jueves, 27 de junio de 2013

La discriminación por orientación sexual en la Justicia.

Por ser lesbiana, por casarse legalmente con una mujer y porque su hijo estaba inscripto bajo el nombre de ambas madres, el Tribunal Oral en lo Criminal No.24 y la sala de feria de la Cámara Federal de Casación Penal denegaron el arresto domiciliario de Ana María Fernández, una ex funcionaria de la Dirección de Fiscalización y Control porteño, condenada a tres años y seis meses de prisión en la causa Cromañón. Ayer a la mañana, la Corte Suprema revocó el fallo por ser discriminatorio y arbitrario. Aún falta que se ejecute la decisión de la Corte para que Ana y Bautista, su hijo de un año, puedan salir de la Unidad 31 donde están alojados desde hace seis meses.
 
El caso de Ana muestra como la interpretación judicial de dos leyes, sancionadas con el objetivo de ampliar los derechos del colectivo LGTBI (ley de matrimonio) y las mujeres (ley de prisión domiciliaria), es capaz de lograr que se vulneren esos mismos derechos. Es un ejemplo de como un fallo judicial puede usar y abusar de derechos recientemente conquistados para anularlos.

A Ana la conocí hace unos meses en los talleres de poesía y fotografía que la Asociación ‘Yo No Fui’* desarrolla adentro de la Unidad 31. Entre poesías y fotos, fui también conociendo su historia y la de su familia. Bautista fue el primer bebé que logró ser anotado con sus dos apellidos maternos en la Ciudad de Buenos Aires, un derecho adquirido después de la sanción de la Ley No. 26.618 (en julio de 2010) que amplía el régimen del matrimonio a todas las parejas sin importar su identidad u orientación sexual. Fue un bebé soñado durante muchos años pero concebido recién cuando sus mamás, ya legalmente casadas, tuvieron la igualdad jurídica necesaria para poder inscribirlo como hijo de ambas.

Desde el 22 de diciembre de 2013, Bautista duerme en una celda con su mamá Ana. Hace un mes cumplió un año y ya pasó más de la mitad de su vida dentro de la cárcel. Ana lo amamantó durante toda su lactancia. Todas las mañanas, un celador lo viene a buscar y lo lleva al jardín de infantes del penal junto al resto de los bebés que viven en los pabellones con sus mamás. En enero de 2009, la Ley No. 26.472 amplió el derecho a la prisión domiciliaria a las mujeres embarazadas y/o con hijos/as de menores de 5 años. Sin embargo, el Tribunal Oral le denegó el arresto domiciliario a Ana con el argumento de que ‘existe otra madre que puede ocuparse de la atención del pequeño.’ La Cámara Federal confirmó la medida. La misma Cámara, integrada en ambos casos por el juez Eduardo Riggi, le otorgó la prisión domiciliaria al represor Luciano Benjamín Menendez una semana después.

El fallo de la Cámara muestra la interseccionalidad de la discriminación por género y orientación sexual que enfrentan las familias que desafían la heteronormatividad. La interseccionalidad describe los casos en los cuáles los niveles de discriminación por tener una identidad (ej. mujer) no se suma de manera simple sino que se multiplica cuando se conjuga con otra identidad (ej. LGTBI). Esta interseccionalidad se refuerza con la estereotipación de género que define a la mujer sólo en su rol de cuidadora sin respetar el derecho a decidir como ejercer su propia sexualidad y maternidad. Si Ana hubiera sido heterosexual ella sola hubiera sido definida como cuidadora; si no se hubiera casado legalmente con Gabriela y si Bautista no hubiera sido inscripto como el hijo de dos mujeres no habría habido argumentos para denegarle la prisión domiciliaria.

El caso es también testigo de los procesos de creciente ‘prisionización’ y ‘prisionización secundaria’ que vienen ocurriendo, de manera creciente, en la Argentina. Por ‘prisionización secundaria’ me refiero a los efectos de la prisión en las familias de los y las detenidos/as. Las paredes de las celdas no terminan en la cárcel sino que afectan la vida diaria de los/as familiares que tienen que reorganizarse para adaptarse a esta nueva realidad. Tres días por semana Gabriela recorre el trayecto de su casa a la Unidad 31 de Ezeiza para ir a ver a su familia. Hace malabares con sus horarios laborales para poder ir a visitarlos. Su día se organiza en base a los llamados diarios al penal para hablar con Ana y escuchar los balbuceos de su hijo. Como otras mujeres que tienen su pareja en la cárcel, la prisión ya es una parte esencial de su vida cotidiana.

En el año 2010, la tasa de población penitenciaria en Argentina llegó a 146 personas cada cien mil habitantes, el valor más alto en su historia. Los índices de encarcelamiento vienen creciendo sostenidamente desde la década del ‘90. En el caso de las mujeres presas en cárceles federales, el aumento se intensificó en la última década: llegó a triplicarse en sólo 10 años. Si bien estas cifras son impresionantes en si mismas, suelen esconder una realidad mucho más amplia: que la cárcel socializa no sólo a quienes están alojados en ellas sino también a sus familiares, parejas, hijos e hijas. Del total de detenidos/as, 81% recibe algún tipo de visita de su familia y/o allegados. La ‘prisionización secundaria’ está cruzada por las relaciones de género. Una recorrida por las cárceles federales y provinciales los días de visita muestra como las mujeres son las que más visitan a los varones y a las mujeres detenidas. En el caso de las cárceles de mujeres, la cantidad de visitas es mucho menor.

La prisión domiciliaria no deja de ser una condena. Ana María no va a poder llevarlo a Bautista a la plaza, ni salir a buscarlo al jardín de infantes, ni hacer ningun movimiento fuera de su casa sin la autorización expresa de su juez de ejecución. Pero Bautista podrá vivir en su casa, sus dos mamás podrán ocuparse de él. No se va a enfermar por la falta de cuidados ni de limpieza en los pabellones. Y las decisiones de cómo criarlo van a depender de lo que sus dos mamás decidan y no de la estructura y los tiempos que rigen en el Servicio Penitenciario Federal. Ambas mamás podrán seguir luchando para que los derechos conquistados se traduzcan en medidas concretas. Para que ningun otro hijo de padres LGTBI tenga sus derechos denegados por discriminación del Poder Judicial.

*’Yo No Fui’ es una Asociación Civil y Cultural sin fines de lucro que trabaja en proyectos artísticos y productivos en los penales de mujeres de Ezeiza y, afuera, con las mujeres que salen en libertad.


 

miércoles, 26 de junio de 2013

Presos en un buzón.

En teoría, el encierro en “buzones”, cómo se llama a las celdas de aislamiento, se aplica a detenidos en tránsito o en etapa de admisión. En la práctica se usa como un castigo que consiste en estar encerrado 23 horas al día en una celda diminuta y sin ninguna comodidad. La privación de la libertad en estas condiciones, dice el juez Mario Juliano, trae aparejados severos trastornos físicos y psíquicos, que el magistrado analiza en esta columna.

El encierro de personas privadas de la libertad en condiciones de aislamiento es una práctica extendida del sistema penitenciario argentino y la región. Normalmente se apela a su empleo con la excusa de la protección de sus destinatarios y del resto de la comunidad carcelaria, pero la realidad dista bastante de confirmar esa premisa.

El aislamiento en “buzones” (término con que se denomina a este tipo de encarcelamiento riguroso en la jerga tumbera) obedece, por lo general, a detenidos que están en tránsito, con destino a otras unidades o para comparecer ante los estrados judiciales, o cuando el preso se encuentra en etapa de admisión, a la espera que se le asigne un pabellón. Pero, en la mayoría de los casos, responde al castigo que disponen las autoridades por haber cometido alguna falta a los reglamentos.

Una de las imágenes más fuertes que experimentamos quienes visitamos cárceles es el ingreso a los pabellones de aislamiento. Inmediatamente que se produce el acceso al pasillo donde se emplazan las celdas, las personas que se encuentran alojadas en su interior comienzan a gritar solicitando ser escuchadas, que se atiendan sus reclamos, que normalmente están relacionados con sus condiciones de alojamiento o por encontrarse poco menos que olvidados por aquellos que dispusieron su privación de la libertad.

El aislamiento consiste en permanecer encerrado 23 horas al día en una celda de escasas dimensiones, en cuyo interior hay un camastro de hormigón, una mesita del mismo material y un sanitario para hacer las necesidades. El calabozo tiene una puerta doble: una de rejas y otra metálica, que solamente tiene una mirilla que permite observar desde el exterior y pasar la comida. El interno carece de todo contacto con el mundo exterior. El común denominador es, mucho frío en invierno, mucho calor en verano.

La privación de la libertad en estas condiciones trae aparejados severos trastornos físicos y psíquicos en las personas que se encuentran sometidas al aislamiento: depresiones agudas, insomnio, disminución del apetito, inclinaciones suicidas, delirio y alucinaciones. A la par, estos contextos suelen ser los sitios donde se producen las mayores situaciones de violencia institucional y violación a los derechos humanos.

Salvando las distancias (se trata de un establecimiento norteamericano, donde las condiciones edilicias son muy diferentes a las que observamos en nuestras prisiones), es interesante apreciar cómo transcurre el día de una persona sometida a

Condiciones de aislamiento.
La Defensa Pública de Lomas de Zamora se hizo cargo de las irregulares detenciones en aislamiento, deduciendo un habeas corpus colectivo y correctivo, tendiente a lograr la clausura de tres pabellones de la Unidad Penal 40 del Servicio Penitenciario Bonaerense destinados al aislamiento (por las graves falencias en las condiciones de alojamiento), pero también para que se disponga que el encarcelamiento bajo estas condiciones sólo puede ser excepcional. La Asociación Pensamiento Penal se presentó como “amigo del tribunal” en el juzgado donde tramita la causa, avalando el pedido de los defensores, aportando algunos puntos de vista que consideramos relevantes y que pueden ser consultados aquí.
 
Tal como se expresa en el amicus de APP, el encierro indiscriminado bajo condiciones de aislamiento califica en la categoría de “trato cruel, inhumano y degradante”. Mucho más cuando debe ser experimentado por individuos presumidos inocentes, sobre quienes no pesa sentencia condenatoria, lo que supone un doble agravio a la dignidad humana (recibir el mismo trato que un condenado y bajo las rigurosas condiciones del aislamiento).

El aislamiento es una de las expresiones más agudas y perversas de un sistema carcelario colapsado, obsoleto y costoso, que se encuentra muy lejos de justificarse y rendir frutos apreciables, tanto para la comunidad como para los internos que se alojan tras sus muros.

El Estado y la sociedad tienen pendiente un debate profundo, serio y responsable, sobre el futuro de la cárcel. No es posible que en pleno siglo XXI continuemos depositando seres humanos en las prisiones como quien oculta la basura debajo de una alfombra.


 

martes, 25 de junio de 2013

En 40 años, 39 mil colombianos fueron víctimas de secuestro. (Colombia)

Investigación duró cinco años y dimensiona la magnitud del secuestro en Colombia. Impunidad del 92%.

Una recopilación y depuración de más de un millón 300 mil datos, que recoge nombres, cifras e información entre 1970 y 2010, llevó a la firma Cifras y Conceptos a tener, por primera vez en la historia de Colombia, el primer gran informe sobre el delito del secuestro.

La investigación liderada por César Caballero, director de la firma, y apoyada por el Centro de Memoria Histórica, arrojó como dato principal que en 40 años fueron secuestradas en el país 39.058 personas de todas las condiciones, géneros y estratos sociales.

Pero tal vez el hallazgo más dramático de la investigación que duró cinco años y medio, es que solo existen 3.144 sentencias condenatorias por estos delitos, lo que implica una impunidad del 92 por ciento.

La documentación del trabajo además revela que en total han sido capturadas 7.812 personas implicadas en estos plagios y solo 40 de ellas son autores intelectuales.

La información analizada por Cifras y Conceptos fue recopilada con nombres y denuncias en la Fiscalía General de la Nación, la Policía, el Ministerio de Defensa y los informes de prensa a nivel nacional. Y en medio de ese cruce de datos, la investigación estableció que 301 personas fueron secuestradas más de una vez y un antioqueño fue plagiado cinco veces. En todas tuvo que pagar por la liberación.

Del total de víctimas, el 78 por ciento son hombres y el 22 por ciento mujeres; el porcentaje más elevado de promedio de edad, con 79 por ciento, fue de entre 18 y 65 años. El 15 por ciento de las víctimas eran menores de edad. Así mismo, la duración en cautiverio alcanzó el nivel más alto (59 por ciento), con un promedio de entre 1 y 30 días privados de la libertad. Un 9 por ciento de las víctimas duró más de un año en cautiverio y en condiciones infrahumanas; en este grupo se cuentan los 400 integrantes de la Fuerza Pública que fueron secuestrados en las diferentes tomas guerrilleras entre 1997 y 1999. Diez de ellos permanecieron 14 años privados de la libertad.

Zonas afectadas
En esos 40 años que fueron tomados para la medición, el secuestro golpeó a 1.006 municipios de los 1.102 que tiene el país. Y los departamentos de Antioquia, Valle, Cesar y la ciudad de Bogotá registraron el impacto más alto. En estas cuatro zonas se concentró el 40 por ciento del delito.

Pero además, la curva del incremento y disminución del secuestro mostró que el pico más alto fue en el 2002, con cerca de 3 mil plagios; luego desciende vertiginosamente en el 2004 con menos de 500 secuestros. Sin embargo, en el 2008 el índice vuelve a elevarse a más de mil plagios, con el pico más alto en el último lustro. En la página del Ministerio de Defensa están registrados solo 437 hechos en ese año. Según el análisis de los investigadores, estas cifras evidencian un desgaste de la Política de Seguridad Democrática para ese momento.

Y sobre los autores, el estudio concluye que los mayores secuestradores son las Farc, con un 37 por ciento de responsabilidad en el total de los casos; seguidas por el Eln con un 30 por ciento.

Y una cifra que llama la atención es el 20 por ciento de autoría por parte de las redes criminales (bacrim y organizaciones delincuenciales organizadas), con numerosos casos de violencia contra las mujeres víctimas.

Los secuestradores actuaron en un 79 por ciento de los casos contra personas específicas. Esto quiere decir que hicieron un plan previo de seguimiento e inteligencia para cometer el delito. Otro 16 por ciento de personas fue víctima en medio de retenes ilegales y el 5 por ciento fue plagiado en medio de una emboscada. Este informe se conocerá este jueves, en el Museo Nacional, a las 9 de la mañana.

En el limbo 10 mil casos
De los 39.058 secuestros, en 28.592 de ellos se supo cómo terminó la pesadilla. De este número, el 60 por ciento de las víctimas pagó por su liberación. Otro 20 por ciento (5.718 personas) fue rescatado, y 2.287 personas fueron asesinadas en cautiverio.

Sin embargo, 571 víctimas (el 2 por ciento) lograron fugarse. El estudio reseña como la cifra más dramática de este ítem el de los casos que quedaron en el limbo: 10.466 personas de las que se desconoce su paradero y la suerte que corrieron.

Antioquia, azotada
Tres departamentos y una ciudad concentran el 40 por ciento de la totalidad de secuestros en el país. Antioquia dobla en cifras a Valle del Cauca, el segundo departamento más azotado por el delito. Los municipios de Cocorná, San Luis y Medellín sufrieron el mayor impacto, pero el total de víctimas del departamento fue de 6.898 plagios.

En el Valle se registraron 2.693 plagios, en Cesar 2.612 y en Bogotá 2.577 siendo la ciudad más afectada por el delito, con una cifra que dobla los secuestros registrados en otras capitales.

Millonarias extorsiones
Del 60 por ciento de las personas que pagaron por su libertad, 9.764 tuvieron que cancelar extorsiones de entre mil y 5 mil millones de pesos. Y un 6 por ciento (2.343 víctimas), pagó más de 5 mil millones de pesos.

Un 28 por ciento de plagiados tuvo que pagar entre 100 y 500 millones, y 3.515 (9 por ciento), pagó menos de 20 millones de pesos. En este grupo hay personas de estrato dos.

La política en la mira
El informe documenta cómo el Partido Liberal ha sido el más afectado por el secuestro de políticos, con el 51 por ciento de los casos, de un total de 938 de todas las filiaciones.

En los 40 años de referencia para el estudio fueron privados de la libertad 389 concejales, 358 alcaldes, 75 congresistas, 66 diputados y 50 personeros. Los movimientos de izquierda sufrieron el plagio de 37 de sus integrantes.

Estrategias para cometer el delito
El informe “Una verdad secuestrada: cuarenta años de estadísticas de secuestro 1970 – 2010”, identifica estrategias de ‘deshumanización’ que los victimarios emplearon en la totalidad de los casos para cometer el delito.

Según el análisis, que tiene documentadas cada una de las historias, en el 45 por ciento de los casos los secuestradores emplearon armas de fuego para intimidar a la víctima y algunas fueron agredidas con estas. Así mismo, un 17 por ciento sufrió golpes y violaciones (incluidos muchos casos de violencia sexual contra mujeres por parte de los perpetradores). La mayoría de estos hechos fueron cometidos por integrantes de las redes criminales.

El grupo de sicólogos que participó en el estudio evidenció que en un 8 por ciento de los casos hubo “pérdida de una parte del principio de realidad”, a través del ocultamiento de la situación real. Esto quiere decir que durante el cautiverio engañaban a las víctimas con informaciones que no eran ciertas y que creaban falsas expectativas.

En este porcentaje hay documentados casos en los que los plagiarios (especialmente de las Farc), citaban a algún familiar del secuestrado para hacer una supuesta liberación, pero una vez recibían el pago, lo mantenían en cautiverio y en repetidos hechos, dejaban al familiar también privado de la libertad.

El 4 por ciento de las víctimas tuvo que presenciar el asesinato de otro secuestrado. El informe lo referencia como “pérdida del sentido social o común”. Estas acciones fueron tan traumáticas para los sobrevivientes, que solo se pudieron documentar a través de las decisiones judiciales y los informes de prensa.

Esta actuación criminal era ejercida por los victimarios como medio de presión para el pago de la extorsión o el sometimiento del secuestrado. En su mayoría fue ejecutada por los guerrilleros de las Farc.

La investigación también concluye que en el 3 por ciento de las víctimas se mantuvo la esperanza de la libertad, pero siempre con frustradas liberaciones, que de por sí los secuestradores sabían que eran un engaño para mantener con vida a los cautivos.


lunes, 24 de junio de 2013

Feria Judicial de Invierno 2013

La Corte Suprema de Justicia de la Nación definió, mediante acordada, la fecha en que se desarrollará el receso judicial de invierno 2013.
 
Así, dispuso que para los tribunales federales y nacionales de la Capital Federal la feria judicial será entre el 15 de julio y hasta el 26 de julio, ambas fechas inclusive.
 
En tanto, el Máximo Tribunal hizo saber a las cámaras federales de apelaciones del interior del país que deberán determinar, para sus respectivas jurisdicciones, un feriado judicial de diez días hábiles procurando que coincida con el receso escolar.

Los Niños del hampa. (México)

Por, Paris Martínez
 
 
Omar desapareció el 12 de agosto de 2008, a los 14 años de edad, en Reynosa, Tamaulipas, donde pasaba las vacaciones. Fue visto por última vez portando un videojuego de bolsillo y un cachorro, acompañado por una pareja de "veinteañeros" que lo interceptó cuando volvía de la tienda, a la casa donde se hospedaba. A partir de ese momento, de Omar no se supo nada más, sino hasta tres años después, a mediados de 2011, cuando su cadáver fue encontrado en una calle de Acapulco, Guerrero, con una bala en la nuca. ¿Qué fue de este adolescente durante esos últimos tres años de vida en los que oficialmente estuvo "extraviado"? ¿Quiénes los secuestraron en el norte del país? ¿Dónde y de qué forma lo mantuvieron retenido? ¿Por qué fue asesinado al otro lado de la república, en Acapulco? Ésas son las preguntas que desde aquel 12 de agosto de 2008 se vienen acumulando en la mente de Araceli, su mamá, quien adelgaza la voz hasta el mínimo audible al hacer un recuento de los datos que, por investigaciones propias, ante la inacción de las autoridades, ha logrado recabar sobre el destino de su hijo. "Él cayó en manos de una red de trata de personas –dice, con los ojos permanentemente hinchados por el llanto– que, luego de llevárselo, lo convirtió en adicto, lo obligaban a prostituirse, a vender droga y sabrá Dios a qué otras cosas." A su lado, Araceli ha extendido la documentación que, desde 2008, viene acumulado sobre la desaparición y muerte de Omar. Mira los papeles, las fotos, y cuida que las lágrimas no caigan sobre ellos. "A pesar de todo lo que hice, nunca pude ver a mi hijo, todo fue inútil… yo me había aferrado y no sé si fue tanta mi insistencia que, cuando estaba a punto de recuperarlo, me lo mataron".
 
La facultad de "usar"
De entre los parámetros internacionales que permiten establecer la existencia de un caso de esclavitud, el más evidente es el denominado ius utendi, o facultad de usar, y aquellas víctimas sobre las que éste se ejerce entran en la categoría de "persona en condición servil", definición que en 1956 fue ampliada por la ONU para incluir en ella, de forma explícita, a los niños que son explotados por adultos no emparentados. Más de 40 años después, en 1997, la explotación de infantes por parte de grupos armados, incluidos los de la delincuencia organizada, demandó que el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) adoptara los Principios de Ciudad del Cabo, que establecen una definición para el concepto "niño soldado", que aplica para "toda persona menor de 18 años que forme parte de cualquier fuerza o grupo armado, regular o irregular, con independencia de las labores que desempeñe; por ejemplo y sin que la enumeración sea taxativa, labores de cocinero, recadero, mensajero y toda persona menor de 18 años que acompañe a esas fuerzas o grupos cuando ello no sea en condición de familiar. Se incluye también en esa categoría a las niñas a quienes se haya reclutado con fines sexuales o para obligarlas a casarse. Por tanto, (esta definición) no incluye sólo a los menores que porten o hayan portado armas". Ese fue el caso de Omar y, según estimaciones oficiales, el de muchos otros infantes reclutados por el hampa, mediante amenazas, engaños o coacción.
 
Entre diciembre de 2006 y octubre de 2011, por ejemplo, la Procuraduría General de la República procesó a 142 menores de edad "por delitos contemplados en la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada" y el primer caso fue el de Rosalío Reta Junior, un joven texano de 16 años, quien, luego de romper con Los Zetas, grupo para el cual trabajaba desde los 13, se entregó a las autoridades mexicanas en Nuevo León, a condición de ser deportado a Estados Unidos, donde hoy purga sentencia de 80 años de cárcel por distintos delitos, incluidas ejecuciones en aquel lado de la frontera.Sin embargo, el número de capturas es sólo una pequeña muestra del reclutamiento generalizado de menores de edad por parte del crimen organizado, dado que, según la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, al menos 25 mil adolescentes y adultos jóvenes (no mayores de 25 años) han sido coptados por los cárteles de la droga para desempeñar distintas funciones en sus estructuras operativas, cálculo elaborado con base en las estadísticas delictivas de los cuatro primeros años de gobierno del presidente Felipe Calderón.
 
Los reclutas
Carlos Cruz fue pandillero en su juventud y hoy es director de Cauce Ciudadano, asociación civil dedicada al rescate de niños y jóvenes en ambientes de violencia. Carlos es alto y robusto, de gran fuerza física y mirada dura, ensombrecida por ojeras permanentes.Él se alejó del vandalismo hace varios años, pero nunca ha dejado de ser parte de la banda, los chavos, la pandilla y, a partir de ese contacto diario, afirma con seguridad que "aun esas estimaciones oficiales, que reconocen 25 o 30 mil menores reclutados, son absolutamente parciales y limitadas." Desde su óptica, que es compartida por otros organismos civiles dedicados a la protección de la niñez, como Save the Children México o la Red por los Derechos de la Infancia, "los menores de edad que son absorbidos por la delincuencia organizada entran en el rango de víctimas por el solo hecho de ser niños y adolescentes, y las bandas de criminales tienen muchas maneras para obligar a un chavo o a una chava a prestarles servicios…" Así, destaca, todos los niños reclutados por el crimen organizado son víctimas de explotación, y ya que han sido reclutados, por la vía del rapto, el engaño o la coerción, "no tienen la posibilidad de negarse a hacer nada de lo que se les ordene".Carlos habla con fluidez, pero hace una pausa reflexiva al preguntársele si a esos niños puede considerárseles esclavos de los cárteles: “Pues, más allá de otros argumentos semánticos en torno a la definición de 'esclavitud', puedo decir que son adolescentes y jóvenes alejados de sus núcleos familiares y comunitarios mediante el uso de la fuerza física o con base en engaños, con promesas de salir de la pobreza opresora, que es la única vida que conocen; también son chavos que están pagando con su trabajo las deudas contraídas por sus papás u otros familiares adictos; chavos cuya obediencia obtienen las bandas de criminales por medio de amenazas no sólo a su vida, sino a la de sus familiares."Y pone el énfasis en un aspecto particular: "No es verdad que estos 'reclutas' tengan la oportunidad de desertar, como dicen las autoridades, la ley no los protege, estos niños se convierten en delincuentes a la vista de la autoridad. Es más, ni siquiera durante un combate podrían rendirse, porque saben que el Ejército y la Marina no dejan sobrevivientes, así que, en ese escenario, su única opción real de seguir con vida es jalar del gatillo… Ésta es una situación que hemos venido denunciando insistentemente, hay casos de niños secuestrados y coptados, víctimas de reclutamiento forzado, en prácticamente todo el país, pero, ¿dónde están las averiguaciones de la PGR, dónde están los detenidos? ¿Dónde están las bases de datos de víctimas? No los hay…".
 
Muerte en Acapulco
Entre el 15 de junio de 2007 y el 23 de mayo de 2012, la Procuraduría General de la República (PGR) inició 19 indagatorias por el rapto de 20 personas, que fueron privadas de la libertad para obligarlas a realizar trabajo forzado mediante intimidación y violencia, o para someterlas a servidumbre, en 13 entidades federativas.En estos casos identificados por la PGR, una de las víctimas era un varón y el resto, mujeres; del total de víctimas, diez eran menores de 18 años y, aunque en algunos expedientes se detectó la operación coordinada de cómplices en hasta tres entidades distintas de la federación, la Procuraduría informó, a través de su oficio SJAI/DGAJ/ 6494/2012, que ninguna de las averiguaciones estaba vinculada con la actividad del crimen organizado.Omar, sin embargo, no está en esa lista de la PGR sobre personas secuestradas con fines de explotación."Cuando desapareció mi niño –narra la señora Araceli–, yo estaba en la Ciudad de México, donde radicamos, Omar estaba de vacaciones en Tamaulipas, al cuidado de mi hermana y, tan pronto como reuní un poco de dinero, me trasladé a Reynosa y allá anduve recorriendo las oficinas del DIF (Sistema para el Desarrollo Integral para la Familia), los Centros Tutelares de Menores, los hospitales, incluso recorrí la frontera; ninguna autoridad me ayudó, anduve yo sola pegando carteles con su fotografía, caminando en lugares horribles, entre los maras, durante días, hasta que se me acabó el dinero".En su peregrinar, Araceli buscó respaldo en las procuradurías de Justicia de Tamaulipas, del Distrito Federal, así como de la PGR, "pero en todos lados me dijeron que era yo la que tenía que aportar elementos para su búsqueda", así que se sumó a agrupaciones civiles dedicadas a la localización de menores extraviados en la que, afirma, "nos llevaban a programas de televisión y, aunque pocas veces podíamos exponer nuestros casos, fue a partir de una entrevista que me hicieron en un noticiario que, en julio de 2011, una persona nos informó, de forma anónima, que mi hijo había sido visto en Guerrero".Para entonces, Omar tenía ya 17 años, habían pasado tres desde su desaparición. "Yo quería abrazarlo, besarlo –recuerda Araceli, con la vista perdida–; iba yo con esa ilusión cuando me dijeron que había noticias de él; aquí en la casa preparamos una pancarta para recibirlo, le compramos un muñeco, estábamos contentos de que iba a regresar".Sin embargo, la espera por noticias de su rescate se prolongó hasta el 3 de octubre, cuando, a través de una llamada telefónica, Araceli fue notificada por las autoridades de Guerrero de que Omar había sido finalmente hallado, aunque en una fosa común, tras ser asesinado en abril.

Según el informe de su autopsia, Omar fue baleado por la espalda, "quizá intentó escapar, defenderse", dice su madre. Un tiro se incrustó en su pierna, otro en la espalda y el disparo mortal impactó en la nuca y salió por su labio superior.Según las declaraciones ministeriales presentadas por testigos, incluida la de una persona que solía conversar con el adolescente, una mujer adulta era la encargada de conducir a Omar en auto hasta la esquina de un barrio ubicado fuera de la zona turística de Acapulco, donde debía vender una cuota mínima de estupe-facientes."Dicen que llegó desde agosto de 2008 a Acapulco –narra Araceli–; así como se lo robaron, se lo llevaron al sur… según lo poco que se ha investigado, una señora lo llevaba todos los días, lo dejaba ahí entre seis y ocho de la noche y luego regresaba por él. Le esculcaba las bolsas, para recoger todas las ganancias, y luego se lo llevaba. Supuestamente, a mi hijo lo tenía cautivo la banda de un sujeto al que sólo se identifica como Willy…"Según la autopsia, al morir Omar estaba desnutrido, "muy delgadito, lo tenían muy mal, no comía habitualmente y su forma de sostenerse en pie era la droga (…) La persona que hablaba con él dice que días antes de que lo asesinaran, vio al niño muy golpeado; entonces le preguntó qué le había pasado y mi hijo le contó que la banda contraria lo atacó para quitarle su mercancía, pero que no se había dejado, porque si se la quitaban la tenía que pagar o, de lo contrario, el Willy lo mataba". Dos semanas después, Omar fue abordado por un grupo de sujetos que descendió de un vehículo oscuro y lo acribilló en el punto de venta al que estaba asignado.
 
Carne de cañón
En noviembre de 2010, un mes después de que la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados diera a conocer sus cálculos sobre la existencia de 25 mil niños reclutados por el hampa en México, este concepto cobró rostro, voz y volumen a través de un video que circuló en internet, elaborado por integrantes del Cártel del Pacífico Sur (tal como se autodenominaba entonces la célula morelense del cártel de los Beltrán Leyva-Zetas), en el que se muestra a un hombre adulto con el torso lacerado, pendiendo por las muñecas de una viga en el techo. La víctima es torturada por distintas personas, pero una en particular destaca por su corta estatura y por su timbre, aún infantil, cuando se acerca con un palo de hockey entre las manos y golpea en distintas ocasiones al prisionero."¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere?", se escucha al niño decir, como parte de las burlas que acompañan a los golpes, tan fuertes éstos que para los mismos verdugos suenan "como si le pegaras a un tambo".Se trata de Édgar N, apodado El Ponchis, un adolescente de 14 años que, capturado semanas después de emitido el video, en diciembre de 2010, confesó ser sicario desde tres años atrás, cuando fue "levantado" (es decir, secuestrado) por el líder de la banda, Jesús El Negro Radilla (aprehendido en 2011 por el asesinato de Juan Francisco Sicilia y seis personas más, crimen que dio origen a una de las mayores demostraciones ciudadanas de repudio a la violencia en México, hoy cristalizada en el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad).

Actualmente, Édgar recibe tratamiento especial para su reinserción social. Su pena, de tres años en reclusión por cuatro homicidios y delitos contra la salud, fue criticada ácidamente desde el Congreso de Morelos y se anunció una reforma a la Ley de Justicia Penal para Adolescentes en esa entidad, orientada a elevar las penas para menores implicados en delitos graves, como homicidio, secuestro o violación, e impedir que recobren la libertad en el corto plazo, con un efecto ejemplificador; y mientras éste es el nivel del debate, el crimen organizado capta cada vez más niños.Según las estadísticas de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada, el empleo de menores de edad en labores de vigilancia, monitoreo, custodia y sicariato ha sido una práctica sistemática y progresiva durante los últimos años, ya que mientras en 2006 sólo se tomó conocimiento de un caso, esta cifra pasó a 20 en 2007; luego a 21, en 2008; a 25 para 2009; a 29 en 2010 y, entre enero y octubre de 2011, la PGR contabilizó 46 menores más laborando para cárteles, lo mismo en Aguascalientes que en Baja California, Coahuila, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Veracruz o Zacatecas.Y, en 2012, el conteo no se detiene: tan sólo en abril pasado, una célula de 13 sicarios responsable de al menos 21 ejecuciones fue desmembrada en Nuevo León; siete de los detenidos son menores de edad. Al ser capturados, portaban seis rifles de asalto, cinco AR-15 y un AK-47, un millar de cartuchos y dos "tablas de tortura", empleadas para castigar a víctimas de extorsión que no cumplen con sus pagos."El problema del reclutamiento forzoso y, en particular, del de jóvenes y menores de edad por parte del crimen organizado hoy comienza a ser visualizado claramente –señala el investigador Alejandro Hope, especialista en inseguridad y narcotráfico–, y es probable que en la actualidad existan muchos jóvenes dentro de los grupos criminales, aun sicarios, que desean salir, pero que no pueden hacerlo porque lo primero que hacen estas organizaciones es recabar información sobre la persona y sobre su familia, contra quienes pesa una amenaza real hacia su vida en caso de deserción".Se trata, señala el también titular del programa Menos Crimen, Menos Castigo, del Instituto Mexicano para la Competencia y del centro de análisis México Evalúa, "de relaciones de explotación por necesidad, por temor, que se engloban en un fenómeno de coerción relativamente poco estudiado y, desgraciadamente, mal documentado".
 
La danza
M. es uno de esos jóvenes reclutados en su adolescencia por el crimen organizado. Por seguridad, su nombre, apodo y procedencia son omitidos. Sólo es posible decir que vive en uno de los estados con mayor índice delictivo del país y que creció en una zona marginal, "en donde nuestro elemento principal, el mío y el de mis homies, mis carnales, fueron los charcos y la tierra, porque no había canchas, no había un pastito… ahí andaba siempre la pandilla, nuestro mayor consuelo era la calle".M. anda tumbado, es decir, "visto guango, cholo"; es fornido, su mirada es fría, sus párpados son abultados, como los de un boxeador, y habla secamente cuando recuerda los años 90, con un tono de añoranza. "En ese entonces ser parte de la pandilla era todavía un juego, era cuestión de decir: 'somos los locos, somos los malos', ésa era nuestra razón". Eran tiempos en que se dedicaban, reconoce, al robo menor, confinados, como estaban, al desempleo permanente.

"Y entonces –narra–, a finales de los 90 se empieza a manejar el asunto de los Equipos, los grupos del crimen organizado que se mueven en los barrios, que son una cosa distinta a la pandilla, definitivamente.–¿Por qué dices que Equipo y pandilla son cosas distintas? –se le pregunta.–La pandilla surge del núcleo familiar –explica M.–, surge del barrio, donde mi abuelita conoce a la abuelita de mi homie, y siempre va a haber un código de honor que te hace decir: 'güey, espérate, es la jefita, es el barrio, son los niños, es la mujer, y son cosas que siempre tienes que respetar'; pero cuando llega el Equipo, el grupo criminal, se rompe con todo eso y lo único que vale es el dinero… Y opera así: te mando a un estado, te instalo en un hotel, te asigno una comunidad y, a través del vicio, de la droga, empiezas a conectar a la banda, empiezas a identificar quiénes son los locos del barrio, siempre mostrándote como un referente positivo: voy bien vestido, traigo una buena camioneta; entonces te ubico, veo si andas jodido y te digo: '¿Andas jodido, güey? Yo te enseño cómo le podemos hacer', y después de eso te digo: 'jálate a ese güey, jálate a ese otro', y empieza a llegar la chula, la feria, el dinero fácil… y empieza a llegar buen material, buena droga, y eso siempre va a retumbar en los oídos de la pandilla, ¡siempre! Entonces, las pandillas iniciamos con una ideología que te mantenía dentro, con ciertos valores, con conceptos que por más que le muevan nunca iban a desaparecer, como el carnalismo, como la lealtad, como el respeto, pero cuando llegaron esos güeyes, los Equipos, todo valió verga.–¿De qué manera presionan a los jóvenes para servir al Equipo?–Mira, la cosa pasa así, buscan a un homie torcido, que necesite varo, si hoy ven que no tienes pa' comer, hoy mismo te mandan un compa pa' avisarte que están contratando… el problema es que lo que te toca hacer es jalarle, ir a cobrar la extorsión, la renta, mover la droga, y esos güeyes te obligan a que ejecutes la danza para ver tu valor; primero te destruyen moralmente, te cierran los ojos y te dicen: "a la verga, puto, usted ya no es dueño de su alma ni de su cuerpo, ahora nosotros somos los dueños… y también somos dueños de su familia, culero, porque si usted falla, los que la pagan son los de acá"… y así, dime: ¿quién no va a ejecutar la danza?
 
Nueva leva
En el año 2011, una década después de ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados, de la ONU, el Estado mexicano presentó su primer informe sobre la situación de los niños soldados, con la conclusión de que "México no se encuentra involucrado en conflictos armados (internos o internacionales) y por tanto no se presenta el reclutamiento o utilización de niños por parte de grupos armados".Pero ante esta postura optimista, el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas opuso su "preocupación" ante lo que consideró falta de información "sobre el uso de niños por grupos armados no estatales y que, por consiguiente, (la autoridad) no tome ninguna medida para prevenirlo".Por ello, el organismo de la ONU recomendó al Estado mexicano "tomar todas las medidas necesarias para asegurarse de que los niños no sean reclutados por grupos armados no estatales, identificando y monitoreando los diferentes grupos armados en el país, incluso los grupos paramilitares y los grupos de la delincuencia organizada".

–¿Los "niños sicarios" mexicanos caben en la definición de "niños soldados" del derecho internacional? –se pregunta al titular de Cauce Ciudadano, organización que ha realizado labores de intervención directa con jóvenes en situación de violencia no sólo en barrios de México, sino también de Colombia.–Hoy los cárteles están integrando equipos operativos, armados, con esquemas militares y paramilitares, para el control del territorio que se disputan entre grupos rivales –señala Carlos Cruz–. Y se estima, por ejemplo, que sólo en Morelos, Puebla, el DF y Guerrero existen 450 puntos de distribución de droga al mayoreo para abastecer las narcotienditas de estas cuatro entidades, que son custodiados por equipos de diez integrantes, básicamente jóvenes y adolescentes, en los que al menos seis están armados, lo que nos da un total de 4 mil 500 menores involucrados en labores de "seguridad", de los que 2 mil 700, aproximadamente, manejan armamento, y esto ocurre sólo en cuatro de las 32 entidades del país, así que si sumamos todas las plazas de la geografía mexicana, estimamos nosotros que podría haber entre 50 mil y 100 mil chavos y chavas enrolados en los distintos cárteles, cumpliendo distintas funciones: de vigilantes, de sicarios, de operadores.Es por ello que, señala Cruz, en México existe un fenómeno de "leva", de reclutamiento forzoso, cuya dimensión es tal que no puede ser abordado en términos penales, "porque son demasiados, no hay cárcel en la que puedan caber, no hay operativo que pueda arrestarlos; son una fuerza regular y como tal deben ser vistos; para todos esos chavos no debería haber persecución penal, sino un programa de desmovilización, de desarme y reintegración a la familia, al estudio y al trabajo, con incentivos económicos, tal como se hizo con los niños soldados que participaron en conflictos armados de Centroamérica o África".Y con él coincide Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México, para quien los niños absorbidos por el crimen organizado mexicano son víctimas de un fenómeno que denomina "narcoexplotación, la cual va más allá de la explotación laboral, tal como la entendemos". –¿Existe alguna diferencia entre los "niños soldados" de Colombia, reclutados por grupos armados que financia el narcotráfico, y los "niños sicarios" de México, enrolados también por grupos armados financiados por el narcotráfico? –se pregunta director de la Red.–No –responde, sin tituveos–. No hay ninguna en términos conductuales o cognitivos, ni tampoco en los métodos de reclutamiento forzado… hablar de un niño sicario en México es lo mismo que hablar de los niños soldados en África, Colombia o Centroamérica. Sin embargo –insiste–, en materia de derecho internacional, en México no se podría hablar de niños soldados porque no hay una guerra…Y debido a esa interpretación legal, reconoce: "en México no existen programas de desmovilización para niños que han participado en hechos armados… no hay condiciones sociales para abordar el asunto y, de hecho, en ciertas áreas del país resulta suicida acercarse al tema en este momento".
 
 
Fuente: AnimalPolitico.com

jueves, 20 de junio de 2013

La Cuestión Criminal (12/57)

12. El salto del contrato a la biología
En la segunda mitad del siglo XIX la clase en ascenso había llegado al poder. Los nobles empobrecidos habían casado a sus vástagos con los de los industriales, comerciantes y banqueros y éstos se habían refinado y los nietos se adornaban con los títulos de los abuelos nobles, mientras los castillos y palacios se restauraban y volvían las recepciones suntuosas con mujeres y hombres encorsetados.


Al mismo tiempo los indisciplinados aumentaban sus molestias. Los acontecimientos europeos de 1848 y sobre todo de 1871 –la Comuna de París– eran alarmantes para la nueva clase hegemónica. No eran construcciones idealistas lo que esta clase empezaba anecesitar, sino algo mucho más concreto y de menor nivel de elaboración, pero también más acorde con la cultura del momento.

En el orden planetario las relaciones del centro con la periferia exigían la eliminación del sistema esclavócrata, porque la integración demandaba mayor nivel tecnológico en la periferia y, además, Gran Bretaña –que disponía de mano de obra gratuita en  la India– se erigió en campeona del antiesclavismo y ejercía la policía de los mares. La “ciencia” era la nueva “ideología” dominante. Las maravillas de la técnica asombraban: el ferrocarril, las naves de vapor, el telégrafo, algunos avances médicos, las vacunas, el canal de Suez, etc. El ser humano se volvía todopoderoso, podía controlar por completo a la naturaleza y llegar a vencer a la muerte misma. Darwin había provocado alguna decepción, pero también había demostrado que el ser humano podía seguir evolucionando y que cuando se dominasen las leyes de la evolución el progreso no tendría fin. Se pretendía que con la biología se verificaba que los más poderosos eran los más “lindos” y que los colonizados eran inferiores, “feos”, todos iguales y parecidos a los monos: era obvia su evolución inferior. La clase otrora en ascenso había pasado a detentar en Europa la posición dominante y la consideraba “natural”, de modo que el artificio del contrato no sólo le resultaba inútil sino peligroso. Su hegemonía “natural” sólo se la habían negado antes los oscurantistas y metafísicos. Pasaron a ser supercherías tanto los discursos legitimantes del poder nobiliario como el famoso contrato, pues necesitaban un nuevo discurso que les permitiese ejercer el poder punitivo sin trabas para mantener a raya a los sumergidos que no podían ser incorporados al sistema productivo por relativa escasez de capital y que, además, tenían la osadía de exigir derechos. Como era de suponer, el nuevo paradigma que convenía a esas clases era el del organismo, aunque no el anticuado –basado en la “mano de Dios”– sino uno nuevo fundado en la “naturaleza” y revelado por la “ciencia”. Pero por muy “científico” que fuese el ropaje, como no es demostrable que la sociedad sea un organismo, el nuevo organicismo no pasaba de ser un dogma arrebatado al idealismo.

El instrumento con que se controlaba a los molestos en las ciudades era la policía, institución relativamente nueva en el continente europeo, aunque no tan nueva fuera, porque era la misma fuerza de ocupación territorial usada para colonizar. Esto suena raro, porque no se tiene en cuenta que, en definitiva, nunca hubo verdaderas guerras coloniales, sino operaciones de ocupación policial de territorio. Ni siquiera en el colonialismo del siglo XV hubo tales guerras: no fue guerra la ocupación de Tenochtitlan ni del Incanato; tanto Cortés como Pizarro se limitaron a algunas escaramuzas policiales de ocupación. Tampoco las hubo con el neocolonialismo del siglo XIX, pues la enorme superioridad técnica de los colonizadores impedía hablar propiamente de guerras. Cuanto más había resistencias de la población que apelaba a ataques aislados y casi individuales, pero tanto la ocupación del norte de Africa por los ingleses como por los franceses no consistieron en general en guerras, ni siquiera cuando se enfrentaron con hordas precariamente armadas. La aparición de las armas a repetición no dejó ninguna  duda al respecto. Cuando fue menester contener a los explotados que reclamaban derechos en las ciudades europeas, se trasladó la experiencia política de técnica policial de ocupación territorial a las metrópolis. En Gran Bretaña se resistieron bastante, pues sabían bien qué significaba y lo que consideraban bueno para los africanos no lo querían para ellos, pero al fin tuvieron que admitirlo y crear Scotland Yard en 1829. Los poderes de las policías europeas aumentaban en paralelo con los reclamos de los sumergidos urbanos, pero carecían de un discurso legitimante. En 1838 el Colegio de Francia –que reunía a todas las academias– convocó un concurso sobre “las clases peligrosas en las grandes ciudades”, que ganó Fregier –un comisario– con un libro voluminoso pero incoherente, que sólo contenía moralina y algunas experiencias personales, pero que en modo alguno servía para legitimar el creciente poder policial. El pobre Fregier se limitó a escribir lo que los académicos querían escuchar.

Desde los tiempos de Wier los médicos estaban ansiosos por manotear la hegemonía del discurso de la cuestión criminal, en particular los psiquiatras, pero carecían de prestigio social, pues trabajaban en lugares infectos y en contacto con seres indeseables y sucios. El cambio señalado por Foucault –con la publicidad del juicio– determinó que despertasen interés, pues comenzaron a ser llamados a los grandes procesos públicos como peritos, lo que los proyectó a la fama mediática y la “gente bien” dejó de pasarse de acera al verlos venir. Despacio fueron apropiándose del discurso y explicando todos los crímenes sonados. Por cierto que tenían discurso de sobra, aunque con justificada desconfianza de los jueces, que les disputaban las cabezas de los guillotinados. Como la policía tenía poder sin discurso y los médicos discurso sin poder, era inevitable una alianza, que es lo que se conoce como “positivismo criminológico”, o sea, el poder policial urbano legitimado con discurso médico.

Pero el discurso médico no se agotaba en los patibularios y molestos, sino que era un mero capítulo dentro del gran paradigma que empezaba a instalarse: el del reduccionismo biologista racista. Si los criminales eran controlados por una fuerza de ocupación traída de las colonias, no podía demorar mucho la afirmación de que eran parecidos y su criminalidad se explicaba por las mismas razones que legitimaban el neocolonialismo. Tanto unos como otros eran “seres inferiores” y la razón por la que se justificaba el neocolonialismo era la misma que legitimaba al poder punitivo.

La categorización racista de los seres humanos tiene una larguísima historia, pero la de la segunda parte del siglo XIX es muy interesante y presenta aspectos increíbles.

Hubo dos principales versiones del racismo, que podemos denominar “pesimista” y “optimista”. La pesimista es la que afirma que hubo una raza superior que luego se fue degradando por mezclarse con una suerte de monas que encontraron en el camino, y dieron por resultado una decadencia de la especie. Esta es la fábula de la raza “aria” superior, que entró en la India por el norte, que hablaba una nunca conocida lengua única de la que derivan las lenguas europeas y que alimenta todos los mitos nacionales “arios” (los francos en Francia, los germanos en Alemania, los sajones en Inglaterra, los godos en España, etc.), salvo Italia, que siempre prefirió el mito romano imperial. En verdad, lo único cierto es que las lenguas europeas suelen provenir de la India, en la que entraron unos rubios por el norte y se combinaron con el elemento druida moreno del sur. Todo lo demás es producto de una obra escrita por un diplomático francés de dudosa nobleza: el conde Arthur de Gobineau. Fue un mal novelista que, no obstante, escribió un grueso novelón sobre las razas que tuvo singular éxito. Castigado por algunas irregularidades fue embajador en Brasil, donde verificó horrorizado que toda su población era mestiza africana y vaticinó que eso determinaría su esterilidad por hibridación. Parece que no acertó al respecto.

Gobineau terminó sus días fugado con la mujer de un colega, pero su novela fue continuada por un inglés tan germanófilo que adoptó la ciudadanía alemana y se casó con la hija de Wagner: Houston Chamberlain. La novela de este personaje fue libro de cabecera del Kaiser Guillermo II. Por desgracia, tampoco allí terminó la saga de esta novelística, pues el nazi Alfred Rosenberg la continuó con El mito del siglo XX, del que hay una única traducción castellana publicada por una editorial nazista en la Argentina en tiempos de la última dictadura. A Rosenberg lo ahorcaron en Nürenberg, pero no por escribir ese libro, sino por haber sido el ministro responsable de organizar las masacres de millones de “seres inferiores” en Europa oriental.  Pero este racismo pesimista no servía para el nuevo momento de poder mundial, que necesitaba deslegitimar la esclavitud pero justificar el neocolonialismo, predicar el liberalismo económico pero controlar policialmente a los excluidos en el centro. El discurso que legitimase semejante embrollo no podía tener un grado muy alto de elaboración y por eso estuvo a cargo de alguien también bastante raro, que fue Herbert Spencer, quien no era médico, biólogo, filósofo ni jurista, sino ingeniero de ferrocarriles y que, además, decía que no leía a otros autores porque lo confundían. De ese modo logró concebir los disparates más increíbles de toda la historia del pensamiento, afirmando que llevaba a Darwin de lo biológico a lo social.

El pobre Darwin carga hasta hoy con el peso del llamado “darwinismo social”, cuando en realidad fue el buen don Heriberto quien lo concibió. Partiendo de que en la geología y en la biología todo avanza con propulsión a catástrofes, afirma que lo mismo sucede en la sociedad, y que los seres humanos que sobreviven son los más fuertes y de ese modo todo va evolucionando, incluso el ser humano en la historia. Este catastrofismo se carga a los más débiles, pero para Spencer esto es un detalle inevitable y sin mayor importancia. Por eso, sostenía que no se debía ayudar a los pobres, para no privarlos de su derecho a evolucionar, que la filantropía era un error al igual que la enseñanza obligatoria o gratuita, porque si no les costaba nada no la valorarían y terminarían leyendo libros socialistas. De este modo justificaba la renuncia a cualquier plan social por parte de los gobiernos europeos. El control de los insubordinados por medio de la policía parecía ser la principal función del estado para nuestro amigo ferroviario.

Esto mismo es lo que hoy afirman los “Think Tanks” de la ultraderecha norteamericana, que en verdad son más “Tanks” que “Think” (por educación obvio abundar sobre el real contenido de los “Tanks”), aunque como corresponde a su deshonestidad omiten el nombre del viejo Heriberto. En cuanto al neocolonialismo, afirmaba Spencer que los ocupados son seres humanos inferiores pero, a diferencia de los “pesimistas”, no se debe a que hayan decaído, sino a que aún no evolucionaron. Por eso no tienen moral, no conocen la propiedad, andan medio desnudos y son sexualmente muy “frecuentes”. De allí que, como “la función hace al órgano”, tengan la cabeza más chica y los genitales más grandes, pero con la piadosa obra de los colonizadores, los harían menos “frecuentes” (posiblemente mostrándoles n retrato de la reina Victoria) y de ese modo, bajo tan tierna protección, llegarían en unos siglos a tener más grande la cabeza (y se supone que más chicos los genitales). Aclaro que nada de esto es fábula, sino que está escrito en los libros del bueno de don Heriberto, cuya transcripción textual les ahorro. La conclusión práctica era que se podía dominar pero no esclavizar a los colonizados. Cabe precisar que los europeos no fueron muy sutiles con la diferencia y que en 1885 se reunieron en el congreso de Berlín, convocado por Bismarck, y se repartieron el Africa como una gran pizza. Las consecuencias de ese congreso se sufren hasta el presente, pues la arbitraria división política de Africa es hasta el presente la fuente de sangrientas guerras alimentadas por negociados armamentistas que mantienen sumida en catástrofe a la región subsahariana. Pero con el neocolonialismo también se lanzaron a la empresa incluso quienes nunca lo habían hecho, con las más funestas consecuencias humanas. La memoria de los italianos en Trípoli no es para nada buena, pero los alemanes se llevaron el premio con el aniquilamiento masivo de los hereros en Namibia, aunque sin duda el premio mayor se lo lleva la empresa privada de Leopoldo II, que mató unos dos millones de congoleños forzados a extraer caucho bajo amenazas de muerte y amputaciones y redujo la población en ocho millones.

Este crimen fue denunciado en su tiempo en una famosa novela de Conrad y también difundido por Mark Twain en Estados Unidos, lo que obligó a Leopoldo II a entregar su empresa al estado belga, que no alteró en nada la actividad masacradora y explotadora de su monarca. El rey Balduino, en el discurso de independencia del Congo en 1960, tuvo la desfachatez de reivindicar la obra belga, lo que provocó la respuesta de Patrice Lumumba, quien en los primeros días del año siguiente sería asesinado por un pelotón al mando de un oficial belga. Es bueno recordar que Leopoldo II erigió un lujoso museo cerca de Bruselas con todos los trofeos y muestras de su obra (además de muchas estatuas y retratos de él mismo), rodeado de un hermoso parque, y que en una de sus vitrinas se halla una carta enviada por el administrador del Congo Belga al presidente Truman, felicitándolo por el éxito de Hiroshima y Nagasaki, pues el uranio de las bombas procedía de las minas del Congo.

En cuanto a América Latina, es sabido que el curioso ferroviario inglés alimentó la ideología asumida por las elites intelectuales de todas nuestras repúblicas oligárquicas, desde el “porfirismo” mexicano hasta la “oligarquía vacuna” argentina y desde el “patriciado peruano” hasta la “república velha” brasileña. Nuestras minorías dominantes se consideraron avanzadas iluminadas de la civilización que ejercían un paternalismo piadoso sobre las grandes mayorías excluidas del poder, necesario hasta que los pueblos perdiesen su condición “bárbara” y estuviesen en condiciones de decidir su destino, o sea, suponemos que hasta que se les agrandase la cabeza. El spencerianismo fue el reduccionismo biologista llevado a lo social que sirvió de marco ideológico común al neocolonialismo y al saber médico que legitimó el poder policial con el nombre de positivismo criminológico, que bien podría llamarse “apartheid criminológico”.

¿Cómo los médicos vincularon la inferioridad de los neocolonizados con la de los patibularios y molestos? Esa es la historia del “apartheid criminológico” en sentido estricto, con todas sus deplorables consecuencias.


Por, E. Zaffaroni

miércoles, 19 de junio de 2013

¿Qué es el fórum shopping?

Los trucos de jueces y abogados para manipular a la Justicia.
Les dicen "forum shopping" y son tácticas para elegir al juez o al fiscal de un caso, con el que buscan tener mejor suerte. Muchas veces esos recursos son legales. Hay preocupación en el Poder Judicial.
La suerte es loca y al que le toca, le toca. El dicho es una regla de oro para asegurar la independencia de los jueces, aunque no siempre se cumple. La posibilidad de elegir al juez más amigable, el atajo para hacerle llegar la denuncia al fiscal influenciable, el truco justo para acceder a ese comisario con mañas, son tácticas posibles, tan viejas como el ejercidio de la abogacía, pero que crecen, se complejizan y extienden.

¿Ejemplos? Abrir un juzgado a las tres de la madrugada para dar vuelta el Caso Coppola, esperar la feria judicial para lograr la libertad del psicólogo Jorge Corsi o ejercer el poder de la magistratura para autoabsolverse, como hizo el juez del caso de la efedrina en un proceso que lo involucraba.

A las prácticas para manipular al Poder Judicial evitando la elección azarosa de los jueces se las conoce como "forum shopping", y suponen un menú de recursos muchas veces legales, con los que se intenta torcer el destino de un juicio.

El secreto de estos trucos consiste en evitar los sistemas de sorteo que definen qué jueces o fiscales se harán cargo de las causas. Un "lujo" para quienes pueden pagar a los grandes estudios jurídicos o a los abogados duchos. El especialista Pablo Slonimsqui, abogado que trabajó años en Tribunales y acaba de publicar un libro sobre el "forum shopping", sostiene que la práctica más común y sencilla sigue siendo la atención al sistema de turnos que existe en el Poder Judicial. Eso ocurre en ciudades grandes y en algunos fueros de la Capital, como el penal federal, que se encarga de las causas de corrupción. En muchos casos, los juzgados reciben las denuncias de las comisarías porteñas por turnos. Esos turnos, por lo general de una o dos semanas, están disponibles en Internet y son conocidos por todos los abogados. Entonces eligen: si hacen una denuncia un viernes, su causa será investigada por un juez; si la hacen al lunes siguiente, ya será otro. Esta posibilidad ha permitido, por ejemplo, que el empresario Raúl Moneta presentara una denuncia contra accionistas de la empresa Cablevisión en el Departamento de Policía, justo cuando estaba de turno el juez Juan José Mahdjoubián, en quien confiaba. Esa denuncia, del 2003, era de una enorme complejidad financiera y no era urgente, por lo que la lógica indicaba que debía haberse hecho directamente en Tribunales, donde sí existe un sistema de sorteo de jueces. Hace dos semanas, la Cámara de Casación Penal confirmó que la intención del denunciante había sido elegir a ese juez, finalmente apartado de la Justicia.

Claro que, para esto, muchas veces se cuenta con la complicidad de la Policía. En las comisarías estas prácticas son bien conocidas y tienen la posibilidad (aunque es irregular) de demorar la denuncia de un hecho -para entregarla al juez que prefieran- o incluso de modificar la dirección del hecho denunciado, un clásico que sirve para, por ejemplo, que una causa se tramite en la Capital y no en la Provincia. "Pero ojo que si hay que arreglar con el comisario deja de ser forum shopping y empieza a ser cohecho", aclara el presidente del Colegio de Abogados, Jorge Rizzo (Ver Falta...). Rizzo admite, además, que son prácticas "habituales", tanto como evitables. Y el fiscal federal Carlos Rívolo, secretario general de la Asociación de Fiscales, demuestra lo sencillo que sería frenarlas: sólo haría falta definir que determinadas denuncias, aun las de comisaría, deberían también someterse al sistema de sorteos de jueces.

Ocurre que la Policía también suele hacer "forum shopping" cuando presenta un caso a la justicia. Lo hace esperando que esté de turno el juez con el que mejor se lleva. Para eso apela a una vieja táctica, la del llamado anónimo que abre una investigación. Buena parte de los juicios por narcotráfico se inician así. En realidad, no es que haya tantos llamados anónimos: se trata de la decisión de la Policía de llevar la causa con el juez que más le conviene, generalmente el más laxo a sus pedidos.

Si el "forum shopping" es la posibilidad de elegir al juez, también permite cambiar de juez en medio de un proceso, al menos por un ratito. La libertad que consiguió el 14 de enero pasado el psicólogo Jorge Corsi, acusado de corrupción de menores, no hubiera sido posible un mes antes o uno después. Los abogados de Corsi habían pedido su excarcelación en diciembre, pero la Cámara 5ta del Crimen se la había rechazado. ¿Qué hicieron? Volvieron a pedirla en enero, cuando los camaristas naturales del caso estaban de vacaciones. Esta vez les tocó resolver a otros jueces, quienes, con otra interpretación del derecho, le permitieron a Corsi la libertad condicional a la espera del juicio oral. ¿Es esto legal? Sí, porque no está prohibido.

Hay otras formas de elegir al juez sin necesidad de contar con su complicidad. En la jerga judicial se lo conoce como "La Rifa" y es un método que se hizo práctica corriente desde el 2002, tras el corralito financiero. En aquellos meses, entre los abogados corrió la voz de que uno de los doce jueces del fuero en lo Contencioso Administrativo de la Capital estaba dando lugar a los amparos contra el corralón bancario. Martín Silva Garretón respondía los reclamos de los ahorristas con tenacidad y exigía a los bancos la devolución inmediata de los dólares. Pero los demás jueces no hacían eso o no lo hacían con tanta premura. ¿Cómo hacer para que un amparo cayera justo en el juzgado de Garretón? Los abogados recurrieron a la rifa. Presentaban ante la Cámara del fuero -encargada del sorteo de jueces- decenas de amparos iguales, sólo que modificando una palabra del apellido o del nombre del amparista -Gonzalez, Juan o Gonzales, Juan- para que la computadora que se encarga del sorteo no advirtiera que se trataba del mismo denunciante. Una vez que se aseguraban que alguno de los múltiples amparos había llegado a lo de Garretón, los abogados iban rápido a ratificarlo. A los demás, los dejaban morir.

Otro caso de "rifa" fue advertido por el Consejo de la Magistratura en el juicio político contra el ex juez porteño Roberto Murature. Se comprobó que un abogado de confianza de Murature presentaba en la Oficina de Sorteos de la Cámara del Crimen diversas denuncias idénticas pero, otra vez, con el nombre del denunciante algo modificado. El abogado sólo ratificaba las que llegaban a las manos de su juez amigo. La complicidad entre el juez y el abogado en ese caso se dio por probada. Pero según advierte el secretario legal del Jurado de Enjuiciamiento, Angel Bová, en general "la connivencia del juez no es fácil de demostrar, ya que es el abogado quien ejerce la acción".

Una de las nuevas modalidades es el "autoforum". Es que las prácticas de elección de juzgados involucran a veces a los propios jueces. En diciembre pasado, la jueza federal María Servini de Cubría fue denunciada por el estudio de abogados Monner Sans de hacer "forum shopping" para quedarse con causas que afectan al Gobierno. El mecanismo que denunció el estudio consiste en que la jueza recibe denuncias sobre irregularidades en la función pública dentro de expedientes que ya tiene en trámite. Y aunque el sistema prevé que debería notificar esos hechos a la Cámara Federal para que se designe a un nuevo juez, ella se pone a investigar los casos nuevos por su cuenta. Servini de Cubría mantiene una buena relación con el Gobierno. Y quizá no sea este el caso, pero teniendo en cuenta que no se puede condenar a nadie dos veces por el mismo delito, muchos prefieren elegir al juez que los investigue antes de que la suerte, loca, les ponga a otro enfrente.

Otra práctica similar y mucho más habitual de "forum shopping", cuenta con la participación de los fiscales. Muchos abogados que pretenden impulsar un caso se lo llevan a un fiscal amigo porque ellos tienen la facultad de hacer investigaciones preliminares. ¿Y qué hacen luego? Si consideran que tienen un caso, los fiscales pueden enviar la denuncia al sorteo de jueces. O bien, lo que hacen muchos, se la entregan al juez con el que trabajan habitualmente. Esto no es lo recomendado, pero es habitual, no está prohibido, y permite, con el fiscal como puente, elegir al juez que investigue o que "investigue mal" un caso.

Según el abogado Slonimsqui, el "forum shopping" no es un invento argentino pero en nuestro país "se potencia por la existencia de un microclima muy particular, que resulta notorio y ostensible en la justicia criminal federal, donde hasta el abogado más desorientado sabe que todos los actores se conocen entre sí y existen, a la vez, vínculos muy fuertes entre algunos de ellos". Slonimsqui fue secretario federal y conoce de lo que habla.

Pero el colmo del "forum shopping" tiene como protagonista a otro juez, Federico Faggionatto Márquez, el mismo que investiga el triple crimen de General Rodríguez (de agosto de 2008) vinculado al tráfico de efedrina. El Consejo de la Magistratura lo investiga por distintos y por ahora supuestos delitos de corrupción, pero además por haberse autoabsuelto de un delito por el que se lo investigaba. Insólito, ¿no? Faggionato es el único juez de Zárate-Campana desde 2001, y en agosto de 2005 no obedeció una disposición de la Cámara Federal de San Martín, que le había ordenado mandar a un preso de 71 años a cumplir la pena en su domicilio. Un mes después, ese preso murió en prisión y el fiscal general de San Martín, Pablo Quiroga, inició una investigación que presentó ante el único juzgado de Campana, el de Faggionato. El juez recibió la denuncia, que lo involucraba, y aunque tendría que haber nombrado un juez suplente, hizo algo más práctico: decidió que no había delito y cerró el caso. Nada dejado a la loca suerte.


Ayer, el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla denunció que detrás de las decenas de presentaciones contra la elección ciudadana de los integrantes del Consejo de la Magistratura hay una maniobra ilegítima emparentada con el fórum shopping.  Para Javier de Luca, fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, doctor en Derecho y profesor titular asociado de Derecho Penal y Procesal Penal en la Universidad de Buenos Aires, un fórum shopping consiste en “algún tipo de maniobra para elegir un juzgado con el que la parte actora se siente más cómoda”.
-¿Por qué se dan estas situaciones?
-Puede ser, por ejemplo, porque ese juez tiene una jurisprudencia que lo favorece o, ya de una manera muy ilegítima, porque el juez es amigo o tiene alguna connivencia con la parte. Entonces, por ejemplo, si vos tenés varios juzgados, presentás en todos las mismas acciones y después solo ratificás o impulsás la que lleva adelante el juzgado amigo. Así eliminás el sorteo. Si hay cinco juzgados entre los que sortear, presentás cinco denuncias iguales, les ponés un nombre distinto, le cambiás un párrafo de lugar. Y después ratificás la que crees que te va a favorecer. Es una forma de evadir el propósito del sistema de sorteo.
-¿Es una maniobra ilegal?
-No es ilegal, no está prohibido. Hoy en día es más difícil de hacer por la informatización porque se registra el nombra de las partes, de los abogados y entonces salta más fácil. La forma ahora es meter, por ejemplo, cinco amparos distintos con cinco actores distintos.
-¿Esto está pasando con los pedidos de medida cautelar en contra de la reforma del Consejo de la Magistratura?
- La acción que pretenden no es una acción individual, como podría ser cobrar una jubilación, sino una acción colectiva: piden algo que afecta al conjunto de la sociedad, porque si la acción prospera, paran una ley.
Se puede plantear que es un fórum shopping porque el objeto de todos esos pedidos es el mismo. Para que se entienda, si somos cincuenta jubilados que creemos que nos están liquidando mal la jubilación y hacemos cada uno un planteo jurídico la consecuencia de eso es individual. En el ejemplo, sería una misma pretensión con objetos distintos. Acá es la misma pretensión y el mismo objeto y la acción que se plantea afecta a todos, porque no podemos ir a votar.
-¿Cómo actuá el Poder Judicial frente a maniobras de fórum shopping?
- Acá la consecuencia de la acción (suspender las elecciones) revela que hay un origen único de estas demandas. El problema acá es que el juez está resolviendo sobre algo que lo afecta como juez, resuelva de una u otra manera. ¿Cómo puede un juez de una localidad resolver que a los representantes de los jueces los va a votar tal o cuál si es interesado en la acción? Lo increíble de esto y por eso renuncié a la Asociación de Magistrados es que esto pone a socios contra socios, enfrentan a un juez con otro, con otros colegas.  Respecto a los abogados, cuando se denuncia fórum shopping se mandan notas a los Colegios pero el sistema disciplinario de los abogados es horrible, no funciona. Entre bueyes no hay cornadas, como dirían.
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Fuente: Clarin.com / infojusnoticias.gov.ar

martes, 18 de junio de 2013


Los niños de Tumaco. Carne de diferentes cañones. (Colombia)


Los grupos criminales y las guerrillas intentan reclutar a los adolescentes del puerto colombiano sobre el Pacífico, principal productor de cocaína del país. Sus madres tratan de salvarlos, pero la pelea contra la violencia y la indolencia estatal es muy desigual.
 
 
 
Anteayer la señora F* se puso a llorar. Amaneció sin un centavo. Su vecina, tan pobre como ella, le dijo que no llorara y le regaló 500 pesos. Se compró unos pancitos, pero le ha sido difícil tragarlos sin nada para tomar. Desgrana sus lamentos con la cadencia dulce de las gentes del Pacífico colombiano. Se vino con los cuatro nietos al hombro del cacaotal que tenía en Magüí- Payán hace unos años, después de que le mataran a su hija porque “la cogieron cambiada”: unos guerrilleros la confundieron con otra del mismo nombre y la fusilaron.

Hoy sin embargo, la abuela está contenta. Con nuestra visita puede mostrarnos orgullosa el diploma y la medalla que le trajo el otro día su nieto mayor de 16 años. Los ganó en el campo donde entrena en Cali a donde un reclutador se lo llevó después de que lo vio meter cuatro goles en un partido de fútbol escolar. Todavía no lo pasan por la televisión, pero si le va bien, todos estarán a salvo.

El barrio donde vive la señora F, como tantos otros de Tumaco, el segundo puerto de Colombia en el Pacífico, está derramándose por fuera del suelo habitable de la isla. Sus casas de madera hacen equilibrio en unos palos torcidos clavados entre la basura, el manglar y el sedimento barroso del mar. Sólo las sostienen la buena voluntad y la infinita paciencia con la que sus residentes aguardan que algo cambie. Por las calles asfaltadas con cáscara de coco molida corren los niños harapientos, descalzos y sonrientes.

Un tipo, que desentona por su mala cara y sus recias botas, finge comprar algo en la tienda, mientras mira de reojo a los periodistas que visitan sus dominios. La gente se pone nerviosa. Una señora les hace señas a los reporteros que se alejen de allí. A la salida del barrio, había otros dos hombres armados vigilando.

Es lo más cerca que se ve al otro tipo de reclutadores de los niños de Tumaco, aquellos que también se los llevan a campos a entrenar y eventualmente, también los llevarán a aparecer en la tele. Con ellos sin embargo, no aprenderán a hacer chilenas o goles olímpicos como quizás lo consiga el nieto de la señora F con sus instructores en Cali. Cuando los levantadores criminales se los lleven, los jóvenes se cultivarán como informantes, prostitutas, sicarios y si aciertan a borrarse pronto la conciencia, su medalla de méritos consistirá en una moto o un fusil.

Dijo una profesora de piel perfecta y ojos tristes de otro barrio, a la que la daba tanto miedo hablar que ni siquiera dejó grabar la charla, que se están llevando dos o tres jóvenes por semana. Nadie más tiene cifras reales porque el alistamiento es clandestino y la prohibición de denunciarlo se impone con terror. De los niños, los reclutadores criminales prefieren los más serios y silenciosos; también, los fuertes y los más pobres y sufridos, y preferiblemente que estén entre los 12 y los 14 años. Entre más jovencitos, más fáciles de manipular. De las niñas, siempre buscan a las más bonitas.

Los milicianos de la guerrilla de las Farc y los integrantes de Los Rastrojos – una banda criminal con presencia nacional –han instalado su control en los enclenques barrios de Tumaco como Viento Libre, Panamá, Nuevo Horizonte, Los Ángeles-California, la mayoría, en las comunas cuatro y cinco de esta ciudad, de 161.000 habitantes. Hacen sentir su poder paseándose armados, imponiendo horarios y reglas a la gente indefensa, o cobrando vacunas a los modestos comerciantes, o endulzándoles el oído a los niños para que se sumen a su causa, definida casi siempre en forma vaga. Les dicen que en esa vida que llevan solo habrá miseria; que sólo por hacer un mandado se ganan un jean o un celular; que hay que rebelarse contra el abandono en que los tienen; que tendrán sueldo, un arma, serán alguien, serán respetados.

Tumaco no es el único lugar donde guerrillas y bandas criminales reclutan jóvenes a la fuerza en Colombia. En toda la costa Pacífica, desde la frontera con Ecuador hasta la de Panamá, en el oriente cerca a Venezuela, en los Llanos Orientales, en barrios de las principales ciudades, los armados meten a los menores en sus guerras porque es fácil mandonearlos, adoctrinarlos, abusar de ellos, ponerlos en la primera fila del peligro. En 20 de los 32 departamentos colombianos hay reclutamiento de menores, según cuentas de la Defensoría del Pueblo. Un polémico estudio del tema, “Como corderos entre lobos”, aseguró este año que son 18.000 los niños en la filas del crimen organizado y la insurgencia. Otros expertos sostienen que la cifra no tiene suficiente fundamento, y que la real es de la tercera parte. En lo que sí coinciden es que Tumaco es un punto crítico, quizás el peor del país.

Fiesta de millones
Por más que guerrilleros y bandidos a veces les pinten de bonitos colores su causa a los jóvenes, El Dorado de Tumaco es el narcotráfico. Este municipio de Nariño, el departamento que forma la esquina suroccidental de Colombia, es el mayor productor de hoja de coca y el mayor exportador de cocaína del país. El auge de la droga en esa región empezó hace una década, cuando las aspersiones aéreas con herbicidas de los cultivos de coca en los departamentos vecinos de Putumayo y Caquetá, forzaron a los narcotraficantes a abrir nuevas áreas de producción en Nariño. Esta política de fumigación masiva de cultivos ilícitos en esos departamentos despoblados, ideada por los gobiernos de Colombia y de Estados Unidos bajo el conocido nombre de Plan Colombia, salió mal. No sólo no acabó la coca y llevó la violencia al otrora pacífico Nariño, sino que la movida les resultó beneficiosa a los narcos, pues se les abarataron costos al estar más cerca del mar. También se les facilitó sacar la droga sin ser vistos, ya que la costa en ese punto es selvática y sinuosa, y cada uno de las decenas de riachuelos cubiertos de manglar que desembocan allí en el mar es una ruta segura para sacar la valiosa mercancía.

Tumaco produce anualmente unas 27 toneladas métricas de cocaína, según el último cálculo que la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito hizo en 2010. Solamente teniendo en cuenta lo que se paga por la cocaína en Colombia, el negocio vale unos 180 millones de dólares al año. Esta suma es dos veces y media mayor que todo el presupuesto público de la ciudad. Los ingresos de los narcotraficantes que meten esa cocaína tumaqueña en las calles de Estados Unidos se multiplican luego por doce.

No obstante, de esa fiesta de millones a los niños tumaqueños les queda sólo la resaca de la violencia. En Tumaco, se mueren 58 niños de cada mil nacidos vivos antes de cumplir el primer año, cuando en Colombia la tasa es de 16 de cada mil. Y la tasa de sífilis congénita en esa ciudad perdida, 15,23 por mil, es siete veces mayor que la del país (2,6 por mil). En 2011 llegaron a los hospitales cinco niñas infectadas con Hepatitis B, y 95 niños y niñas, entre 10 y 14 años, golpeados o maltratados gravemente por padres y padrastros. Apenas 6 de cada diez jóvenes se quedan en la escuela a estudiar bachillerato, pues deben ayudar a la familia a conseguir el alimento. Hay pocas oportunidades de empleo, quizás moto-taxista o ayudante en alguna tienda, acarreador de agua o pescador. Hay muchas oportunidades de caer abaleado. Uno de cada cinco asesinados en Tumaco en 2011 tenía entre 15 y 19 años. Esas son las cuentas amargas del completo informe que hizo la Secretaría de Salud del Municipio este año.

Como hasta hace menos de una década en esta isla de playas negras y mar azul no había habido guerra, la gente aún no nace prevenida, como en otros lugares de Colombia. “No han tenido tiempo de elaborar toda esta violencia que nos ha llegado en los últimos años”, dice una sicóloga que trata jóvenes. Por eso el miedo es el compañero de crianza. Miedo de hablar de más, de enamorarse con alguien del barrio equivocado, de que alguien te mire de más, miedo de que te lleven con ellos.

La profesora que lleva treinta años lidiando niños en Tumaco cuenta que a veces en el recreo se entran muchachos armados, y los estudiantes se amontonan en el otro extremo del patio. “Los malos, profe, llegaron los malos”, balbucean con horror.

A un alumno de décimo quisieron llevárselo cinco grandulones con armas de fuego del supermercado Merca Z. Él tembloroso se animó a mandar un mensaje por celular: “Díganle a la profe que me están levantando”. En esas vino la policía y se pudo fugar. Pero al otro día, los matones fueron a buscarlo al colegio, y se tuvo que volar para Ecuador, cuya frontera queda apenas a tres horas en lancha. Sus amigos, a quienes los del grupo armado les sacaron fotos, también huyeron. Sabían que a cualquiera podían cobrarle la osadía del que se les escapó. A otro joven que terminó el servicio militar lo eligieron los de las bandas para reclutarlo y también tuvo que correr. Cinco hermanos que vivían con una tía salieron así mismo, de un día para otro. Uno de ellos repetía agobiado que Dios a él no lo quería. Y una muchacha cachetona gordita de 14 años, en cuya casa se vendía droga, un día no volvió más al colegio. Meses después la profe la vio en la calle caliente, de tacones altos, la cara pintarrajeada, como disfrazada.

“Muchachos juiciosos y valiosos, los más inteligentes, han caído allá”, dice la maestra, y explica que viven hacinados en una pieza y sueñan con casas bonitas y ropa nueva. “Se meten a los grupos atraídos por cualquier oferta o a veces, sólo en protesta porque el gobierno no les ha puesto nunca atención”.

Y la sicóloga atendió un caso en el que una madre logró que a su hijo lo soltaran los de un grupo armado que se lo habían llevado. Pero cuando regresó a casa, “terminó construyéndole una cárcel en su propia casa por el miedo a que lo descubrieran, miedo a que se lo llevaran nuevamente, miedo a que lo mataran – cuenta—. Él empezó a paralizarse, no podía caminar físicamente. Afortunadamente se ha ido recuperando poco a poco y ahora ya anda. Pero ha sido un viacrucis para la madre”.

El terror de que los alisten a la fuerza los grupos armados también estanca las amistades y los noviazgos. El diccionario lista el miedo como sinónimo de desconfianza, sospecha, recelo porque son la misma cosa. ¿Qué tal si este joven la quiere conquistar para meterla a la banda criminal? ¿Qué tal si este nuevo amigo lo mete en problemas cuando le pide que le lleve un paquete? “Se ha roto muchísimo la amistad porque ya los jóvenes no tienen la libertad de confiar en otros jóvenes, de andar libremente en las calles como antes”, dice la sicóloga.

Lo único cierto con que cuentan los muchachos es con la pobreza, la miseria, dice con cierto humor negro el líder comunitario Antonio y asegura que “los jóvenes no tienen quién les dé apoyo para una dignidad”. Le da la razón un muchacho que dice “que vive con la inseguridad siempre encima”, como una nube negra que lo persigue por toda la ciudad y no lo deja imaginar siquiera cómo será su futuro.

Una mujer que promueve el progreso comunitario le ha tocado lidiar con muchos casos, como el de su comadre que se le iban a llevar a los tres hijos, una niña de 14 años y dos varones de 16 y 18, y los tuvo que sacar de afán para Bogotá. A otra amiga que vivía en el campo, la guerrilla se le llevó a la hija, muy guapa. De eso hace siete años y nunca se supo más de ella. También de prisa se metió al Ejército el hijo de la señora G. Fue la única manera que se le ocurrió al joven para evadir el cerco de los criminales.

“Cuando tu hijo está ya en edad de cargar un arma, lo “invitan” a que se una al grupo armado”, dice la hermana Gaby, una voluntaria católica de origen alemán, que junto con otro puñado de religiosos son quienes más conocen los barrios tumaqueños porque llevan décadas ayudándole a la gente a mejorar sus vidas. “Si el joven se niega, toda la familia está en riesgo”. Con las niñas es diferente: se las piden a sus hermanos con fusil en mano y éstos solo pueden ceder o huir.

Mucha fuerza pública, poca protección
La impotencia es lo que le llena los ojos de lágrimas a la señora G; el hijo mayor enlistado en el Ejército a las malas para salvarse, y otro, al que también querrán reclutar las bandas delincuenciales, lo tuvo que sacar a media noche para donde una parienta que apenas conocía en Cali. ¿Por qué no acudió a la fuerza pública para pedir protección? No es que ésta falte en el municipio. Casi en cada cuadra de la avenida La Playa que atraviesa Tumaco se ve un policía armado, el aeropuerto es prácticamente una base militar y los helicópteros pintados de camuflado pasan todo el día, yendo y viniendo de las operaciones de ataque en los campos.

Hay 7.000 soldados y policías en Tumaco, dice el general Mario Valencia comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Pegaso. Esto significa que hay un uniformadocada 23 habitantes, una fuerza exagerada en comparación con cualquier ciudad colombiana, como Bogotá, por ejemplo donde hay uno cada 400 habitantes. Tumaco es una de las 14 zonas que el gobierno nacional escogió desde hace tres años para desarrollar un Plan de Consolidación, con apoyo militar de Estados Unidos. El diario nacional El Tiempo informó en julio pasado, además, que en este municipio el Ministerio de Defensa inauguró una estrategia especial contra el narcotráfico que busca acelerar lo que ya busca el Plan Consolidación: controlar el territorio y después entrar con la inversión estatal en infraestructura y servicios.

Pero aunque hay gente que reconoce los esfuerzos de la fuerza pública, la mayoría confía poco en los uniformados. Por eso, los agentes pueden pasarse horas apostados a la entrada de algunas zonas de La Ciudadela o de Viento Libre, pero no controlan lo que sucede barrio adentro. Tienen sus razones. El dinero que fluye es mucho, suficiente para infiltrar y corromper a los agentes de la fuerza pública. Entonces cuando se denuncia nadie sabe si se habla con el enemigo, dicen casi todos entrevistados, algunos de los cuales relatan experiencias agrias al respecto. Uno dijo que no pasaron dos días desde que denunciara ante la policía que lo querían reclutar, cuando los criminales ya se habían enterado y lo amenazaron. Otro, que la Policía respondió con tal alharaca que todo el barrio se dio cuenta de quién denunció.

En la ciudad, la Policía tiene grandes riesgos. En febrero pasado le pusieron una bomba a la estación central de policía que mató a cuatro agentes e hirió a 74 personas, entre policías y civiles y en junio, en el barrio de Nuevo Milenio, fueron asesinados dos agentes por francotiradores. La posterior reacción de las autoridades en ambos casos, sin embargo, no despertó una mayor solidaridad con la Policía si no que, por el contrario, alejó más a la gente.

Por el asesinato de los policías en Nuevo Milenio, el comandante dio a entender por radio que eran los habitantes de ese barrio los que protegían a los criminales, ofendiendo así a toda la comunidad. El barrio entero hizo una fiesta por la vida para responderle a la Policía que ellos no favorecían la violencia, ni estaban en contra del imperio de ley. Los tumaqueños también han visto que la estación destruida fue rápidamente reconstruida, pero las casas vecinas siguen en ruinas.

Tampoco ayuda a la confianza en las autoridades que el propio jefe de la policía de Nariño, coronel William Montezuma fuera capturado en 2011, sospechoso de haberse aliado con los paramilitares cuando fue jefe de la policía en Norte de Santander. Dos jefes paramilitares lo señalaron como su cómplice. Él se defendió alegando que las acusaciones eran falsas y fue dejado en libertad.

Las Fuerzas Armadas hacen jornadas recreativas con los jóvenes, y según el general Valencia, por las cinco emisoras departamentales les advierten a los padres que no descuiden a los hijos, que les cuiden los amigos, que no los dejen solos. Son palabras necias en un lugar donde la mayoría vive sólo con la madre y ésta tiene que salir a trabajar para conseguir la comida. El Ejército ha rescatado a varios niños y niñas. Una de ellas de 14 años ya había hecho explotar bombas. Por ley los deben entregar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) a donde les encuentran un hogar temporal, mientras los sacan a un Centro Transitorio en Cali o en Bogotá donde deben recibir asistencia sicológica y social.

En lo que va de 2012 han salido de los grupos armados de Tumaco, 14 niños y niñas menores de 18 años. Algunos fueron rescatados por la fuerza pública en operaciones militares. Otros consiguieron fugarse. La quinceañera M duró dos años en la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. Su hermano se escapó de ese grupo y los guerrilleros se la llevaron a ella en represalia. Le tocaba buscar leña, ayudar a cocinar. Otra niña, P, que tiene 14 años cuenta que la engañaron. Le dijeron que podía ir sólo de visita, a saludar a un primo. Pero cuando quiso irse, ya no la dejaron regresar. Y L, un muchacho de 15 años, dijo que se metió a guerrillero para vengar la muerte de su padre. Para que no puedan ser identificados, la ley prohíbe contar detalles de la vida de estos niños y niñas. Pero se sabe que hoy los tres viven en hogares sustitutos, tan pobres como los hogares de donde los sacaron, esperando que los trasladen a la ciudad.

Los funcionarios del Bienestar, muchos nombrados con palancas políticas, cumplen sus trámites burocráticos. Una defensora le dice a una madre sustituta que se va a hacer cargo de un ex guerrillero de 17 años, cuántos papeles y sellos le faltan para cumplir el trámite para legalizar la tenencia del joven. Fría, comenta que no les cree a estos jóvenes, que son unos mentirosos.

Más fe en ellos tienen quienes conocen mejor sus problemas. Los religiosos católicos y de otras iglesias trabajan con los muchachos que pueden. Hacen con ellos teatro, actividades deportivas, les enseñan a pensar, a conversar, a navegar en Internet. “Me siento un poco en paz conmigo mismo porque no me siento tan vulnerable a los grupos armados porque estoy concientizado sobre lo que puede hacer de mi vida si llego a pertenecer a grupos como esos o el daño que le puedo hacer a mi comunidad y a la sociedad”, dice J, un joven que hace teatro con sus amigos dirigidos por una joven alemana que realiza un doctorado en teología y habita en su mismo barrio.

Una lideresa del barrio Familias en Acción, asociada a madres de los barrios difíciles de Tumaco, bajo la inspiración de Mireya Oviedo, una maestra retirada, le busca financiación a su proyecto de crear una sala común donde los niños puedan estudiar y jugar, mientras sus mayores trabajan, y así protegerlos después de que salen de la escuela. Hasta ahora no ha conseguido quién la apoye.

El secretario de Gobierno de Tumaco, Hernán Cortés, él mismo surgido de las organizaciones de afro-descendientes, y que representa una nueva forma de hacer política en el municipio –frente a la tradicional de cacicazgos corruptos y profundamente liados con el narcotráfico– cuenta que acaban de empezar un proyecto en dos barrios para buscarles educación y empleo a 250 jóvenes. Pero hasta ahora comienzan.

Todos ellos saben que el problema sólo se arregla con cambios de fondo. Si los jóvenes tuvieran buena educación, viviendas dignas, empleo posible, lugares de recreación sería mucho más difícil reclutarlos para el crimen. “A medida de que el Estado entre con fortaleza a unas zonas que se han recuperado militarmente, vamos a poder decir que estamos ganando espacios sólidos que verdaderamente permitan a la gente cambiar esa tendencia que tenían hacia lo ilícito”, dice convencido el general Valencia.

Sin embargo, el esfuerzo militar se ve más que el civil. Escasean vías, servicios públicos, viviendas, parques, canchas de juego y escuelas amplias y suficientes. La inversión social se viene prometiendo desde hace décadas y la gente no tiene cómo creer que ahora sí es en serio.

Mientras que llega el anunciado desarrollo social, pocos parecen enfocados en inventar remedios inmediatos que impidan el reclutamiento de niños y niñas para el crimen y la guerra. Los esfuerzos privados de los religiosos, de los maestros y de algunas organizaciones para ganarse los jóvenes para la paz, apenas si cubre unos centenares de ellos en Tumaco .

“Es importante en un pueblo donde todo el mundo está callado por el miedo, que creemos espacios donde los jóvenes recuperen su palabra, su risa, su juego, que sean ciudadanos también, que se sientan alguien, que no se ahoguen en el sufrimiento”, dice Gaby, explicando que se podría hacer una revolución educativa si realmente se quisiera.

Tampoco las autoridades han desarrollado una ruta de acción concreta para reaccionar a tiempo ante el reclutamiento ilegal y forzado de niños. Los jóvenes en alto riesgo no saben a dónde acudir. Los maestros tampoco. La fuerza pública no sabe manejar las emergencias y a veces pone en peor riesgo a la familia que denuncia. Los funcionarios nacionales demuestran poco interés en atender el problema.

Los padres, y sobre todo, las madres deben arreglárselas como pueden, sacando a los hijos a escondidas, arriesgando sus vidas y las de ellas mismas. Y cuando no consiguen salvarlos, nada impedirá que sus hijos e hijas queden atrapados por las garras de la violencia. Ellos estarán destinados a repetir la historia y en pocos años estarán reclutando niños de la siguiente generación.
 
 
Fuente: VerdadAbierta.com