La operación, conocida como Rápido y Furioso, fue un fracaso total: hasta hoy, el seguimiento, rastreo y localización de al menos 2 mil armas vendidas ha sido casi nulo. La operación se canceló en enero de 2011. La historia se hizo pública en febrero.
Dos tercios de las armas terminaron en México, implicadas en crímenes de varios tipos –la noche del 15 de diciembre de 2010, el agente de la patrulla fronteriza Brian Terry fue ultimado en un altercado entre criminales e inmigrantes ilegales en Arizona. Al investigar la escena del crimen, la policía descubrió que dos rifles de asalto ahí disparados eran parte de las armas vendidas por la ATF.
Tanto Obama como el procurador general Eric Holder han negado una y otra vez su conocimiento del tema, a pesar de que el Departamento de Justicia estaba activamente implicado, con la participación directa del Subprocurador de Justicia, el Procurador Federal para Arizona y la cabeza de la ATF.
Las indagaciones han descubierto que al menos 57 armas más han estado implicadas en once diferentes crímenes violentos ocurridos en el suroeste de Estados Unidos en 2011. 42 de esas armas fueron incautadas en dos escenas del crimen en El Paso, Texas. Las otras armas fueron encontradas en Phoenix, Nogales, Douglas y Glendale, Arizona. Además de la ATF, se descubrió que tanto el FBI como la DEA estaban enterados de la operación, pero la falta de coordinación entre las agencias de inteligencia estadounidenses contribuyó también al fracaso de Rápido y Furioso.
Ésta no es la primera operación de este tipo que el gobierno estadounidense impulsa para desmantelar el abastecimiento de armas a los cárteles del narcotráfico en México. El congresista demócrata Elijah Cummings reveló en enero de 2012 que Rápido y Furioso es la cuarta de una serie de ejercicios encubiertos realizados desde 2006; los cuatro intentos han sido incapaces de recuperar e incautar armas, y de procesar y juzgar a quienes con ellas trafican. La primera se llamó Wide Receiver y estuvo vigente entre 2006 y 2007; la segunda, Caso Hernández en 2007, luego vino el Caso Medrano en 2008 y finalmente Rápido y Furioso en 2009 y 2010. La última fue la más extensa y la que permitió la entrada del mayor número de armas a este país –más de 2 mil rifles de asalto, al menos 50 rifles de francotirador y miles de municiones.
Todas las operaciones han funcionado más o menos de la siguiente forma. Con dinero público, se le instruye a un agente federal para que adquiera armas de diverso calibre y potencia en distintas armerías estadounidenses, la mayoría localizadas en los estados fronterizos con México, cuya legislación en materia de armas de fuego es menos restrictiva. Luego los agentes federales revendían las armas a compradores ilegales y debían de seguirlos hasta el sitio de almacenamiento para develar la forma en que las redes de tráfico y contrabando de armas hacia México funcionan. Pero algo sucede y las armas se les pierden. Con Rápido y Furioso se evidenció la descoordinación de las autoridades estadounidenses y la corrupción y desinterés de sus contrapartes mexicanas.
Cacería en tiempos electorales
Enfrascados en una investigación que no solamente encuentre culpables, pero también deslinde responsabilidades, la Cámara de Representantes de Estados Unidos designó al Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental –conformado en su mayoría por republicanos– para encabezar la averiguación que, se presume, pondría en riesgo el puesto de más de un funcionario cercano a Obama.
El secretario de Justicia estadounidense se convirtió en la principal presa de esta cacería. Desde octubre pasado, le fueron solicitados documentos adicionales para la investigación, incluso se le advirtió que podría ser acusado de desacato, de abstenerse a la medida.
Minutos antes de la audiencia encabezada por Darrel Issa, el presidente Barack Obama aplicó su fuero a los documentos –en un malogrado intento para salvar la cabeza de su cercano colaborador–, lo que significa que el Departamento de Justicia no tiene la obligación de entregar la información al Comité de la Cámara. Los documentos se encuentran fuera del alcance del Comité, pero del procurador de Justicia no.
“Lamentamos que hayamos llegado a este punto después de los muchos pasos que hemos tomado para hacer frente a las preocupaciones del Comité y dar cabida a los intereses legítimos del Comité de Supervisión con respecto a la Operación Rápido y Furioso”, se informó en una carta del vicesecretario de Justicia, James Cole.
“¿Por qué el presidente declara fuero ejecutivo, a menos que haya algo tan importante que él sienta que la Comisión y posiblemente el público no deben conocer?”, declaró en la audiencia del miércoles 20 de junio, el representante de Indiana, Dan Burton, quien junto a otros 22 miembros votó a favor de que el procurador de Justicia, Eric Holder sea presentado ante el Congreso, acusado de desacato por la no entrega de documentos del operativo Rápido y Furioso. La medida será considerada por la totalidad de la Cámara de Representantes la siguiente semana.
Las fallidas negociaciones para prevenir esta votación ocurrieron la noche del 19 de junio, en una reunión de 20 minutos entre Eric Holder y Darrel Issa, el primero ofreció proporcionar los documentos bajo la condición de que la disputa quedara resuelta, el segundo se negó.
A Holder, quien ha comparecido nueve veces ante el Comité, se le ha solicitado su renuncia, tanto por parte de la Patrulla Fronteriza, como por parte de la Cámara de Representantes. De ser encontrado culpable de desacato, podría privársele de su libertad, pero la decisión final será tomada en Suprema Corte.
“Las acciones del Departamento de Justicia han obstruido la investigación. El Congreso tiene la obligación de investigar asuntos no resueltos… (explicar) las razones de la demora significativa en reconocer la imprudente conducta en la Operación Rápido y Furioso”, declaró Darrel Issa, presidente del comité.
Hasta el momento, el Departamento de Justicia norteamericano ha entregado 7 mil 600 documentos de los 140 mil en su poder que han sido revisados. La confidencialidad de los materiales en su poder, ha sido el principal argumento de Holder para no responder a la citación.
Desde el año pasado, una serie de funcionarios han sido identificados como responsables de la polémica operación. Relevados de sus puestos, Kenneth Melson, entonces director de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas (ATF), el director adjunto de Operaciones, William McMahon y dos responsables regionales de oficina.
Por recibir correos electrónicos con reportes de la operación, se acusó al ex director para América del Norte del Consejo Nacional de Seguridad, Kevin O’Reilly, su director para el Hemisferio Occidental, Daniel Restrepo, y el director de la Oficina para Políticas Antiterroristas y Antinarcóticos, Greg Gatjanis.
La insistencia de los republicanos en esta investigación, entre ellos John McCain y Mitt Rommney –el primero intentó llegar a la presidencia de Estados Unidos en 2008, el segundo se encuentra en plena campaña presidencial– podría ser no solamente fruto de su interés por esclarecer el operativo que exhibió la fallida intromisión estadounidense en asuntos de seguridad nacional en el extranjero, sino una estrategia de ataque en tiempos electorales.
Por parte de México
Porque la funesta guerra contra los cárteles del narcotráfico y el crimen organizado se ha convertido en el sello de su sexenio, la administración de Felipe Calderón Hinojosa ha capitalizado el asunto del contrabando ilegal de armas de fuego hacia México como la principal razón de la violencia que se vive en México. Aunque el argumento es en parte cierto, el hecho es que el presidente y su equipo han enfocado toda la batería discursiva del Estado hacia acusaciones y denuncias públicas sin que éstas se acompañen de propuestas específicas para el combate a este fenómeno o de un paquete claro de sanciones comerciales, una medida que con frecuencia aplica Washington a países que no quieren cooperar.
Nuestra clase política se ha inclinado más por la palabra seductora y suplicante que por el trabajo interinstitucional y el parlamentarismo binacional para buscar una solución efectiva dentro de un marco regulatorio eficiente. Por ejemplo, a mediados de febrero de 2012, Felipe Calderón develó un espectacular en la frontera entre Chihuahua y Texas con el mensaje “No More Weapons”. La frase, que puede verse desde Estados Unidos, pesa tres toneladas y se hizo con el metal de 7 mil 500 rifles automáticos y pistolas decomisadas y destruidas en una base militar de Ciudad Juárez, donde al menos 9 mil personas han muerto desde 2008.
“Queridos amigos de Estados Unidos”, dijo el presidente durante la ceremonia de inauguración en inglés, “México necesita su ayuda para detener la terrible violencia que estamos sufriendo. La mejor forma de hacerlo es deteniendo el flujo de armas automáticas hacia México.”
Evidentemente, el problema no se reduce sólo en un control más estricto del lado norte de la frontera; las autoridades aquí no se esfuerzan mucho por solucionarlo –en las puertas de acceso a México, a pesar de que desde 2009 se instaló el sistema SIAVE de alta tecnología para revisión vehicular y detección de drogas, humanos y armas, los decomisos de todo tipo de contrabando están lejos de los compromisos proyectados.
En febrero pasado, el Director de Proyectos Multimodales de la SCT dijo a ZETA que en las horas pico, el sistema “se desborda”, es decir, que la capacidad instalada no aguanta el flujo vehicular del norte al sur y por lo tanto, el SIAVE no puede detectar la carga de cada unidad. Simplemente, no funciona. O no quieren que funcione.
Más un sueño guajiro que una opción real, la petición de Felipe Calderón se inscribe en un clima adverso a su postura: una encuesta realizada por Reuters/Ipsos, en abril pasado, revela que la mayoría de los norteamericanos apoyan el derecho a matar (the use of deadly force) en situaciones de defensa personal, incluso en espacios públicos.
El 68 por ciento de los encuestados, o 2 de cada 3 personas, tiene una percepción favorable de la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés), el grupo de Washington más importante en el cabildeo a favor de la portación de armas. 82 por ciento de los republicanos aprueban su gestión y 55 por ciento de los demócratas también, la organización política tradicionalmente ligada a la restricción del uso de pistolas.
En este sentido, la mayoría de los estadounidenses aprueban la idea de que la gente debería poder defenderse a sí misma con el uso de la fuerza, matando inclusive, en una situación que exija su defensa personal, en su domicilio o al aire libre. Casi la mitad de los encuestados percibe un incremento del crimen en las áreas donde se desarrollan, pero estadísticas del FBI muestran que los crímenes violentos han mostrado una constante tendencia a la baja en los últimos 4 años y medio. De tal modo, el 85 por ciento no cree que la policía sea capaz de detener el crimen y 77 por ciento siente que la “gente normal” debería tomar la vigilancia en sus manos y prevenir más atracos. Estudios independientes del Brady Campaign to Prevent Gun Violence, un centro independiente anti-armas, afirman que una regulación estatal estricta es directamente proporcional a un bajo índice de homicidios en esas entidades, como California, Nueva Jersey, Massachusetts, Nueva York, Connecticut y Hawai. En contraste, los 31 estados que presentan los marcos regulatorios más débiles, como Arizona, Utah y Florida, exportan armas de fuego a otros estados a un ritmo nueve veces mayor que el de aquellas entidades con leyes más fuertes.
La realidad es que el tráfico de armas de Estados Unidos a México y los ingresos de y ganancias de su venta han sido un negocio redituable desde hace más de un siglo. Comerciantes texanos le vendían armas a Pancho Villa, y así como ahora, en Ciudad Juárez reinaba la violencia y la brutalidad, y cruzando el Río Grande, en las calles de El Paso, se respira calma y tranquilidad. Allá se van los dólares, aquí se queda la pólvora y la muerte. También fueron vendedores norteamericanos quienes dieron armas y aviones a Álvaro Obregón para ayudarlo a vencer a Adolfo de la Huerta cuando éste se rebeló en 1923 en contra de la candidatura presidencia de Plutarco Elías Calles. Lo que ahora los familiares de más de 60 mil víctimas han padecido en carne propia es sólo la continuación de una política de abastecimiento bélica basada en la oferta y la demanda, un flujo de armas hacia este lado de la frontera que no se detendrá si se mantienen vivos los esquemas vigentes para combatir al crimen organizado en México.
Armas traficadas hacia México dentro de la operación fueron utilizadas en al menos tres masacres, además de enfrentamientos contra el Ejército, la Marina y la Policía Federal en los que un número no determinado de civiles, soldados, marinos y agentes mexicanos resultaron heridos. Una de éstas incluso fue hallada en posesión del comando que asesinó al hermano de la procuradora de Chihuahua, Patricia González.
Esas son algunas de las conclusiones colaterales a las que llegó la Oficina del Inspector Interno del Departamento de Justicia, tras cerrar ayer más de un año de investigaciones en torno a la responsabilidad del procurador Eric Holder en la operación de la ATF.
Hasta ahora, el destino y uso en concreto de las armas que Washington dejó cruzar a México era desconocido. Tan sólo se sabía que varías “habían sido recuperadas en escenas del crimen”, además de que una fue utilizada en el asesinato del agente de la Patrulla Fronteriza, Brian Terry, en diciembre de 2010.
Pero el reporte del Departamento de Justicia, presentado en Washington para exonerar a Holder, tiene un resultado adicional: incluye detalles de cuáles fueron esas escenas del crimen. Puntualiza el destino de algunos de esos rifles, que se expandieron por una tercera parte del territorio nacional, llegando a sus entidades más violentas.
A mayor detalle, un arma comprada en 2008 en Arizona fue hallada en el sitio de una de las peores batallas jamás vividas por Tijuana, en abril de ese año. Al término de la balacera, 18 sicarios de facciones distintas del cártel de los Arellano Félix yacían muertos.
Otra arma comprada en Arizona fue empleada en Tijuana para tratar de asesinar al jefe policiaco del distrito Centenario de la ciudad, Jesús Alberto Hurtado Estrada, atacado a la salida de una fiesta infantil. El comandante repelió la agresión, pero tanto él como su hijo resultaron heridos de bala.
Cuatro años después, en 2012, Hurtado Estrada fue finalmente asesinado.
Hubo otros casos. El 20 de noviembre de 2009, soldados mexicanos en un retén en Naco, Sonora, encontraron 19 rifles comprados en una tienda de Phoenix ante la vista de agentes del ATF dos semanas antes. Eran parte de un embarque mucho mayor del que se perdió el rastro.
Siete meses después, esas armas resurgieron. Una fue recuperada de la escena de la más grande masacre en la historia de ese estado, ocurrida en julio de 2010, cuando 21 personas fueron asesinadas en el municipio de Tubutama.
En aquella ocasión se reportó el uso de rifles Barrett. Precisamente como los que se habían comprado en Arizona un año antes. Distintos atentados con este rifle de alto poder fueron documentados por la oficina del ATF en la embajada de Estados Unidos en México, que fue informada por la Secretaría de la Defensa Nacional que en julio de 2010, un calibre 50 fue usado para atacar a soldados mexicanos (no se reportó si sobrevivieron).
“¿Cuántos rifles de calibre 50 compraron?”, cuestionó el agregado de la ATF en la embajada en uno de los correos contenidos por el reporte.
Dos casos más se incluyen en el reporte que, por supuesto, no contiene un registro de todos los crímenes cometidos con armas de Rápido y furioso. En septiembre de 2010, luego de un enfrentamiento entre Marinos y sicarios del cártel del Golfo en Tamaulipas, fueron rastreados dos rifles de asalto. Eran de Arizona. El 4 de noviembre de ese mismo año, policías mexicanos arrestaron a 8 personas acusadas del secuestro y ejecución del hermano de la procuradora de Chihuahua.
Tenían dos de las armas que la ATF perdió de vista.
