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miércoles, 2 de enero de 2013

¿Existe un perfil de delincuente organizado?. Exploración a partir de una muestra española

Por: Andrea Giménez-Salinas Framis; Laura Requena Espada; Luis De La Corte Ibáñez
Universidad Autónoma de Madrid
 
 
Este artículo presenta los resultados de un estudio sobre el perfil sociodemográfico de los delincuentes relacionados con la criminalidad organizada a partir de una muestra de 1.156 miembros de grupos de criminalidad organizada identificados en 65 operaciones policiales llevadas a cabo entre 1990 y 2010. Los resultados muestran diferencias con los delincuentes comunes acordes con el perfil de un delincuente adulto que difiere del perfil derivado de las teorías criminológicas del desarrollo. Por otro lado, si atendemos a los antecedentes policiales de dichos sujetos, nos encontramos con tres perfiles diferentes: delincuentes primarios sin antecedentes previos, delincuentes con antecedentes en delincuencia común y delincuentes con un largo historial en actividades relacionadas con el crimen organizado.
 
1. Introducción
El estudio del delincuente, las causas que motivan su actuación y los factores que explican su comportamiento constituye el principal objeto de estudio de la Criminología. Desde las teorías de corte biológico, pasando por las teorías psicológicas, de tinte sociológico o la Criminología del desarrollo se abordan los factores psicológicos, sociales y biológicos que explican el comportamiento criminal desde diversas dimensiones. Todas ellas se centran fundamentalmente en la explicación de la delincuencia más común o la delincuencia que se produce en la juventud por ser la más prevalente. La delincuencia adulta ha sido abordada preferentemente desde la perspectiva de la Criminología del desarrollo (Moffit 1993, Sampson y Laub, 2003, Farrington, 2003) que insiste en la relevancia de las características de la personalidad, más o menos estables a lo largo del tiempo (Le Blanc y Loeber, 1998, Farrington, 2003, Laub et al., 2003, Moffitt, 1993 y 2006). Desde otras teorías también se ha estudiado dicha delincuencia considerándola como un perfil único (Gottfredson y Hirschi, 1990) cuyo génesis o factores de riesgo se desarrollan y desencadenan en los primeros estadios de la vida (ej. autocontrol para la teoría general de la tensión).

En todo caso, la delincuencia adulta ha sido infra-estudiada en la mayoría de teorías criminológicas y, dentro de esta categoría, la delincuencia relacionada con la criminalidad organizada es todavía un campo huérfano de estudios empíricos. Esta tipología delictiva está a medio camino entre una delincuencia profesional y una delincuencia común pero posee características diferenciales que merecen una  atención individual. Así, la delincuencia organizada es una actividad delictiva especialmente compleja1 que demanda una planificación, pericia y clandestinidad  continuada que indudablemente requerirá de sujetos preparados para llevar adelante este tipo de actividades. ¿Es este tipo de delincuentes similar al delincuente común? ¿La criminalidad organizada demanda un perfil distinto de delincuente o se asemeja al perfil requerido para la delincuencia común? Estos interrogantes constituyen el planteamiento general de este artículo y el objeto del estudio que explicaremos a continuación. La finalidad que perseguimos inicialmente es averiguar empíricamente si los sujetos implicados en actividades delictivas de carácter organizado responden a un perfil de delincuente acorde con la actividad organizada, comercial y compleja que realizan, tal como muestran estudios muy recientes (Van Koppen et al., 2010 a y b) o, por el contrario, comparten las características sociodemográficas de los delincuentes comunes.

A continuación expondremos los resultados de un estudio realizado con una muestra de delincuentes adultos implicados en la delincuencia organizada. Empero, antes contextualizaremos los resultados de dicha investigación definiendo lo que entendemos por delincuencia organizada y sus diferencias con la delincuencia común.
2. ¿Qué entendemos por criminalidad o delincuencia organizada?
La criminalidad organizada es, como su propio nombre indica, un tipo de actividad delictiva cuyo rasgo diferencial radica en la organización y planificación. En concreto, las principales señas de identidad de la criminalidad organizada son las siguientes:
a) La existencia de una organización o acción colectiva concertada de un número indeterminado de sujetos tendente al desarrollo de un negocio ilegal.
b) El negocio ilegal desarrollado se planifica y organiza en torno al suministro de los bienes ilegales o mercado ilegal y tiene como objetivo final la obtención de beneficios económicos o de poder.
c) Para llevar a cabo el negocio se cometen múltiples actos ilegales instrumentales y necesarios para el desarrollo de la empresa criminal cuya finalidad es proteger y asegurar la viabilidad de la organización y el negocio interna o externamente. Así, la violencia ejercida hacia el interior y el exterior de la organización, la corrupción de autoridades públicas a pequeña o gran escala, y el blanqueo de capitales serán actividades asociadas a las conductas principales tendentes a reducir el riesgo de detección y a asegurar la viabilidad y proyección del grupo criminal (De La Corte y Giménez-Salinas, 2010).
En este marco y al objeto de establecer una definición operativa de organización  criminal entendemos por ésta cualquier organización creada con la finalidad de obtener y acumular beneficios económicos a través de la implicación continuada en actividades predominantemente ilícitas y que asegura su supervivencia, mantenimiento y protección mediante el recurso a la violencia, la corrupción o la confusión con empresas legales (De La Corte y Giménez-Salinas, 2010).

El conjunto de actividades necesarias para el desarrollo del negocio generado por una organización criminal requiere de una infraestructura que proporcione los recursos materiales y personales adecuados. Estos recursos, a su vez, estarán condicionados por el tipo de negocio del que se trate, la capacidad económica de la organización o los contactos disponibles. Concretamente, respecto a los recursos personales, nos preguntamos si existe un perfil determinado que se adecúe mejor a este tipo de actividades o si las actividades de crimen organizado se llevan a cabo por perfiles diferentes a partir de las habilidades o puestos requeridos u otras cuestiones.

A lo largo de este artículo daremos respuesta a estas cuestiones, pero antes de empezar a resolverlas deberíamos dar un paso atrás y preguntarnos si la delincuencia organizada es similar a otras conductas delictivas o, por el contrario, tiene una identidad propia y diferente. Esto es lo que abordaremos en el punto siguiente.

3. Diferencias entre la criminalidad organizada y el resto de conductas delictivas
Algunos autores como Van Dijk (2008), engloban a la criminalidad organizada dentro de una categoría de delitos “no convencionales” que, a diferencia de los delitos comunes (robos, atracos, homicidios, delitos sexuales, etc.) poseen un contenido:
a) complejo ya que se componen de actividades ilegales con diversas funciones y desarrolladas por múltiples sujetos en una secuencia temporal continuada,
b) multidimensional porque el fenómeno se compone de un grupo que desarrolla uno o más mercados ilegales y que se vale de múltiples actividades instrumentales y
c) especialmente lesivo respecto a las consecuencias económicas, sociales y humanas que origina (Buscaglia y Van Dijk, 2003). A continuación, presentamos algunas características propias de la actividad de crimen organizado que diferencian esta actividad ilegal de otras tipologías delictivas:
 1- Las organizaciones legales e ilegales requieren de una mínima divisiónde funciones a desempeñar por sujetos con perfiles diferentes. Algunos roles demandan el desarrollo de la actividad criminal ocupando un puesto de liderazgo o nuclear en la organización. Otras funciones requieren de una pericia técnica o experiencia específica en un área clave para el desarrollo de las actividades (expertos informáticos, financieros, tratamiento de drogas en laboratorios, etc.). Por último, muchas funciones básicas del grupo requieren de habilidades o funciones generalistas e intercambiables en la organización ya que no requieren especial conocimiento experto. Pensemos, por ejemplo, en los ejecutores materiales de robos o quienes introducen sustancias estupefacientes a pequeña escala (menudeo).
2- La continuidad y permanencia del negocio a lo largo del tiempo demanda un esfuerzo de planificación, coordinación y desarrollo que parece requerir un perfil de sujeto distinto al perfil de delincuente común. Un perfil de sujeto impulsivo, buscador de sensaciones inmediatas o beneficios a corto plazo (Farrington, 2003) no parece que sea el más adecuado para llevar a cabo un negocio criminal a largo plazo.
3- En este tipo de actividades ocupan un lugar relevante las relaciones sociales y contactos que capitalizan determinadas personas a lo largo del tiempo a través de la experiencia (Kleemans y Van de Bunt, 1993, Morselli, 2005, Kleemans y De Poot, 2008). Sin la existencia de una red de proveedores y clientes es difícil realizar determinados mercados ilícitos característicos de la delincuencia organizada (tráfico de drogas, de seres humanos, etc.) y asegurar su supervivencia a largo plazo.
4- La necesidad de permanencia del negocio requiere que el beneficio económico generado por la conducta criminal esté siempre ponderado por el riesgo al que están expuestas dichas actividades. El balance entre seguridad y beneficio condiciona múltiples facetas de la actividad delictiva: la búsqueda de socios adecuados (Tremblay 1993, Weisbourd y Waring, 2002), los vínculos de confianza que se generan entre ellos y las relaciones con el mundo empresarial legal (Gambetta, 2000, Potter, 2004, Morselli, 2009).
5- La actividad delictiva en el seno de la criminalidad organizada es una actividad compleja que requiere de una logística, experiencia y planificación superiores a otras procedentes de las carreras de carácter individual (Cornish y Clarke, 2002). Ya Edwin H. Sutherland (1993) destacó la singularidad de este tipo de delincuentes a los que se les suponía una pericia como fruto de un largo recorrido y aprendizaje en el seno de los grupos criminales. En este tipo de criminalidad, la influencia de la organización o de los mentores (Morselli et al., 2005) en el aprendizaje de habilidades, creencias y racionalizaciones favorables al delito son esenciales para el avance en el negocio y la carrera criminal.
6- Dos son los medios de los que se valen las organizaciones para el desarrollo de sus acciones en régimen de clandestinidad: la confusión del negocio ilegal con empresas legales y la corrupción. Dichas soluciones requieren del traspaso de personas del mundo clandestino ilegal (empresarial, policial o político) al legal y viceversa, siendo difícil establecer las barreras entre ambos mundos de un modo absolutamente tajante.
En suma, la planificación, la experiencia, la especialización, la confusión con medios legales, la existencia de diferentes perfiles o roles profesionales en el seno de la misma organización y la acción concertada a largo plazo convierten la acción criminal organizada en una actividad que precisa un perfil diferente al común. Características propias de este último perfil como la juventud, la búsqueda oportunista del placer, la escasa planificación y el beneficio a corto plazo parecerían no encajar en un perfil enmarcado en una organización criminal. Morselli et al. (2006), cuando analizan los delincuentes organizados a la luz de las teorías del autocontrol, consideran que las características asociadas al bajo autocontrol (impulsividad, búsqueda de sensaciones, egocentrismo) parecen ser incompatibles con los requerimientos que serían necesarios para ocupar puestos de dirección o coordinación de una organización criminal o los necesarios para actuar en mercados ilegales competitivos. A continuación, analizaremos con detalle los estudios que se han llevado a cabo para identificar el perfil de los delincuentes dedicados a actividades de criminalidad organizada.
 
4. Estudios que abordan el perfil del delincuente implicado en el crimen organizado
La explicación teórica sobre la delincuencia organizada posee carencias importantes si la comparamos con otro tipo de conductas delictivas o tramos de edad en la conducta criminal. La delincuencia juvenil o la delincuencia sexual, doméstica o incluso la delincuencia perpetrada por bandas juveniles ha recibido una atención mucho más importante que la criminalidad organizada (De la Corte y Giménez-Salinas, 2010). Varias razones pueden explicar estas limitaciones: la dificultad de estudio de los sujetos implicados en la delincuencia organizada constituye un obstáculo al igual que lo ofrece el estudio de los sujetos adscritos a movimientos o grupos terroristas (De La Corte, 2006). La aproximación a este tipo de fenómenos ha sido preferentemente abordada desde la Ciencia Política o el Derecho, constituyendo un campo poco explorado desde el ámbito criminológico o psicológico.
Finalmente, en la última década, el epicentro de la discusión criminológica en torno al crimen organizado ha estado protagonizado por su definición y delimitación, dejando la comprensión y el abordaje de sus componentes principales para etapas posteriores. Recientemente se han publicado estudios que ponen en cuestión el valor de las teorías criminológicas tradicionales a la hora de dilucidar un fenómeno con identidad propia como la criminalidad organizada.
 
Factores individuales
Diversas perspectivas han abordado el perfil del delincuente perteneciente a la delincuencia organizada aunque no siempre con la profundidad deseable. Algunos autores han optado por un enfoque psicológico basado en las características individuales para estudiar el perfil del tipo de delincuentes inscritos en organizaciones, concretamente los líderes o jefes de las mismas. A este respecto, Bovenkerk (2000) abordó el estudio del perfil del criminal organizado de forma análoga al estudio de los puestos o cargos en una empresa legal. Así, llegó a la conclusión de que el perfil de un puesto de liderazgo en una organización criminal no difería del de una empresa legal y requería rasgos individuales como: extraversión, impulsividad controlada, sentimiento de aventura o desorden de personalidad narcisista.
 
Carreras delictivas
La segunda perspectiva desde la que se ha estudiado este tipo de delincuencia ha sido la Criminología del desarrollo. Esta corriente teórica recientemente ha mostrado interés por este tipo de delincuencia como fenómeno integrado en una población delictiva infraestudiada: la población adulta. Tradicionalmente, esta rama de la  Criminología se ha concentrado principalmente en el estudio de delincuentes jóvenes y adolescentes que representan entre el 80 y 90 % de los delincuentes (Moffit, 2003), dejando en un plano secundario a la delincuencia adulta y persistente, así como diversas tipologías delictivas como son la delincuencia de cuello blanco y la relacionada con la criminalidad organizada (Weisburd y Waring, 2001, Eggleston y Laub, 2002, Morselli, 2005). Los motivos que explican esta inclusión son, como mínimo, dos: a) la mayoría de la investigación sobre trayectorias criminales se centra en un rango de edad corto y joven por lo que es difícil identificar a los adultos que inician su carrera delictiva en la edad adulta y, b) la inmensa mayoría de los estudios sobre carreras criminales se centran en delitos de alta incidencia en los que el inicio tardío en la delincuencia es excepcional (Von Koppen et al, 2010b: 104).
Los estudios recientes que abordan la criminalidad organizada llegan a la conclusión de que la carrera delictiva en estos casos es tardía y no sigue la misma trayectoria que la delincuencia juvenil descrita por autores como Blumstein et al. (1986), Moffit (1993), Farrington (2003), o Sampson y Laub (2005). Así, por ejemplo, Kleemans y de Poot (2008) presentaron un estudio donde el 30% de la muestra de sujetos dedicados a la criminalidad organizada accedían de forma tardía a la delincuencia, no siempre como una prolongación de su carrera delictiva iniciada en la adolescencia. Los autores, en este caso, otorgan el peso de la explicación a las relaciones sociales y no a los factores individuales considerando que los lazos sociales constituyen la ventana de oportunidades criminales que permiten el inicio de la carrera delictiva. Su teoría de la estructura social de oportunidades explica el inicio tardío a través de las oportunidades que surgen como consecuencia de lazos sociales establecidos en el entorno del individuo (amigos, familia, conocidos), en las profesiones legales, en actividades de ocio, o a raíz de eventos vitales como una crisis económica o problemas financieros o familiares.
El estudio longitudinal que analiza una muestra más amplia de sujetos es el llevado a cabo por Van Koppen et al. (2010 b) donde se describe la carrera delictiva de 854 sujetos a partir de sus antecedentes judiciales. La aplicación de un modelo de grupo semiparamétrico permite a los autores agrupar la muestra en 4 trayectorias criminales: los delincuentes de inicio temprano, los delincuentes persistentes, los delincuentes que inician la actividad delictiva en la edad adulta y los delincuentes primarios o que no tienen antecedentes previos. Los resultados del estudio muestran que alrededor del 60% de la muestra de sujetos pertenecen a la segunda y tercera trayectoria, por lo que han iniciado su carrera delictiva de forma tardía, poniendo en entredicho muchas afirmaciones procedentes de teorías criminológicas del desarrollo que afirman que los delincuentes persistentes están asociados a un inicio precoz en la delincuencia. Al igual que concluyen Kleemans y Poot, las oportunidades delictivas relacionadas con este tipo de actividad, los contactos internacionales, la complejidad y profesionalidad requerida aparecen en etapas adultas a diferencia de otros delitos menos complejos cuyas oportunidades están más relacionadas con etapas juveniles.
En otro estudio reciente de Van Koppen et al. (2010a) donde se comparan las carreras criminales de una muestra de los delincuentes relacionados con el crimen organizado y una muestra de delincuentes comunes, los autores llegan a conclusiones interesantes que avalan la pertinencia de estudiar esta población por separado a la delincuencia común, puesto que los patrones son distintos. Según este estudio, la carrera de los delincuentes relacionados con actividades de criminalidad organizada es más tardía, más persistente, con condenas más largas y más estable que la del delincuente común. Ante estos resultados, los autores concluyen que las teorías que explican las carreras desde factores individuales estarían un tanto limitadas, por lo que la explicación adecuada debería partir de factores o experiencias que ocurren en la edad adulta (Van Koppen et al., 2010a: 371).
 
Delincuencia de cuello blancoEn la línea de las carreras criminales también se ha estudiado otro tipo de delincuencia adulta que guarda similitudes y sinergias importantes con la criminalidad organizada: la criminalidad económica o de cuello blanco. A este respecto, Leeper Piquero y Benson (2004) propusieron la teoría punctuated situationally depending offending (delincuencia dependiente de la situación puntual) para explicar esta tipología propia de la edad adulta. Esta teoría presupone que los criminales de cuello blanco suelen verse involucrados en actividades delictivas durante su adolescencia que por algún motivo abandonan después y acaban retomando posteriormente, sobre los 30 o 40 años de edad. Varias razones podrían explicar su nueva incorporación: una crisis ocupacional o profesional u oportunidades que el sujeto encuentra en la realización de su trabajo que favorecen la decisión de incorporarse de nuevo a la delincuencia. Oportunidades situacionales como un nuevo trabajo o nuevos contactos sociales pueden funcionar como mecanismos de acceso a oportunidades legítimas o ilegítimas para obtener los mismos fines (Kleemans y De Poot, 2008).

La revisión de los estudios realizada con anterioridad muestra la necesidad de invertir en el estudio de esta tipología delictiva puesto que todavía existen importantes interrogantes sin respuesta y los resultados de los escasos estudios realizados necesitan un mayor refrendo empírico. A continuación, presentaremos un estudio realizado gracias a la colaboración de la Unidad Criminal Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Los resultados que presentamos a continuación ayudan a arrojar luz sobre el perfil de los delincuentes relacionados con la criminalidad organizada y los factores que pueden favorecer la implicación en este tipo de delincuencia.
 
5. El estudio
5.1. Objetivos y metodología
El estudio que presentamos se enmarca en un proyecto de mayor envergadura cuyo objetivo final pretende recabar información empírica sobre grupos y organizaciones criminales que operan en España considerando cuatro áreas: sus características, las actividades ilegales llevadas a cabo, los medios de implementar dichas actividades, los medios o actividades desarrolladas para sobrevivir en la clandestinidad y, finalmente, el perfil de sus miembros. Éste último aspecto es precisamente el objeto de este artículo. Con estos objetivos hemos procedido a obtener el máximo de información que permiten las fuentes de datos sobre el perfil sociodemográfico y criminológico de los sujetos implicados en los grupos de crimen organizado analizados.

El estudio que presentamos es novedoso en España y en el ámbito internacional ya que existen pocos estudios llevados a cabo con una muestra de sujetos tan amplia (N=1156). La muestra se ha extraído del análisis de 65 operaciones policiales sobre grupos de crimen organizado, de las que se ha recogido información sobre 1156 sujetos o miembros de las organizaciones estudiadas. Incluimos en la categoría de miembros tanto los sujetos detenidos por la policía como los sujetos imputados en relación a la operación policial investigada y aquellos claramente pertenecientes al grupo. Esto es, personas que la policía ha acreditado que colaboran de forma permanentemente en el desarrollo de las actividades de la organización.

El estudio general ha sido desarrollado en cuatro fases:
a) en la primera de ellas se diseñó un cuestionario o plantilla de recogida de datos que permitiera incorporar y organizar de manera sistemática la información procedente de los atestados policiales a partir de variables establecidas en torno a cuatro áreas principales: características del grupo u organización, mercados ilícitos explotados, actividades instrumentales desarrolladas por el grupo (principalmente violencia, corrupción y blanqueo de capitales) y sujetos implicados. Para el diseño de dicha plantilla se tomaron como referencia varios modelos preexistentes: los informes anuales de Europol (OCTA), el informe de Naciones Unidas (UNODC, 2002), los informes de Savona, Lewis y Vettori (2003) y los informes elaborados por el CISC de Canadá (Criminal Intelligence Service Canada);
b) Posteriormente se procedió a la cumplimentación de la plantilla gracias al estudio exhaustivo de cada atestado policial;
c) Completada la plantilla se procedió a entrevistar sistemáticamente a los investigadores policiales que habían llevado a cabo las investigaciones con la finalidad de resolver o aclarar dudas sobre cada operación, así como para conocer el nivel de riesgo asociado a cada grupo delictivo; d) Finalmente, la información contenida en la plantilla fue posteriormente volcada a una base de datos para proceder a su análisis estadístico.

5.2. Muestra general de las organizaciones criminales y submuestra de sujetos
Muestra de organizaciones criminales

La muestra general de la que partimos incluye 65 operaciones de crimen organizado desarrolladas por la Unidad Central Operativa (UCO)2 de la Guardia Civil y los Equipos de Crimen Organizado (ECO) dependientes del departamento de delincuencia organizada de la UCO entre los años 1990 a 2010. Constituye una amplia muestra dada la dificultad de acceso a los datos procedentes de este tipo de investigacines policiales y el esfuerzo requerido para la revisión de las diligencias y archivos de cada una de ellas3. A pesar de las limitaciones de este tipo de estudios para conseguir una muestra significativa, tuvimos en cuenta varios criterios a la hora de escoger las operaciones incluidas en la muestra:
a) que cumplieran todos los indicadores de Europol para clasificarse como grupo de crimen organizado4;
b) que hubiera una variedad importante respecto a las actividades ilegales principales llevadas a cabo por las organizaciones criminales, así como de las nacionalidades que ejecutaron la actividad delictiva. La razón que subyace a la ampliación del abanico de actividades radica en la necesidad de abordar las similitudes o diferencias de tal multitud de actividades que hoy se encuentran incluidas en la noción de crimen organizado y la necesidad de encontrar nexos comunes a tanta diversidad.
 
A continuación, se presenta en el Gráfico 1 la distribución de las operaciones analizadas hasta el momento por el equipo de investigación. Conviene indicar que en el grupo de atestados sobre tráfico de drogas se incluyeron operaciones únicamente relacionadas con hachís (12%), cocaína (10.67%) y drogas sintéticas (1.33%).
 
Gráfico 1. Distribución de los mercados ilícitos desarrollados por las organizaciones Analizadas
 
 
Muestra de sujetos
Los miembros de las organizaciones estudiadas (N= 1156) tienen una media de edad de 33 años (DT=10.26), presentando una edad mínima de 15 años y máxima de 75. Si dividimos los datos en función del sexo de los miembros obtenemos que la media de edad de las mujeres es de 31 años (DT = 9.52) y de 34 años en el caso de los hombres (DT= 10.34). En su mayoría, estos sujetos son hombres (83%) pero existe un porcentaje significativo de mujeres (17%). La Tabla 1 describe la distribución de la muestra en función de los rangos de edad y sexo, donde podemos comprobar que la distribución en rangos de edad no varía en cuanto al sexo, sobre todo encontramos hombres y mujeres en el rango de 19 a 30 años (aunque respecto a las mujeres el porcentaje es mayor) y en un segundo lugar, los que se encuentran entre los 31 y 40 años (donde el porcentaje de hombres es mayor).
 
Tabla 1. Características de los miembros de las organizaciones (N = 942)
 
 
Respecto al origen nacional de los miembros, nuestra muestra está formada por un 27% de sujetos españoles, 18% proceden de países de la Unión Europea, especialmente nacidos en Rumanía5 (9,8%), Italia (1,4%) y Polonia (1,3%). El 15% son nacidos en países europeos que no pertenecen a la UE, destacando Rumanía (4,9%)6, Bulgaria (3%), Albania (2,9%) y Kosovo (1,7%). Un 11% de la muestra procede de países africanos, en especial de Marruecos (7,3%) y Argelia (1,7%). El 17% de los sujetos procede de países de América del Sur, sobre todo de Colombia (10,4%) y Venezuela (3,5%). Los sujetos procedentes de América del Norte y Central (8%) son de Méjico (2,9%), República Dominicana (2,3%) y Costa Rica (1,4%) principalmente. El resto de la muestra (1,5%) procede de países asiáticos (principalmente Pakistán).
 
6. Resultados
Edad de los sujetos
Ya hemos comentado que la edad media de los sujetos es de 33 años (DT=10,26), siendo 31 para mujeres y 34 para hombres. Sin embargo, la complejidad y las diferentes manifestaciones delictivas que se integran en las actividades de crimen organizado obligan a explorar con mayor profundidad la edad de los sujetos en función de otras variables. La primera sería la referente a la actividad delictiva o mercado ilícito principal de la organización. En la Tabla 2 comprobamos la distribución de la media de edad de los sujetos en relación con los diferentes mercados ilegales. Como podemos observar, las organizaciones dedicadas a los delitos contra la Hacienda Pública, el tráfico de armas, de inmigrantes, de cocaína, de hachís, la trata con fines de explotación sexual y los hurtos organizados son los que tienen una media de edad más alta. En un siguiente grupo se situarían las organizaciones que se dedican a las estafas, coacciones y amenazas, tráfico de vehículos, contrabando, blanqueo de capitales y robos con fuerza. En el colectivo de los más jóvenes se encontrarían los grupos que se dedican al tráfico de drogas de síntesis, robos con intimidación, falsificación de monedas y tarjetas de crédito. Concretamente, en éstos últimos aparecen sujetos de menor edad debido a que las acciones requeridas en los niveles inferiores de las organizaciones pasan más desapercibidas si son ejecutadas por jóvenes. Las tareas más comúnmente realizadas son: la compra de pequeños objetos para introducir dinero falsificado, la venta de sustancias estupefacientes en discotecas o la ejecución material del robo con fuerza.
 
Tabla 2. Distribución de la edad media según la actividad ilegal principal desarrollada
 
 
Otra variable interesante para analizar en profundidad en relación a la edad de los sujetos es la posición jerárquica que ocupa el sujeto dentro de la organización. La Tabla 3 nos describe los resultados y vemos que son los previsibles. Lógicamente, los puestos de dirección o coordinación están ocupados por sujetos de mayor edad mientras que los puestos intermedios o básicos de la organización están reservados a sujetos más jóvenes. Los líderes se encuentran principalmente en el rango entre 31 y 40 años, siendo la media de edad de 35 años (DT=10,12)7. La mayoría de los hombres de confianza8 se sitúan también en dicho rango con una media de edad de 38 años (DT=10,69), y también los líderes secundarios9, con una media ligeramente inferior (33 años y una DT =10,79). El rango inferior de la organización lo forman miembros más jóvenes (entre 19 y 30 años), con una edad media de 33 años (DT=10,2).
 
Tabla 3. Distribución por edad del rango que ejercen los miembros de la organización
 
 
El rol de las mujeres en las organizaciones criminalesEn la delincuencia en general sabemos que la mujer representa aproximadamente el 10% del total de la delincuencia registrada y que el ser varón constituye un factor que puede facilitar la entrada en la delincuencia (Ruter y Giller, 2000). Si esto es así en la generalidad de los delitos debería ser más pronunciado en una tipología delictiva caracterizada por su profesionalidad, riesgo y presencia de violencia. Sin embargo, publicaciones recientes advierten sobre la posibilidad de que el rol de la mujer en este tipo de delitos haya estado infravalorado a lo largo de las últimas décadas (Fiandaca, 2007). Si observamos el sexo de los miembros integrantes de la actividad delictiva organizada, encontramos un porcentaje nada despreciable de mujeres implicadas en este tipo de delitos. Veamos con más detalle este punto a continuación.

En el Gráfico 2 observamos de manera ilustrada la diferencia existente en la frecuencia de hombres y mujeres en función del mercado ilegal principal explotado por la organización. En el gráfico podemos comprobar que la mujer tiene una presencia relevante en las actividades relacionadas con el tráfico de drogas, en especial, hachís, cocaína y drogas sintéticas. Su presencia es relevante en actividades como el tráfico de inmigrantes, la falsificación de documentación y la trata con fines de explotación sexual. Concretamente, en los atestados analizados, las mujeres que han llevado a cabo dichas actividades eran profesionales (sobre todo abogadas) con fácil acceso para la falsificación de documentos, por ejemplo, para facilitar la entrada de inmigrantes a nuestro país. En cuanto al mercado de trata con fines de explotación sexual, la mujer está ampliamente representada porque el bien con el que se trafica es la mujer y constituye una actividad donde la función de la mujer es especialmente útil en diversas funciones internas de la organización. Así, encontramos un gran porcentaje de mujeres que ejerce labores de captación de víctimas en los lugares de origen, control de las chicas en los clubes (madams o mamis), control de las chicas en los apartamentos, etc. Por otro lado, los resultados también nos indican que en los grupos criminales dedicados a hurtos encontramos una proporción superior de mujeres en relación a los demás delitos analizados. Las mujeres, en estos casos, no realizan funciones diferentes a las de los hombres ya que el desarrollo de los hurtos no requiere especial violencia o pericia asociada en preferencia a un sexo concreto. Finalmente, hemos encontrado un porcentaje también significativo de mujeres implicadas en actividades violentas como son los robos con fuerza o los robos con violencia e intimidación. En este tipo de grupos las acciones reservadas a las mujeres suelen ser las menos violentas: seguridad, colocación de la mercancía en el mercado ilegal, logística (búsqueda de alojamiento, facilitación de documentación falsa, gestión de contratos de telefonía móvil), etc.

Gráfico 2. Distribución del sexo en función de las actividades ilegales principales
 
 
Si procedemos a realizar con el sexo la misma operación que hemos hecho con la edad –relacionarla con los rangos o puestos en la jerarquía organizativa– vemos en la tabla 4 que las mujeres se encuentran en régimen de inferioridad respecto a la presencia masculina en los rangos organizacionales. La mujer se encuentra infrarepresentada en los puestos directivos o relevantes de la organización con respecto a los hombres (4,5% de mujeres respecto a 14,7% de hombres) mientras que la diferencia es menos notable en puestos secundarios o básicos de la organización.
 
Tabla 4. Distribución de los puestos en el seno de la organización según el sexo de los sujetos
 
 
Estado civil de los sujetos implicados
Si el perfil de los delincuentes relacionados con la criminalidad organizada es el de delincuente adulto será interesante conocer otras variables propias de dicha edad que nos permitan completar su explicación en profundidad. Empezaremos por el estado civil. Aunque sobre esta variable se ha obtenido información respecto a 400 sujetos, el tamaño de la muestra es suficiente para reconocer que el porcentaje de sujetos casados o conviviendo en pareja es ampliamente mayoritario. La Tabla 5 nos describe la distribución de la muestra al respecto donde puede comprobarse que el 92% de los sujetos están casados, conviven con una pareja o tienen pareja estable. Este perfil contrasta con el del delincuente común que sirve de base para la mayoría de teorías criminológicas, especialmente aquéllas procedentes de las carreras criminales que confieren a la pareja o al matrimonio un efecto protector y ralentizador de la carrera delictiva (Moffit, 1993, Farrington, 2003, Sampson y Laub, 2005).
 
Tabla 5. Estado civil de los sujetos estudiados (N= 400)
 
 
Además del gran porcentaje de sujetos que tienen pareja estable también llama la atención el dato sobe la situación familiar de los sujetos de nuestra muestra. Si bien únicamente hemos podido recabar esta información sobre un pequeño porcentaje de la muestra (11%, N=143), consideramos relevante mencionar que el 95% de sujetos tienen hijos y únicamente el 5% carece de ellos. Este dato y el anterior nos describen un perfil sociodemográfico y de pautas familiares que difiere poco de la población general. Por consiguiente, parece que tener pareja e hijos no sólo no es un impedimento para el desarrollo de la actividad delictiva organizada sino que incluso  deberíamos plantearnos si constituye un factor facilitador a juzgar por el amplio porcentaje de sujetos de la muestra que se hallan en dicha circunstancia.
 
Considerando que las familias con hijos tienen mayores necesidades económicas que una persona en solitario y que dichas necesidades pueden agudizarse por circunstancias relacionadas con la pérdida de empleo, problemas financieros o la incapacidad de acceder a un trabajo en un país extranjero; la existencia de pareja o de hijos, como mínimo, no son impedimentos para una carrera delictiva adulta.
 
Nacionalidad de los sujetos
El análisis de la nacionalidad de los miembros nos permite identificar que la nacionalidad española es la más abundante suponiendo casi el 30% de la muestra. En segundo lugar, se encuentran los nacionales de países de la Unión Europa, posteriormente los nacionales de países europeos no comunitarios y, finalmente, los nacionales de países sudamericanos. El Gráfico 3 nos describe una situación que está  en consonancia con los datos globales sobre delincuencia organizada registrada procedentes del Ministerio del Interior que se publican anualmente. El grupo nacional más representativo dentro de los detenidos por criminalidad organizada es el de españoles con una presencia significativa en el 80% de los grupos detectados por la policía10.
 
Grafico 3. Nacionalidad de los miembros (N=1030)
 
 
Un análisis más detallado por países extranjeros nos indica que existe una representación de nacionalidades equivalente a la existente en la actualidad en nuestro país. En la muestra analizada, el 17% de los sujetos procede de Rumanía convirtiéndose en la segunda nacionalidad en importancia después de los españoles.

Hemos de tener en cuenta que, en el año 2010, los rumanos empadronados representaban el 13.6% del total de población extranjera en España (Fuente: Instituto Nacional de Estadística), siendo la nacionalidad más frecuente del colectivo de  extranjeros comunitarios y no comunitarios. En segundo lugar se encuentran los colombianos (10% de la muestra) que en la población extranjera española representa un 5,1% de la población extranjera. En tercer lugar, nuestros datos indican que la nacionalidad marroquí (7,3%) tiene una presencia relevante en las actividades de crimen organizado desarrolladas en nuestro país y, sin embargo, ésta corresponde a  la segunda más prevalente respecto a la población general, representando el 11.2% del total de población extranjera en España.

Los mercados ilegales a los que se dedican en mayor proporción los sujetos según su nacionalidad se encuentran descritos en la tabla 6. En ella reconocemos que los españoles están presentes en la mayoría de las actividades ilegales estudiadas, siendo los robos con fuerza, el tráfico de las diferentes drogas ilegales y el tráfico de vehículos las actividades donde el porcentaje de participación es mayor. En cambio, los ciudadanos de la Unión Europea: Rumanía11 (59.8%), Italia (8.5%) y Polonia (7.9%) suelen también dedicarse a estas últimas actividades en mayor medida que el resto de ciudadanos (robo con fuerza, tráfico de hachís, cocaína y tráfico de vehículos). Los nacionales de países europeos no pertenecientes a la Unión europea, en especial de Rumanía (35.2%), Bulgaria (20.4%) Albania (20.4%) y Kosovo (12.4%) también están ampliamente representados en los robos con fuerza, el tráfico de hachís y el tráfico de vehículos. Por su parte, los ciudadanos africanos, mayoritariamente de Marruecos (60.6%) y de Argelia (16.8%), también se dedican a los mencionados delitos y al tráfico de inmigrantes. Los ciudadanos de América del Sur, en preferencia de Colombia (65.5%) y de Venezuela (23.16%), están más representados en el mercado del tráfico de drogas y la trata con fines de explotación sexual, robos con intimidación y hurtos. Finalmente, los sujetos de América del Norte y América Central, en especial mejicanos (89.5%) y procedentes de República Dominicana (54.5%) y Costa Rica (36.4%) se encuentran prioritariamente desarrollando actividades de tráfico de cocaína y drogas sintéticas y hurtos organizados.

Tabla 6. Porcentaje de ciudadanos extranjeros y españoles por actividad delictiva
 
 
Trabajo legal en España
Otra de las cuestiones que nos interesaba conocer para analizar el perfil de los sujetos relacionados con el crimen organizado era su situación laboral. Esto es, si gozaban de un trabajo legal en nuestro país o si, por el contrario, la delincuencia organizada era su principal medio de vida. De la muestra de sujetos con situación laboral conocida (N=490) sabemos que el 31% tiene un trabajo legal a la vez que se dedica a la delincuencia, el 66 % de los sujetos carece de trabajo legal en nuestro país y un 3% está formalmente desempleado en el momento de la operación policial. Sin embargo, estos datos debemos ponerlos en relación con la nacionalidad puesto que entre nacionales y extranjeros no se reparten de forma igualitaria las oportunidades de empleo legal en nuestro país. Veamos qué fotografía tenemos cuando cruzamos estos datos con la nacionalidad. En el Gráfico 4 se muestra una distribución diferente y curiosa en cuanto a la proporción de sujetos con trabajo legal, según se trate de españoles o extranjeros. Respecto a los ciudadanos extranjeros, vemos en la muestra que existe un alto porcentaje sin empleo legal (70% aproximadamente), un 30% que tiene un trabajo legal y un pequeño porcentaje (7%) que está desempleado12. El porcentaje más alto de sujetos sin empleo legal corresponde a los ciudadanos de la Europa no comunitaria, sobre todo albaneses (5.9%) y de países de la ex Yugoslavia (1.2%), a ciudadanos africanos, de Marruecos (10.9%) y Argelia (5.9%) principalmente, y a sudamericanos procedentes de Venezuela (11.5%) y Colombia (11.2%).
 
Gráfico 4. Distribución de los miembros en función de su nacionalidad y su situación laboral en España
 
 
Si analizamos la situación laboral de los ciudadanos españoles, el panorama se invierte completamente siendo mucho mayor el porcentaje de sujetos que posee un trabajo legal (55%) que el que no lo tiene (39%). En el caso de los extranjeros, esta distribución es comprensible puesto que dicha población se halla en inferioridad de condiciones respecto a su incorporación al mercado laboral.
 
Situación legal en España de los extranjeros pertenecientes a las organizaciones identificadas
Relacionada con las oportunidades laborales de los extranjeros está su situación legal en el país de acogida o de residencia. Obviamente, si un ciudadano extranjero no tiene permiso de trabajo o residencia en el país de acogida difícilmente puede optar a un trabajo legal, situación que explicaría el alto porcentaje de extranjeros que carece de trabajo legal. Respecto a los extranjeros sobre los que hemos recabado información (N=344) en relación a su estatus legal en nuestro país, debemos señalar que el porcentaje de ciudadanos con permiso de residencia o trabajo y que se encuentran en situación irregular es idéntico (49%), siendo el porcentaje de refugiados y otros prácticamente insignificante. 
 
Gráfico 5. Estatus legal de los miembros (N=344)
 
 
Si estudiamos la situación legal de los extranjeros en relación con la actividad o mercado ilícito desarrollado (Gráfico 6), podemos percibir más matices. Las actividades relativas a los distintos tráficos de sustancias estupefacientes así como el tráfico de vehículos se nutren de sujetos extranjeros con permiso de residencia y/o trabajo prevaleciendo frente a los miembros en situación irregular. Al contrario sucede en los mercados de falsificación de tarjetas y monedas, así como en los hurtos, amenazas y coacciones y trata con fines de explotación sexual, donde existe una mayor presencia de sujetos en situación irregular. Finalmente, la actividad de robos con fuerza se encuentra bastante equiparada en ambos grupos, circunstancia que no concurre en la tipología de robos con violencia e intimidación, donde los miembros irregulares son más frecuentes.
 
Gráfico 6. Distribución de los sujetos según su estatus legal y actividad ilícita (N=344)
 
 
Carrera delictiva de los sujetos implicados
Al principio del artículo comentábamos algunos estudios que recientemente han abordado el perfil de la carrera criminal de los delincuentes implicados en la delincuencia organizada. Dichos estudios nos muestran la dificultad de establecer un perfil único y describen diversas trayectorias de acceso a la carrera criminal no siempre coincidentes con el perfil de delincuente persistente que llega a la edad adulta tras una carrera delictiva precoz, larga y productiva (Moffit, 1993). Sin pretender abordar en profundidad la carrera delictiva –ya que sería objeto de un trabajo independiente– sí que queríamos conocer ciertas características relacionadas con el historial delictivo de los sujetos para comprobar si se trata de un único perfil o de perfiles de carrera diferentes. Para abordar el historial delictivo de los sujetos utilizamos la información sobre antecedentes policiales nacionales y extranjeros13 que obraba en los archivos y diligencias de las investigaciones policiales14.

Tres son las cuestiones que nos planteamos responder en este punto. En primer lugar, si todos los sujetos identificados tienen antecedentes policiales, esto es, si tienen una carrera delictiva previa y responden un perfil de carrera persistente. En segundo lugar, si el historial delictivo de los delincuentes de nuestra muestra está relacionado con la delincuencia organizada o si, por el contrario tienen previamente un historial delictivo en actividades de delincuencia común que les ha permitido virar a actividades más complejas características de la delincuencia organizada. Finalmente, queríamos conocer la cantidad de antecedentes policiales o hechos delictivos contabilizados como detenciones de los sujetos implicados. Del análisis de los antecedentes policiales nos encontramos que el 77% de la muestra tiene antecedentes policiales previos y el 23% no presenta ningún antecedente policial o no ha sido registrado en los documentos analizados. Por lo tanto, no todos los sujetos responden al mismo perfil de delincuente persistente: un 23% son delincuentes primarios sin antecedentes delictivos previos.

La segunda cuestión a resolver tiene que ver con el tipo de antecedentes policiales y la trayectoria de los sujetos con carrera delictiva previa. En este momento queremos saber qué tipo de antecedentes presentan los sujetos con carrera delictiva. Del 77% de los sujetos de la muestra que cuenta con antecedentes delictivos, un 56% tiene antecedentes en delitos comunes no relacionados con la delincuencia organizada y un 44% tiene antecedentes que tienen relación con la delincuencia organizada15.

En suma, el Gráfico 7 describe los tres perfiles que como mínimo nos aparecen en relación a su historial delictivo: los delincuentes primarios, los sujetos que tienen ya una trayectoria en el crimen organizado y aquéllos que se encuentran en el crimen organizado tras el paso por la actividad delictiva tradicional.

Gráfico 7. Distribución de los miembros en función del historial delictivo.
 
 
Si estos datos sobre antecedentes policiales los analizamos en función de las posiciones jerárquicas que ocupan los miembros en la organización, observamos (ver Tabla 7) que los líderes de los grupos delictivos presentan más antecedentes policiales y relacionados con la delincuencia organizada en mayor proporción. Podríamos decir que los puestos superiores de la organización son ocupados por individuos con mayor edad (como veíamos en la tabla 3) y más experiencia en el campo delictivo, elementos que les permiten ir escalando puestos en el seno de una o más organizaciones.
 
Tabla 7. Distribución de los miembros en función de sus antecedentes policiales y el rango ocupado en la organización.
 
 
Finalmente, la última cuestión que nos planteamos es la productividad criminal o la cantidad de delitos cometidos por los sujetos que poseen antecedentes delictivos. En la distribución del porcentaje de delitos sobre los que conocemos los antecedentes policiales vemos que el porcentaje mayoritario de sujetos se sitúa entre 1 y 5 antecedentes, siendo progresivamente menor el porcentaje de sujetos que acumula más de 5 antecedentes policiales. Sin embargo, llama la atención que existan individuos que acumulen más de 18 antecedentes policiales.
 
Tabla 8. Porcentaje de sujetos por número de antecedentes policiales (N=457)
 
 
Respecto a la cantidad acumulada de antecedentes policiales, vemos alguna diferencia entre sujetos con antecedentes asociados a la delincuencia organizada y los característicos de la delincuencia común. En el Gráfico 8 podemos ver cómo los sujetos con antecedentes en delincuencia común tienen menos antecedentes mientras que los que tienen una carrera delictiva en delincuencia organizada acumulan  mayor cantidad de antecedentes policiales.
 
Gráfico 8. Distribución de los sujetos con antecedentes en crimen organizado según el número de antecedentes policiales (N=462)
 
 
Esta primera aproximación debería analizarse en profundidad realizando un estudio pormenorizado de la carrera delictiva de los sujetos, lo que no es objeto de este artículo. Nuestra intención por el momento es poner en evidencia las singularidades de este tipo de delincuentes adultos y la necesidad de explorar estas tipologías en profundidad.
 
7. Discusión
De los resultados del estudio presentados con anterioridad se desprende que el perfil sociodemográfico del delincuente relacionado con las actividades de delincuencia organizada tiene características diferenciales respecto al delincuente de mayor incidencia o común. Por un lado, es un perfil de delincuente adulto, teniendo en cuenta la media de edad del estudio (33 años), siendo 31 para mujeres y 34 para hombres. La edad media en otros estudios de este tipo (Van Kopper et al., 2010a) es ligeramente superior (38 años) aunque este hecho puede estar relacionado con el tipo de actividades incluidas en la muestra de operaciones analizadas. Mientras que Van Kopper et al. (2010) incluyeron operaciones sobre tráfico de drogas, fraudes organizados y otro tipo de actividades como el tráfico de inmigrantes o la trata, nuestra muestra integra también actividades como los delitos contra la propiedad organizados, falsificación de tarjetas de crédito o moneda, cuya edad media de los sujetos implicados es sensiblemente inferior a la correspondiente a actividades propias de la criminalidad organizada tradicional.

Lógicamente, dicha media de edad presenta variaciones en función de las actividades delictivas principales y el lugar que ocupa el individuo en la organización. En referencia al sexo, la presencia de la mujer es inferior al hombre como ocurre en la delincuencia en general, aunque presenta variaciones importantes según las actividades delictivas que estemos analizando. En alguna de ellas, como el tráfico de inmigrantes, la trata de personas o el tráfico de drogas de síntesis, la proporción de mujeres es superior a la de otro tipo de actividades delictivas. Por otro lado y respecto al papel de la mujer en las actividades de criminalidad organizada, tradicional mente se ha asimilado a las mujeres con roles secundarios en la jerarquía de la organización. Los resultados obtenidos no apoyan dicha afirmación puesto que su papel no se reserva únicamente a papeles secundarios o de apoyo sino a papeles claves como: labores de encubrimiento, custodia de mercancías, servir de “pantalla” en la firma de documentos de alquiler de viviendas, compra de vehículos, adquisición de material, etc. También existe un pequeño porcentaje que ocupa un puesto de liderazgo ya que existen 5 organizaciones de las 65 analizadas cuya dirección tiene representación femenina.

Si de la muestra se desprende que nos encontramos con delincuentes adultos, debemos analizar las pautas propias de dicha edad para encontrar características diferenciales. Esto es, al analizar las características de la muestra hemos podido comprobar que, en referencia al estado civil, el 92% de los sujetos analizados tiene pareja estable y el 95% de ese grupo tiene hijos. Esta situación plantea interrogantes importantes en referencia a la explicación de las pautas delictivas adultas y, en concreto, de las pautas explicativas de un tipo de delincuencia que genera importantes ingresos. Como hemos dicho con anterioridad, las teorías criminológicas explicativas de la delincuencia se concentran prioritariamente en la explicación de la delincuencia más prevalente que consiste en una delincuencia limitada a la adolescencia (Moffitt, 1993), que cesa posteriormente por factores favorecedores del desistimiento como el acceso a un trabajo legal o el matrimonio (Farrington, 2003, Sampson y Laub, 2005). Sin embargo, en el presente estudio nos encontramos con una delincuencia que se produce a pesar de la existencia de dichas circunstancias.

Estamos ante un tipo de delincuencia propia de la edad adulta, con un perfil de delincuente opuesto al del delincuente común: sujetos casados o con pareja estable y padres de familia. Nuevas investigaciones son necesarias para reconocer qué factores permiten que dichas personas se integren en una delincuencia adulta para la que la pareja o la familia no es impedimento sino que puede constituir un facto facilitador por el rápido acceso a un beneficio extra que produce este tipo de delincuencia.

Respecto a la nacionalidad, nuevamente los datos rompen tópicos a los que nos tienen acostumbrados los medios de comunicación. Las redes criminales parecen haber proliferado con la llegada de extranjeros y haber sido un efecto colateral de los flujos migratorios. Si bien es cierto que determinadas actividades delictivas de carácter organizado se han desarrollado como consecuencia de la entrada de población delincuente extranjera, los datos nos muestran que los españoles participan en mayor medida en este tipo de actividades delictivas, están presentes en la mayoría de las actividades ilícitas, ocupan puestos relevantes en las organizaciones en mayor  proporción, son poseedores de contactos y recursos relevantes y facilitan enmayor proporción que los extranjeros sus empresas legales para facilitar la ejecución de la actividad ilegal.

Los españoles integran la población de la muestra mejor establecida en nuestro país y en mejores condiciones de acceso a un trabajo legal para poder sobrevivir. Pues bien, pese a ello, un alto porcentaje se implica en este tipo de actividades y curiosamente cuando analizamos si este porcentaje tiene un trabajo legal, nos damos cuenta de que casi un 60% mantiene un trabajo legal en paralelo a su actividad delictiva y un 40% no tiene trabajo legal. Por tanto, el trabajo parece que no es un factor de desistimiento de la carrera criminal (Sampson y Laub, 2005) ni el desempleo es un factor de riesgo para la delincuencia en la edad adulta temprana (Loeber et al., 2009), sino que el trabajo y la actividad ilegal son compatibles en diversas condiciones. Como mínimo, del análisis cualitativo de los datos, encontramos tres formas de relación distintas que pueden existir entre la actividad de delincuencia organizada y el empleo legal. La primera cumpliría una función acumulativa. En estos casos, la actividad ilegal puede ofrecer un sobresueldo que se añada a la ganancia generada por la vía legal constituyendo una ventaja acumulativa para quien las desarrolla. En la segunda relación, la actividad legal ejercería una función protectora respecto a la actividad ilegal sirviendo de pantalla para evitar el control policial. Ej: poner a disposición de la organización tiendas de antigüedades para la venta de objetos de arte robados, estancos para facilitar la venta de tabaco de contrabando, talleres mecánicos que facilitan el doblaje de matrículas de vehículos, clubes de alterne para facilitar la prostitución de jóvenes, etc. La tercera relación sería contractual, en virtud de la cual determinadas personas que ejercen una actividad legítima, prestarían servicios a una organización criminal a cambio de un precio. El ejemplo clásico y común de este tipo de servicios es el prestado por abogados o notarios para el desarrollo y gestión del dinero o ganancias procedentes de la actividad delictiva. Deberíamos explorar en profundidad estos datos para conocer qué factores favorecen la compatibilidad de estas dos fuentes de ingresos y qué sinergias se producen entre los mismos.

En relación a la población extranjera, el porcentaje de sujetos con trabajo legal es mucho menor debido a las diferentes oportunidades para su obtención que presenta este tipo de población en la sociedad de acogida (Ianni, 1972) y puesto que únicamente la mitad de la muestra tiene permiso de residencia y/o trabajo. Pese a ello, entre el 20 y 40% de la población extranjera mantiene un trabajo legal, lo que confirma la coexistencia de dicha ocupación con la actividad delictiva como una pauta ampliamente extendida.

Finalmente, el análisis de los antecedentes policiales de los sujetos nos aclara también otras cuestiones. Según el historial delictivo de los sujetos, nos encontramos con más de un perfil no siempre relacionado con una larga carrera delictiva. La muestra se agrupa en tres tipos. Un grupo de delincuentes primarios, sin antecedentes, que pueden haber iniciado tardíamente su delincuencia a partir de oportunidades ocurridas en la edad adulta (trabajo, entorno, ocio, etc). Un grupo de delincuentes con un pasado en la delincuencia común que les ha permitido adquirir experiencia y encaminarse a la delincuencia organizada. Este sería el tipo “local hero” o héroe local según la terminología acuñada por Kleemans y De Poot (2008). Finalmente, aparece otro grupo que sí tiene antecedentes en la delincuencia organizada y, curiosamente, sus antecedentes son más numerosos que los sujetos que sólo tienen antecedentes en la delincuencia común. Esta tipología consiste en una primera aproximación a partir de datos sobre antecedentes policiales pero debería ir acompañada de un estudio en profundidad sobre la carrera delictiva de los sujetos, así como de los perfiles asociados a cada una de las funciones organizacionales para afinar mejor estas tipologías y averiguar los factores que fomentan el inicio y desarrollo de la carrera delictiva en el seno de un grupo criminal organizado.

8. Conclusiones
En este artículo hemos puesto de manifiesto que existen todavía importantes interrogantes acerca de los factores que favorecen y explican la delincuencia adulta y, en concreto, la relacionada con la criminalidad organizada. Hemos podido demostrar que el perfil de los sujetos de la muestra no responde a un único perfil socio demográfico que encaja en el perfil de delincuente persistente de las teorías criminológicas del desarrollo (Moffitt, 1993), sino que nos hallamos ante diversos perfiles que demandan un abordaje explicativo diverso. Los estudios recientes identifican diferentes trayectorias de acceso a este tipo de criminalidad que intuyen diferentes perfiles de delincuente implicados en estas acciones. Dichas trayectorias deberían ser exploradas en profundidad identificando los factores o condiciones que permiten el inicio, desarrollo y abandono de las mismas. Sólo así comprenderemos un tipo de criminalidad muy compleja de erradicar porque satisface económicamente las necesidades propias de la edad adulta. Por consiguiente, el primer frente que necesita abordarse para su prevención y erradicación constituye la comprensión y explicación del perfil y de la carrera criminal de ese tipo de delincuentes. Para concluir debemos comentar que este estudio no está exento de limitaciones: la muestra de sujetos estudiada, pese a ser amplia, no es una muestra significativa por varios motivos. Primero, porque únicamente recogemos operaciones investigadas por la Unidad de Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, esto es, identificadas o iniciadas en la demarcación territorial de la misma o llevadas a cabo por los Equipos contra el Crimen Organizado (ECOs) repartidos por la geografía española. Segundo, la posibilidad de elección entre las operaciones disponibles estuvo siempre condicionada a las operaciones existentes y a la disponibilidad y acceso a los archivos policiales por parte del personal de la UCO. Por último, dentro de las operaciones seleccionadas hubiéramos querido obtener mayor presencia de operaciones sobre grupos de criminalidad organizada con un mayor nivel de amenaza, pero por razones burocráticas y de seguridad nos limitaron el acceso a las mismas. Pese a ello, los grupos contenidos en dicha muestra pertenecen a grupos de alto, medio y bajo riesgo según los parámetros de clasificación de Europol y representativos de tipologías grupales y delictivas muy comunes en España.
 
___________________________
Notas:
1 El crimen organizado es un fenómeno multidimensional desarrollado por un grupo de personas que realizan múltiples actividades delictivas. A la hora de clasificar dichas actividades delictivas, entendemos que existe generalmente una actividad principal (aunque también pueden existir actividades secundarias) que generan el principal ingreso de la organización. Además, existen múltiples actividades instrumentales que también son necesarias para el desarrollo de la actividad principal pero cuya finalidad no es estrictamente la generación de un beneficio sino la protección o aseguramiento de la continuidad de la organización, ej. Actos de violencia, corrupción, actividades de falsificación de documentación, actividades relacionadas con el blanqueo de capitales, etc. (Giménez-Salinas Framis, et al. 2009).
2 Agradecemos la inestimable colaboración de la UCO y en especial el Departamento de Delincuencia organizada en el desarrollo de la investigación que aquí se presenta. Sin embargo, las opiniones y valoraciones que se reflejan en este artículo son responsabilidad únicamente de sus autores.
3 Hay que tener en cuenta que cada operación supone cientos de hojas de información y documentación acumulada que hay que revisar para identificar la información que se requiere en la plantilla de recogida de datos.
4 Según Europol, un grupo criminal organizado es aquél que cumple 4 criterios obligatorios: colaboración de dos o más personas, búsqueda de beneficios de poder, permanencia en el tiempo, sospecha de comisión de delitos graves, y dos optativos de los siguientes: reparto de tareas específicas, mecanismos de control y de disciplina interna, actividad internacional, empleo de violencia e intimidación, empleo de estructuras comerciales y económicas, implicación en el blanqueo de capitales, influencias políticas, medios de comunicación, etc.
5 Rumanía es considerada país de la UE cuando los miembros fueron investigados en las operaciones analizadas con posterioridad a enero de 2007, año en el que Rumanía entró a formar parte de la UE.
6 Rumanía y Bulgaria son consideradas no pertenecientes a la UE cuando los sujetos aquí recogidos procedentes de dichos países fueron investigados con anterioridad a enero 2007, año en el que ambos países pasaron a formar parte de la UE.
7 Lo que no podemos comprobar con los datos presentados es si los líderes han accedido a los puestos de mando después de una trayectoria en la delincuencia organizada o común.
8 Por hombre de confianza entendemos al sujeto que por sus condiciones, habilidades o contactos es la mano derecha del líder del grupo pero carece de funciones de mando o coordinación. En ocasiones ejerce de lugarteniente del líder.
9 Líderes secundarios son los subjefes en la organización, cargo reservado al coordinador de una región o segmento de la organización y que reporta al líder principal.
10 Datos policiales presentados ante la prensa por el Ministro Alfredo Pérez Rubalcaba sobre el Informe de Crimen organizado de 2009 (El País, 29 de junio de 2010).
11 Rumanía y Bulgaria son considerados pertenecientes a la Unión Europea desde su inclusión en enero de 2007. Por tanto, en aquellas operaciones policiales anteriores a tal año, los miembros de dichas nacionalidades han sido considerados europeos no pertenecientes a la UE, de ahí que aparezcan incluidos en ambas categorías.
12 Hemos considerado a los sujetos como desempleados cuando constaban en las listas oficiales de desempleados según los archivos y diligencias policiales.
13 Si bien los antecedentes policiales son más fiables respecto a los españoles que sobre los extranjeros por encontrarnos en nuestro país y tener un acceso restringido a la información de los antecedentes policiales en otros países, la información recogida en las diligencias procede de información recibida de las correspondientes policías de los paí ses originarios de los miembros extranjeros, principalmente.
14 La investigación sobre antecedentes policiales se realiza de forma sistemática en los atestados policiales. Siempre que se investiga a alguien se realizan estas indagaciones y en todos los casos cuando se trata de detenidos.
15 Por antecedentes relacionados con la delincuencia organizada entendemos aquellos que explícitamente indican que son delitos de asociación ilícita o que por su naturaleza son de crimen organizado como receptación y tráfico de drogas, y/o aquellos delitos que indican que han sido cometidos en banda pero que no han sido juzgados como asociación ilícita.

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Fuente: Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología

lunes, 19 de noviembre de 2012

Crimen organizado, la información entre sus manos.

Por, Benoît Hervieu
Despacho Américas, con los corresponsales de Reporteros sin Fronteras

 
Durante el decenio 2000, 141 periodistas y colaboradores de medios de comunicación perdieron la vida en represalias y atentados atribuidos a grupos criminales. Mafias y carteles representan hoy a escala mundial la principal amenaza para la libertad de informar. Fenómeno transnacional, el crimen organizado no se reduce al sangriento ajuste de cuentas o a hechos dispersos, se ha convertido en una verdadera influencia de la economía paralela sobre la economía legal, que la prensa tiene enormes dificultades en describir. Inaprensible y lejos del tiempo mediático, el crimen organizado es cada vez más amenazante para la seguridad de los periodistas, pero también para la capacidad de investigación del “cuarto poder”.
 
Crimen organizado”. Es bajo esta denominación genérica que el mundo tras la guerra fría propulsó a los nuevos predadores del periodismo. Mafias, carteles, señores de la guerra convertidos en traficantes, paramilitares obrando por su propia cuenta, grupos separatistas que practican la extorsión y el tráfico para financiarse, suplantaron a los últimos regímenes dictatoriales como el principal peligro físico para los profesionales de los medios de comunicación.

De los periódicos a los boletines, de las misceláneas informativas a la “nota roja”, la prensa parece condenada a contar los muertos, incluidos los suyos. Ahora, si el crimen organizado se superpone con frecuencia a una delincuencia violenta, constituida por extorsiones, secuestros y asesinatos, también refleja una realidad económica y geopolítica de la que los medios de comunicación no dan cuenta generalmente. Más aún, puesto que ésta no permite identificar los tipos de organizaciones criminales que interactúan, su funcionamiento y sus ramificaciones. Esta dimensión del crimen organizado, que supera con mucho el tiempo mediático, también debe comprenderse en relación con su impacto en el “mundo legal” y sus estructuras, incluida la de comunicación. Lejos de querer derrocar las plataformas políticas, económicas o mediáticas de las sociedades, el crimen organizado tiene, por el contrario, el interés de formar parte de ellas y de utilizarlas. Este hecho fundamental permite vislumbrar la vulnerabilidad de la prensa, no sólo  como víctima, sino como actora o engranaje de un sistema paralelo al que ofrece una desembocadura posible. Así, un cable de la embajada estadounidense en Bulgaria que data de 2005 –difundido por Wikileaks cinco años más tarde–, revelaba la participación mayoritaria del empresario ruso-israelí Mikhaïl Tchorny en el periódico Standard. Acusado de “lavado de dinero” y bajo una orden de arresto de la Interpol, el empresario conservó sus títulos de propiedad a través de prestanombres. Un ejemplo, entre otros, de los nuevos obstáculos interpuestos al periodismo de investigación y a la independencia de los medios de comunicación.


Hervidero criminal
Una prensa confrontada directamente a la violencia de las organizaciones criminales a penas puede sobrevivir. País emblemático de esta situación, México soporta desde diciembre de 2006 una ofensiva federal contra los carteles –que moviliza a unos 50.000 militares–, además de los sangrientos ajustes de cuentas de estos últimos. Esta guerra, que no se llama completamente por su nombre, ha dejado un saldo humano de cerca de 35.000 muertes; más de 15.000 de ellas se registraron tan sólo  en el año 2010. El Cartel del Pacífico, el Cartel delGolfo, la Familia Michoacana, el Cartel de Sinaloa o Los Zetas, son algunos de los integrantes de este hervidero criminal, que no habría prosperado sin la decadencia general del Estado, la  complicidad de algunas autoridades y la insuficiente reacción internacional en la lucha contra el narcotráfico. “Estamos en peligro por el simple hecho de ser  reconocidos como periodistas”, nos confiaba undía un periodista de Ciudad Juárez, uno de los epicentros de la ofensiva federal. “O somos torturados y asesinados, o vivimos bajo la amenaza permanente. No tanto por lo que publicamos, la censura es tan fuerte, sino por lo que sabemos o se considera deberíamos saber”.
 
La vida cotidiana de la prensa, sobre todo de provincia, está acompasada por los disparos, las decapitaciones, a veces las réplicas militares y rara vez por las acciones efectivas, sin olvidar los ataques  contra las instalaciones de los medios de comunicación. Obligados a informar y expuestos ellos mismos, numerosos periodistas no pueden ir más allá de un tratamiento rápido de la información, con frecuencia reducido. “Es imposible realizar en esas condiciones un análisis o una cobertura de fondo de la criminalidad o del narcotráfico.
No hay mas que reacciones mediáticas a las balaceras”, explica Claudia Méndez, periodista de El Periódico, uno de los principales diarios de Guatemala, donde “el efecto mexicano” se combina ahora con la violencia nacida de las guerras civiles. Aquí, como en Colombia, “desmovilización” no significa “desarme”. Los escuadrones de la muerte, incluso ciertas guerrillas, se han convertido en subdivisiones criminales que se disputan el control de los diferentes tráficos; subcontratados por los grandes carteles, corrompen  e incitan a policías y militares mal pagados. Así, en el último trimestre del año 2010, 8% de los efectivos de la policía federal mexicana fueron destituidos porque se sospechaba estaban coludidos con el narcotráfico.

Maná mundial, plagas localesEl tráfico de droga domina, y con mucho, un mercado que ha cambiado enormemente durante los años 2000 por la explosión simultánea de la demanda y de la capacidad de producción. Apoyándose en estadísticas de las Naciones Unidas, Bruce Bagley, profesor de la Universidad de  Miami, especialista en este tema, señalaba en 2007 la existencia de unos 6 millones de consumidores regulares de cocaína en Estados Unidos; después, estimó la misma cantidad en los 27 Estados de la Unión Europea. En materia de cocaína, también  según datos de la ONU, la producción global otencial era de 750 toneladas métricas a inicios de los años 90. Ésta registró un primer pico de 950 toneladas en 1996, antes de estabilizarse al alta en 1.000 toneladas a partir de 2004. Colombia se adjudica hasta ahora, ella sola, cerca de dos tercios de esta producción –con unas 600 toneladas métricas en promedio–, seguida por Perú y Bolivia, donde el tráfico crece de nuevo con destino a América del sur (Brasil, Argentina). El progreso de la cultura y de la producción de opio es aún más claro, se elevó de 1.000 toneladas anuales en 1980 a 9.000 en 2007.
 
En este caso, el primer proveedor es Afganistán, que alcanzó las 5.000 toneladas en 1999, en pleno reinado de los talibanes. Brevemente contrariada por la caída de estos últimos y por la ocupación estadounidense de 2001, la actividad volvió a crecer de nuevo hasta llegar a las 6.000 toneladas en ese país desde 2006 y los precios se dispararon. Cuatro kilos de opio que costaban 200 dólares en 2008 se venden dos años más tarde a 1.000 dólares, según el Institute for War and Peace Reporting (IWPR), que estimaba una alza total de 78% durante el periodo 1998-2009; este gran salto del opio se calcula fue de más de 156% en Afganistán. “Toda esta droga puede  enviarse sin problemas  Paquistán, hasta los centros urbanos como Karachi, de donde la heroína se dirige hacia los Estados del Golfo, de Europa del Oeste y del continente americano. Un maná como éste, vuelve la corrupción sistemática y las zonas tribales, fuera de control real de las autoridades, ofrecen un punto de tránsito y de flujo ideal”, explica un periodista paquistaní de la región fronteriza de Peshawar. Como en México, la disputa por el control de un punto de intersección como este, se convierte en una parte particularmente alarmante por los crímenes contratados y los secuestros, en busca del rescate. Resignado, un periodista de Quetta, capital de la provincia de Baluchistán, donde circula la heroína afgana, nos señala: “aquí, la ley normal no se aplica y es francamente imposible difundir la menor información sobre el tráfico y sus consecuencias”. A lo largo de la frontera paquistaní- afgana los periodistas tribales deben incluso someterse a la censura impuesta por sus allegados que se encuentran implicados. “Si no se nos amenaza directamente, la presión puede venir de nuestras propias familias”, explica uno de ellos. Las raras audacias de investigación manifestadas tras el derrocamiento de los talibanes en 2001 a menudo lo pagaron caro. Desde 2005, y tras el asesinato de cinco periodistas locales, el miedo recuperó su lugar en las zonas tribales.
 
Autoridades, fuente socavada
¿De quién hablar?, ¿cómo verificar?, ¿con qué fuentes? En una situación tan caótica e inextricable, la prensa se convierte a su pesar, en el instrumento de mala publicidad dirigida a tal o cual organización criminal. Publicidad que se paga caro con represalias.


“Atribuimos” al cartel de Sinaloa  tal ejecución. “Sospechamos” que Los Zetas son los responsables de tal matanza. Las organizaciones criminales también se preocupan por su reputación y desde hace tiempo comprendieron la importancia estratégica de los medios de comunicación. Preocupada por su autoprotección, una prensa amenazada y con pocos medios se apega sólo al discurso oficial. Una paradoja, pues sabemos la poca confianza que los ciudadanos tienen en las autoridades de esas zonas en conflicto.

El abandono de las investigaciones emprendidas, después de los artículos sobre los temas criminales en general, para difundir sólo los comunicados de la policía –por lo que ha optado con frecuencia la prensa local mexicana–, ya no constituye una garantía de protección. Los carteles consideran a las autoridades como sus competidores y la mala publicidad cuesta caro. Las medidas de autocensura del periódico El Mañana, de Nuevo Laredo, en el estado de Tamaulipas, no lograron evitar un atentado con armas pesadas cometido contra sus oficinas en febrero de 2006.

Si se acude a las autoridades también se corre el riesgo de afectar la cobertura de los hechos como tal. “Su colusión con el crimen organizado es a la vez conocida y difícil de mesurar. Ahora bien, los políticos tienen evidentemente interés en controlar la información y no precisamente en proteger a los periodistas. La censura más o menos directa, las presiones, en especial financieras, constituyen otros obstáculos para un verdadero trabajo de investigación y también incitan a la autocensura”, indica un periodista de los Balcanes que pidió permanecer en el anonimato. El interlocutor cita el caso de la estación de radio serbia B92, que rápidamente sufrió un corte de anuncios publicitarios tras haber realizado una investigación sobre los dudosos circuitos financieros de la empresa industrial Delta, que representaba 40% de la economía del país. Esta situación también se constata en el Kurdistán iraquí, donde pronto se conmemorará la muerte, el 4 de mayo de 2011, del periodista independiente Sardasht Osman, secuestrado y asesinado un año antes. “O los medios de comunicación dependen económicamente de las autoridades y no hacen preguntas, o son independientes de verdad y no obtienen ninguna respuesta de las autoridades. En Kurdistán el derecho de informar y de ser informado no cuenta con ninguna garantía jurídica, lo que desalienta a los periodistas a interpelar a las administraciones”, explica un periodista local.

En Guinea Bissau, donde el peso del tráfico de droga ha hecho del país un verdadero “narcoestado”, la precariedad de los periodistas es tanta que estos rara vez temen represalias. Frente a los cuatro soportes de prensa gubernamentales, cuatro estaciones de radio privadas y cinco periódicos que en su mayoría son propiedad de las cabezas de los partidos políticos o de hombres en el poder, “ni siquiera podemos hablar de censura o de autocensura. Los periodistas trabajan por un salario insignificante y pueden esperar algo mejor ofreciendo sus servicios a un político”, nos explica un observador local, recordando como ejemplo el caso de Mama Saliu Sané, de Radio Bombolom FM. Las amenazas de muerte a domicilio recibidas por el periodista, obligado a exiliarse en Burkina Faso en 2009 durante un tiempo, se debían a su calidad de “asesor” del Procurador General de la República. Esta subordinación explica también por qué los periodistas de la antigua colonia portuguesa ceden tan fácilmente ante la moda de las llamadas “revistas informativas”, que no son sino la repetición, sin ningún control de sus redacciones, de las muy frecuentes conferencias de prensa organizadas por las autoridades o los actores políticos y sociales. “Todo el mundo tiene interés en ellas. Sin embargo, algunos periodistas han comprendido que una información mejor pasa por fuentes más internacionales, a menudo por las ONG», indica un periodista local. En Venezuela, Javier Mayorca, responsable de la sección de la nota roja del periódico El Nacional, percibió rápido las limitaciones de las fuentes oficiales. “En materia de criminalidad ordinaria, como de crimen a gran escala [una cuarta parte de la cocaína producida al año en Colombia pasa por Venezuela; el número de homicidios en ese país se elevó a cerca de 18.000 en 2010, según fuentes extraoficiales –N. de la R.], el gobierno venezolano y sus servicios impusieron un filtraje extremo de información. Esto es aún más evidente desde que el presidente Hugo Chávez decidió suspender la colaboración con la Drug Enforcement Administration (DEA) de Estados Unidos, en 2005. Estamos obligados a buscar fuentes externas. Las autoridades temen por la imagen del país, no quieren parecer impotentes. Así, su información está distorsionada”. Un reflejo mediático bastante común en los Estados que han sido sobrepasados por los hechos, radica en jactarse del presupuesto que han invertido, más que anunciar éxitos perennes.

Así, Estados Unidos anunció que durante el periodo 2007-2010, en el marco de la Iniciativa Mérida, destinó 1,6 mil millones de dólares a la lucha contra el tráfico de droga en México, Centroamérica, Haití y República Dominicana. A título del Plan Colombia, iniciado diez años antes, más de 7 mil millones de dólares habrían sido invertidos con el mismo objetivo, esencialmente en controvertidas operaciones militares. ¿Para obtener qué resultado? En México 85.000 armas –90% de ellas provenientes de Estados Unidos– fueron decomisadas en cuatro años de guerra contra los narcotraficantes. En 2004 el Congreso estadounidense rechazó el Assault Weapon Ban, que restringía la compra de armas de gran calibre, esta negativa no es gratuita considerando el triste balance de la ofensiva militar en México. Cifras y efecto de anuncios hacen aquí perder de vista una realidad compleja que un tratamiento mediático puntual tiende, también él, a ocultar.

Imagen distorsionada
“¿Los arrestos de mafiosos sirven para algo?”, titulaban de manera provocadora en diciembre de 2010 los periodistas de Slate.fr, Margherita Nasi y Grégoire Fleurot. En la foto que ilustraba el artículo, Antonio Iovine (foto), presentado como el jefe de la Camorra Napolitana y arrestado el 17 de noviembre de 2010 en el norte de Nápoles, muestra un rostro triunfal en medio de un cordón de carabineros y policías más incómodos que él. La historia no precisa si el calabrés de la ‘Ndrangheta, Domenico Giorgi, arrestado dos días después en Turín, supo dar a su caída la apariencia de un golpe publicitario. En lo se refiere al narcotraficante jamaiquino Christopher “Dudus” Coke –alias “The President”–, éste logró conservar su reputación de benefactor del barrio Tivoli Gardens, al oeste de Kingston, al momento de caer, en mayo de 2010, al final de un verdadero estado de sitio. Incluso pasó como un justiciable perjudicado por su gobierno cuando fue extraditado a Estados Unidos.
 
La redada del 20 de enero de 2011 para combatir la rama estadounidense de la Cosa Nostra, realizada  en los estados de Nueva York, New Jersey y Rhode Island, es más espectacular por su balance: 127 personas encarceladas, 91 de ellas sospechosas de pertenecer a los cinco clanes dominantes de la mafia italoestadounidense (Genovese, Gambino, Lucchese, Colombo y Bonanno). Las palabras están allí –“redada”, “padrino”, “mafia”–, así como la  imagen necesaria para portarlas. Ahora bien, ese bendito pan mediático no sirve forzosamente en la lucha contra el crimen organizado.

“Esta imaginería tiene la desventaja de limitar el crimen organizado a la figura tradicional de Don Vito Corleone [Marlon Brando en El Padrino –N. de la R.]”, subraya el catedrático Bruce Bagley. “Por otra parte, inevitablemente, ésta atribuye al crimen organizado la estructura relativamente  centralizada y piramidal que caracteriza a las organizaciones mafiosas tradicionales a la italiana.

Pero no todo el crimen organizado responde a este modelo”. Tan sólo en Italia, la famosa banda Magliana de los años 70, dada a conocer por la película Romanzo Criminale –a veces subcontratista de la mafia, en ocasiones mercenaria del “contraterrorismo” de Estado durante los años de plomo–, funcionaba más sobre la base de una colaboración asociativa, estaba muy lejos de ser la red de clan encarnada por la ‘Ndrangheta o, en un inicio, por la Cosa Nostra. “Sobre todo –continúa Bruce Bagley–, una redada o un arresto ofrecen material mediático clave en mano, valorizan caras, sin modificar en nada la dinámica general del crimen organizado”. El criminólogo francés Xavier Raufer, citado por Slate.fr, no opina algo muy distinto cuando ironiza sobre “el truco que consiste en hacer creer a los medios de comunicación que tal organización es la más importante o que tal mafioso es el jefe más buscado”. ¿Qué peso tiene, en definitiva, un Domenico Giorgi entre las rejas frente a los 7.000 miembros de unos 155 ‘ndrine, según cálculos del el sitio de estudios Mafia.fr, clanes de la mafia calabresa que generan ellos solos más de 3% del PIB italiano?

La periodista colombiana María Teresa Ronderos, fundadora del sitio Verdad Abierta, advierte a su vez sobre la tendencia de adornar a los personajes, así como a las organizaciones que representan. ”La prensa colombiana presentó muy a menudo a jefes paramilitares como Salvatore Mancuso, o a traficantes del tipo de Pablo Escobar, como individuos coloridos e invencibles, cerebros empresariales muy eficaces y, en ocasiones, protectores. La población colombiana, traumatizada, recuerda lógicamente que el paramilitarismo es la causa de más de un millar de matanzas a gran escala y de 45.000 desapariciones en una década. Pero esos bloques paramilitares, como los carteles, también se convirtieron en los instrumentos de un sistema económico –a veces político– que los supera, donde todo es reemplazable e intercambiable rápidamente”. Y a menudo subterráneo.

Información a compartir
¿Cómo se organizan y controlan los envíos? ¿Cómo se elaboran y recrean las redes del crimen organizado? ¿Cómo se abolen, a través de los circuitos y los montajes financieros, las fronteras entre la economía paralela y la economía legal? El estudio del crimen organizado bajo el reducido ángulo de hechos diversos parece insuficiente enunciando tan sólo estas preguntas. Esta vez, el reto de la información concierne tanto a los países industrializados como a aquellos “en desarrollo”, a los Estados democráticos, como a los regímenes autoritarios o conocidos como tales. Y en ninguna parte la prensa puede considerarse mejor preparada.
 
“El desconocimiento global del fenómeno se traduce en una esquematización que se vuelve falsa, que quisiera que la producción se situara exclusivamente en el sur, cuando el consumo sería el asunto del norte. La cobertura del crimen organizado no interroga lo suficiente a las políticas internacionales y por ello los ‘clichés defensivos’ se perpetúan. Colombia = cocaína, México = violencia, Afganistán = terrorismo”, lamenta Álvaro Sierra, ex periodista del diario colombiano El Tiempo, hoy profesor universitario en Costa Rica. Corresponsal durante mucho tiempo para la prensa escrita en la triple frontera de Brasil, Argentina y Paraguay, donde los tres principales tráficos (droga, armas y prostitución) hacen estragos, el brasileño Mauri König también reconoce la dificultad para detectar las redes existentes. “En la región muy turística de Iguazú, el lavado de dinero o su reinyección en los circuitos legales representa una actividad criminal al menos igual de importante que el tráfico stricto sensu (en sentido estricto). La competencia entre los representantes aislados de los medios de comunicación juega en detrimento de una cobertura eficaz de este aspecto de la cuestión, poco perceptible, donde los intereses son enormes. Cada periodista quiere ser el primero en publicar la información y no se toma el tiempo para intercambiarla con sus colegas. Deberíamos compartir nuestra información y nuestras fuentes, trabajar de verdad juntos para poder tratar en realidad un tema tan complejo”.

En Senegal, otro apreciado destino turístico, la faceta violenta del crimen organizado se muestra rara vez. En abril de 2009 el diario La Gazette, basándose en fuentes extraoficiales, estimaba que el dinero invertido en el sector informal y después reciclado a través de pequeñas empresas (autos usados, salas de juegos, restaurantes, hostelería), ascendía a unos 150 mil millones de francos CFA –cerca de 250 millones de euros–, es decir, el equivalente al presupuesto anual del Estado. El lavado de dinero también encuentra amplias desembocaduras en el marco de la libre circulación de > bienes instituida por los acuerdos comerciales entre los Estados de África del oeste, en la actividad de las agencias de cambio, incluso en el otorgamiento de mercados públicos. Como nos lo resume el asesor de medios de comunicación, Mamadou Ndao, los periodistas se sienten autorizados a realizar una investigación de fondo una vez que el escándalo descubierto sale a la luz. Así sucedió con el arresto del millonario guineano Kerfala Person Camara, en diciembre de 2010 en el aeropuerto de Dakar, que tenía en su posesión la suma de 130.000 dólares, como a menudo transportan los trajinantes de dinero transfronterizos.

Otro método consiste en enfrentarlos a una pesada burocracia, sin el apoyo jurídico de una protección de fuentes, o hacerlos padecer las amenazas frecuentes de “encubrimiento de robo de documentos” o de “violación del secreto de instrucción” blandidas por la justicia o, en el peor de los casos, hacerles correr el riesgo de procesos judiciales y demandas exorbitantes como compensación por daños a personalidades de primer plano. En El Caribe anglófono, donde la libertad de prensa parece poco amenazada, numerosos periodistas se quejan de que ante la mínima investigación sobre cuentas offshore se enfrentan al “secreto bancario”. “Todo el mundo se da cita para la captura de un Dudus Coke, pero no se dice nada de los movimientos de fondos en nuestros bancos o del tránsito de capitales. Queremos hablar del paraíso turístico, pero no del paraíso fiscal”, ironiza el jefe de redacción del diario jamaiquino The Gleaner, Byron Buckley.

Tranquilos fácilmente
Esta descripción no carece de eco en la Unión Europea. En especial en Grecia, donde una broma en boga en tiempos de crisis asegura: “¡ya no hay lugar para las mafias porque la clase política lo tomó todo!” Periodista del periódico Eleftheriotipia, Nikos Zirganos, constató por él mismo la verdad que encierra esta frase investigando sobre el tráfico de antigüedades y obras de arte. “Cometeríamos un error al subestimar la capacidad de absorción del producto del crimen organizado en este país, donde el turismo y sus infraestructuras ofrecen enormes ventajas”, matiza. La “Suiza de los Balcanes” comenzó por acoger los bienes de los jefes de la guerra de la ex Yugoslavia durante los años 90. “Después, el contagio se extendió no sólo en el sector hotelero sino también en el bancario. La mafia búlgara encontró aquí nuevas entradas y el fenómeno se aceleró evidentemente con la integración del país a la Unión Europea. ¿Qué pasará un día con Albania?”, se pregunta el periodista. Reconociendo un nivel de libertad de prensa globalmente satisfactorio, Nikos Zirganos no duda en señalar la timidez actual de la prensa griega en materia de investigación. “Seguir el rastro del blanqueo de dinero, explorar las redes, implicaría ya disponer de estadísticas o de datos administrativos más o menos fiables, y ese no es el caso”. Otro periodista incluso se queja de la corrupción que rodea el acceso a la información pública. “Pero debemos superar nuestra falta de ambición. Grecia se está convirtiendo en una plataforma del tráfico de personas y de prostitución. Esta realidad está mal o poco cubierta. ¿Por qué? Porque tendemos a pensar que un país como el nuestro, considerado democrático y europeo desde hace mucho tiempo, estaría a salvo. Nos tranquilizamos fácilmente. Una prensa de envergadura internacional en nuestros países debe tener, no obstante, un papel crucial”.


Este rasgo de sabiduría helénica vale para toda la prensa “del norte” o de los países etiquetados como “desarrollados”. Por otra parte, vale también tanto para los poderes políticos de esos países como para sus periodistas. ¿No amenazaba Silvio Berlusconi en noviembre de 2009 con “estrangular” [sic] a los autores de libros o películas sobre ‘el pulpo’ (la mafia) que dan mala imagen de Italia? “Hasta en tono de broma, este lenguaje evoca el del crimen organizado y, de hecho, sostiene el principio de la ley del silencio”, expresa el periodista Lirio Abbate, uno de los mejores especialistas en el tema de las mafias, hoy obligado a vivir escondido y bajo protección. ¿Cómo conseguirán los medios de comunicación responder a este poder de influencia de las organizaciones criminales a menudo tan visibles como infiltradas, capaces incluso de erigirse como competidores de los Estados? Reporteros sin Fronteras no tiene los medios ni la capacidad de reemplazar a los Estados para oponerse al peligro que el crimen organizado constituye hoy para los periodistas. Basándonos en los testimonios recolectados para elaborar este informe, exponemos algunas propuestas de reflexión que merecen, en nuestra opinión, ser examinadas:
- Una mayor interacción de la prensa y de los periodistas especializados en redes internacionales, a través de Internet (cf. enlaces útiles y video), que pueda ofrecer una mejor cobertura del crimen organizado en sus diferentes aspectos.
- Un intercambio que permita compartir la información y las fuentes de los periodistas y corresponsales de los diferentes medios de comunicación presentes en una misma zona de conflicto.
- Un sistema de alerta, de apoyo, incluso de padrinazgo, por parte de los grupos de prensa más importantes, a favor de los corresponsales y de los periodistas expuestos en las regiones de riesgo.
- La valorización, por parte de los medios de comunicación nacionales de gran audiencia o de la prensa internacional, del trabajo de los periodistas –sobre todo de los independientes– que enfrentan un peligro inmediato.
- El desarrollo de una formación específica en la cobertura del crimen organizado en las redacciones, escuelas de periodismo y universidades, apoyada en la experiencia de periodistas que han trabajado en el área.
- El desarrollo, en algunos países, de sociedades de periodistas habilitadas para controlar los activos y capitales de los grupos de prensa, con el objetivo de evitar o limitar toda infiltración financiera dudosa al interior de los medios de comunicación, que pueda perjudicar su independencia. rs.

Industrias del terror
Mafias

Utilizado en un inicio para denominar a una sociedad secreta e iniciática, el término “mafia” se aplica hoy al conjunto de organizaciones criminales capaces de infiltrarse en los engranajes de la sociedad, a veces en el corazón mismo del Estado. Las mafias rusas o balcánicas, hoy en pleno auge tras la caída de la cortina de hierro, responden a estas características, como las “históricas” mafias italianas o japonesas.
En Asia, el poder de influencia de los grupos mafiosos se ilustra muy bien con el caso filipino, pero también con el de países como Bangladesh, India, Paquistán y Nepal. Los pequeños grupos criminales dedicados al contrabando están tan acostumbrados, como las grandes mafias, a emplear los métodos del terror y de la intimidación, como lo recuerda el trato infligido en noviembre de 2010 a Sushil Dhungana, del semanario nepalés Ghodaghodi Sandesh. Secuestrado por siete hombres armados, al periodista le cortaron los dedos diciéndole: “¡Te has convertido en un gran periodista, ahora vas a sentir lo que quiere decir eso!”
 
Carteles
El funcionamiento como una organización competidora del Estado, que en ocasiones recurre a la confrontación directa de las autoridades –arreglando de paso algunas pasarelas en torno suyo–, caracteriza a los carteles latinoamericanos. Por otra parte,  el dominio del territorio reivindicado por los carteles se lee en su nombre: Medellín  ese de Pablo Escobar) o Cali, en Colombia; Juárez, Golfo o Sinaloa, en México. Esta forma de organización también se encuentra en los grupos paramilitares que operaban antes como suplementos del ejército. Desde la desmovilización de los 30.000 combatientes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entre 2003 y 2006, de 5.000 a 8.000 de ellos se habrían reorganizado en una veintena de grupos –entre ellos las temibles Águilas Negras– que operan en una docena de departamentos. Guerillas Un último caso es el de los movimientos conocidos como guerrillas, cuya deriva hacia el crimen organizado suplantó progresivamente su lucha armada tradicional, como reflejo de supervivencia. Es el caso de las FARC colombianas, muy debilitadas desde 2008. En Perú, la denominación “Sendero Luminoso” aún funciona como marca del terror –en particular para la prensa local–, pero en ella se inscriben grupos criminales sin nexos reales con la guerrilla maoísta del mismo nombre, ahora residual. En Afganistán, el cimiento político o ideológico de los talibanes no bastaría sin una base económica, garantizada por el tráfico de droga.

De forma paralela a estas guerrillas “a la deriva” han emergido, más recientemente, grupos armados de esencia revolucionaria, pero directamente modelados bajo el esquema de la gran delincuencia. Así nacieron en Grecia la “Conspiración de las Células del Fuego” y la “Secta de los Revolucionarios”, a las que se les atribuyó el asesinato del periodista Sokratis Giolias, el 19 de julio de 2010, en Atenas. De un género similar, el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), conformado por una quincena de “soldados” dedicados a la extorsión, fue señalado como el autor de un atentado contra el Canal 9, el 12 de enero de 2011, en Asunción.
 
Esfuerzos de protección
En Italia una decena de periodistas vive y trabaja bajo protección. El recurso de los guardaespaldas muestra, sin embargo, sus limitaciones. En Colombia, el uso de agentes del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) –servicio de inteligencia en el que claramente se infiltró el paramilitarismo– fue desastroso para los periodistas críticos de la política de “seguridad nacional” del presidente Álvaro Uribe. El secreto de las fuentes, así como la seguridad física real de los profesionales de los medios de comunicación, se ven amenazados fácilmente por este tipo de dispositivos.
 
En México, un nuevo mecanismo para la protección de periodistas promovido por el gobierno federal surgió en 2010. Éste, pretende dar un mejor seguimiento a los casos de amenaza, así como la federalización de los ataques y crímenes cometidos contra la prensa. “Esta federalización no es una idea nueva. El presidente Felipe Calderón la ha mencionado desde el inicio de su mandato, y presenta el riesgo, si no se realiza  ninguna reforma estructural de las instituciones competentes, de acelerar el archivo burocrático de los casos”, aseguró el ex procurador federal Samuel González.

Esperando que se creen políticas internacionales adaptadas, periodistas y  organizaciones defensoras de la libertad de prensa intentan reunir sus fuerzas, pero las redes de apoyo organizadas en el gremio continúan siendo raras. Lanzada en 1998 por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), le Red de Alerta y de Protección a Periodistas asistió durante diez años a unos 400 periodistas en situación de riesgo. Ese trabajo de vigilancia también existe en la Europa balcánica, a través del South East Europe Media Organisation (SEEMO) y sus 800 afiliados presentes en una veintena de países.

Convención de Palermo
La lucha contra el crimen organizado implicaba un refuerzo de la cooperación judicial y económica entre los Estados. Es cosa hecha, al menos en papel, tras la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que tuvo lugar en Palermo en diciembre del año 2000. El texto surgido de sus trabajos, que entró en vigor en 2003, intenta atenuar, a veces corregir, el efecto de neutralización que puede ejercer una legislación nacional frente a otra en materia de combate del crimen organizado. La Convención de Palermo establece en particular los retos de la protección de víctimas de la explotación o del tráfico de personas, así como de la lucha contra el blanqueo de dinero. Un gran desafío en vista de los 500.000 muertos y los cerca de 500 millones de euros que deja anualmente la actividad criminal a escala mundial desde el inicio de los años 2000. Para los periodistas, blanco privilegiado, la protección adecuada queda aún por definir.

En 2010, el relator especial de la ONU para la libertad de expresión, Frank La Rue, pidió que se ampliara la noción “zona de conflicto”, que se limita al caso de las guerras declaradas.


Fuente: Reporteros sin Fronteras