en 2011, explican que el golpe contribuyó a agudizar la crisis de seguridad. El documento indica que el país ya sufría problemas de corrupción y crimen, pero que la focalización de las fuerzas de seguridad en atender la crisis y la violencia política, y la reducción de ayuda extranjera (resultado del embargo que castigaba el golpe), precipitaron al país hacia el abismo.

Al comisionado Custodio esta perspectiva parece irritarle. “Es una visión prejuiciada porque afuera se cree que Honduras nació el 28 de junio de 2009 (el día del golpe) cuando los desórdenes existían desde antes”, afirma el funcionario, quien dirige la Conadeh desde 2002, y cuyo mandato fue renovado por unanimidad por el Congreso hondureño en 2008.
T., un periodista independiente que pide omitir su nombre, explica que existen grupos de poder copando al Estado, y que los eventos de 2009 tuvieron un precedente de casi 30 años de transición democrática fracasada y de impunidad. La dictadura militar terminó en 1980 sin que se hubiera desarrollado una guerrilla como las de Nicaragua, El Salvador o Guatemala ni procesos de paz o de demanda de democracia. En 1982, se dio una reforma constitucional, pero el sistema democrático está tutelado. Los militares seguían atrás del poder civil, encargados de áreas específicas como la seguridad pública. “Los puestos claves en la policía estaban al mando de militares”, afirma el periodista. En realidad, todavía están bajo control militar en 2012. Los intentos por recuperar el Estado y la asistencia militar de EE.UU. (que utilizó a Honduras como sede de los Contras, la guerrilla contrarrevolucionaria, para derrotar al sandinismo en Nicaragua) eran inútiles ante la red de corrupción e impunidad que existía. Para 1990, la debilidad institucional era endémica, como baja era la presencia del Estado en diversas zonas del país.

En la cintura de los años 90, las fuerzas de seguridad y las armadas ya no tenían el monopolio en la venta y el manejo de armas. Las maras y el crimen organizado movían armas que provenían del arsenal remanente de los conflictos armados en Centroamérica, particularmente de los grupos desmovilizados en Nicaragua. “En esa época, un AK-47 (fusil de asalto, de fabricación rusa) se vendía hasta por US$20 dólares”, recuerda T. “Era común que todos los días se encontraran casquillos para este tipo de arma en escenas de crimen”.
Entre 1993 y 1994, se estableció la Conadeh. Además, en 1993 desapareció la Dirección Nacional de Investigación de la Policía, por abusos que los investigadores cometieron. En 1994 comenzó a funcionar el Ministerio Público (MP) y una nueva policía de investigación, que fue exclusiva del MP, la Dirección General de Investigación Criminal (DGIC). Reformas constitucionales, y la Ley Orgánica de la Policía, luego separaron a la policía de las fuerzas armadas recién en 1996.

En 1998, la entrada en vigencia de Ley Orgánica de la Policía Nacional conlleva a que la investigación ya no sea competencia del MP sino de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad. Esta creó una Dirección General, de la que dependen la Dirección Nacional de la Policía Preventiva, la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC), la de Tránsito, entre otras divisiones.

No obstante, para finales de los años 90, la policía “No era un brazo (del crimen organizado), sino un cartel muy poderoso”, revela el periodista. “Los oficiales tenían cuotas que llenaban con el producto de actividades ilegales, principalmente extorsiones, secuestros y sicariato en las zonas de narcotráfico”. Además, la policía todavía dependía de los militares. El Faro realizó un reportaje a profundidad sobre la policía en el país más violento del mundo.

“Todavía había afinidades ideológicas porque varios oficiales militares de alto rango tenían jerarquía en la policía, y la mentalidad es de combate, de guerra contra el enemigo”, afirma T. “La policía reprime, y eso se vio claro en el golpe (de Estado)”. El ex dirigente sindical asegura que al menos 150 personas fueron asesinadas mientras duraron los disturbios, y que la violencia política no venía de los zelayistas, sino del “gobierno de facto” de Micheletti. Estas muertes no se esclarecieron. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que investigó los hechos que precedieron y siguieron al golpe, planteó en su informe final que constató y recibió testimonio “del uso desproporcionado de la fuerza de parte de las instituciones militares y policiales durante  el golpe de Estado y el gobierno de facto; lo que tuvo como resultado las violaciones a los derechos humanos expresadas en muertes violentas, privación de libertad, tortura, violaciones sexuales y persecución política”.

Circulo vicioso: corrupción-impunidad
Pese a los múltiples cambios (sin depuraciones), la policía seguía devorada por la corrupción, influida por los militares. Incluso, puestos claves en la policía eran ocupados por coroneles.

“Las investigaciones no tenían sustento, y el sistema de justicia procesaba casos en los cuales el 90 por ciento de los fallos se emitían a favor del acusado”, afirma el periodista. “Esto magnificó la tendencia de impunidad (de los años anteriores), y la ciudadanía supo que no podía contar con la policía”. Como resultado, las investigaciones eran débiles en evidencia científica y testimonial. Había desconfianza en el programa de protección al testigo. Simplemente no había testigos de los hechos criminales, así 20 personas lo hubieran presenciado, según T. Una de las razones es que, en varios casos, entre los victimarios figuraban policías.

Custodio denunció que hay dos casos de desapariciones forzadas reportadas a Organización de las Naciones Unidas, y casos de ejecución extrajudicial comprobados, realizados por la policía. “Eso es grave. La impunidad propicia la continuidad del abuso, y comienza si tiene un sistema de justicia que no investiga adecuadamente los delitos”, denunció el comisionado, quien no condena el sistema completo, pero reconoce que no funciona como debería. “No podemos seguir con que los policías dicen que son los jueces y los fiscales, y viceversa; eso es un juego de ping pong en el que no debemos caer”.

Para 2006, ya se estimaba que del total de denuncias presentadas, el 78 por ciento es investigado y sólo el 2 por ciento termina en condena. Un estudio del Banco Mundial de 2011, apunta a que la falta de denuncia –por desconfianza en el sistema- contribuye a estos porcentajes.

Un caso paradigmático –aún impune- es la ejecución extrajudicial el 22 de octubre de 2011 de Raúl Vargas Castellanos, de 22 años, hijo de Julieta Castellanos, rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y estandarte de la oposición al Golpe. Reportes de prensa indican que Vargas fue herido mortalmente en un puesto de control policial. La policía le disparó y la víctima se estrelló en su vehículo unos metros más adelante. Lo acompañaba su amigo Carlos Pineda Rodríguez, de 24, quien sobrevivió la colisión pero a quien ejecutaron. Los policías abandonaron los cadáveres en una carretera a varios kilómetros del lugar.

La investigación del caso, ante fuertes presiones de Castellanos, permitió la identificación de un subinspector y tres agentes como los autores del crimen. Se halló sangre en tres patrullas, y ADN de Vargas en uno de ellas. Algunos de los acusados y sus cómplices, tras su detención, escaparon de la cárcel y no han sido recapturados. Tampoco lo han sido los policías que permitieron la fuga.

Seis semanas más tarde, el 7 de diciembre pasado, fue asesinado Gustavo Alfredo Landaverde Hernández, de 71 años, asesor de la Secretaría de Seguridad (que ahora dirige Pompeyo Bonilla). Murió acribillado 48 horas después que admitió frente a las cámaras de televisión que tenía los nombres de altos jefes policiales involucrados en corrupción. Dijo que el director y otros jefes policiales sabían a quiénes se refería. Nadie ha sido capturado por su asesinato. Castellanos y la viuda de Landaverde, Hilda Caldera, emprendieron una cruzada para depurar la policía y, como resultado, toda la cúpula policial fue removida en octubre pasado.

Desde septiembre, el presidente Lobo había destituido al ministro de Seguridad, Óscar Álvarez, quien, presuntamente días antes, había anunciado que denunciaría a 20 oficiales policiacos vinculados al narcotráfico. No mucho después, las acusaciones contra la policía continuaron, y hasta Álvarez también arrastró sindicaciones de violaciones de derechos humanos contra reclusos durante su gestión. T. dice que “el valor de la lucha de Castellanos radica en que vence el miedo a la impunidad”, más que en los resultados que haya logrado contra la corrupción en la policía.

El 11 de marzo, un noticiero del Canal 10 publicó los resultados de una encuesta que revelaba que el 88.8 por ciento de los hondureños cree que el gobierno ha fallado en seguridad. La Conadeh recibe denuncias que señalan a la policía como la institución estatal que más abusa los derechos humanos en Honduras. Los casos ocurren en todo el país, no sólo ocurren en las zonas donde hay mayor actividad pandillera (como Tegucigalpa, la capital, o San Pedro Sula, la capital económica), o donde más opera el narcotráfico (en la frontera con Guatemala y en la costa del Atlántico).

“No podemos hablar de una política de Estado (en ese sentido) si tenemos una policía corrupta”, afirma Custodio. “Esa es una factura del poder Ejecutivo, que incumple sus obligaciones de garantizar la seguridad de la población”.

Pidiendo imposibles
Si la población estimada es de 8.2 millones de habitantes en Honduras, y la fuerza policial es de 14 mil elementos, hay un promedio de 585 habitantes por policía. La cifra es menor porque el cuerpo policial se divide en varias unidades, así como en equipos y turnos de trabajo. Miembros de la Policía Preventiva (policías uniformados que actúan en los operativos), sólo había 7,050 en 2011. Es decir, había 1,163 habitantes por agente u oficial, sin contar los turnos. El ideal, de acuerdo a estándares internacionales de seguridad, es de un policía por cada 250 a 300 habitantes.

El reducido número de policías es sólo una de las batallas que se libra adentro y afuera de la institución policial, según el subcomisario Carlos Aguilera Cadenas, subjefe departamental de Atlántida, con sede en el pueblo costeño de La Ceiba, frente a las islas de Roatán y Utila. Aguilera reconoce que hay corrupción interna, pero también sostiene que algunos jefes de gobiernos municipales consideran erróneamente que la seguridad es un problema sólo de la policía, cuando también incide un bajo nivel de escolaridad y el difícil acceso a empleos bien remunerados.

“Los altos niveles de desempleo generan inestabilidad social, y debido la inmigración a Estados Unidos, hay cualquier cantidad de hogares desintegrados, donde los muchachos son fácil presa de las pandillas o maras”, afirma el subjefe policial. Aguilera afirma que “el producto policial” en Honduras sale de este ambiente. “Lo extraemos de una sociedad que ha perdido los valores, con una oferta salarial que no nos permite contratar personas con un nivel de mayor desarrollo intelectual”, agrega.

Honduras es, junto a su vecina Nicaragua, uno de los dos países más pobres del continente, con niveles de pobreza arriba del 70 por ciento; Guatemala tiene entre 51 y 56 por ciento.

De hecho, Aguilera –una de las pocas fuentes que aceptó ser citada y grabada- dice que “la policía no está diseñada para responder a las exigencias que la criminalidad presenta”. Para empezar, el subcomisario sostiene que la relación policía-habitante es demasiado dispareja. Por ejemplo, en Atlántida, descrito como el departamento más violento de Honduras (y del planeta), hay sólo un policía por cada 1,600 habitantes; eso sin contar los turnos y la subutilización de la policía.

“Nosotros somos una policía multiusos. Es decir, si hay que trasladar reos, los traslada la policía; si hay que trasladar una persona con problemas mentales, los traslada la policía, porque los traen a la policía”, señaló el subjefe policial. “Cumplimos demasiadas funciones y los recursos se minimizan rápidamente. Estos factores influyen en que la respuesta al ciudadano no sea la adecuada”.

Pero las condiciones de trabajo tampoco son las mejores. Los turnos policiales, por ejemplo, duran 36 horas. “Empiezan a las siete de la mañana y terminan a las cuatro de la tarde del día siguiente, sólo con pequeños descansos durante la noche”, explicó Aguilera. Cuando terminan el turno de 36 horas, deben presentarse al día siguiente otra vez a las siete de la mañana. “Los fines de semana, la jornada es duplicada porque [los policías de turno] entran el viernes a las siete de la mañana y salen el lunes a las cuatro de la tarde”, agregó la fuente. Aún en estas condiciones, los policías apenas ganan el salario mínimo.

“El sueldo de un policía del más bajo rango anda por los 6 mil lempiras (unos Q2,600), pero este policía no es de la zona”, dijo Aguilera. “Viene del interior a donde tiene que viajar cada 15 días y pagar su propia comida, habitación, muchas veces hasta su propia munición, incluso en La Ceiba. Al final, de ese salario no le queda mucho. Entonces, eso produce corrupción. Toda esa combinación de factores hace que ser policía sea muy difícil”. En Guatemala, un policía gana Q4,000 mensuales.

La situación en ciudades más grandes, como Tegucigalpa y San Pedro Sula, no es mejor. Aguilera dice que ahí hay más concentración de recursos, pero no los suficientes. Hace año y medio, este subjefe de la policía en Atlántida estuvo asignado ocho años en la capital hondureña, donde era el jefe de la unidad de helicópteros de la policía, de la cual también era piloto.

Para 2010, el presupuesto nacional había incrementado en un 8.9 por ciento (en relación con el año anterior). Se incrementaron los policías, aunque la criminalidad si aumentó en un 24.8 por ciento, según la asociación Libertad y Democracia.

En 2011, el 4 por ciento del presupuesto se destinó a seguridad, otro 4 a la Secretaría de Defensa, un 29 por ciento a Educación y el 13 por ciento, a Salud. Pero T., el periodista independiente, asegura que el problema no es sólo la falta de recursos. “El presupuesto ha tenido un mayor crecimiento en los últimos años, aún con Zelaya, pero creció paralelamente a la corrupción y a la violencia”, asevera. Esto aunque Honduras recauda a penas el 15 por ciento de lo que produce; uno de los más bajos del continente. Pero el presupuesto también se manejó en medio de una errática administración pública. En octubre de 2008, un miembro del equipo de comunicación de la Secretaría de Finanzas de Honduras, dijo que ese año Zelaya anunció el aumento de sueldo para los empleados públicos sin consultarle antes a la ministra de Finanzas, Rebeca Santos, si el Estado podía cubrir el incremento. Santos tuvo que sentarse para asimilar la noticia. El anuncio no tenía marcha atrás.

Custodio coincide con el discurso de T. “Eso no tiene nada que ver con (falta de) fondos financieros; tiene que ver con otros fondos, fondos oscuros, gente sin conciencia, nacida para ser corrupta”, responde Custodio. “La tolerancia o aquiescencia desde el Estado es una complicidad disimulada”. El 86.8 por ciento de los hondureños piensa que la corrupción aumentó en los últimos diez años, según una encuesta del Consejo Nacional Anticorrupción. La responsabilidad del sector privado o de los financistas de campaña en la corrupción pública todavía no es un tema que se debata en la opinión pública.

Síntoma uno: policía surte de armas a cárteles
Hace casi una década, un miembro de la división de asuntos internos de la policía (hoy retirado) investigaba el robo de entre 150 y 300 fusiles Galil de las bodegas policiales. Eran armas compradas por el gobierno hondureño a Israel. El ex policía dice que se recuperaron diez en Santa Bárbara en diciembre de 2004. Sin embargo, la investigación del caso le causó problemas. “En una ocasión me abrieron el carro y se robaron la computadora con información de la investigación”, dijo. También fue amenazado. Cuando reportó lo ocurrido al director de la policía, y al entonces ministro de Seguridad Jorge Rodas Gamero, fue removido del caso y de la unidad de asuntos internos.

Informes oficiales citados por El Heraldo en 2011 dan cuenta del robo de otros 100 fusiles. Este último fue denunciado como el primer robo masivo de armas del grupo élite Comando de Operaciones Especiales Cobra en 2007. Esa investigación no progresó. Además, el diario cita otro caso de 186 armas de diverso calibre ocurrido aproximadamente en agosto de 2011. La publicación menciona que, según informes de contrainteligencia, el entonces director de la policía, José Luis Muñoz Licona, no denunció estos hechos. Dos meses después, en octubre, fue dado de baja. Enviado a su casa sin expediente judicial.

La investigación indica que las armas posiblemente fueron sustraídas de las bodegas policiales en vehículos de la policía, y luego transferidas a compartimientos secretos en automóviles particulares. El texto indica que el destino de las armas era Guatemala, donde presuntamente fueron compradas por los Zetas. Las armas eran ingresadas por Santa Bárbara (frontera con Izabal, Guatemala), donde el trasiego de cantidades menores de armas cortas, fusiles de asalto y municiones, fue frustrado en dos ocasiones. Pero el caso no generó capturas de policías.

Luego de la denuncia del robo de armas, las autoridades estatales más bien se quejan de falta de armas en la lucha contra el crimen organizado, aun cuando las armas robadas –compradas con fondos estatales-pararon presuntamente en manos de los Zetas.

El 11 de marzo pasado, como si el robo de armas gubernamentales hubiera sido en otro país, el ministro de la Defensa, Marlon Pascua, presentaba una queja. “Se necesita más recursos para darles (a las fuerzas armadas) más y mejores armas”, dijo Pascua a la prensa local. “El crimen organizado tiene armas que sólo usan fuerzas especiales de Estados Unidos. La fuerza hondureña tiene armas de los años 80, y de segunda”.

El ex policía esperaba que los esfuerzos anticorrupción de 2011 sacarían a flote el caso que investigó (y del que fue removido), así como viejos casos de enriquecimiento ilícito dentro de la policía. Esperó en vano.

El plan de reforma de la Policía no empezó con buen pie. El asesinato de Landaverde en diciembre –el asesor de Seguridad muerto dos días después de anunciar que denunciaría a policías narcotraficantes–generó dudas sobre la capacidad de esa comisión. De acuerdo con el ex jefe policial, los esfuerzos contra la corrupción no avanzarán si no los dirige un policía de carrera. “Si no es policía, no tendrá la capacidad de infiltración para frenar la corrupción, porque no conoce la institución por dentro”, afirma el ex policía. “Podrá hacer evaluar la formación policial, pero no podrá avanzar en otras áreas”.

Justo diez días antes de la entrevista con esta fuente, renunció Óscar Arita, de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), presuntamente por motivos personales. Sólo tenía 90 días en el cargo. Su renuncia ocurrió un día después que el Congreso de Honduras fijó un plazo de 72 horas para integrar la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública. Esta comisión colaboraría con la DIECP en la depuración de la Policía Nacional.

Síntoma dos: cárceles asesinas
El caso del incendio en la cárcel de Comayagua (en las afueras de Tegucigalpa) y sus 361 reos muertos colocó al país en titulares internacionales en febrero. El MP y los bomberos de Honduras, y cooperación estadounidense aseguraron que se trató de un incendio accidental. El Faro, que hizo su propio reportaje investigativo, concluyó que no fue un accidente.

Entre los antecedentes importantes figuraba que la cárcel estaba sobrepoblada. Albergaba a casi 852 reos (el 60 por ciento en prisión preventiva) cuando su capacidad era para 400. Además, según un ex funcionario del sistema de centros penales, esa y otras cárceles los custodios tienen una precaria capacitación. Estos, en el caso de Comayagua, fueron señalados por sus superiores de no abrir las celdas pese a que la vida de los internos corría peligro. Esto a pesar de que los mismos superiores se los habían prohibido, según El Faro.

El ex sindicalista zelayista asegura que se halló al menos un cadáver baleado, y que el incendio fue provocado para eliminar a varios reos, incluidos varios narcotraficantes. Incluso citó reportes de prensa que indicaban que uno de los reos denunció haber visto “bombas molotov” volar por los aires, sobre la cárcel. Otros reportes radiales citaban a un familiar de uno de los reos muertos y que aseguraba que el cadáver tenía orificios de bala. El ex jefe policial asegura que, según una versión con poca resonancia, dos reos habían pagado US$10 mil por fugarse, pero “el plan se les salió de las manos”. No recibió información que los reos fueron baleados, como sí ocurrió hace años en el incendio de una cárcel en La Ceiba.

El comisionado Custodio dice que no tiene por qué dudar de los informes científicos y que, hasta donde sabe, los únicos balazos salieron de las armas de los guardas que dispararon al aire. Asegura que no consta en informe alguno que los balazos hirieron o mataron accidentalmente a los internos.

El informe del Wilson Center de 2011, citaba que para entonces la situación de las cárceles era precaria, con sobrepoblación. Mientras tanto, un ex jefe policial (retirado en 2008), afirma que las condiciones de las prisiones facilitaban la corrupción. “En la cárcel de Támara, los presos tenían el control interno de las cárceles, y el presupuesto de alimentación diaria por reo era sólo de 13 lempiras (Q5)”, afirma el ex policía. Eso, en un país donde una botella de medio litro de agua cuesta 20 lempiras. Estas condiciones se prestan, según el ex jefe policial, para toda clase de negocios ilícitos adentro, donde “cobraban por todo”. En 1998, los centros penales estaban bajo el control de la Policía Nacional, y al menos en Támara se revirtió el control de movimiento que tenían los reos. La fuente agrega que el 15 de enero de 1999, las cárceles pasaron a control del Ministerio de Seguridad, y las jefaturas, a funcionarios políticos con poca experiencia en el manejo de poblaciones carcelarias. La entrevista de Plaza Pública con un guatemalteco que estuvo recientemente en lacárcel de Támara contradice al expolicía: todavía es un territorio liberado, en control del crimen organizado.

Tres semanas después de la medida en 1999, se fugó el poderoso narcotraficante del Cartel del Atlántico (de Honduras) Juan Ramón Hernández Menjívar, presuntamente –según la versión de la fuente- después de pagar US$5 millones. El sujeto huyó a Guatemala, donde apareció asesinado en octubre de 1999. La policía reveló que la muerte de Hernández Menjívar (quien contaba con el respaldo de un coronel hondureño ya capturado en 1999) ocurrió para poner en manos de otro jefe dentro de la estructura la ruta de cocaína por Honduras.

Síntoma tres: las extorsiones
La segunda semana de marzo de 2012, las autoridades anunciaron la próxima instalación de un sistema de cámaras en áreas públicas de Tegucigalpa para ayudar a reducir la criminalidad –que proviene principalmente de las pandillas y maras, que provienen de niños y adolescentes de los barrios más probres y excluídos de Honduras. Sus miembros suman al menos 36 mil, según una estimación policial.

Un número considerable de comercios no ha esperado la instalación de cámaras y ha contratado empresas de seguridad, principalmente administradas u operadas por ex policías y ex militares, como sucede en Guatemala y El Salvador. Uno de estos administradores dijo que en 2011 consiguieron entregar a la policía a una banda de cuatro nicaragüenses dedicados a romper vidrios de los vehículos en los estacionamientos de restaurantes de comida rápida.

En otro caso, tuvieron ayuda de la policía para desmantelar una banda de seis extorsionistas hondureños (que no eran pandilleros), que operaba desde El Progreso, y se había apoderado de la base de datos de números telefónicos celulares de una empresa, quizá por medio de un contacto de la empresa de telefonía, según un investigador privado. “Por los problemas con la policía en los últimos tres años, muchos se aprovecharon para extorsionar”, asegura. Eso incluye especialmente a los pandilleros.

Julio, un taxista con al menos una década de recorrer las calles de la capital con ese oficio, cuenta que cada semana cada taxista debe entregarle 200 lempiras a la Mara Salvatrucha y otros 200 al Barrio 18. En un mes, cada taxista paga por “derecho de paso” al menos L. 600 lempiras (unos Q700).

¿Pero cómo sabe que se trata de ellos? “Mire, ellos no se andan presentando”, dijo Julio. “Mandan a los cipotes (patojos) de 10 ó 12 años a cobrar, pero uno ya sabe quiénes son”. La ley antimaras establece que si uno de estos jóvenes es detenido con fuertes cantidades de dinero, cuyo origen legal no pueda comprobar, podría pasar hasta siete años en la cárcel. “Por eso a veces mandan a cobrar a una cipota embarazada, porque a las embarazadas no las revisa la policía, y ya sabe uno que tampoco cuenta con la policía”. Y no hay escapatoria. Los taxistas que intentan evadir el cobro, y se trasladan a trabajar en otro sector de la capital, son asesinados.

El 13 de marzo pasado, la prensa reportó el asesinato de un taxista en Comayagüela, una de las zonas más violentas de Tegucigalpa. A unos pasos, un amigo del conductor falleció de un infarto, después de presenciar el ataque. El pasado 24 de abril, fue acribillado también en la capital Noel Valladares Escoto, de 28 años, presentador de un programa televisivo de entretenimiento. La policía indicó que la víctima estaba bajo amenaza de las pandillas, quienes lo extorsionaban y exigían L. 100 mil lempiras a cambio de no matarlo. En el ataque, también murió un tío del presentador, su guardaespaldas y resultó herida su esposa. Valladares era famoso porque daba números de la suerte de boletos de lotería en su programa. O en palabras del corresponsal de AP en Honduras, Alberto Arce, era un presentador que cobraba a la gente por adivinar el número de la lotería. El asesinato, como muchos, fue llevado a cabo por sicarios.

Síntoma cuatro: asesinatos de periodistas
Hasta marzo, habían muerto violentamente casi 50 mil hondureños en los últimos diez años. En 2011, cerca de 8 de cada 10 casos permanecieron impunes, según datos que la Conadeh recopiló. Entre los asesinatos más graves figuran los de 19 periodistas desde que Lobo asumió la presidencia en enero de 2010 (otros cinco fueron asesinados en 2009). Un caso, el de Luz Marina Paz, ocurrió un día antes del asesinato de Landaverde, el asesor que sería denunciante. Y tal parece que la impunidad en las muertes de los periodistas refleja la impunidad en los casos de otras víctimas. Es decir, a los periodistas los matan porque la mayoría de los asesinos en Honduras está libre.

En febrero de 2011, la periodista de televisión Saira Almendares murió baleada en San Pedro Sula. El caso más reciente, la víctima 19, fue Fausto Valle Hernández (54), conductor del programa La Voz de la Noticia de radio Alegre de Sabá, Colón. El 11 de marzo pasado, Valle conducía su bicicleta cerca de su residencia, cuando fue atacado por un hombre que le propinó 18 machetazos. El asesino huyó sin robarle nada. Tres días después, según reportes de prensa, la policía no había hecho un informe del caso.

Para finales de 2010, el presidente Lobo insistió que las muertes de los periodistas no estaban relacionadas con su trabajo. Su opinión no es popular en ese gremio. T. y otros periodistas (que prefieren no ser identificados) afirman que la evidencia apunta a que una minoría de los casos está relacionada con el ejercicio profesional de las víctimas. “La mayoría están ligados a diversas formas de corrupción, y pudieron ser asesinados en esas circunstancias, donde el vínculo común es la impunidad”, señala T.

El problema es que la verdad sobre los móviles de estos crímenes permanece en un misterio, porque la policía y el MP no divulgan los resultados de las investigaciones. Entonces, el efecto es doblemente nocivo. “La muerte de un periodista –por las razones que sea- tiene un fuerte impacto en la sociedad. La gente concluye que si no se hace justicia cuando matan a alguien de alto perfil, menos se hará con cualquier ciudadano”. Sin periodistas, se reduce el acceso a la información de la ciudadanía.

Más allá del caso de los periodistas asesinados, el mandatario ha tenido una relación conflictiva con la prensa por el contraste entre sus promesas de campaña y sus acciones en el gobierno. Según Custodio, a Lobo le choca que Honduras ocupe titulares de prensa internacionales por la violencia. “Al presidente de la República le molesta la libertad de expresión, pero yo prefiero que se sepa que San Pedro Sula (donde la mitad de los crímenes son cometidos por menores de edad) le quitó el primer lugar a Ciudad Juárez (en  México) como la ciudad más violenta del mundo, y que han muerto 49 mil hondureños en los últimos 10 a 11 años, sin conflicto armado interno”, señala el comisionado. “(Lobo) dice que eso va a evitar que vengan los inversionistas, pero eso es un razonamiento infantil, para aplacar el espíritu de crítica”.

Diversas organizaciones internacionales de prensa catalogan a Honduras como el país más peligroso para periodistas, después de México, en Latinoamérica. En el mundo, ambos países sólo son superados por Irak y Afganistán.

 

Fuente: Julie López – Plazapublica.com