El narcotráfico en la Región

Por Horacio Calderón

 

 

La Argentina es desde hace mucho tiempo un país de tránsito -predominantemente hacia Europa- para la cocaína que se produce en Bolivia, Perú y Colombia. También y de manera notable para la heroína de origen colombiano cuyo mercado final es EE.UU. Los narcóticos ingresan a territorio argentino desde Bolivia, primariamente, pero también desde Paraguay y Brasil. La mayor parte de la cocaína y la marihuana ingresa desde Bolivia aprovechando las ventajas que da un terreno escarpado y el deficiente control a lo largo de la frontera. En el caso de Paraguay, lo más usual es realizar el contrabando utilizando barcazas que tocan tierra en la margen ribereña argentina, cercana a los puntos de embarque situados en las costas del país vecino.

Según informes altamente especializados de agencias de lucha contra el narcotráfico de EE.UU., gran parte de los cargamentos de narcóticos transbordados hacia Europa desde la Argentina, se canalizan aprovechando el sistema de puertos del país y generalmente se encuentran ocultos en contenedores.

La heroína de Colombia y parte de la cocaína boliviana y peruana para consumo local y su transbordo a terceros países, llega a la Argentina por vía aérea, aprovechando el escaso control existente debido a la falta de una adecuada radarización. También, por la gran cantidad de pistas de aterrizaje clandestinas (y a veces no tanto), protegidas por organizaciones de narcotraficantes que no podrían realizar sus actividades si no contaran con el respaldo de funcionarios corruptos en numerosas provincias.

La Argentina fue históricamente una casi inagotable fuente de provisión de casi todos los precursores químicos necesarios para la fabricación de diferentes drogas ilegales, gracias a la avanzada industria química de nuestro país.

Pero además, a la condición de país de tránsito y de fabricación y desvío de precursores, debe sumarse desde tiempo atrás la existencia en territorio nacional de pequeños laboratorios, para convertir en clorhidrato de cocaína la llamada “pasta base” elaborada a partir de la planta de coca.

Como si todo ello no fuera suficiente, también se detectaron y decomisaron pequeños laboratorios para la fabricación de drogas sintéticas destinadas al consumo local y al contrabando hacia otros países.

La Argentina se ha convertido durante los últimos años en un país de consumo de todo tipo de narcóticos y substancias estimulantes como las metanfetaminas, el “Extasis” y el devastador “Paco”, llegando a índices que se suponían impensables una década atrás.

Entre los logros a mencionar de las fuerzas de seguridad y policiales de la Argentina se encuentra la localización y secuestro de pequeños laboratorios para tratar y convertir la “pasta base” de coca en clorhidrato de cocaína del 98% o más de pureza. No obstante, el número de unidades neutralizadas de ese tipo demuestra por sí solo el incremento de la actividad tendiente a procesar esa droga a escala local.

El Informe de la UNODC varias veces citado indica que la cocaína procedente de la Argentina secuestrada en Europa en 2006 era del 3 por ciento, mientras que en 2007 decreció al 2 por ciento[1]. Como en alguno de los casos citados, deberán esperarse los informes correspondientes a 2008, para ratificar o no la tendencia hacia la baja.

EL “MODELO ARGENTINO” DE LA CORRUPCION Y EL NARCOTRAFICO
Desde las primeras décadas del siglo pasado, la Argentina comenzó a sufrir lenta pero inexorablemente la construcción de un tejido criminoso, que iría contaminando las principales estructuras del poder político del país a lo largo de todo el territorio nacional.

La provincia de Buenos Aires, por ejemplo, fue así testigo de cómo muchos de sus más poderosos intendentes -por lo general caudillos de los principales partidos políticos-, eran los beneficiarios del dividendo de delitos como la trata de blancas y el juego clandestino. Desde luego esos intendentes, fieles a la estructura piramidal del poder, elevaban a las instancias superiores, es decir a los gobernadores, la parte más importante de las ganancias obtenidas. El reparto incluía también, paralelamente- a una importante nómina de partícipes necesarios, con el objeto de que el tejido criminal no pudiera cuestionarse, ni mucho menos perforarse y puesto en peligro por ninguna mafia interna y/o exterior. Así, participaban de esta gigantesca asociación ilícita miembros de la legislatura provincial y municipal, policías, jueces y funcionarios de la administración pública.

Las otras provincias del país, no diferían demasiado del modelo provincial bonaerense, paralelo al de la ciudad de Buenos Aires. La especial situación argentina carecía de las características de organizaciones mafiosas como la italiana, que contaban con una estructura piramidal casi permanente, con un “capo” acompañado o no de un concejo, del código de silencio conocido como “omertá”. La “mafia” argentina - por el contrario-, estaba constituida mayoritariamente por “servidores públicos” de todos los poderes del Estado Nacional y de los provinciales. Una vez culminado su período en el gobierno de turno o sus destinos en los otros poderes, o en altos cargos policiales, por ejemplo, transmitían el control de los ingresos y el manejo de sus arcas (hoy llamadas “cajas”) a sus sucesores en los cargos.

Resulta oportuno remitirse aquí nuevamente al “modelo de Tomas Schelling” sobre el crimen organizado, ya descripto, pero incluyendo el agregado propuesto en este trabajo sobre los otros partícipes necesarios para tal descomunal montaje de la corrupción en los EE.UU.

Si se suman a los tradicionales dividendos por la trata de blancas y el juego clandestino los nuevos delitos incorporados a lo largo de las últimas décadas, como los tráficos de alcaloides, de armas, de personas, de venta de órganos para transplantes y de negocios de un Estado azotado por la corrupción, sin que casi nadie termine encausado y condenado, esto permite argüir una vez más[2] que la Argentina está sometida a una mafia autóctona de características realmente tenebrosas. Mafia que no ha podido ser penetrada y ni siquiera combatida hasta  hora ni por las más grandes mafias internacionales, como la italiana, a pesar de la importante colectividad de ese origen, que conjuntamente con la española constituyen las dos principales simientes de la nacionalidad argentina.

El grado de corrupción que permite el desarrollo de todo tipo de negocios ilegales, ha llegado al punto de facilitar que las organizaciones criminales colombianas y mexicanas, hayan incluso realizado en territorio argentino (nadie puede asegurar que eso no continúe) el control de calidad final de la pureza de sus productos. También, debe reiterarse, importando desde el exterior substancias como la efedrina, para transbordarlas luego ilegalmente con un altísimo margen de ganancia hacia países como México, o bien utilizarlas para fabricar estimulantes con destino al mercado doméstico.

Todo ello, al amparo de un sistema legal absolutamente laxo, y de algunas autoridades que en algunos casos parecen alentar -desde la corrupción imperante de la cual forman parte-, que la Argentina pueda replicar modelos como aquellos en que la violencia entre narcotraficantes está a la orden del día.

La organización que operaba el negocio de la efedrina, importada de países productores desde la Argentina para luego ser reembarcada a México, utilizaba una impresionante red de laboratorios y farmacias habilitadas, complementada por sociedades comerciales previamente adquiridas o creadas ad hoc. El negocio de la substancia en el cual hay necesariamente organizaciones criminales mexicanas involucradas en algunos de los nodos del sistema de tráfico, es solamente una pequeña “punta del iceberg” en el marco del comercio ilegal de medicamentos genuinos y falsificados; clarificación de dinero de negociados escandalosos a lo largo de muchos años; defraudación y estafas a obras sociales, y otros delitos asociados al campo de la medicina de alta complejidad.

Pero en definitiva, los jueces intervinientes en las causas que se tramitan en la Justicia argentina deberán dilucidar en las instancias actuales y las superiores que correspondan, cuáles fueron las leyes que fueron violadas y cuáles no en el caso de la efedrina y el resto de los delitos asociados que se generan en el campo de la salud pública. Estén dichas investigaciones conectadas o no con algunos de los asesinatos perpetrados en 2008, supuestamente vinculados al tráfico de efedrina. Siempre y cuando no haya que enfrentarse a alguno de los enormes fiascos a los que nos tienen acostumbrados algunos jueces en la Argentina, como el mamarracho investigativo y jurídico que ha impedido poner al descubierto la trama doméstica vinculada al Caso AMIA, para citar uno de los más graves ejemplos.

Al cuadro previamente expuesto, cabe sumar un análisis de los hechos más relevantes de los casos vinculados al tráfico de efedrina, incluyendo los asesinatos que se suponen -aunque no probadamente todavía-, estaban estrechamente relacionados a esta actividad delictiva.

LA EFEDRINA Y OTRAS SUBSTANCIAS ESTIMULANTES TIPO ANFETAMINAS
Desde enero hasta agosto de 2008 y merced a la falta de controles sobre el control de efedrina, la Argentina pasó a convertirse en un importante centro para la importación y reembarque de esta substancia a México. No era en ese entonces ilegal la importación y comercialización de la efedrina en la Argentina, sobre todo porque es una substancia que se utiliza medicinalmente, para elaborar broncodilatadores, descongestivos nasales, etc. No era ilegal siempre y cuando las operaciones comerciales no estuvieran deliberadamente conectadas, tal cual fue descubierto, con un sistema específicamente montado para usar dicha efedrina como un precursor químico utilizado ilegalmente para fabricar estupefacientes de origen sintético. En el caso argentino, se fabricaba y/o enviaba de contrabando la materia prima y/o las substancias estimulantes tipo anfetaminas a otros países, México por ejemplo, en los cuales su venta está estrictamente vedada.

Tal como ha sucedido con el caso de la efedrina, el gran problema que crea en la Argentina y otros países como Chile el control de la fabricación de estupefacientes y substancias psicotrópicas, es que la mayoría de estas últimas tienen usos lícitos en la industria química y farmacéutica. La industria argentina, y en menor medida la chilena, cuentan con establecimientos de producción tecnológicamente muy avanzados; aptos no sólo para la fabricación de precursores para procesar drogas ilegales tradicionales como la cocaína y la heroína, sino también las sintéticas que se encuentran bajo investigación desde algún tiempo.

Sustancias de uso dual utilizadas para la fabricación ilícita de estupefacientes y sustancias psicotrópicas[3]

EL “TRIPLE CRIMEN” Y LOS ASESINATOS DE NARCOTRAFICANTES COLOMBIANOS
El caso argentino no se habría diferenciado en demasía al ya descripto de Chile, pero ya no se trata de un probable caso de operaciones reiteradas de contrabando de narcóticos, como muchos de los mencionados en el presente trabajo. La diferencia es que el escándalo de la efedrina escándalo estalló en la Argentina por los asesinatos de los comerciantes Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina, aparentemente vinculados al tráfico de esta substancia. Pero también -según informan las mismas fuentes judiciales y algunos medios de comunicación que se remiten a ellas-, a una red de comercialización ilegal de drogas genuinas y falsificadas de alto valor.

Además, las investigaciones judiciales realizadas hasta este momento, tanto sobre el caso de la efedrina, como del triple crimen de los tres ciudadanos argentinos mencionados, parecen sembradas de pistas falsas y operaciones de distracción de todo tipo, que incluyen testigos e informantes encubiertos, como también supuestos “agentes dobles” de organismos antinarcóticos, que nadie acredita públicamente a quiénes verdaderamente responden. Para agravar aún más el caso, se agregó el desconcierto de algunas autoridades nacionales y provinciales, pero sobre todo su grave falta de conocimiento del fenómeno narcoterrorista mexicano. Esto quedó plasmado en la temprana y prematura acusación sobre la pertenencia de algunos detenidos mexicanos a tal o cuál “cártel” de la droga, que en la realidad ni siquiera existía. Tampoco estaban siquiera acreditados -en ese específico momento-, ni la identidad ni la nacionalidad de los detenidos, ya que ni siquiera el gobierno mexicano podía confirmarlo[4].

Un desconcierto similar había ocurrido en julio de 2008, cuando fueron asesinados dos ciudadanos de origen colombiano en el paseo de compras “Unicenter”, provincia de Buenos Aires. El más importante de ambos era Héctor Edilson Duque Ceballos, alias “Monoteto”, uno de los tres principales lugartenientes[5] de la “Organización Jiménez Naranjo” -cuya estructura organizacional se encuentra disponible en el sitio web oficial del Departamento del Tesoro de los EE.UU.[6]. La organización estaba liderada por Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias “Macaco”, extraditado desde Colombia a EE.UU. el 7 de mayo de 2008. El otro muerto es Jorge Quintero Gartner, quien sobrevivió al ataque. El jefe de la banda narcoterrorista que lleva su apellido, tenía una estrecha relación con la organización paramilitar narcoterrorista colombiana AUC; asimismo, con el denominado “Cártel del Norte del Valle” que se encuentra actualmente bajo permanente acoso por parte del gobierno del presidente Alvaro Uribe Vélez y como consecuencia de eso con su estructura organizacional y capacidad operacional sumamente debilitadas.

Más allá de que los asesinatos en el paseo de compras “Unicenter” hayan sido o no una venganza del citado Jiménez Naranjo, o de bajas dentro de una lucha territorial entre bandas, lo cierto es que hasta el día de la fecha permanecen impunes. Nadie sabe quién o quiénes ordenaron esos crímenes, ni mucho menos quiénes los ejecutaron.

Sebastián Forza, una de las víctimas del triple crimen en la Argentina relacionado con el tráfico de efedrina, registra un ingreso a Chile a principios de abril de 2007. Curiosamente, el 20 de ese mismo mes de abril, también viajaron por unas horas a Chile las dos víctimas colombianas del paseo de compras “Unicenter” de la provincia de Buenos Aires, Héctor Edilson Duque Ceballos, alias “Monoteto” y Jorge Quintero Gartner, que estaban acompañados el momento del ataque por el socio de ambos, de nombre Julián Jiménez Jaramillo, quien pudo sobrevivir al ataque. Aún no se ha podido comprobar fehacientemente si existía alguna conexión entre el primero y los dos últimos sujetos mencionados.

El escándalo surgido como consecuencia de los asesinatos del centro de compras y posteriormente de los tres ciudadanos argentinos, ha permitido llevar al primer plano de las noticias el hecho histórico -aunque no tan conocido-, de que la Argentina era uno de los principales fuentes de importación de aquellos precursores químicos que son imprescindibles, por ejemplo, para fabricar clorhidrato de cocaína, de heroína y de todo tipo de estimulantes en los laboratorios del narcotráfico de América Latina.

¿Por qué la guerra desatada entre bandas de narcotraficantes asociadas y/o pertenecientes a cárteles de la droga basados en países como Colombia y México, que ha culminado con asesinatos cometidos por sicarios argentinos o del exterior? Aunque sus móviles, autores ideológicos y ejecutores permanecen todavía bajo investigación, lo más importante a señalar - nuevamente- es que la Argentina ha incrementado su lamentable condición de territorio donde todos y cada uno de los negocios vinculados al narcotráfico, parecen desarrollarse casi sin control por parte de las autoridades gubernamentales y gracias a los vacíos y la laxitud existente dentro del plexo legal anticriminal.

La circulación de algunos de los sospechosos por ciudades vinculadas a la llamada Triple Frontera[7], como en el caso del detenido Jesús Martínez Espinoza -sin que este comentario implique presunción alguna sobre su inocencia o culpabilidad en los delitos que se le imputan en los tribunales argentinos-, actualiza una vez más la atención sobre esa neurálgica región. Esta encierra todo tipo de actividades ilegales y una impresionante cantidad de organizaciones domésticas y extranjeras vinculadas al narcotráfico y otras formas de crimen organizado[8].

En lo que concierne a la Argentina y si bien no hay actividad enraizada del narcotráfico mexicano en el país por el momento, la captura de sospechosos de ese origen y la serie de causas judiciales que están afrontando, constituye un serio indicador de una actividad que debe ser erradicada de cuajo.

Como consecuencia de los cruentos acontecimientos conocidos y las posteriores capturas de individuos y secuestros de mercaderías, parecen haber sido momentáneamente neutralizadas algunas de las operaciones mexicanas en curso en la Argentina hasta hace pocos meses atrás.

Las principales investigaciones sobre algunos de los narcotraficantes mexicanos relacionados con el caso de la efedrina, acreditarían en principio su pertenencia a células de la organización narcoterrorista con centro en el Estado de Sinaloa, liderada por Guzmán Loera, ya citado. Asimismo, que han logrado iniciar acciones coordinadas y/o conjuntas en países vecinos y/o de la región, sobre lo cual no había demasiados registros hasta hace poco tiempo. Algunos especialistas han comenzado incluso a sospechar que los cárteles mexicanos, como tantas otras organizaciones criminales basadas en la Triple Frontera y otras regiones vinculadas a la seguridad interior de la Argentina, puedan tener ya contactos estrechos con organizaciones terroristas de todo signo, de acuerdo a modelos de convergencia entre ellos, debidamente probados en casos similares por la realidad en el terreno.

El modelo de convergencia anteriormente mencionado entre facciones del movimiento narcoterrorista peruano “Sendero Luminoso” y sus asociados mexicanos, es un indicador claro de que este puede replicarse en países como Bolivia y los de la Triple Frontera. Asimismo, en conexión con actores extracontinentales con alcance global, los cuales constituyen un peligro para la seguridad internacional en cualquier región del mundo[9].

(*) Extracto del ensayo del autor: “La situación en México y el impacto de narcoterrorismo en el Continente Americano”, que mantiene plena actualidad ante las detenciones y allanamientos dispuestos en los últimos días.

______________________

Notas:
[1] ONU. UNODC, op. cit, pág. 77.
[2] Este autor lo ha denunciado reiteradamente en otros escritos y en programas de radio y televisión.
[3] International Narcotics Control Board: “Sustancias de uso dual utilizadas para la fabricación ilícita de estupefacientes y sustancias psicotrópicas”, abril de 2000. http://www.incb.org/pdf/s/tr/pre/2000/precursors_2000_annex2_es.pdf
[4] Muchos delincuentes latinoamericanos y sobre todo de América Central, acostumbran utilizar pasaportes y documentación auténticos de otros países de la región, pero con sus datos y hasta impresiones digitales pertenecientes a otras personas (N. del A.)
[5] Los otros dos son Jesús María Alejandro Sánchez Jiménez, conocido entre otros alias por el de “Chucho” o “El Primo”, y Rafael Angel Sánchez Rúa, encargado del tráfico de armas de la OJN.
[6] Departamento del Tesoro de los EE.UU.: “Jimenez Naranjo Organization” (Office of Foreign Assets Control), Washington, agosto de 2008, con acceso web en: http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/programs/narco/charts/jimenez_naranjo_org.pdf
[7] Región que vincula a la Argentina, Brasil y Paraguay (N. del A.)
[8] Cfr. Calderón Horacio, op. cit.
[9] Ibídem.

 

Fuente: IEBA – Instituto de Estudios Estratégicos de Buenos Aires