El crimen organizado transnacional y el Estado Nación (Segunda Parte)

Por, Grl. Br. (R) Heriberto Justo Auel

 

 

“...Del exterior llega al país una avalancha de estupefacientes, importados por un grupo de contrabandistas eficientes y bien organizados. La quinta parte de la población se torna drogadicta, epidemia que supera a cualquiera que se conozca desde la época de las grandes plagas. No sólo sucumben los pobres, sino también los potentados. El hampa ostenta con cinismo los dividendos del narcotráfico, a más de dominar muchos gobiernos regionales y aún amenazar la integridad del gobierno nacional. Ninguno de sus adversarios está a salvo de sus sicarios, ni siquiera el Jefe de Estado. Las instituciones del orden están en ruinas. El deterioro de los cimientos morales de la nación es ya más que peligroso...”

 

Por conocido que esto suene, no es una descripción de Colombia del 2001, o de Argentina, sino la de China de 1838, en vísperas de la primera Guerra del Opio, cuando Gran Bretaña desembarcó tropas para obligar a China a ingerir el veneno que distribuían los mercaderes británicos. Así es como lo describe a sus superiores en el exterior, uno de los más importantes narcotraficantes británicos: “Mientras China siga siendo una nación de opiómanos, no hay el menor motivo para temer que se convierta en potencia militar de importancia alguna, ya que el vicio agota las energías y la vitalidad de la Nación”.

 

El optimismo cultural que acompañó a un posible desarrollo más o menos venturoso de nuestra América en los 50’ y en los 70’, templó la fibra moral de las naciones cuya herencia religiosa y cultural se refleja las creencias profundamente arraigadas, aun hoy, en el inconsciente colectivo.

Con la crisis social maniquea surgida desde la guerra fría (1947) y la de la deuda progresiva (1970), vino la desesperanza del desempleo en masa, la desnutrición crónica y la marginación: los ingredientes de un ambiente de pesimismo cultural, propicio al narcotráfico, al terrorismo y al caos de la desintegración socio-política.

Hoy, toda nuestra América Latina constituye el ámbito ideal para la propagación de lo que se denomina Crimen Organizado Transnacional y que en nuestro continente tiene un nombre: NARCOTERRORISMO. Según Gallup, tres de cuatro argentinos se alineaban con Ben Laden, luego de la agresión a las “torres gemelas”.Las condiciones “estaban dadas” y “la oportunidad era propicia”, hasta el 11 de septiembre de éste año.

En la nota anterior hemos definido a éste hecho y a ésta amenaza estratégica. Hoy nos adentraremos en su íntimo funcionamiento operativo, sus modos de acción y las estrategias que instrumenta para la prosecución de sus fines. Los grupos del crimen organizado transnacional son, de variadas formas, los que sacan más provecho de la globalización. Las empresas legítimas se ven todavía constreñidas por leyes y regulaciones extemporáneas de los países donde operan. Las organizaciones y redes del crimen transnacional consiguen, con ayuda de la corrupción, de la extorsión y de la intimidación, usar para su total beneficio a los mercados abiertos y a las sociedades en decadencia.

Hay tres tipos básicos de corporaciones relacionadas con el crimen organizado:

• Estructuras empresariales ilegales, como los carteles de las drogas;
• Firmas legales que se involucran en el delito financiero, como los bancos que, de hecho, se especializan en facilitar el lavado de dinero y la evasión impositiva y
• Empresas lícitas creadas, total o parcialmente, con dinero obtenido del crimen organizado.

 

Las organizaciones criminales organizadas no sólo mantienen vínculos con algunas empresas legítimas y con algunos sectores del gobierno. A veces prosperan también con el terrorismo y la guerra civil. En unos 30 países, los grupos que participan en la rebelión armada contra el gobierno financian sus campañas terroristas, total o parcialmente, con ingresos generados por los impuestos que le cobran a la producción de drogas o por su participación directa en el tráfico.

No es una coincidencia que las perturbaciones políticas de la década de los ’90, en Europa Sudoriental, estuvieran relacionadas con la ruta de los Balcanes por la que, en cada año, pasan a Europa toneladas de heroína. Y no es una coincidencia que Afganistán, Colombia y Birmania, los tres productores de drogas más importantes del mundo, sean al mismo tiempo el escenario de algunas de las guerras civiles más prolongadas de los últimos 50 años.

El gran número de actores, las inmensas sumas de dinero, el necesario sigilo de la clandestinidad y las dimensiones internacionales del mercado: todo ello, obliga a los criminales transnacionales a combinar, a lo largo de toda la transacción, una serie de bienes y servicios de naturaleza económica, política y militar. Para que estos actores puedan desenvolverse, tres servicios fundamentales tienen que estar disponibles:

• el capital,
• la violencia y
• la no actuación de las autoridades y órganos jurisdiccionales del Estado.

 

El Crimen Organizado Transnacional posee, consecuentemente, un carácter multivalente. Más allá de la mera y axial acción económica, se desempeña también necesariamente en los campos político y militar. Es un problema estratégico de primer orden, comprendido por su esencia en el área de la Política de Defensa Nacional. El poder de la mafia se extiende cada vez más, a través de su desleal competencia, de manera creciente. Incluye pingues ingresos, armas ilegales, el asesinato, la violencia física y todo el repertorio de acciones imaginables, en función de sus fines.

La crisis del monopolio estatal de la violencia y su exceso de “liberalidad progresista”, obra como multiplicador del poder de los mafiosos y les posibilita “readaptar” el sentido del repertorio de acciones heroicas, que constituyó “el legajo del hombre de honor” hace treinta años.

A manera de hipótesis, que en muchos casos ya son hechos, es posible pensar que las estrategias de búsqueda de legitimidad de los empresarios criminales, buscan y logran la incapacidad local de reacción de Estado, que obstaculice la actividad criminal.

En la actualidad los grupos mafiosos consideran más eficiente, para neutralizar la acción del Estado, buscar la aceptación de la clase dirigente política-corporativa y el acceso a las redes de poder, que el apoyo popular directo, como lo hicieran los terroristas revolucionarios en décadas recientes.

Otra estrategia mucho más directa e igualmente presente en todos los segmentos del mercado ilegal, es el soborno ocasional o regular de miembros o unidades enteras de autoridades políticas, militares, policiales, judiciales o burocráticas. La corrupción no debe ser considerada como exclusiva de los mercados ilegales. Sin embargo, en los mercadosilegales, la corrupción ocupa un lugar central, que usualmente no ocupa en los mercados legales.

ASÍ LAS COSAS, DESDE LA PERSPECTIVA DEL ESTADO, LA CORRUPCION DE SUS FUNCIONARIOS SE ASEMEJA MUCHO A UNA HIDRA DE MIL CABEZAS O A UN “BALANCE GENERAL DE COMPORTAMIENTO ILEGAL”.
La estrategia más eficaz y confiable de las organizaciones criminales (y probablemente la más corrosiva, en lo que a la legitimidad del Estado se refiere) es mantener varios funcionarios estatales en PUESTOS CLAVES, en una lista regular de pagos, es decir, establecer verdaderas “redes de infiltración e información”.

Los círculos sociales, políticos y económicos, que giran en torno al poder a través de las relaciones de amistad o sobornos, pueden posibilitar a los empresarios narcotraficantes accesos de alto nivel, para inhibir a los organismos de la seguridad y de la justicia. Se trata de una estrategia que, en ocasiones, puede ser más eficaz que la mera compra e infiltración de las autoridades superiores con responsabilidades políticas.

Como ejemplo de lo citado, tenemos el caso de Colombia: las campañas de bombas, secuestros y asesinatos desencadenados a partir de mediados del año 1989 por una parte del empresariado narcotraficante, tuvieron costos institucionales extremadamente altos para el Estado colombiano. De hecho, un reducido número de empresarios narcotraficantes, en unos pocos meses, logró desestabilizar a la sociedad y al Estado de una manera mucho más fulminante que el movimiento guerrillero en casi treinta años de lucha armada.

El imperativo categórico de la maximización de los beneficios se muestra, en ese caso, en forma contundente y sin ninguna ambigüedad. El mercado ilegal no es la cara opuesta de la racionalidad capitalista, sino que es la forma más descarnada que pueden adquirir esos valores, desnaturalizados. Se podría decir que el mercado ilegal es una “radicalización” de esa lógica capitalista, que no soporta contradictores u oposiciones para la realización de sus fines: se derriban los posibles obstáculos que dificulten la consecución de sus fines, con “cualquier” medio.

Los grupos del crimen transnacional controlan miles de millones de dólares en activos. Su enorme poderío económico facilita la corrupción nacional e internacional. Socavan gobiernos y la transición a la democracia de las sociedades que devienen del socialismo o del autoritarismo. Minan los intentos de los países en desarrollo y en transición para desarrollar democracias y convertirse en economías de mercado libre. Las ganancias masivas que obtienen los diversos grupos del crimen organizado transnacional, lavadas en los mercados financieros internacionales, socavan la seguridad del sistema financiero mundial. Entretanto, la competitividad de las empresas legítimas se ve disminuida por la participación del contrabando,  el espionaje industrial y tecnológico, el soborno y la podredumbre.

Ninguna forma de gobierno es inmune al desarrollo de las organizaciones criminales transnacionales, ningún sistema legal es capaz de controlar totalmente el crecimiento de ese crimen y ningún sistema económico o financiero está seguro frente a la tentación de obtener ganancias a niveles muy superiores a los que son posibles con las actividades legales. Las consecuencias son aun más devastadoras en las sociedades en transición, donde el pueblo trata de establecer la democracia, la autodeterminación y el imperio del derecho.

El crimen organizado ha penetrado algunos Estados, desde el nivel municipal hasta el federal, a través del financiamiento de campañas políticas y la elección de sus miembros como parlamentarios. Los grupos criminales han designado funcionarios de gobierno. En algunos casos, han suplantado al Estado al proporcionar la protección, el empleo y los servicios sociales que ya no pueden obtenerse del nuevo gobierno que lucha por sobrevivir.
Los costos del crimen organizado son impresionantes. La corrupción y la penetración del crimen organizado en el sistema político, impiden la aprobación de las nuevas leyes necesarias para las trasformaciones democráticas y el mercado libre. Una autoridad impositiva corrupta y los vínculos del personal del gobierno con el crimen organizado, privan al Estado de los ingresos que necesita. Cantidades substanciales de ciudadanos han perdido la fe en la integridad y capacidad del proceso legal y en la capacidad de sus gobiernos para cumplir con sus obligaciones básicas, tales como el pago de salarios, de beneficios jubilatorios, del cuidado de la salud o la seguridad pública.

Pero el costo inaceptable de esta presente agresión estratégica generalizada, es la degradación y destrucción de la identidad cultural de las generaciones jóvenes, que ven cegado su futuro y truncadas sus esperanzas de progreso. Debemos recuperar moralmente a nuestra sociedad y sus instituciones. Hemos perdido sucesivas generaciones de jóvenes en los últimos treinta años. En los 70’, embarcados en la borrachera ideológica que destruyó a muchos hogares de clase media en la locura subversiva y que ha dejado profundas secuelas sociales e institucionales, cuya incomprensión hoy impide la rehabilitación plena del Estado-Nación. En los ‘80 pos-Malvinas, hasta hoy, los jóvenes fueron pasto de las drogas.

Como en EEUU, con la guerra de Vietnam, se creó entre nosotros un ambiente de desesperanza moral que hizo grave daño entre los jóvenes. Progresivamente también, se desintegró el sentido de orgullo nacional, de disciplina social y de confianza en el progreso futuro de la Argentina. Hemos dicho, en el comienzo de éste trabajo, que “las condiciones estaban dadas y la oportunidad era propicia, hasta el 11 de septiembre de éste año”, para la expansión del flagelo criminal en nuestro continente. Pero esas “condiciones” y esa “oportunidad” han cesado abruptamente con la salida a superficie del monstruo del macro-terrorismo mafioso. El Imperio Global está en operaciones. La situación estratégica internacional ha dado un vuelco.

 

Las leyes nacionales “antiterroristas” ya están dictadas en los países desarrollados, que ahora sí entendieron la naturaleza del horror terrorista. El Consejo de Seguridad de la ONU se ha expedido de inmediato, por unanimidad, en sucesivas Resoluciones que cierran los grifos del oxígeno al monstruo. Estas disposiciones son de cumplimiento obligatorio para los 189 estados miembros. La Argentina entre ellos. Los Estados Seculares del orbe han cerrado filas ante éste poder ilegítimo no estatal, catalizado por la globalización, que hasta hoy se había querido ignorar. La Guerra Antiterrorista será muy distinta y muy larga, con escasa participación militar. Pero será implacable. En nuestra América y entre nosotros, ya “hay barbas en remojo”. No vislumbrar esta realidad, es negarnos a nosotros mismos la posibilidad de entenderla como ventana de oportunidad para alcanzar el desarrollo sostenido de nuestro país y de toda la región, que en definitiva es la única herramienta que nos permitirá destruir, o por lo menos contener al flagelo estratégico más complejo del siglo que comienza. Hoy más que nunca toman fuerza y vigor las palabras de José Ingenieros, dirigidas a lajuventud, pronunciadas a finales del siglo XIX: “Avergüénzate, joven, de torcer tu camino cediendo a tentaciones indignas. Si eres artesano evita enlodazarte recibiendo cosa alguna que no sea en compensación de tus méritos; si eres poeta, no manches la túnica de tu musa cantando en la mesa donde se embriagan los cortesanos; si eres sembrador, no pidas la protección de ningún amo y espera la espiga lustrosa que el encantamiento de tus manos rompe el vientre de la tierra; si eres sabio, no mientas; si eres maestro, no engañes. Pensador o filósofo, no tuerces tu doctrina ante los poderosos que la pagarían sobradamente; por tu propia grandeza debes medir tu responsabilidad y ante la estirpe entera tendrás que rendir cuenta de tus actos. Sea cual fuere tu habitual menester –hormiga, ruiseñor o león-, trabaja, canta o ruge con entereza y sin desvío: vibre en ti una partícula de tu pueblo.”

“En cualquier conflicto donde exista una fuerza opuesta que no pueda ser regulada, uno debe prever y adoptar medidas para cursos alternativos. La adaptabilidad es la Ley que gobierna la supervivencia, tanto en la guerra como en la vida, no siendo la guerra sino una forma concentrada de la lucha del hombre contra el medio ambiente”

Liddel Hart, estratega británico, 1928.

 

En notas anteriores nos hemos referido al Crimen Organizado Transnacional como uno de los actores que, en este momento de la civilización posindustrial, ha adquirido la envergadura y el potencial suficiente como para disputar espacios de poder al Imperio Global. Esta pugna mundial actual se desarrolla en los más variados campos de la acción, con un objetivo primordial: conservar y acrecentar espacios de poder en el orden político, económico, financiero, militar o tecnológico.

 

1) El Narcoterrorismo.
En el presente trabajo haremos referencia, muy sintéticamente, a la manifestación del Crimen Transnacional en la Región del MERCOSUR que, como lo adelantáramos, adopta la concreta denominación de “Narcoterrorismo”. La cuna de éste fenómeno estratégico es nuestra América y su epicentro es Colombia, extendiéndose desde allí a la región andina y amenazando en la actualidad, desde el punto de vista geográfico, a las tres cuencas fluviales más importantes de América del Sur: la Orinoquia, la Amazonia y el sistema Paraná-Plata. Además de subrayar el carácter estratégico de esta agresión, punto gordiano de nuestro análisis, nos detendremos en aspectos citados en reiteradas oportunidades: el efecto aniquilador de éste engendro, a través de la feudalización y disgregación de las Instituciones de los Estados. Consecuentemente, ésta inédita y presente agresión es el riesgo estratégico central, en éste tiempo de integración y globalización en América y su tratamiento corresponde naturalmente al área de la Defensa Nacional.

Las informaciones más recientes, basadas en fotografías satelitales, indican que en Colombia existen 160.000 hectáreas de plantaciones de coca, el área de cultivos ilícitos más grande que se haya concentrado jamás en país alguno. La guerra se da allí contra el Estado, por el dominio de las zonas de cultivos. Las FARC tienen ingresos anuales líquidos estimados en $430 millones, de acuerdo con Juan Carlos Echeverry, director del estatal Departamento Nacional de Planeación. El Ministerio de Defensa, en cambio, dice que esos ingresos llegan a $590 millones. Otra cantidad parecida la obtienen las bandas narcoterroristas del secuestro, la extorsión y el asalto de bancos, entre otras actividades criminales.

El poder económico de los diversas bandas armados, enemigas entre sí, les permite pertrecharse en condiciones muchas veces superior a las del Ejército Nacional y aumentar constantemente el tamaño de sus tropas por medio, incluso, del reclutamiento forzoso y de menores de edad.

Las FARC, por ejemplo, han dicho que su meta es la de llegar a tener lo antes posible un ejército de 100.000 hombres y, aunque hoy ya tienen la fuerza irregular más grande del país, los paramilitares conservan un ritmo de crecimiento superior. El de aquellos ha sido de 40% durante los últimos dos años y el de éstos es de casi 100%. Mientras el gobierno de Pastrana toma su tiempo para aceptar si está o no en guerra y reordenar eventualmente el funcionamiento del estado, conforme a esa realidad, como lo reclama el general Tapias, Comandante de las Fuerzas Militares, la conflagración nacional ya ha causado el desplazamiento forzoso de dos millones de campesinos, hoy refugiados en los cinturones de miseria de las ciudades; otros seis millones de colombianos se han ido del país y 1.750.000 hectáreas de tierras agrícolas están abandonadas. Dentro de América del Sur, los agentes de la violencia narcoterrorista han establecido importantes vinculaciones hacia Venezuela. Los carteles de la droga colombianos han buscado una ruta alternativa, para dar salida a los narcóticos, a través del delta del Orinoco. Paralelamente, obtienen a través de éste país vecino, grandes cantidades de precursores químicos necesarios para sintetizar los narcóticos. La importancia de Venezuela para el tráfico de estupefacientes se complementa con su relevancia como vía de suministro dearmas a las guerrillas colombianas. En este contexto, la voluntad expresada por el Presidente Chávez de negociar con las guerrillas colombianas, ha suscitado una enorme preocupación en el gobierno de Bogotá. Lo cierto es que, con independencia de la voluntad de Caracas, guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes colombianos, cuentan con una base en Venezuela, gracias a la imposibilidad de controlar la extensa frontera común.

Las guerrillas también cuentan con apoyos en Brasil. El territorio amazónico de este país, concretamente la región Cabeza de Perro, es utilizado como base para transbordar armas y, sobre todo alimentos, a través del río Icama. Dentro de éste esquema de suministros en apoyo de los grupos armados colombianos, Surinam parece haberse convertido en el escenario de intercambio de “armas por cocaína”, gracias a las dificultades para controlar un territorio cubierto de jungla. Dentro de los países de la región en los que los grupos armados colombianos han establecido vínculos, es imprescindible citar a Ecuador por donde, a mediados de los años 90 circulaba entre un 6 y un 10 % de la cocaína que llegaba a EE.UU., además de una parte importante de los precursores químicos que ingresaban a Colombia y cuya venta beneficiaba directamente a la economía local.

Por último habría que señalar a Cuba, que todavía mantiene lazos históricos con las guerrillas colombianas, pero que ha reducido radicalmente su respaldo a estos grupos con el fin de ganar cierta respetabilidad internacional. Por el contrario, la isla se ha convertido en un punto de apoyo central para los envíos de narcóticos que cruzan el Caribe en dirección a EE.UU.

Otra dimensión clave de la internacionalización de los agentes armados no-estatales, ha sido su vinculación con las mafias de la antigua Unión Soviética. En este sentido, las organizaciones criminales rusas han podido heredar algunos de los vínculos que durante la Guerra Fría establecieron con los insurgentes colombianos por motivos de afinidades ideológicas. En cualquier caso, los nuevos vínculos entre narcotraficantes, guerrilleros y paramilitares colombianos, por un lado y el crimen organizado ruso, por otro, tienen una naturaleza nueva. El inicio de los contactos puede situarse en 1992, cuando un representante del Cartel de Cali fue detectado en Moscú. A partir de ahí, el narcotráfico colombiano se ha dedicado a alimentar el mercado de narcóticos en plena expansión de Rusia. El grado de integración entre los grupos rusos y colombianos en el tráfico de narcóticos ha llegado a ser muy elevado, hasta el punto de que se pueden hablar de operaciones conjuntas de grandes dimensiones, en las que los cargamentos de estupefacientes se miden en toneladas.

A cambio de las drogas, los rusos han proporcionado a las mafias colombianas materiales y servicios únicos. Para empezar, equipo de alta tecnología. Además del caso del submarino o la venta de misiles tierra-aire, se puede sumar la transferencia de algunos helicópteros. Las mafias rusas se han convertido en los grandes responsables del "blanqueo" de los beneficios de los colombianos, procedentes del tráfico de drogas. La aplastante presencia de la mafia en el sector financiero de Rusia, donde podría ser propietaria de un tercio de las instituciones bancarias, convierte a la economía de este país en una enorme maquinaria de lavado de dinero sucio, por donde pueden desaparecer con facilidad los millones de dólares ganados con el tráfico de drogas por los grupos delictivos colombianos. Para facilitar la llegada de los fondos a territorio ruso, numerosos bancos de esta nacionalidad han abierto oficinas en los paraísos fiscales del Caribe.

Pero además, son particularmente relevantes los vínculos que han asociado desde hace tiempo, a algunos grupos insurgentes colombianos, particularmente las FARC, con países árabes y movimientos armados pertenecientes a esta región. Así, las FARC mantienen vínculos con el grupo islamista libanés, Hezbollah. Tal vez esta conexión con El Líbano explique porqué los guerrilleros colombianos han llegado a establecer también vínculos con el Ejército Rojo Japonés (ERJ), un grupo terrorista que durante años mantuvo sus bases en el citado país de Oriente Medio. De hecho, un grupo de quince militantes del ERJ fue detectado en abril de 1997 en la región colombiana de Uraba, proporcionando entrenamiento a combatientes de las FARC.

Los cambios tecnológicos en el campo de la producción de narcóticos ha sido decisivo para la evolución del conflicto interno en Colombia, en la medida en que los agentes de violencia narcoterrorista obtienen el grueso de su financiación del comercio ilegal de estas sustancias.

Brasil, con sus dilatadas “fronteras secas” con los países productores de coca, sus 8.511.959 Km. cuadrados de superficie y en especial su topografía, lo han colocado en la vía expansiva de los carteles colombianos, que necesitan los puertos sobre el océano Atlántico (además de Uruguay y Argentina) para la “exportación” a los centros europeos y norteamericanos. Ello le ha valido ser designado como la futura “super-potencia narco”.

Las amenazas a los intereses brasileños incluyen el contrabando, que se extiende desde las armas a los animales exóticos; atentados directos contra el medio ambiente y la economía por la explotación forestal, la minería del oro, la pesca y la caza ilegal y actividades llevadas a cabo por los insurgentes y los narcotraficantes. Estas amenazas han preocupado al gobierno brasileño por más de una década, lo que se evidencia en el alto número de acontecimientos al respecto.

El empleo del narcotráfico por la guerrilla, para sostener la insurgencia colombiana, refuerza la amenaza a Brasil. Sus extensas áreas selváticas en el estado de Amazonas, surcadas con el sistema fluvial más grande del mundo y adyacentes a otros países productores de drogas, han convertido a Brasil en un importante país de tránsito para las drogas destinadas a los Estados Unidos y Europa. Desde el territorio brasileño viene el importante suministro de productos químicos necesarios para la producción cocalera. El sistema fluvial es idóneo para el movimiento de grandes cantidades de kerosene, ácido sulfúrico, potasio permanganato y acetona, necesarios en el procesamiento de los cristales de clorhidrato de cocaína. La Zona de Libre Comercio en Manaus facilita el negocio de sustancias químicas, debido a la presencia de 256 empresas de importación de aquéllas, empleadas en el procesamiento de la droga. Los productos químicos, legalmente importados, son re-etiquetados para su entrega a laboratorios ilícitos en Colombia, Ecuador y Perú.

El andamiaje central para que el Crimen Organizado pueda desenvolverse, es la penetración en los sistemas políticos. La estrategia más eficaz y confiable de las organizaciones criminales (y probablemente la más corrosiva, en lo que a la legitimidad del Estado se refiere) es mantener varios funcionarios estatales en PUESTOS CLAVES, en una lista regular de pagos, es decir, establecer verdaderas “redes de infiltración e información”. Los círculos sociales, políticos y económicos que giran en torno al poder, a través de las relaciones de amistad o sobornos, puede posibilitar a los empresarios narcotraficantes accesos de alto nivel, para inhibir a los organismos de la seguridad y de la justicia. Se trata de una estrategia que, en ocasiones, puede ser más eficaz que la mera compra e infiltración de las autoridades superiores, con responsabilidades políticas.

Como paradigma tenemos el caso de Colombia: las campañas de bombas, secuestros y asesinatos desencadenados a partir de mediados del año 1989, por una parte del empresariado narcotraficante, tuvieron costos institucionales extremadamente altos para el Estado colombiano. De hecho, un reducido número de empresarios narcotraficantes, en unos pocos meses, logró desestabilizar a la sociedad y al Estado de una manera mucho más fulminante que el movimiento guerrillero en casi treinta años de lucha armada.

El imperativo categórico de la maximización de los beneficios se muestra, en ese caso, en forma contundente, sin ninguna ambigüedad. El mercado ilegal no es la cara opuesta de la racionalidad capitalista, sino que es la forma más descarnada que pueden adquirir ésos valores desnaturalizados. Se podría decir que el mercado ilegal es una “radicalización” de esa lógica capitalista, que no soporta contradictores u oposiciones para la realización de sus fines: se derriban los posibles obstáculos que dificulten la consecución de sus fines, con “cualquier” medio.

Los grupos del crimen transnacional controlan miles de millones de dólares en activos. Su enorme poderío económico facilita la corrupción nacional e internacional. Socavan gobiernos y la transición a la democracia de las sociedades que devienen del socialismo o del autoritarismo. Minan los intentos de los países en desarrollo y en transición para desarrollar democracias y convertirse en economías de mercado libre. Las ganancias masivas que obtienen los diversos grupos del crimen organizado transnacional, lavadas en los mercados financieros internacionales, socavan la seguridad del sistema financiero mundial. Entre tanto, la competitividad de las empresas legítimas se ve disminuida por la participación del contrabando, el espionaje industrial y tecnológico el soborno y la podredumbre.

Ninguna forma de gobierno es inmune al desarrollo de las organizaciones criminales transnacionales, ningún sistema legal es capaz de controlar totalmente el crecimiento de ese crimen y ningún sistema económico o financiero está seguro frente a la tentación de obtener ganancias a niveles muy superiores a los que son posibles con las actividades legales. Las consecuencias son aun más devastadoras en las sociedades en transición, donde el pueblo trata de establecer la democracia, la autodeterminación y el imperio del derecho.

El crimen organizado ha penetrado algunos Estados, desde el nivel municipal hasta el federal, a través del financiamiento de campañas políticas y la elección de sus miembros como parlamentarios. Los grupos criminales han designado funcionarios de gobierno. En algunos casos, han suplantado al Estado al proporcionar la protección, el empleo y los servicios sociales que ya no pueden obtenerse del nuevo gobierno que lucha por sobrevivir.
El daño producido por el crimen organizado es total. La corrupción y la penetración del crimen organizado en el sistema político impiden la aprobación de nuevas leyes necesarias para las transformaciones de las débiles democracias regionales y para la organización de los mercados libres. Una autoridad impositiva corrupta y los vínculos del personal del gobierno con el crimen organizado, privan al Estado de los ingresos que necesita para sostenerse. Cantidades substanciales de ciudadanos han perdido la fe en la integridad y capacidad del proceso legal y en la capacidad de sus gobiernos para cumplir con sus obligaciones básicas, tales como el pago de salarios, beneficios jubilatorios o el cuidado de la salud.

Pero el costo inaceptable de esta sorpresiva y presente agresión estratégica, es la degradación y destrucción de la identidad cultural de las generaciones jóvenes, que ven cegado su futuro y truncadas sus esperanzas de progreso. Debemos recuperar moralmente a nuestra sociedad y sus instituciones. Hemos perdido sucesivas generaciones de jóvenes en las últimas décadas. En los 70’, embarcados en la borrachera ideológica que destruyó a los hogares de clase media, en la locura subversiva. Ello ha dejado profundas secuelas sociales e institucionales, cuya incomprensión hoy impide la rehabilitación plena del Estado-Nación. En los ‘80 pos-Malvinas, hasta hoy, los jóvenes fueron pasto de las drogas. Como en EEUU con la guerra de Vietnam, se creó entre nosotros un ambiente de desesperanza moral que hizo grave daño entre los jóvenes. Progresivamente se desintegró el sentido de orgullo nacional y de confianza en el progreso futuro de la Argentina. No vislumbrar esta realidad es negarnos a nosotros mismos la posibilidad del desarrollo sostenido de nuestro país y por ende de toda la región, que en definitiva es la única herramienta perdurable que nos permitirá destruir o por lo menos contener al flagelo más complejo del siglo que comienza.

 

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