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viernes, 5 de abril de 2013

Estado actual de la prisión preventiva en América Latina y comparación con los países de Europa.

Por, Dr. Elías Carranza Lucero
Director Proyecto Sistema Penal y Derechos Humanos
ILANUD/COMISIÓN EUROPEA
 
1. En un análisis diagnóstico de los sistemas de justicia penal en cualquier país del mundo el sistema penitenciario es, sin lugar a dudas, el que presenta un cuadro de mayor gravedad, con problemas que tienen que ver con la vida, la seguridad, la salud de miles de personas, y con la violación sistemática de estos y otros derechos fundamentales, que son violados, paradójicamente, por el sistema de justicia creado, justamente, para tutelarlos.
Esto que decimos es ya moneda corriente en un continente en el que en forma contínua nos enteramos, por los medios de comunicaciones de masa, de dramáticas explosiones de violencia penitenciaria con muertes de muchísimas personas. Al respecto, en una investigación patrocinada por ILANUD determinamos que las muertes por homicidio al interior de las prisiones ocurren en una relación 25 veces más alta que en la vida en libertad, y que el número de las muertes por suicidio es al menos 8 veces más alta. (Cabe constar que el estudio se hizo en el sistema penitenciario considerado en ese momento como el de menor violencia en la región, de lo que se desprende que las   probabilidades promedio reales de muerte por homicidio o suicidio son bastante más altas que esto). Por esta y otras razones similares, el fenómeno penitenciario, y el tema en general de los efectos criminógenos de los sistemas de justicia penal, han dado lugar a toda una sección de la criminología y de la sociología criminal destinada a la materia.
 
 2. Pero a su vez, dentro del tema penitenciario, el subtema de los "presos sin condena" es el más alarmante, por cuanto se trata de presos que no han sido formalmente condenados, pero que están cumpliendo, materialmente, una condena aunque un gran número de ellos será posteriormente declarado inocente (sobreseídos o absueltos).
El de los presos sin condena es el grupo de presos más numeroso en muchos países del mundo, y esto es así en la mayoría de los países de América Latina, como podremos ver en cuadros.
Los presos sin condena están teóricamente amparados por el Principio de Culpabilidad (nulla poena sine culpa), que significa que la pena sólo puede fundarse en la constatación de que puede reprocharse el hecho a su autor, por la garantía procesal del Principio de Inocencia, que significa que el estado de inocencia perdura mientras no se declare la culpabilidad. Estas y otras garantías básicas del Derecho Penal están consagradas en instrumentos internacionales, entre los cuales cabe mencionar en nuestra región la Convención Interamericana de Derechos Humanos en su artículo 8(1), y están consagradas en todas las constituciones nacionales sin excepción, cuando   establecen, todas con una redacción muy similar, que "nadie podrá ser condenado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho de la causa, ni sacado de sus jueces naturales...".
Sin embargo, no obstante todas estas garantías establecidas en los derechos nacionales e internacional, para los presos con condena se han invertido las etapas del proceso: durante la etapa de instrucción -en la que debe prevalecer el principio de inocencia- son privados de libertad y materialmente condenados, y en la etapa del juicio (si es que éste se realiza), son puestos en libertad porque los jueces deben dar por cumplida la condena con el tiempo transcurrido en prisión, o porque les otorgan la libertad condicional también por el tiempo transcurrido, o porque se les sobresee o absuelve.
Doctrinariamente, se ha fundamentado que la prisión preventiva, cautelar o provisoria, no es una pena o una condena, sino una medida cautelar. Sin embargo, es evidente que, en lo material, es una pena, en el sentido de restricción de derechos y de infligir un dolor o castigo, y es por ello que las legislaciones establecen, en forma generalizada, que el tiempo transcurrido en prisión preventiva se computa como parte de la condena. Veamos muy rápidamente, en un primer cuadro, el panorama de los presos con condena en los países de América Latina(2):
Como puede observarse en el Cuadro I, salvo los casos excepcionales de Brasil y Costa Rica -cuyo análisis particular dejamos para más adelante- el resto de los países de los que obtuvimos información registran porcentajes de presos Con condena todos superiores al 40%, y en algunos casos cercanos al 90. Es evidente que, por sobre el Principio de Inocencia, prima el que podríamos llamar "principio de presunción de culpabilidad" ("ante la duda, marche preso").
 
Cuadro I
Total de presos, presos sin condena. Porcentajes y tasas.
Países de A. Latina con sistema penal continental europeo.
 
 

Fuentes: Elaborado con información penitenciaria gentilmente provista por los ministerios a cargo de los sistemas penitenciarios de cada país, y datos de población de CELADE, Boletín Demográfico Año XX, #40. No se incluye los presos en dependencias policiales, cuya cifra suele ser muy alta: A sólo título de ejemplo, las autoridades penitenciarias de la Prov. de Bs. As., al 31 dic. 1993 estimaron que había 7.000 presos más en dependencias policiales; Nicaragua al 30 de junio de 1995 estimó 2.500.
 
Al nivel de las Naciones Unidas, en los órganos que especialmente se ocupan de la criminalidad y la justicia penal, los presos sin condena han sido siempre una preocupación permanente. Ya en 1957, cuando la Asamblea General adoptó las "Reglas Mínimas para el tratamiento de los reclusos"(3), este importante instrumento internacional -que mantiene notable vigencia- dedicó un capítulo especial a establecer las especiales consideraciones que corresponden a este tipo de presos (Sección D, arts. 84-93). Y posteriormente, en numerosos otros instrumentos, se regresa reiteradamente sobre el tema, para alertar a los gobiernos y a los poderes judiciales de todo el mundo que el uso de la prisión preventiva debe ser, realmente, excepcional.
El tema ha venido tratándose sin interrupciones en todos los congresos quinquenales de Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente, el último de ellos realizado en abril de 1995, en El Cairo. La columna del extremo derecho del cuadro exhibe algo bien interesante y grave. Se ven en ella las cifras de presos sin condena por cada cien mil habitantes en cada país. Si comparáramos estas cifras con las tasas penitenciarias de los países que reportan sus datos al Consejo de Europa, veríamos que muchas de estas cifras son iguales o más altas que aquellas; es decir, nuestras tasas de presos sin condena suelen ser iguales de altas, o más altas, que las tasas globales de condenados y sin condena de dichos países. Esto tuvimos oportunidad de comprobarlo en una investigación en 1981 hace casi quince años, y se verifica también en 1995.
Es evidente que estamos encerrando preventivamente en demasía, y que nuestros sistemas se orientan por el "principio de presunción de culpabilidad" y no por el de inocencia.
 
3. Podría ser útil observar el panorama en perspectiva, a lo largo de un mayor número de años. En 1983, Mario Houed, Luis Paulino Mora, Raúl Zaffaroni y quien esto escribe publicamos un libro producto de la investigación antes citada, algunos de cuyos resultados vale recordar para efectos comparativos.(4) Un hallazgo de aquella investigación fue verificar la importante incidencia del tipo de sistema penal en el fenómeno que estamos analizando. En aquél entonces, recogimos los datos de treinta países de América Latina y el Caribe, y resultó un gráfico muy interesante, como podrá verse (Gráfico 1). El gráfico es una escalera casi perfecta, donde hay dos grupos de países claramente definidos, once de sistema anglosajón, y dieciocho de sistema continental-europeo o romanogermánico. En la parte superior de la escalera están las Islas Caimán que registran 2,18% de presos sin condena; se va descendiendo la escalera, y al mismo tiempo aumentando el número de presos sin condena, hasta llegar a Guyana, que registra 37,44%.
En este lugar del gráfico se produce una cesura, una brecha de 9,96% -casi 10%. de distancia entre ambos grupos, y continúa la escalera comenzando con Costa Rica, que es el país con mejor número de presos sin condena, pero que aún así -en ese año- registra 47,40%, es decir, 10% más que el país del grupo anglosajón con mayor número de estos presos. Continúa el gráfico descendiendo, y aumentando en número de presos sin condena, hasta llegar a Paraguay, con un porcentaje de 94,25%.
Como antes dijimos, la importancia de lo que se ve en forma condensada en este cuadro consiste en poner de manifiesto la incidencia del tipo de sistema de justicia penal en el fenómeno que estamos analizando. Un sistema de justicia penal en el fenómeno que estamos analizando. Un sistema de justicia penal escriturista y lento, sin inmediación y en el que en muchísimos casos ni el juez de instrucción ni el juez de sentencia conocen personalmente al imputado a lo largo de todo el proceso, con una etapa de instrucción inquisitiva y secreta delegada por la ley o en los hechos casi por completo en la policía, producen un altísimo numero de presos sin condena, además de múltiples otros fenómenos negativos vinculados.
Por su parte, un sistema de justicia penal de mayor transparencia; no escriturista sino de juicio oral y público; contradictorio, con un mayor equilibrio entre las partes del proceso, produce un menor número de presos sin condena. Este elogio lo decimos sin que implique ocultar otras falencias del sistema, que habría que corregir; algunas de ellas no exclusivas de este o aquél sistema, sino propias de la naturaleza misma de la justicia penal. Como en alguna medida vimos ya en el Cuadro I, y podremos ver también más adelante, creemos que algunos avances que se han hecho en la región en dirección a reducir el número de presos sin condena, tienen que ver con procesos de reformas en curso que corrigen en nuestros sistemas de justicia penal algunas de las notas negativas que lo caracterizan, que antes hemos enumerado.

4. Ahora bien, decíamos al comienzo que el fenómeno del preso sin condena es un capítulo dentro del tema más amplio del uso de la prisión en América Latina, pena que, como es sabido, es la única y que se utiliza prácticamente sin alternativas para todo tipo de delitos: Cualquiera que sea la naturaleza del delito, las leyes penales responden siempre de la misma manera, con mayor o menor cantidad de prisión, pero siempre con esta única pena (a veces añadiéndole una accesoria).
Es cierto, podría decirse, que existe también la posibilidad de la condena de ejecución condicional; pero ésta también es, en definitiva, una pena de prisión en suspenso; y que existe también la pena de multa en la región en la que, por contraste con dicha pena, se verifica lo que estamos diciendo sobre la de prisión en cada uno de los países de la región(5).
Sólo muy recientemente se están introduciendo penas y otras formas de respuesta distintas a la prisión en algunos países, pero aún no pueden medirse sus resultados, y habrá que procurar evitar, por todos los medios, que ocurra también en nuestra región el llamado "efecto de ampliación de la red", que los criminólogos han verificado que ocurre en los países de América del Norte y de Europa que han introducido alternativas. El efecto consiste en que los jueces, al disponer de nuevas posibilidades de sanción a su alcance, en lugar de utilizarlas en sustitución de las penas de prisión que van a dictar, continúan dictando prisión en tales casos, y, además, en otros casos en los que posiblemente hubieran absuelto por no encontrar suficiente evidencia, condenan también, "por las dudas", a sanciones más benignas o no privativas de libertad. El resultado final es que no se reduce el número de presos, y, en cambio, hay un mayor número de condenados a diversos tipos de penas; por ello es que los criminólogos han denominado a esto "efecto de ampliación de la red".
En línea con lo que venimos diciendo veamos, entonces, cuál es el panorama global sobre el uso de la prisión en los países de América Latina a través del tiempo.
En el Cuadro II hemos colocado los diez países de los que logramos –hasta diciembre de 1995- recoger información actualizada y de 15 años atrás. En la columna de la derecha hemos colocado la variación en el tiempo. Salvo los casos de Colombia y Perú -que tienen una explicación derivada de una situación muy especial- llama la atención el generalizado saldo en ascenso que se da en las tasas de presos por cien mil habitantes.
 
Cuadro II
Países de América Latina de sistema continental europeo.
Total de presos y tasas por cien mil habitantes. Comparación en el tiempo 1981-1995.
 
 
 
FUENTES: Elaborado con información proporcionada por los ministerios a cargo de los sistemas penitenciarios de cada país, y con datos de población de CELADE, Boletín Demográfico #46. No se incluye los presos en dependencias policiales, cuya cifra suele ser muy alta: Ver sobre esto la información al pie del cuadro Y.
 
Como antes dijimos, faltan otros países en el cuadro, de los que aún no hemos conseguido los datos. Pero la tendencia observada hasta el momento indica que lo más probable es que también en ellos se observe este salto en ascenso. En este punto hay que hacer una aclaración de la mayor importancia sobre las tasas de presos que tenemos a la vista. Estas cifras representan los presos que en cada país han ingresado bajo la responsabilidad del sistema penitenciario. Pero, en los hechos, el número total de presos es muchísimo más elevado -con oscilaciones entre países- y tendría que ser determinado con investigaciones de campo en cada caso. Existe por lo general una cifra muy alta de privados de libertad -a veces por períodos de tiempo larguísimos, de años- alojados en dependencias policiales. Esto tiene diversas explicaciones, que van desde el hecho de que la policía es quien por su naturaleza interviene de primera mano generando la detención y pasa un período de tiempo hasta que el preso es puesto a disposición judicial y eventualmente transferido al sistema penitenciario, hasta el hecho de que, por hacinamiento y falta de espacio en las penitenciarías, se utilizan las instalaciones físicas policiales para esa función(6).
El número de estos presos suele ser altísimo, y si se lo computara para obtener las tasas, las que nosotros hemos exhibido se elevarían, en algunos casos, al doble. A sólo título de ejemplo digamos que en Argentina, sólo en la Provincia de Buenos Aires, al 31 de diciembre de 1993, para una cifra de 9.427 presos alojados en el sistema penitenciario, había 7.000 presos en dependencias policiales no computados en dicho sistema; y que en Nicaragua, al 30 de junio de 1995, para una cifra de 3.470 en el sistema penitenciario, había en sedes policiales 2.500.
Agreguemos un dato que específicamente interesa para el tema que estamos tratando: la casi totalidad de estos presos policiales no computados por el sistema penitenciario son presos sin condena, que permanecen allí hasta que se les dicta auto formal de prisión preventiva (lo que suele demorar muchos meses, y hasta años en algunos países), o condena de prisión (lo que, lógicamente, lleva aún más tiempo). Hechas estas aclaraciones, regresemos a los datos de que disponemos y, aún sin incluir en la cuenta esta "cifra negra" de presos, preguntémonos: ¿Será posible que en el lapso de estos últimos años las poblaciones de América Latina se hayan vuelto tanto más malas o delincuentes? (Vemos que en el término de catorce años Costa Rica ha aumentado en un 22% sus tasas de encarcelamiento, Chile en un 35%, Ecuador en un 19%, El Salvador en un 53%, México en un 12%, Panamá en un 300%, República Dominicana en un 68% y Uruguay en un 56%).
¿O será más bien que estos datos lo que indican es que la delincuencia, su aumento y disminución, son fenómenos sociales, que no responden sino en pequeña medida a la acción del sistema de justicia penal, el que por su naturaleza actúa siempre ex post facto con respecto al delito? La pregunta tiene importancia en un momento en el que hay un aumento cierto de la criminalidad, y en el que se ataca severamente a la justicia penal por ineficaz e ineficiente, partiendo de la suposición de que ésta podría controlar ese fenómeno social, y de que es la única responsable de hacerlo.
Este ataque a la justicia penal, en su versión más clásica, viene unido a la afirmación de que los jueces -o su mayoría- son benévolos, burócratas o corruptos según el caso, y al reclamo para aumentar el número de presos sin condena creando categorías de delitos inexcarcelables o de muy difícil excarcelación, y viene unido, por otro lado, al reclamo para aumentar el número de efectivos policiales. Es necesario responder a estos interrogantes y tratar el tema del preso sin condena dentro de la integralidad del sistema de justicia penal, para poder apuntar a soluciones verdaderamente efectivas y evitar respuestas equivocadas que contribuyan a desequilibrar aún más el sistema y hacerlo menos eficaz.
Por lo pronto, coincidimos con este tipo de críticas en que la justicia penal, como todos los ámbitos del Estado -y por qué no incluir también a la empresa privada en el análisis- debe ser motivo de permanente superación y desburocratización en procura de una mayor eficiencia, y en que deben perseguirse también, implacablemente, los casos de corrupción existentes. Pero discrepamos cuando la crítica se formula en forma irresponsable, sin información básica sobre la realidad de la criminalidad y la justicia penal, y en procura sólo del logro de una mayor "eficacia" consistente en lograr" más de lo mismo".
 
Desde este punto de vista esbozaremos una respuesta a esta crítica que consideramos errada:
1) Si hubiera que evaluar (equivocadamente) a la justicia penal por el número de presos que produce -que es lo que en gran medida interesa a la llamada opinión pública, a un sector de los medios de comunicaciones de masa, y a un sector de la clase política- tendríamos que decir que el sistema se ha mostrado eficaz, ya que ha respondido al aumento en la criminalidad elevando notoriamente sus tasas de encarcelamiento (Sobre esto, el Cuadro II).
Más aún, en muchos casos, si no se ha encerrado a más gente, ha sido porque el hacinamiento lo impide. Y no nos estamos refiriendo sólo al impedimento legal de hacinar a las personas establecido en los instrumentos internacionales ya citados, sino simplemente a la imposibilidad física de colocar más personas en un mismo lugar. Nos ha tocado medir personalmente, con una cinta métrica, el espacio existente por preso en algunas prisiones de la región, y hemos verificado situaciones de hacinamiento de hasta un metro diez centímetros por persona, con diez personas en el espacio previsto para una. (Esta es una de la razones concurrentes que explican en el caso de Brasil, por ejemplo, su bajísimo número de presos sin condena, pues la falta de espacio impide ejecutar las órdenes de detención, y, consecuentemente, van quedando alojados casi exclusivamente aquellos que han sido condenados).
En Europa y América del Norte, situaciones de hacinamiento muy inferiores a las que afrontamos en nuestra región han dado lugar a recursos judiciales en virtud de los cuales las autoridades se han visto obligadas a adoptar medidas para reducir el número de presos o a aumentar la capacidad de alojamiento. En
los Países Bajos se ha encontrado la solución interesante de diferir temporalmente el cumplimiento de las penas de prisión hasta tanto se genere el espacio necesario: a medida que se van generando espacios, los condenados que están en lista de espera, ingresan al sistema. Es una solución interesante porque, aunque sin haber tenido ese propósito expreso- se logra el efecto de responder al delito no sólo con prisión, sino también con una medida educativa.
Seguramente no pasará mucho tiempo en los países de nuestra región sin que quienes sufren este tipo de prisión inhumana de hacinamiento comiencen a recurrir también a la justicia nacional e internacional. Pienso que esto será más probable ahora, que está estableciéndose la justicia constitucional en muchos países.
 
2) Respecto del reclamo para aumentar el subsector policial, habría que notar que el sistema de justicia penal debe mantener un adecuado equilibrio entre sus tres componentes de policía, jueces y penitenciaristas. Hay que lograr la relación adecuada funcionario/número de habitantes para cada uno de los tres subsistemas.
Conviene recordar que los tres últimos censos de Naciones Unidas sobre justicia penal determinaron que la proporción de jueces por número de habitantes es mucho más alta en los países llamados desarrollados que en los países en vía de desarrollo, y que, por contraste, la proporción de policías por habitantes es más alta en los países en vía de desarrollo. Es decir, que el sistema de justicia penal en los países desarrollados es más judicial. En los nuestros es más policial. Hay que esmerarse, entonces, en distribuir los recursos existentes inteligentemente, para lograr la relación de penitenciaristas, policías y jueces por número de habitantes adecuada, evitando desequilibrar los sistemas más de lo que ya lo están en la mayoría de los países; pues si sólo aumentáramos  policías, en el mejor de los casos se podrían producir más detenciones, pero si no hay un poder judicial en condiciones de juzgar a los detenidos, habremos logrado sólo aumentar el número de presos sin condena.
 
Cuadro I.1.
Total de presos, presos sin condena.
Porcentajes y tasas por cien mil.
Países de A. Latina con sistema continental europeo.
Comparación en el tiempo circa 1981-1995.
 
 

Fuentes: Elaborado con información penitenciaria gentilmente provista por los ministerios a cargo de los siste- mas penitenciarios de cada país, y datos de población de CELADE, Boletín Demográfico Año XX, #40.
 
5. Veamos ahora, en el Cuadro I.1 cómo han evolucionado los presos sin condena a través del tiempo. (En el cuadro figuran todos los países de los que pudimos obtener los datos de circa 1981 y de quince años después (1995). Detengámonos en la columna en la que se leen los porcentajes de presos sin condena sobre la población penitenciaria de cada país. Por contraste, hay otros países que lograron avances. Es el caso de Colombia, Costa Rica, El Salvador, México y Perú. Sería interesante analizar las causas de tales progresos, y analizar también, con el aporte de expertos de diversos países, en qué medida estas experiencias positivas podrían ser transferidas.
En este punto sólo nos atreveremos a enunciar seguidamente, en desorden, una serie de causas de diversa naturaleza que tienen o podrían tener incidencia en reducir el número de presos sin condena en los países de la región. En algunos casos, nos consta que han incidido positivamente en reducir el número de estos presos; en otros, creemos que son instituciones o acciones potencialmente útiles para lograr este objetivo:
a) el advenimiento y consolidación de gobiernos democráticos;
b) la gran campaña que Naciones Unidas y diversas entidades gubernamentales y no gubernamentales llevaron a cabo durante los años 80 y 90, tendiente específicamente a reducir el número de estos presos y a promover alternativas a la prisión preventiva y a la prisión en general, con actividades de investigación, cambios en la legislación, capacitación, publicaciones, difusión y asistencia técnica;
c) el avance en algunos países en la sustitución del procedimiento escriturista e inquisitivo por la instauración y consolidación del juicio oral y público;
d) la instauración de la justicia constitucional en algunos países, y el consiguiente control que estos cuerpos hacen de las garantías penales y procesales;
e) la adopción de procedimientos o instituciones que no eran propias del sistema jurÍdicopenal existente, como por ejemplo el abandono o el uso menos rígido en algunos casos del principio de oficialidad de la acción penal, con introducción del principio de oportunidad. Esto, logrado por medio de cambios en la legislación, o realizado en la práctica por medio de instrucciones al Ministerio Público (caso de la Prov. de Córdoba, Argentina), o por medio de la organización de labores al interior de dicho ministerio asignando los recursos para investigar y perseguir los delitos según prioridades (caso de Costa Rica); f) Procesamiento sin privación de libertad;
g) cambios en materia de excarcelación o libertad provisional, haciéndola más accesible a todos los sectores sociales; así la promoción, por ejemplo, de la excarcelación juratoria o sin garantía económica;
h) algunos mecanismos no de índole jurisdiccional sino de supervisión o control del funcionamiento concreto de los tribunales de justicia. Así, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, la Corte Suprema de Justicia creó una Comisión de Asuntos Penales que, por medio de la Oficina de Estadísticas del Departamento de Planificación, se dedicó a controlar el número de presos preventivos a disposición de los diversos tribunales, las fechas de vencimiento  de tales prisiones preventivas y otras cosas por el estilo, y a dar recomendaciones en la materia. El resultado fue sorprendente, y creemos que ésta es una de las razones importantes que explican el gran avance que el país ha hecho en materia de reducir su número de presos sin condena, y que es una de las soluciones concretas posibles de ser transferidas a otros países;
i)  La creación de cuerpos de policía civil en países que sólo contaban con policías dependientes de las fuerzas armadas, así como la capacitación y formación de las policías en material de derechos fundamentales. Creemos que este es otro punto de la mayor importancia, por cuanto la policía se encuentra en la primera línea de fuego y es, justamente, la encargada de producir las detenciones. Un procedimiento policial adecuado puede evitar privaciones de libertad innecesarias y costosos y burocráticos trámites de excarcelación. En este punto, seguramente experiencias como la de El Salvador serán importantes para otros países;
j) finalmente, la creación, en muchos países, de la institución de los Defensores del Pueblo, Comisionados de los Derechos Humanos de los Habitantes.
Sería útil, en una tarea con expertos de los distintos países, tanto de los que exhiben progresos como de los que exhiben aumento en el número de sus presos sin condena identificar las causas que generan cada situación, para poder tener un mejor diagnóstico de conjunto, y para transmitir y aprovechar las diversas experiencias.
 
6. A esta altura de este trabajo sería interesante, para efectos comparativos, ver los porcentajes de presos sin condena de los países miembros del Consejo de Europa. El siguiente cuadro reproduce la información que aparece en el último Boletín de Información Penal del Consejo7 (figuran sólo los países que proporcionaron el dato).
La lectura del cuadro corrobora la incidencia del tipo de sistema jurídicopenal en el número de presos sin condena. Los países con menor número de estos presos son aquellos de sistema anglosajón ortodoxo (Irlanda, Inglaterra y Gales, Escocia). Sin embargo, la brecha entre ambos sistemas es mucho menos acentuada que la que se observa en el caso de América Latina y el Caribe. El país de sistema continental-europeo con mayor número de estos presos (entre los que figuran en el cuadro), Francia, ocuparía un lugar de discreto privilegio si lo ubicáramos en el contexto de los de nuestra región.
La lectura del cuadro precedente, y los casos de los países que en América Latina ya han producido avances, nos indican que la tarea de reducir los presos sin condena no es tan difícil, y que con una buena dosis de voluntad política podría avanzarse mucho más en esta materia de tanta importancia. Existen  obstáculos, derivados de limitaciones materiales, de un auge cierto en una serie delitos, y de la consiguiente alarma social, que podrían conspirar para que hacináramos aún más las cárceles de presos condenados y sin condena haciendo un uso irracional del sistema de justicia penal, contrario por cierto a los mismos principios filosóficos y jurídicos que lo sustentan.
Es por ello que el fenómeno de los presos sin condena no puede verse fuera de contexto, y que la respuesta que demos en esta materia tendrá que ser coherente con una política criminológica integral, eficaz para reducir la frecuencia del delito y sus niveles de violencia, pero sin multiplicar ésta con un uso excesivo o ilegítimo de la coerción y violencia estatales.
 
____________________
NOTAS:
(1) "Toda persona inculpada de delitos tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad". Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8, inc.2, primer párrafo.
(2) Estamos dedicados a la tarea de recoger la información de todos los países de la región. Ello no es fácil, y debe hacerse, por lo demás, con una metodología que asegure la comparabilidad de los datos. En los cuadros siguientes se presentan los países que hasta el momento se ha podido reunir.
(3) Las reglas fueron adoptadas originalmente en 1955 en Ginebra por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, luego por el Consejo Económico y Social ECOSOC EN SU RESOLUCIÓN 663 ci xxiv DEL 31 de julio de 1957.
(4) "El preso sin condena en América Latina y el Caribe: estudio comparativo, estadístico y legal de treinta países, y propuestas para reducir el fenómeno", ILANUD, San José, 1983.
(5) "La multa en los códigos penales latinoamericanos", Daniel González y Ana Garita, Depalma, Buenos Aires, 1990.
(6) Desviando, así, importantes recursos materiales y personales de esta institución a funciones que no le son propias, y distrayéndolos, en consecuencia, de sus funciones naturales de prevención e investigación del delito.
(7) Boletín#18, diciembre de 1993. Es el último boletín aparecido hasta agosto de 1995.

miércoles, 27 de marzo de 2013

Debido proceso y prisión preventiva: Una lectura constitucional del encierro procesal.

por Jorge I. González Ferreyra Solá
 
I. MODELOS PROCESALES PENALES y SISTEMA CONSTITUCIONAL.
La clásica distinción analítica de la ciencia procesal que divide a los sistemas procesales penales en acusatorios e inquisitivos -según el diverso tratamiento que se dispense al Imputado, en sus derechos, facultades y deberes, y el andamiento práctico y dinámico que se asigne a los poderes de Acción, Defensa y Jurisdicción, y a los principios de Inocencia, Legalidad y Libertad- admite modernamente una reclasificación tipológica de carácter binario que permite hablar de la existencia de dos modelos de Proceso Penal antagónicos y diametralmente opuestos entre sí: a) el modelo del Debido Proceso (o due process model -identificable, en términos generales, con el procedimiento de tipo acusatorio-); y b) el modelo del Control Social del Delito (o crime control model -comparable, grosso modo, con el procedimiento de tipo inquisitorio-).

La nota primordial que diferencia a ambos modelos procesales -ampliamente admitidos en los estamentos académicos de EUA y Europa- está dada por los alcances que se le reconoce en cada uno de ellos a la Política Criminal del Estado, esto es, a la lucha contra el delito, tanto en su conceptuación teórica cuanto en su implementación práctica. Así, mientras el modelo del Debido Proceso maneja un concepto político-criminal limitado o restringido (pues postula la vigencia insoslayable de principios y garantías fundamentales) y separa tajantemente Política Criminal, Derecho Penal (Sustancial o Sustantivo) y Derecho Procesal Penal (Penal Formal o Adjetivo) -manteniendo incontaminado a este último de proyecciones persecutorias eficientistas de corte punitivo-sustancialista-, el modelo del Control Social, como su nombre lo indica, auspicia una concepción político-criminal amplia, ilimitada e irrestricta, con el objeto de mejor “controlar la delictuosidad social”, meta a cuyo servicio coloca al Derecho Penal, al Derecho Procesal Penal y a su instrumento de concreción: el Proceso.

En consecuencia, el modelo del Debido Proceso concibe al Proceso y a sus instituciones inherentes desde un punto de vista estrictamente “procesalista” (adjetivo, formal o realizador del Derecho Penal) y “garantista” (con preeminencia de las garantías constitucionales y respeto absoluto del Estado de Inocencia que ostenta todo Imputado), desvinculado de toda finalidad directa e intrínsecamente sancionatoria o anticipatoria de pena. En cambio, el modelo del Control Social del Delito atribuye al Proceso y a su instrumentación operativa una función político-criminal de prevención y sanción anticipada del delito y una considerable significación simbólico-ejemplarizante, de modo que el proceso mismo es entendido (aún antes del veredicto de culpabilidad) como un instrumento de condena y castigo; de allí que las cargas y restricciones impuestas al Imputado sean considerablemente mayores y que su declamada Inocencia “valga menos”.

Ahora bien, estas dos maneras de concebir y diseñar el Proceso Penal requieren de la pertinente correspondencia y justificación político-constitucional, y tienen especial repercusión en dos ámbitos íntimamente relacionados: a) el Principio de Inocencia (y la dinámica de la Prueba), y b) el instituto de la Prisión Preventiva.
Pero antes de avanzar en el desarrollo del tópico insinuado intentaremos esbozar, por vía de confrontación comparativa y con fines didácticos, una caracterización general de ambos modelos de procedimiento penal:
  • Inquisitivo Control Social (CS) Primacía del Estado Culpabilidad Aparente
  • Acusatorio Debido Proceso (DP) Primacía del Individuo Culpabilidad Acreditada
a) En CS prevalece la condición de “sospechoso” del sujeto inquirido por sobre su Estado de Inocencia; en DP la Inocencia prima siempre por encima de la sospecha;
b) En CS la regla es el encierro procesal (proceso con preso); en DP rigen el principio de libertad y la presunción de no peligrosidad como corolarios del Principio de Inocencia (proceso sin preso), admitiéndose excepcionalmente la prisión procesal;
c) En CS el Proceso es utilizado como “pena o castigo”; en DP como “puente ineludible -entre el delito y la pena- y medio de tutela, protección y garantía”;
d) En CS el Proceso se convierte en proyección sustancialista del derecho penal material, asumiendo una función aflictiva, estigmatizante y anticipatoria de la pena; en DP no es más que medio o instrumento de análisis, verificación y refutación de la tesis acusadora;
e) En CS rige una Presunción de Culpabilidad que resulta compatible con la idea de Defensa Social que inspira a todo el sistema y se coloca en cabeza del imputado la carga de tener que “probar su inocencia”; en DP se Presume la Inocencia y se libera o exime al indagado de toda carga al respecto, reconociéndosele, sin embargo, la “facultad de probar su inocencia”, si así lo desea;
f) Mientras en CS predomina una concepción autoritaria y verticalista del proceso, en la que se potencian y magnifican los poderes de Acción y Jurisdicción (de esencial titularidad estatal -Ministerio Público y Poder Judicial-) en desmedro del poder de Defensa; en DP impera una idea liberal, garantista y horizontal del proceso, en cuyo seno las predichas fuerzas de realización penal interactúan separadamente y en perfecto equilibrio;
g) En CS el Proceso cumple respecto de la Acusación un rol acogedor, complaciente, sustentador, avalador y confirmador de la hipótesis en ella sostenida; en DP la dinámica procesal asume un cariz contradictor, verificador y altamente cuestionador de la Acusación;
h) En CS rige un concepto estático de Acusación, siendo el Imputado quien debe construir su inocencia (no presumida) acelerando y dinamizando su Defensa; en DP, por el contrario, debe la Acusación ser dinámica, pudiendo la Defensa, por definición, ser pasiva y estática (derecho al silencio y al comportamiento procesal inactivo y meramente expectante);
i) En CS el Imputado es objeto de derechos y sujeto de deberes; en DP es Sujeto de Derechos y Deberes;
j) En CS se privilegian los principios de eficiencia, celeridad, concentración, economía procesal y máxima sanabilidad de vicios procesales, otorgándose prevalencia a la regla de estabilidad del acto procesal-; en DP los de oralidad, publicidad, inmediación, defensa, contradicción, igualdad de armas y mínima sancionabilidad de actos procesales -en función de la trascendencia anulatoria del defecto formal y su relación con las garantías constitucionales del Debido Proceso y la Defensa en Juicio-;
k) En CS la Duda o es neutra o juega en contra del Imputado (in dubio pro civitatem et contra reo); en DP juega siempre a favor del mismo (in dubio pro reo et contra civitatem);
l) En CS rige el principio pro societas o contra homine (de marcado tinte colectivista y totalitario); en DP el principio Pro Homine (de acendrada ascendencia humanista, liberal-iluminista e individualista).
Si bien la dicotómica bipartición de modelos procesales que aquí tratamos no hace más que reflejar la permanente tensión dialéctica que asoma en las siempre vigentes antinomias fundamentales (eficiencia vs garantía; libertad procesal vs prisión procesal; inocencia vs culpabilidad; interés individual vs interés social; culpabilidad vs peligrosidad; derecho penal de acto vs derecho penal de autor, etc.), lo cierto es que a la luz de nuestra Constitución Nacional (arts. 1, 5, 18, 19, 31 y 75 inc. 22; 60 in fine y 115) surge palmario que el paradigma procesal penal diseñado y querido por la ley fundamental es el acusatorio o del Debido Proceso; así lo ha reconocido autorizada doctrina1con el aval de la jurisprudencia2. En consecuencia, todas las notas que se apuntaran como propias de dicho modelo procesal deben tener vigencia “efectiva” en nuestro Derecho, de suerte que no deben verificarse en nuestro sistema penal-constitucional las características señaladas como privativas del modelo del Control Social, las que de ocurrir traducirían verdaderas inconstitucionalidades.
 
II. LIBERTAD y COERCIÓN PERSONAL: Entre el Peligro Penal y el Peligro Procesal.
1) Se ha observado con particular agudeza que “El hombre estima a la libertad más que a su propia vida, y no es raro que rinda ésta en holocausto del más valioso de sus bienes”3. En tal enunciación cabe integrar tanto a la libertad propiamente física cuanto a sus proyecciones sociales y jurídicas, pues la libertad física, corporal o ambulatoria “…es, por así decir, la forma de libertad imprescindible para que la mayoría de las demás libertades (de circular o transitar, de trabajar, de pensamiento, de expresión, de asociación, etc. -aclaramos-) pueda funcionar”4. Es por ello que la sanción más grave que prevé nuestro ordenamiento punitivo es la pena privativa de libertad (prisión y reclusión), mensurable en su extensión temporal según la mayor o menor gravedad objetiva del hecho incriminado y las particulares circunstancias de su perpetración.

Es de muy antigua prosapia el principio filosófico, político y jurídico que resuelve la antinomia “Estado-Hombre” a favor de este último. Así, ya hacia el primer cuarto del siglo XIII las célebres Partidas del rey Alfonso El Sabio, proyectando una inveterada máxima ciceroniana (La libertad es el mejor de los bienes), prefiguraban el apotegma Favor Rei (o favor libertatis), en los siguientes términos: “Cuando en pleito sobre libertad o servidumbre discorden los jueces, siendo tantos los que sentencien por la primera como los que sentencien por la segunda, valdrá lo favorable a la libertad” (Partida III, título 32, ley 18). Idéntica tesitura seguiría en los siglos XVIII y XIX la legislación europea de corte liberal-iluminista al acuñar la máxima in dubio pro reo et contra civitatem, fijada con carácter presuncional en el art. 9 de la declaración francesa de 1789. En pleno siglo XX la dogmática penalista italiana (FLORIÁN, LEONE, BETTIOL, MAGGIORE, CORDERO, etc.) propiciaría que en la confrontación entre el “ius puniendi” del Estado y el “ius libertatis” del individuo debía concederse preeminencia a este último.

La profunda raíz axiológica asignable a la libertad aparece reflejada en el texto de nuestra Ley Fundamental, tanto en su enunciado preambular (asegurar…los beneficios de la libertad) cuanto en sus postulados preceptivos (arts. 14, 15, 18, 19, 43 y 75 inc. 22). A tono con la manda constitucional, los códigos procesales penales contienen disposiciones expresamente regulatorias de la libertad del Imputado. En tal sentido, el CPP de Salta sienta una pauta hermenéutica fundamental, de carácter general, resultante de la disposición combinada que edifican sus arts. 3º y 4º. El primero impone la interpretación restrictiva de toda disposición legal que coarte o restrinja la libertad personal y el segundo sienta la operatividad beneficiosa de la duda respecto del Imputado. Ambas normas proyectan el principio Pro Homine5 en el ámbito procesal penal. Asimismo, la libertad del justiciable es puntualmente abordada en los arts. 270 y 300 a 307 de nuestro CPP. Tales normas traducen la reglamentación procesal de la garantía constitucional de libertad en materia penal6.

Del juego armónico de la normativa constitucional e instrumental reseñada surge que la libertad es un derecho fundamental de todo ser humano y que sólo puede ser limitada o afectada en los casos y por los medios y formas taxativamente previstos por la ley (arts. 18 y 19 de la Const. Nac.). En consecuencia, y al igual que todos los derechos, el “derecho a la libertad” es relativo (arts. 14 y 28 de la Const. Nac.), vale decir, susceptible de razonable limitación, aún durante el juzgamiento de un inocente-sospechado (tal es, a nuestro juicio, la condición jurídica del Imputado), es decir, aún antes del veredicto de culpabilidad pronunciado por el juez natural al finalizar el juicio previo que menta la constitución (único título hábil para privar legítimamente de su libertad a una persona con carácter de coerción penal material -pena-).

2) Ahora bien, en la esfera iuspublicística la libertad física, personal o ambulatoria del individuo puede ser afectada coercitivamente a título material o bien con carácter de coerción procesal. Si bien es cierto que en la estricta significación de los términos el vocablo “coerción” sugiere un sentido más bien psicológico y moral que físico y corporal, y que traduce, en verdad, una amenaza admonitoria anticipatoria de un ulterior sufrimiento o perjuicio concreto y material (definible como coacción -actualización físicamente perceptible de la potencial amenaza coercitiva-), en la práctica se ha impuesto el uso de la voz “coerción” para aludir a la “coacción” judicial.

Con acierto se ha insistido en separar y distinguir convenientemente a la coerción material o sustancial (de Derecho Sustantivo, Material o de Fondo) de la coerción formal o procesal (de Derecho Adjetivo, Formal o Procesal), pues entre ambas categorías restrictivas de derechos median considerables diferencias ontológicas y teleológicas7. En efecto, en tanto las medidas de coerción material se vinculan con el propio derecho sustancial puesto en crisis (requiriendo, entonces, de la previa declaración de culpabilidad y/o peligrosidad basada en un estado conviccional de certeza positiva), las medidas de coerción procesal (sean reales o personales) se basan en un pronóstico de mera probabilidad (sospecha) y tienen por objeto el aseguramiento de los fines del proceso; por eso se dicen “cautelares” del concreto proceso en que se adoptan. Entonces, la coerción material puede caracterizarse como “final y definitiva”, mientras que la coerción procesal es, por definición, “instrumental y provisoria”.

Sin embargo, ambas clases constrictivas obedecen a “fines preventivos” orientados a la evitación de particulares “peligros”: a) las unas (materiales/pena y medida de seguridad) tienen por objeto reaccionar contra la “peligrosidad -o dañosidad- penal” (criminal o de derecho penal sustantivo) y en correspondencia con la medida de la culpabilidad (causa inmediata de la retribución punitiva); b) las otras (procesales/secuestro, prisión preventiva, etc.) procuran conjurar un “peligro o perjuicio procesal” (o de derecho adjetivo). De manera que tales “peligros” (penal -menoscabo típico de un determinado bien jurídico- y procesal -alteración disvaliosa o antifuncional de los fines del proceso-) deben ser afrontados mediante dos tipos distintos de “prevención”, a saber: la “peligrosidad penal” (entendida como potencialidad lesiva de cierta conducta respecto de un bien penalmente tutelado), a través de la “prevención -general y/o especial- penal” (pena o medida de seguridad; coerción material); la “peligrosidad procesal penal”, a través de la “prevención procesal cautelar” de tipo personal o real respectiva (detención o prisión preventiva, secuestro, etc.; coerción procesal).

En el ámbito jurídico-penal la coerción material toma encarnadura en las consecuencias específicamente punitivas del delito, es decir, en la Pena (prisión, reclusión, multa e inhabilitación) y en las Medidas de Seguridad (internación), y su aplicación presupone la realización de un juicio justo (Nulla poena sine iudicio -nadie puede ser penado sin juicio previo- arts. 18 y 75 inc. 22 de la Const. Nac.) observante de las reglas del debido proceso, que verifique mediante legítima y categórica prueba de cargo la existencia del hecho acriminado y la participación del imputado en el mismo. En consecuencia, para que proceda dicha especie coercitiva (material) se requiere indefectiblemente de la previa destrucción acusatoria -por medios legítimos y legales- del Estado de Inocencia que ampara a todo justiciable y de la consiguiente declaración jurisdiccional de culpabilidad (sentencia condenatoria firme).

En cambio, la coerción procesal -en lo penal- tiene por objeto asegurar la presencia del incoado para posibilitar la realización del juicio y/o la ejecución de la pena, esto es, evitar que se fugue (pues en nuestro derecho no se admite el juicio penal en rebeldía), e impedir que el imputado -abusando de su libertad- obstaculice el posible esclarecimiento del hecho. Esta especie de cautela (procesal) se desentiende de cualquier finalidad preventiva o sancionatoria de tipo material-sustantivo (como puede ser la evitación -o el control- de la reincidencia, reiteración o proclividad delictiva) y tiende “únicamente” a resguardar la normal sustanciación del trámite procesal del caso. En consecuencia, para que en un proceso penal aparezca procedente el dictado de una medida de coerción procesal se precisa -amen de la previa autorización legal: nulla coactio sine lege- de la existencia de un concreto y determinado peligro procesal (en nuestro caso, peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación)8.

III. PRISIÓN PREVENTIVA: ¿CAUTELA PROCESAL O SANCIÓN MATERIAL?
La medida de coerción procesal penal de carácter personal por antonomasia es la llamada Prisión Preventiva, esto es, la afectación -más o menos prolongada- de la libertad personal del acusado-inocente, durante el desenvolvimiento del trámite procesal, con fines preventivos de la eficaz consecución de los dos fines esenciales del proceso penal: a) el descubrimiento de la verdad histórica; y b) la actuación de la ley penal sustantiva9. Dicha medida de coerción procesal es, por definición, cautelar y subsidiaria, vale decir, solo ligada al proceso y desvinculada de cualquier valoración de mérito sobre el fondo del asunto inquirido (inocencia-culpabilidad), y procedente sólo en caso de que no resultaran pertinentes y útiles otras medidas cautelares menos lesivas e igualmente eficaces (principios de subsidiariedad, mínima intervención y proporcionalidad).

En materia de Prisión Preventiva han cobrado predicamento dogmático y practico dos corrientes manifiestamente disímiles que auspician un tratamiento diferenciado del instituto de mención. La más ortodoxa, llamada con propiedad procesalista, concibe al encierro preventivo como un instrumento excepcional de estricta teleología procesal que persigue fines netamente asegurativos o “cautelares” del proceso en que se dispone. En consecuencia, desatiende los aspectos penales-sustanciales que pudiera presentar el caso (tales como la reiterancia o tendencia delictiva del enjuiciable) y mira exclusivamente sus implicancias jurídico-procesales (sospecha vehemente de autoría delictiva, ausencia de domicilio o residencia conocidos, peligro de fuga, antecedentes de fuga, entorpecimiento de la investigación, connivencia obstructiva con terceros, etc.).

La otra corriente -de raigambre punitivista- es más aventurada y entra en pugna con principios y garantías constitucionales reputados fundamentales (Inocencia, Juicio Previo, Defensa en Juicio). Se le ha dado el mote de sustancialista por que postula el empleo del encierro cautelar para satisfacer fines y necesidades extraprocesales, propios del derecho penal material, sustantivo o de fondo, al margen de valoraciones de corte procesal. De tal modo, le asigna a la prisión preventiva alguna de las siguientes funciones: a) prevenir el delito mediante la anticipación de la pena (punición del procesado); b) evitar la reiteración delictiva mediante el encierro del sujeto proclive a delinquir; c) disminuir la tasa de delictuosidad a través del encierro del sospechado reincidente; d) impartir un mensaje criminológico simbólico de “mano dura” con el delito; etc. 10

Con razón se ha apuntado que “…la prisión preventiva no puede perseguir objetivos del derecho penal material”11 y que “…las medidas de coerción personal restrictivas o privativas de la libertad sólo pueden tener como exclusivo propósito asegurar los fines del proceso penal, o sea: la eficaz investigación del hecho y la aplicación efectiva de la ley penal. Toda norma o resolución judicial que imponga tal coerción con cualquier otra finalidad es inconstitucional”12. También se sostuvo que “La prisión provisional no puede, por lo tanto, asumir funciones preventivas que están reservadas a la pena…las únicas finalidades que pueden justificar la prisión provisional son de carácter procesal: la sustracción del inculpado a la justicia, el peligro de tal sustracción o el peligro de obstrucción de la investigación…”13. Asimismo, siguiendo el camino señero de la buena doctrina, se enfatizó: “En el sistema jurídico argentino hoy se admite la posibilidad excepcional…de privar al imputado de su libertad durante el proceso, sólo cuando sea absolutamente indispensable (es decir, no sustituible por ninguna otra medida de similar eficacia pero menos gravosa) para asegurar alguna medida de investigación y la actuación de la ley penal, legitimándola únicamente como una medida cautelar de esos fines del proceso”14.

Esta corriente instrumental -a la que adherimos decididamente- encuentra sustento constitucional bastante en el art. 18 de la Const. Nac., así como en la CADH y en el PIDCyP, que por imperio del art. 75 inc. 22 de la Const. Nac. tienen jerarquía constitucional. En efecto, la norma citada en primer término dispone en su parte pertinente: “Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso”. Asimismo, el art. 7 inc. 5º de la Convención Americana de Derechos Humanos estatuye que “…su libertad -se refiere a la del imputado- podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio”, al tiempo que el art. 9 inc. 3º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos sienta la nota de excepcionalidad que debe cualificar a la prisión preventiva, al prescribir: “…La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general,…” (dicha norma viene a explicitar la regla proceso sin preso).

Aún cuando la práctica de nuestros tribunales ofrece todavía alguna resistencia al criterio procesalista (único constitucionalmente admisible), lo cierto es que la tesitura adjetiva, instrumental o formalista va ganando espacio en la conciencia jurídica de los operadores judiciales.

IV. FUNDAMENTO, FINES Y PRESUPUESTOS DE LA PRISIÓN PROCESAL
1) Dable es recordar, liminarmente, que la prisión preventiva fue reputada por Beccaria como “una especie de pena”15, y que el gran Carrara justificaba la “custodia preventiva” sólo frente a graves delitos, según las necesidades del procedimiento, y siempre que fuera “brevísima” y lo menos rigurosa posible. Empero, el eminente maestro de Pisa admitía, como una verdadera “necesidad política”, su excepcional prolongación para satisfacer “…necesidades: 1º) de justicia, para impedir la fuga del reo; 2º) de verdad, para impedirle que estorbe las indagaciones de la autoridad, que destruya las huellas del delito y que intimide a los testigos; 3º) de defensa pública, para impedirle a ciertos facinerosos que durante el proceso continúen en sus ataques al derecho ajeno”16.

En Francia, Hélie, procurando desentrañar la naturaleza jurídica de la prisión provisional, señalaría: “…si se la descompone en sus diversos elementos, es a la vez una medida de seguridad, una garantía de la ejecución de la pena y un medio de instrucción”17. Grevi, por su parte, intentando sistematizar las “funciones” que suelen atribuirse en doctrina a la prisión provisional, indica dos: 1º) función especial preventiva; y 2º) función cautelar, admitiendo en esta última un doble andamiaje protector: a) como “cautela de tipo instrumental, en orden al desarrollo del proceso”; y b) como cautela “de tipo final, en orden a la ejecución de la eventual condena”18.

De cuanto llevamos dicho en los acápites anteriores emerge palmario que en nuestro derecho la única función constitucionalmente aceptable de la Prisión Preventiva es la función cautelar, en los dos sentidos indicados por Grevi.

2) Ahora bien, el más decisivo fundamento de la prisión procesal halla su fuente político-constitucional en la necesidad de hacer efectivo el postulado preambular de afianzar la justicia (fundamento constitucional), aspiración que justifica la instrumentación excepcional del encierro cautelar con fines asegurativos del normal desenvolvimiento del proceso (fundamento procesal). De suerte, entonces, que la mentada premisa afianzadora de justicia debe ser complementada con la garantía del goce de los beneficios de la libertad para todos los habitantes del suelo argentino. Es así que el mandato constitucional implícito en tales enunciados impone a los órganos estatales encargados de la procuración y administración de justicia el deber político-institucional complejo de afianzar la justicia y asegurar la libertad. Ambas premisas se enriquecen y condicionan recíprocamente, y deben ser armónicamente equilibradas de modo que se logre la ecuación axiológica: “justicia para la libertad y libertad para la justicia”.

En consecuencia, el afianzamiento de la justicia manda que se asegure la presencia y comparencia del incoado en el proceso -a efectos de posibilitar su juzgamiento y el cumplimiento de la pena eventualmente imponible- y se impida cualquier maniobra obstructiva del esclarecimiento histórico del hecho por parte del mismo. De manera que el criterio de “efectivo peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación” (que en lenguaje jurisprudencial se denomina periculum libertatis) es el único que deviene respetuoso de las garantías constitucionales de Inocencia, Juicio Previo y Defensa en Juicio, y se ha impuesto en la doctrina judicial de nuestros tribunales, pues el más decisivo fundamento del encierro preventivo es “…la indispensabilidad como cautela para asegurar la normal sustanciación del proceso”19. Por ello, se ha enfatizado que “…la prisión preventiva por fuga, peligro de fuga, y -en forma menos necesaria- por peligro de obstrucción de la averiguación de la verdad debe ser jurídicamente posible,…”20.

3) Ahora bien, no debe perderse de vista que el encarcelamiento preventivo es, en último término, “prisión sin juicio” -al menos del modo como se cumple hoy en día en nuestro país-, y que ello contraria el espíritu tutelar del art. 18 de la Const. Nac. en la medida en que supone la privación de libertad de un Inocente, y que tal condición -inocencia- funda el derecho del Imputado a ser tratado como inocente y gesta una Presunción de No Peligrosidad en favor del mismo (FERRAJOLI). De modo que la afirmación de peligrosidad procesal en el prevenido deberá sustentarse concretamente en las constancias de cargo obrantes en la causa, no pudiendo inferirse “en abstracto” a partir de presunciones legales absolutas21.

Resaltando la importancia práctica del Principio de Inocencia, se ha anotado que el mismo significa “…también (y quizás principalmente) la prohibición de pretender castigarlo (al imputado) informal o anticipadamente con medidas de coerción procesal antes de su dictado (el del fallo condenatorio)…, tampoco será legítimo aplicar cautelas procesales para neutralizar la posibilidad de reiteración delictiva, posibilidad que es el fundamento de las medidas de seguridad”, a la par que se sostuvo el error que trasunta pretender justificar la prisión preventiva para evitar “el peligro de reincidencia o comisión de nuevos delitos por parte del detenido”22.

4) Mucho se ha escrito acerca de los fundamentos constitucionales de la prisión preventiva23, más tales indagaciones han girado, las más de las veces, en derredor de principios lógico-jurídicos y políticos sustentadores de la necesidad y legitimidad del encierro preventivo. Sin embargo, poco se ha avanzado en la valoración crítica de los aspectos estructurales y funcionales del instituto bajo examen. En otras palabras, la formulación teórico-conceptual de la cuestión en debate desatendió la consideración de sus aspectos prácticos y empíricos, omisión que tradujo un verdadero “vicio epistemológico”: el de la teoría sin controles empíricos24.

La vastedad y prestancia de los desarrollos doctrinarios logrados sobre el particular y los modestos alcances de este pequeño breviario nos eximen de tratar el tópico. Bástenos aquí apuntar algunas breves acotaciones significativas de un aspecto medular de la desnaturalización punitiva del encierro cautelar: su cumplimiento bajo régimen carcelario.
En orden a la justificación político-constitucional del encarcelamiento procesal, entiendo que no basta con declamar farisaicamente que la Prisión Preventiva no es pena anticipada sino medida cautelar si su implementación práctica refleja una “penosidad vivencial” (sufrimiento o padecimiento psicofísico) idéntica o muy similar a la del encierro carcelario propiamente punitivo o sancionatorio. Es que la cuestión no se resuelve apelando a proclamaciones eufemísticas de orden meramente lingüístico-nominalista (prisión-pena/prisión-medida cautelar). En todo caso, se debe asignar al instituto de la prisión procesal una fisonomía propia y diferenciada respecto de la pena privativa de libertad. Y tal categorización debe hacerse no desde formulismos academicistas, sino partiendo del Estado de Inocencia que ampara al “encerrado”. En tal sentido, cabe afirmar que su condición de Inocente obliga a “desprisionalizar” el encierro cautelar y a darle un marco normativo-referencial y operativo-funcional adecuado a su declamado carácter “cautelar no anticipatorio de pena”. En otros términos, debe hacerse hincapié no tanto en la cuestión denominativa sino en el modo de cumplimiento efectivo de la prisión preventiva (lugar de detención, duración, régimen de permisiones, actividades, recreación, visitas, seguridad, controles, etc.).

Para ser cabalmente respetuosos del espíritu efectivamente tuitivo del texto fundamental (Preámbulo y arts. 18 y 75 inc. 22 de la Const. Nac.), el encierro preventivo no debiera, en principio, cumplirse en “cárceles” (salvo intento de elusión u obstrucción de la justicia, o en supuestos de incontrolable desborde agresivo del prevenido), sino en establecimientos distintos especialmente acondicionados para el tratamiento cautelar del Inocente. Es decir, debiera implementarse una modalidad restrictiva de la libertad ambulatoria del sospechado, destinada a resguardar los fines esenciales del proceso penal, cuya ejecución no resultara estigmatizante o lesiva de la dignidad del cautelado. Y ello exige la habilitación de casas o residencias (suerte de granjas, quintas o “casas de retiro”25) aptas para el hospedaje temporal de las personas sometidas a tal tipo de cautela procesal, así como el diseño organizacional de una policía judicial especializada, distinta de la penitenciaria (carcelaria), que tuviera el dominio de la órbita procesal cautelar, tanto personal como real.

Ello es así, pues la restricción de libertad con fines asegurativos del proceso carece del sentido retributivo-aflictivo que signa a la pena como natural consecuencia jurídica del delito. Por el contrario, busca preservar una situación de valía para el resultado del proceso con miras a afianzar la justicia en el caso concreto. En consecuencia, con los culpables (condenados por sentencia firme) téngase todo el rigor razonable y legal; con los procesados, en cambio, sólo el estrictamente necesario, pues son inocentes26. Tales diferencias prácticas de trato y vivencia (dimensión de la realidad fáctica) son las que deben revelar la verdadera naturaleza jurídica y la admisibilidad constitucional del encierro cautelar.

5) Se han anotado como presupuestos de procedencia del máximo grado de coerción procesal de carácter personal admisible en nuestro sistema los siguientes: a) existencia de pruebas de cargo de la comisión de un delito en contra del detenido (fumus bonis iuris -o apariencia o verosimilitud del derecho- ); b) concurrencia de grave peligro (por lo “serio y probable”) de que, si no se impone la coerción, el Imputado frustre alguno de los fines del proceso (periculum in mora)27.

En explicitación de tales bases se ha escrito: “Para dar por existentes tales riesgos procesales que justifican aquellas restricciones y cuya existencia deberá ser demostrada en cada caso, se consultan tanto pautas objetivas (vinculadas a la gravedad de la posible pena a imponer y a las modalidades de ejecución -v.gr., que no sea posible su ejecución condicional-), como subjetivas (relacionadas con la personalidad del imputado)”, habiéndose subrayado la necesaria concurrencia simultánea de ambas clases de recaudos28 y la consiguiente insuficiencia de cada uno de ellos en forma aislada.

Finalmente, en esclarecedora y completa síntesis, la jurisprudencia ha tenido ocasión de definir acabadamente la fisonomía jurídica de la prisión procesal al caracterizarla como: a) cautelar: pues no tiene un fin en sí misma (no importa adelanto de pena), sino que tiende a evitar los peligros que pueden obstaculizar la consecución de los fines del proceso; b) provisional: en virtud de que la desaparición del peligro origina su cese; c) de interpretación restrictiva: por afectar derechos de quien goza de un estado jurídico de inocencia, por lo que sólo puede ser autorizada u ordenada en la medida de la más estricta necesidad; d) proporcionada: al peligro que se trate de evitar; y e) fundada: debido a que su aplicación plantea como condición la existencia de pruebas de las que derive probablemente la existencia de un hecho ilícito y de la participación del prevenido29.

6) Por nuestra parte, entendemos que los recaudos excepcionalmente habilitadores del instituto examinado deben ser objeto de riguroso análisis casuístico, según las concretas y objetivas constancias de cada causa, debiendo el juzgador extremar la argumentación jurídico-factual motivadora de la resolución respectiva a efectos de objetivar y circunstanciar el juicio proyectivo de peligrosidad procesal pertinente, allanando, de tal modo, el camino racional del control jurisdiccional revisivo.

Valga, pues, nuestro modesto intento por conceder al encierro preventivo el lugar y la función que le corresponde a la luz de nuestro derecho constitucional y procesal, destacando la incidencia del instituto en los derechos fundamentales del Imputado y el necesario control garantista de su concreto andamiento práctico.

Hacemos voto de confianza en los operadores del sistema jurídico, para que asuman con convicción la tesis procesalista y erradiquen del ámbito procesal penal el nefasto sustancialismo: ciego confundidor de principios y conceptos que desnaturaliza la esencia y finalidad del instituto bajo análisis; inicua concepción socio-político-jurídica de criminalización y castigo anticipado y preventivo.

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Notas
1 BINDER, Alberto “Introducción al Derecho Procesal Penal”, Ed. AD-HOC, Bs. As., 2004, pág. 67 y ss; LEDESAMA, Angela Esther, “La Reforma Procesal Penal”, Ed. NOVA TESIS, Rosario de Santa Fe, 2000, pág. 39 y ss.; CAFFERATA NORES, José I., “Cuestiones Actuales sobre el Proceso Penal”, Ed. Del Puerto, Bs. As., 2005, pág. 11 y ss.; del mismo autor “Proceso Penal y Derechos Humanos”, Ed. Del Puerto s.r.l., Bs. As., 2005, págs. 3 y ss. y 123 y ss.; MAIER, Julio B. J., “Derecho Procesal Penal”, Ed. Del Puerto, Bs. As., 1999, T. I (Fundamentos), pág. 653 y ss.; CARRIÓ, Alejandro, “Garantías Constitucionales en el Proceso Penal”, Ed. Hammurabi, Bs. As., 2008, pág. 80 y ss.; FLEMING, Abel y LÓPEZ VIÑALS, Pablo, “Garantías del Imputado”, Ed., Rubinzal-Culzoni, Bs. As., 2008, págs. 473 y ss., en especial pág. 509 y ss; etc.
2 CSJN: “Tarifeño, Francisco”, resuelta el 28/12/89, (L.L., 1995-B, 32); “García, José A.”, fallada el 22/12/94, (L.L., 1995-B, 318); “Cattonar, Julio” (L.L., 1996-A, 67); “Mostaccio”, del 17/02/04; “Quiroga, Edgardo”, decidida el 23/12/2004, etc.
3 LINARES QUINTANA, Segundo V., “Tratado de la Ciencia del Derecho Constitucional”, Ed. Plus Ultra, Bs. As., 1978, T. IV, pág. 16.
4 BIDART CAMPOS, Germán, citado por FLEMING, Abel y LÓPEZ VIÑALS, Pablo, Ob. Cit., pág. 67.
5 En nuestro concepto, el principio “pro homine” es un postulado axial de la hermenéutica jurídica contemporánea que rige en tutela de la libertad y seguridad de la persona humana, como criterio atemperador de las falibilidades de la “justicia humana”, y postula una consideración benevolente y generosa de los derechos y libertades, al tiempo que limita las restricciones y prohibiciones al “mínimo necesario”. En consecuencia, tal pauta de interpretación e integración del orden jurídico impone que toda “situación o condición favorable” a la persona deba interpretarse ampliamente y admita su consideración extensiva y analógica; por el contrario, toda “situación o condición gravosa o perjudicial” para la persona debe entenderse restrictivamente, sin posibilidad alguna de ser valorada de manera extensiva o analógica.
Como bien se observara, en virtud de tal principio “…debe acudirse a la norma más amplia, o a la interpretación extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos, e, inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria” (PINTO, Mónica, citada por CAFFERATA NORES, José I., “Proceso Penal y Derechos Humanos”, Ed. Del Puerto s.r.l., Bs. As., 2005, pág. 19, nota 48).
6 Es que, como bien se ha enseñado, el Derecho Procesal Penal tiene carácter reglamentario de las garantías constitucionales, pues “…el derecho procesal penal no hace más que reglamentar o dar vida práctica a esos dogmas constitucionales,…” (VÉLEZ MARICONDE, Alfredo, “Derecho Procesal Penal”, Ed. Lerner, Bs. As., 1969, T. I, pág. 313; en igual sentido MAIER, Julio B. J., Ob. Cit., T. I, pág. 163). Por ello, jamás podrá una norma reglamentaria (en nuestro caso, procesal penal) acotar, limitar o reducir el “alcance natural” y esencial de una garantía constitucional expresa o implícitamente reconocida por la Ley Fundamental (arts. 1, 5, 31, 33 y 75 inc. 22); tal restricción sería inconstitucional (arts. 28, 31, 33 y 75 inc. 22 de la Const. Nac.).
7 VELEZ MARICONDE, Alfredo, Ob. Cit., T. I, pág. 313 y ss., T. II, pág. 475 y ss.; MAIER, Julio B.J., “Derecho Procesal Penal – Fundamentos”, Ed. Del Puerto, Bs. As., 1999, T. I., pág. 514 y ss.; FLEMING, Abel y LÓPEZ VIÑALS, Pablo, Ob. Cit., pág. 25 y ss.
8 Al respecto, se ha destacado que la denominada peligrosidad procesal se traduce “…en el peligro real y no virtual, cuyo basamento tiene como punto de partida, acontecimientos concretos emanados de conductas del imputado orientadas a perturbar los actos de investigación, sustraerse de la actividad procesal o evitar el cumplimiento de una condena”; y se aclaró que tal concepto difiere esencialmente del de Peligrosidad Penal o Social, que “…está orientada a aplicar correctivos para morigerar o eliminar el fenómeno delictivo” (RIZZARDI, Jesús Alberto J., “Medidas Cautelares en el Proceso Penal. “Prisión: ¿Condena o Medida Cautelar?”, Revista de Derecho Penal, Ed. Juris, Rosario de Santa Fe, 2003, T. 9, pág. 40. En igual sentido, FLEMING, Abel y LÓPEZ VIÑALS, Pablo, Ob. Cit., págs. 140 y 146).
9 Tal es el sentido que emerge de la norma del art. 270 del CPP -en consonancia con la genérica enunciación finalista del art. 189- y su vigencia se potencia con el postulado principista contenido en el art. 3 del mismo ordenamiento adjetivo. Asimismo, el maestro Vélez Mariconde definía a la Coerción Personal del Imputado como “…la restricción o limitación que se impone a su libertad para asegurar la consecución de los fines del proceso: la averiguación de la verdad y la actuación de la ley penal” (VELEZ MARICONDE, Alfredo, Ob. Cit., T. II, pág. 476).
10 En comentario a tal desnaturalización punitivista de la prisión preventiva se ha anotado: “La perversión más grave del instituto, legitimada desgraciadamente por Carrara, y antes por Pagano, ha sido su transformación, de instrumento exclusivamente procesal dirigido a “estrictas necesidades” sumariales, en instrumento de prevención y de defensa social, motivado por la necesidad de impedir al imputado la ejecución de otros delitos”; advirtiéndose que tal cosmovisión convierte al encierro preventivo en “…una ilegítima pena sin juicio” (FERRAJOLI, Luigi, “Derecho y Razón – Teoría del Garantismo Penal”, Ed. Trotta, Madrid, 2005, pág. 553).
El razonamiento judicial “sustancialista” -confundidor de dos categorías conceptuales diversas: peligrosidad procesal y peligrosidad penal (ver nota 8)- discurre en los siguientes términos: “…Sin embargo, de la compulsa de la planilla prontuarial del imputado…se advierte que desde el año 2006 hasta la actualidad, la conducta delictual del detenido evidencia una marcada tendencia hacia los delitos contra la propiedad, en forma reiterativa…, por lo que se evidencia una proclividad en delinquir…Las tendencias antes descriptas imponen las medidas restrictivas para poner límites a su accionar…” (extracto de un fallo de primera instancia denegatorio del beneficio eximitorio peticionado).
11 HASSEMER, Winfried, “Crítica al Derecho Penal de Hoy”, Trad. de Patricia S. Ziffer, Ed. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1998, pág. 109. Al respecto, se apuntó que “…el uso directamente defensista de la prisión provisional en función de prevención de la peligrosidad del reo no puede ser considerado de otro modo que como una ejecución anticipada de la pena,…” (IBÁÑEZ, Perfecto Andrés, “En Torno a la Jurisdicción”, Ed. Del Puerto, Bs. As., 2007, pág. 263; con subrayado propio). A tono con lo dicho, el Tribunal Constitucional de España sostuvo que “…lo que en ningún caso puede perseguirse con la prisión provisional son fines punitivos o de anticipación de la pena” (STC 40/87).
12 JAUCHEN, Eduardo M., “Derechos del Imputado”, Ed. Rubinzal-Culzoni, Bs. As., 2005, pág. 276; con destacado propio. En idéntico sentido, FLEMING, Abel y LÓPEZ VIÑALS, Pablo, Ob. Cit., pág. 41.
13 BACIGALUPO, Enrique, “El Debido Proceso Penal”, Ed. Hammurabi, Bs. As., 2007, pág. 62/63; con resaltado nuestro.
14 CAFFERATA NORES, José I. – FRASCAROLI, María Susana, “La Entidad de la Amenaza Penal emanada del delito atribuido, ¿Justifica por sí sola la imposición del Encarcelamiento del Imputado durante el proceso?, en “Ejercicio Concreto del Poder Penal”, Ed. Mediterránea, Córdoba, 2006, pág. 37 y ss.
15 BECCARIA, Cesare, “De los Delitos y de las Penas”, trad. de J.A. de las Casas, Alianza, Madrid, 1968, pág. 60.
16 CARRARA, Francesco, “Programa del Curso de Derecho Criminal”, trad. de Ortega Torres y Guerrero, Ed. Temis, Bogotá, 1957, vol. II, nº 897, pág. 375; el destacado me pertenece.
17 HÉLIE, M, citado por IBÁÑEZ, Perfecto Andrés, Ob. Cit., pág. 258.
18 GREVI, citado por IBÁÑEZ, P. A., Ob. Cit., pág. 259.
19 TSJCba., Sala Penal, en pleno, in re “Aguirre Domínguez”, Sentencia nº 76, 11/12/1997. Igual tesitura fue seguida por la Corte IDH en causa “Suárez Rosero, 12/XI/97” y más recientemente por nuestra jurisprudencia nacional (ver voto del Dr. Edgardo Donna en el causa “BARBARÁ, Rodrigo Ruy” de la Sala I de la Cámara Nacional Criminal y Correccional, del 10/12/2003; y el voto de la Dra. Ángela Esther Ledesma al fallar en la causa “MACHIERALDO, Ana María Luisa” -de la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal-). Para mayor ilustración puede verse CARRIÓ, Alejandro, “Garantías Constitucionales en el Proceso Penal”, Ed. Hammurabi, Bs. As., 2008, pág. 676 y ss.
En el mismo sentido, se resolvió: “El encarcelamiento preventivo será admisible sólo cuando sea indispensable para asegurar el descubrimiento de la verdad y la actuación de la ley. Cuando deje de serlo, deberá cesar” (C. Crim. Segunda Circunscripción Judicial de La Pampa, 22/1/88, “Albornoz, Aldo Julio”, “B.J.”, La Pampa, nº 46, ene.-feb.-mar., 1989, p. 9)
En nuestro medio local el criterio procesalista fue recientemente sentado por la Sala II de la Cámara de Acusación de Salta (Causas Nº 26.933/10, resuelta el 25/01/2010; Nº 26.951/10, del 26/01/2010 y Nº 26.991/10, del 10/02/2010).
20 HASSEMER, Winfried, Ob. Cit., pág. 107. En dicho trabajo, el jurista germano alude a la existencia de “fundamentos apócrifos de la prisión preventiva”, y menciona, entre ellos, a la detención con “fines educativos” y a la reincidencia o “peligro de reiteración delictiva” (pág. 103).
21 A este respecto, se ha apuntado que la previsión legal de supuestos delictuales en los que la prisión preventiva deba funcionar en forma automática, general y obligatoria (a través de presunciones absolutas o iuris et de iure), resulta contraria a la Constitución, siendo presupuesto ineludible para la procedencia del instituto cautelar la acreditación de peligro procesal concreto y determinado (BOVINO, Alberto, “Temas de derecho procesal penal guatemalteco”, Fundación Mirna Mack, Guatemala, 1996, pag. 46, nota 16; MAIER, Julio B. J., Ob. Cit., T. I, pág. 525; PASTOR, Daniel, “El encarcelamiento preventivo en el nuevo Código Procesal Penal de la Nación”, Ed. Del Puerto, Bs. As., 1993, pág. 50; FLEMING, Abel y LÓPEZ VIÑALS, Pablo, Ob. Cit., pág. 151).
En tal sentido, la Sala II de la Cámara de Acusación de Salta, relacionando la plataforma normativa combinada que fijan los arts. 26 del CP y 305 del CPP, tuvo ocasión de decidir que “…la presunción de que se valió el legislador para permitir o no la concesión del beneficio de libertad provisional (al suponer que en caso de recaer condena de cumplimiento efectivo el acusado intentará eludir la acción de la justicia) no goza de rango absoluto (praesumptio iuris et de iure), tratándose, por el contrario, de una pauta orientativa de carácter relativo (praesumptio iuris tantum) que debe ser interpretada por el operador judicial en forma sistemática, a tono con los postulados preeminentes de máxima jerarquía en nuestro sistema constitucional, y de conformidad con las particulares circunstancias fácticas de cada caso” (Expte. CAM Nº 26.991/10, “Eximición de Detención a favor de Burgos, O.A.”, resuelta el 10/02/2010; del voto del Dr. Luis Félix Costas – adhesión del Dr. Enrique Granata; el resaltado es propio).
22 CAFFERATA NORES, José I., “Proceso Penal y Derechos Humanos”, Ed. Del Puerto, Bs. As., 2005, pág. 183/184.
23 PESSOA, Nelson, “Fundamentos Constitucionales de la Exención de Prisión y de la Excarcelación”, Ed. Hammurabi, Bs. As., 1992; CARRIÓ, Alejandro, “Garantías Constitucionales en el Proceso Penal”, Ed. Hammurabi, Bs. As., 2008; CAFFERATA NORES, José I., “La Excarcelación”, Ed. Lerner, Córdoba – Buenos Aires, 1977; y “Medidas de Coerción en el Proceso Penal”, Ed. Lerner, Córdoba, 1983; etc.
24 Concepto que pertenece a BOBBIO, Norberto, en Prólogo a la obra de FERRAJOLI citada en nota nº 10 (“Derecho y Razón”). Allí, el destacado filósofo del derecho alude a la existencia de dos vicios epistemológicos opuestos: el de la práctica sin principios lógicos de sustentación racional, y el de la teoría sin controles empíricos. En esencia, postula, a nuestro ver, la precariedad e incompletividad de dos posturas cognoscitivas extremas igualmente imperfectas: el teoricismo (exacerbación de la teoría con olvido de la practica y su encarnación realista) y el pragmatismo (sublimación de la praxis con prescindencia e indiferencia respecto de la teoría).
25 Que bien podrían denominarse, por ejemplo, “Casas Residenciales de Procesados”.
26 Es que, como bien se ha destacado, el Principio de Presunción de Inocencia tiene una doble dimensión: de un lado, es regla probatoria o de juicio, y, de otro, regla de tratamiento del imputado. En cuanto regla probatoria tiene su antecedente en el pragmatismo de la gnoseología judicial anglosajona; en tanto regla de tratamiento del imputado hunde sus raíces en el legalismo del pensamiento ilustrado continental (conf. ILLUMINATI, citado por IBÁÑEZ, Perfecto Andrés, “En Torno a la Jurisdicción”, Ed. Del Puerto, Bs. As., 2007, pág. 255).
27 CAFFERATA NORES, José I. – TARDITTI, Aída, “Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba – Comentado”, Ed. Mediterránea, Córdoba, 2003, T. I, pág. 638. Como bien advierten los autores de mención, tales recaudos presupuestarios son los requisitos de cualquier medida cautelar, extremo que permite reafirmar la verdadera naturaleza jurídica del encierro preventivo.
28 CAFFERATA NORES, José I. – TARDITTI, Aída, Ob. Cit., pág. 639; con subrayado nuestro.
29 TSJCba., en pleno, autos: “Aguirre Domínguez, José Manuel y otra p.s.a. defraudación calificada reiterada – Recurso de inconstitucionalidad”, Sent. Nº 76, 11/12/97; fallo publicado en SJ, Nº 1192, T. 78, 1998, A, pág. 572.

jueves, 8 de noviembre de 2012

El encarcelamiento preventivo o el lento camino hacia el patíbulo de los desclasados bonaerenses.

Por, Gabriel Elías H. Ganón
 
“…Abre el ojo cuando vayas al teatro, ese tercer gran ojo que mira al mundo a través de los otros dos”. (Federico Nietzsche)
 
“ … El encarcelamiento preventivo o el lento camino hacia el patíbulo de los desclasados bonaerenses…1 ”
 
“...Si esta cárcel sigue así, todo preso es político.
Un común va pestañear. Si tu preso es político
Obligados a escapar. Somos presos políticos,
Reos de la propiedad, los esclavos políticos...”
(“Todo preso es político” Patricio Rey y los Redonditos de Ricota)
 
La tragedia ocurrida en la discoteca “Cromañon” durante un espectáculo de rock, puso al descubierto las permanentes contradicciones que subyacen a las reglas jurídicas. Estas contradicciones, negadas con demasiada frecuencia, se volvieron manifiestas cuando la prensa hizo pública la resolución judicial que le otorgó la excarcelación a Omar Emir Chabán, dueño de aquella discoteca. Así, nuevamente apareció en escena el latente conflicto que existe entre las normas y los discursos valorativos que las comprometen. Creo posible reconocer dos extremos bien marcados en el contraste discursivo de interpretación normativa: por un lado, la ruda, grotesca y en ocasiones panfletaria crítica pragmática de ciertos actores sociales -todos con diversos intereses, (los familiares de los muertos en la tragedia de la discoteca; los que por uno u otro motivo llegaron a la política gracias a la difundida “sensación de inseguridad”- Blumberg o Patti- y las numerosas víctimas de delitos callejeros); por otro lado, la posición legalista y ortodoxa de muchos juristas que debaten sobre el encarcelamiento preventivo, aferrados al campo de la lógica jurídica. De esta manera, jamás se produce la apertura para la necesaria comunicación y todo confluye para que en el escenario se reproduzca una conversación entre sordos en una habitación en penumbras, en la que los mismos se muestran igualmente incapaces de explicar las relaciones que rigen en forma manifiesta el encarcelamiento preventivo.

De este modo, el debate se muestra en sus extremos, y se lucen unos, cuestionando los principios legales desde el “sentido común”, y otros, declamando su vigencia más allá de la realidad cotidiana de los tribunales. Por supuesto que, dentro de este berenjenal, donde todo parece decirse sin llegar a decirse en definitiva nada, los espectadores podrán optar por una u otra opción. Pero probablemente su decisión se habrá visto determinada por la incomprensión de la opción descartada.

Por esta razón, resulta vacua la insistencia casi monomaníaca de muchos venerables juristas -a no dudarlo, de buenas intenciones- de seguir declamando por las garantías constitucionales. Semejante persistencia, lejos de facilitar su traducción al lenguaje cotidiano, impide la comprensión del lego, pues jamás se logra con dicho discurso atravesar el campo de lo normativo para llegar a otros campos tan o más determinantes de las prácticas judiciales, campos que hacen que el derecho constitucional a la libertad durante el proceso penal sea una mera quimera para la mayoría.

Vale la pena detenerse en este punto, pues, a pesar de la existencia de antecedentes jurisprudenciales fundamentales en la materia como lo son los fallos “Barbará, Rodrigo Ruy”; “Macchieraldo, Graciela” y “Villarreal, Raúl Alcides”, la lógica teórica expuesta en dichas resoluciones resulta contrastante con la realidad de las prisiones bonaerenses, atestadas de presos sin condena, como consecuencia una práctica judicial que poco o nada tiene que ver con el respeto de la Constitución Nacional.

La cuestión de los alcances o restricciones a la prisión preventiva, entonces, parece definirse en la práctica como consecuencia directa de ciertas relaciones de fuerza. Es por ello que estas últimas merecen ser analizadas especialmente, para al menos intentar poner de resalto los “hechos sociales” sobre los que las normas jurídicas referidas a la prisión preventiva deben actuar y en verdad actúan (Bergalli, 2004). De hecho, el encarcelamiento preventivo es aplicado en forma masiva porque responde a una lógica estatal de regulación de grupos poblacionales. Esta intervención jurídica interfiere en forma inmediata sobre la vida de los miles de desclasados y se configura más allá de los límites estrictos de legalidad por medio de los sentidos prácticos que los jueces le otorgan a la normativa vigente (Bordieu, 1997:40).

Por eso, el comportamiento judicial que desnaturaliza en la práctica las garantías constitucionales que regulan la libertad ambulatoria, lejos de ser inesperado, resulta congruente con las expectativas de conducta que el derecho explícita o implícitamente requiere de la generalidad de los magistrados, volviendo habitual la imposición de tecnologías de control social duro. Dicho de otro modo, en palabras de Bordieu, no hacen más que revelar su “habitus” o más claramente la “ley” de su dirección y su movimiento.

Así, entiendo fundamental el análisis de ciertos aspectos que, como decía, hacen que en el dictado de la prisión preventiva, entren en juego valores que son necesarios conocer y que van mucho más allá de la mera epistemología jurídica.

Dentro de tales consideraciones, aparecen con claridad ciertos parámetros que regulan la dinámica de las prácticas judiciales y que permiten su generalización a contramano de la Constitución Nacional. Semejante disposición habitual de los magistrados podría fácilmente tildarse de inconstitucional, pero esta declaración sólo servirá como testimonio para mantener el debate en orden a modelos ideales.

Este reduccionismo temático, que teme participar del debate sobre la ley y el orden, facilita la perpetuación en el “sentido común” ciudadano de aquella noción de que el garantismo penal solo tiene ideas confusas y, lo que es peor, que no tiene ningún interés en resolver los problemas que representa el delito para la vida real de los argentinos. Así, los efectos conseguidos sólo son negativos, porque con el discurso de la pirámide constitucional tampoco se logra disuadir a los “expertos” -los jueces- de que limiten a la máxima expresión la aplicación del encarcelamiento preventivo. Por esta razón es que entiendo deviene necesario descifrar los códigos rutinarios que determinan a los jueces -algunos de ellos seguramente influidos por los múltiples mensajes externos- a disociar sin ningún disimulo toda la teoría aprendida, al momento de aplicarla en la práctica. Este ejercicio intelectual se desarrolla bajo ciertos influjos dogmáticos que les permite a los operadores del sistema judicial dar cuenta de circunstancias lógicamente inexplicables, evidenciando en realidad un angustiante esfuerzo por dar por cerrado un debate que nunca comienza.

Así las cosas, más allá de que existan numerosas teorías que asignan –como así también otras que quitan - legitimidad al encarcelamiento preventivo, lo cierto es que como consecuencia de la humana e invencible tendencia a reducir la diversidad a lo idéntico, las doctrinas jurídicas proporcionan sólo la satisfacción ficticia de eliminar la irracionalidad múltiple de las acciones humanas.

De este hecho psicológico que nos conforta y del que tampoco escapa el comportamiento judicial, se deriva la existencia de la pretensión de darle al Derecho un aire de cientificismo lógico que ignora la relatividad de los acontecimientos humanos.

Esta simplificación excesiva solo revela la impaciencia humana que deriva en el rápido abandono del intento por comprender –finalmente- que los fenómenos humanos son siempre materialmente diversos. Quizás por este motivo, muchos de nosotros -ni todos, ni siempre- sucumbimos a la tentación dogmática de la contemplación de una verdad revelada que permanece en la superficie de nuestro intelecto pero que jamás se contacta con la realidad cotidiana. Así, nos vemos arrastrados hacia esta renuncia anticipada que nos predestina a perder el acceso a la duda como clave del pensamiento, para entender la existencia de las especificidades casi infinitas que hacen posible la discordancia entre los hechos y las normas. Por eso es que debemos renunciar a la búsqueda de verdades absolutas o causas únicas, para empezar a admitir la existencia de otras causas que regulan la interpretación judicial y que generalmente actúan en forma simultánea con la pura lógica jurídica. Esta relación de circunstancias del proceso interpretativo a la que me refiero -poco explorada localmente- es muchas veces determinante de la actitud de muchos integrantes del Poder Judicial, cuando con sus decisiones dejan que los procesos tengan como única fuerza propulsora el calendario fatigoso, dejando que se repitan tensiones y relajamientos de antagonismos que solo parecen exaltarse, sin que nada pueda prácticamente resolverse. Por eso, debemos explorar ese proceso teniendo en cuenta sus vastos campos velados, que aunque nunca nos otorgan la explicación absoluta, sí nos permiten actuar de manera práctica para que las acciones judiciales de generalización del encarcelamiento preventivo puedan ser modificadas. Resumiendo, las condiciones de materialización de la letra constitucional en cuanto a la presunción de inocencia se refiere, deben buscarse a través de estrategias políticas, sociales, culturales y económicas que permitan eliminar la ilusión de que la ley penal es el único camino a seguir para responder al desorden social.( Pavarini, 2006)

Para ser claro y simple, si todo se tratase de normas y su ajustamiento constitucional lo cierto es que después de la decisión del máximo tribunal del país en el fallo “Verbitsky”, el número de presos sin condena alojados en comisarías hubiera debido caer de manera abrupta. Sin embargo, no solo no disminuyó ese número sino que las cifras se mantuvieron estables, lográndose únicamente que las proyecciones de presos sin condena detuvieran su crecimiento geométrico. Hoy, la provincia de Buenos Aires -después de los efectos -“Ruckauf” y “Blumberg”- mantiene un 80% de encarcelados sin condena, porcentaje que, traducido en fríos números, implica la existencia de aproximadamente 18.000 personas sin sentencia firme, de cuya totalidad un importante porcentaje encontrará, si ha sobrevivido a la cárcel, final y formalmente su declaración inocencia.

Esta situación de injusticia, sufrimiento, enfermedad y muerte ha sido empíricamente demostrada en los últimos años con los informes publicados por la Defensoría de Casación Provincial, la Comisión Provincial por la Memoria y el Centro de Estudios Legales y Sociales. Todos estos documentos dieron cuenta de la caótica y desesperante situación en la que aquellas personas formalmente inocentes cumplen su encierro en las cárceles y comisarías bonaerenses. La presentación pública de la crueldad, la brutalidad y la barbarie existentes permitió, por un lado, hacer visible el horror de la aplicación sistemática de prácticas violatorias de los derechos humanos similares a las utilizadas durante la última dictadura militar. Por otro lado, volvió palpable el aspecto más oculto del permanente incumplimiento por parte de los operadores del sistema judicial de los principios de la Carta Fundamental, al encarcelar preventivamente a quienes son inocentes. Y entiendo que este es el aspecto más oculto porque lamentablemente es del que menos se habla, y, en definitiva, el que más debería debatirse. Porque la decisión que dispone el encierro preventivo sin fundamento suficiente viola no sólo el principio de inocencia sino que expone al sujeto encarcelado a una pena de muerte aleatoria. 

Las cifras de las muertes en custodia que oficialmente se niegan, prueban que el encarcelamiento preventivo es mucho más que una ilegalidad: es un proceso de exterminio en el que los jóvenes cautivos -casi todos formalmente inocentes- pueden encontrar la muerte en forma violenta en poco menos de una semana (por causa de incendios, heridas de arma o por “suicidio”) o en mucho menos tiempo por enfermedad (Tuberculosis, Hepatitis, SIDA). Este cálculo de probabilidades surge de la tenebrosa realidad estadística que muestra que tras los muros de las cárceles, por un motivo u otro, muere una persona cada dos días. Sin embargo, desde el análisis netamente jurídico, se continúa debatiendo lo evidente, a la par que se mantienen vigentes los profundos procesos de negación que ese mismo debate encierra. Así, la discusión sigue transcurriendo sin traspasar la muralla que separa la cárcel de su afuera, sin generar demasiada preocupación los problemas de los pobres diablos que pagan la “inconstitucionalidad del encarcelamiento preventivo” con tiempo, golpes y sangre.

En este sentido, parece que una de las cosas que no se dice -y en cierta manera se banaliza- es que la cárcel mata. Y mata por su insalubridad, falta de asistencia médica básica, ataques permanentes a la dignidad y agresión psicológica constante. Los “encerrados” son así condenados sin formalmente serlo, siempre esto último en nombre de un criterio colectiva y psicológicamente reconocido y aprobado, aunque escasamente materializado. Y todo esto permanece opaco y jamás se vuelve explícito. Ahora, plantearé algunas de las dificultades que surgen del predominio, en materia de interpretación de la prisión preventiva, de un sistema de preferencias que facilita a los jueces -a pesar de su marcada ilegalidad-, las herramientas esenciales para aplicar la medida cautelar más estigmatizante sin remordimiento alguno. Así, apuntaré ciertos mecanismos que genera el sistema punitivo -interna y externamente- para que la aplicación de la prisión preventiva como método de control social duro, se encuentre en cierta medida “normalizada”. Cuando hablo de normalización del encarcelamiento preventivo, no hago más que  describir un cierto sacrificio que se presenta como necesario en la mente de los jueces para sostener su decisión, que aunque lo nieguen, conduce a la muerte de miles de presos sin condena. En palabras de Garapon los jueces convierten de esta forma “…el destino de la ley penal posmoderna en la reinstitucionalización de la antigua dialéctica de polución-purificación, con sus estructuras sacrificiales subsidiarias...” (Garapon, 1997:11).

El comportamiento judicial utiliza el discurso político simbólico del Sistema Penal, en defensa de los intereses de clase a los que responden sus integrantes. No invierte el vocabulario punitivo en forma manifiesta, sino que, como lo ha hecho históricamente, utiliza un cierto malabarismo discursivo que niega “honradamente” el sufrimiento para justificar como necesario el “mal”, esto es, el encarcelamiento preventivo. En la práctica, los jueces transforman al poder judicial en un órgano represivo efectivo contra los pobres negados sistemáticamente. Por eso, mediante la utilización de una retórica mediocre, estos nuevos “glosadores” le otorgan a las palabras, muchas veces en forma inconsciente, cualquier sentido que les permita presentar como indispensable el encarcelamiento preventivo, sin considerar las características individuales de cada sujeto sometido a proceso, sólo valorando su pertenencia a un determinado grupo de riesgo. Luego, poco importan las palabras que utilizan las leyes de excarcelación o la interpretación que de aquéllas hagan los jueces, para acordar justificación a esta situación de segregación genocida, consentida y virtualmente legalizada a través de eufemismos.

Lo cierto es que la retórica judicial sirve para poder mantener a decenas de miles de presos sin condena cual si fueran “penados” 2, muchos de los cuales encuentran su muerte antes que se dicte su sentencia. El lenguaje utilizado por los jueces devasta el derecho constitucional de los ciudadanos a ser tratados como inocentes y se concretiza mediante la utilización de conclusiones lógicas que se sustentan sobre falsas premisas. Así, frases como “peligro de fuga”, “entorpecimiento de la investigación”, “encontrarse gozando de libertad provisoria de causas en trámite por similares delitos” “magnitud de pena en expectativa”, con frecuencia aparecen como buenos argumentos para restringir la libertad ambulatoria de las personas. Es cierto, que la aplicación de la privación de libertad de esta manera es manifiestamente ilegal pero en cierta forma no llega a ser verdaderamente ilegítima porque a las personas que la sufren se les quita su status de “ciudadano”. De este modo, es posible articular como ya veremos un sinnúmero de artilugios interpretativos que permiten ocultar su ilegalidad. Por ello, no es casualidad que en la actualidad desde el momento en que se considera al delito como un “atentado” contra el estado y a su autor como enemigo público, el camino hacia la violación de la letra constitucional no resulta demasiado complicado. De este modo, como decía, aquellos funcionarios suelen moverse un espacio donde la línea que separa la violencia legal de la ilegal es prácticamente imperceptible tan imperceptible que su definición es resuelta en la práctica de la acción inmediata por ellos mismos. Esta indeterminación no causal se vincula al decir de Zygmunt Bauman, en que la ley en su redacción o interpretación limita su preocupación como decíamos solo por ciertas personas, los otros, los exentos o excluidos como en este caso los “criminales”, solo le preocupan para mantenerlos siempre fuera de su dominio reglamentado, de hecho esto es lo que ocurre en el transcurso de los procesos punitivos. Por este motivo, las leyes que deberían protegerlos contra el abusivo uso de la prisión preventiva nunca lo hacen aunque formalmente lo declaren en sus “textos”, sencillamente, porque no hay otra ley para los excluidos que la que los separa y los excluye. Para ejemplificar el conglomerado de razonamientos absurdos que sólo se sustentan en la voluntad política de encarcelar, utilizados por la mayoría de los jueces de la provincia de Buenos Aires, recurriré a la cita de fallos de por ejemplo las Cámaras de Apelaciones y “Garantías” en lo Penal de los Departamentos Judiciales de San Nicolás y de Mercedes. Estos órganos jurisdiccionales producen decisiones como las siguientes: “… si bien el artículo 144 del Código Procesal Penal, esgrimido por la defensa mantiene como principio general la libertad durante el proceso… el nuevo artículo 171 del ritual dispone que : “… en ningún caso se concederá la excarcelación cuando hubiere indicios vehementes de que el imputado tratará de eludir la acción de la justicia o entorpecer la investigación. La eventual existencia de estos peligros procesales podrá inferirse de las circunstancias previstas en el artículo 148” este último dispone que “ para  erituar acerca de los peligros de fuga y entorpecimiento de la investigación podrá tenerse en cuenta la objetiva y provisional valoración de las características del hechos, las condiciones personales del imputado(…) En el caso en examen, la magnitud de la pena en expectativa que pesa sobre el causante debido a los delitos imputados (…) constituye pauta suficiente para inferir el riesgo procesal (…) no puede desatenderse que de recaer condena , la pena a imponer sería de efectivo cumplimiento…” (Causa de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Nicolás – CAGSN- caratulada H. J. D s/ Excarcelación Nº 26.254 del 21-09- 06); La defensa se agravia de que la Juez no ha determinado, en la resolución impugnada, la existencia de peligro cierto de fuga o entorpecimiento de la investigación por parte de EC, de los cuales pueda presumirse la posibilidad de un riesgo procesal que justifique la coerción impuesta. Que analizadas las presentes actuaciones se observa que no solo están cumplidos los requisitos del art. 157 y 158 del ritual, sino que la Sra. Juez de grado ha establecido, conforme el art. 146 cuales eran las condiciones que daban merito a la medida cautelar(…) sin que haya norma legal que obligue a la magistrado a pronunciarse respecto del tópico por el cual llega a esta (…) las características del hecho afectante de todo el núcleo familiar y llevado a cabo con intervinientes varios- como la pena en expectativa(…) resultan elementos suficientes para considerar que existe peligro de fuga…” Causa de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Feria del Departamento Judicial de Mercedes – CAGM - Nro: 11956 C.E. s/ incidente de apelación de prisión preventiva; “…la Defensa esgrime como agravio que en laresolución recurrida no se han evaluado las  condiciones de riesgo procesal (…) Si bien no ha sido materia de agravio es dable acotar que las probanzas agregadas a la investigación permiten concluir que se ha  cumplido con los recaudos del artículo 157 del CPP en relación a la participación del imputado. (…) En lo atinente a la falta de riesgo procesal (…) la existencia de un antecedente penal condenatorio determinan que de recaer sentencia en su contra la misma lo será de efectivo cumplimiento(…) lo cual constituye un indicio considerablemente importante para presumir de que en libertad el causante tratará de eludir la acción de la justicia o entorpecer la investigación… ” (Causa de la CAGSN “P. E. G s/ Excarcelación Nº 25.152 del 25-07-06); “… en el caso en examen, si bien la pena en expectativa que pesa sobre el causante no resulta de gran magnitud, la circunstancia de encontrarse al tiempo de la comisión de los hechos, gozando de sendos beneficios de excarcelación (…) constituyen motivos suficientes para restringir la libertad (…) autorizando e imponiendo inferir el riesgo procesal de su no sometimiento al proceso o entorpecimiento del mismo…” (Causa de la CAGSN “C. A. C s/ prisión preventiva Nº 26.224 del 2-10-06).

En los dos primeros casos, como la pena en expectativa resulta alta en abstracto, los jueces la consideran suficiente motivo para sepultar la presunción de inocencia. Aunque la pena en expectativa es un criterio insuficiente desde la lógica jurídica formal, expresada además en la jurisprudencia de los tribunales superiores, a los jueces inferiores esto poco les importa ya que casi nunca se refieren a las siempre diferentes situaciones personales de los acusados. En los dos últimos casos, y ante el supuesto contrario – esto es, baja pena en expectativa- el argumento vira de inmediato, sin se llegue a analizar ninguna otra cosa más que la probabilidad de la imposición de una pena a cumplir en encierro. Por eso los magistrados se permiten argüir como si hablasen otro idioma y se animan a decir aquello que nadie les inquiere. Este viraje discursivo importa, sin eufemismos de por medio, obligar al imputado a cumplir pena en lo inmediato, porque, como seguramente lo van a condenar, lo cierto es que es mejor hacérsela cumplir desde el mismísimo momento de su detención, sumando créditos de días de encierro para ser descontados de la condena futura. Este comportamiento de los jueces implica una particular utilización práctica de los espacios vacíos que deja la legislación. De este modo, esos espacios vacíos son aprovechados intencionalmente para asociarles la ausencia de subjetividad implícita con la que se trata al infractor penal, y les permite estructurar su decisión sobre la base de “sentidos comunes” que generan adhesión no tanto por su evidencia, sino por su dogmatismo y ambigüedad (Perelman, 1988).

Con un arraigado juego de palabras, ocultan su desacuerdo con el principio constitucional de inocencia, recurriendo a diversas reglas de presentación que terminan restringiéndolo en forma casi absoluta. El punto de partida que utilizan en las resoluciones parece ser siempre el mismo: la invulnerabilidad de la inocencia durante el proceso. Sin embargo, este queda fulminado desde el mismo momento en que los jueces niegan la subjetividad del infractor, omitiendo analizar sus circunstancias personales. Así, la pena en expectativa se identifica con el sujeto mismo, quitándole a este último su esencia de persona individual y única en el mundo. El conflicto de valores es resuelto: ciertos procesados se vuelven automáticamente peligrosos al llevar a cuesta una determinada pena en  expectativa siendo consecuentemente tratados universalmente como parte de grupos de riesgo.

Con una sostenida apelación al eufemismo, al hablar de una “pena probable” y “virtual”, se permite enmascarar una realidad que, de aceptarse sin tapujos, implicaría volver de manifiesto lo que los jueces pretenden encubrir con sus decisiones. Es decir, encarcelan y condenan sin juicio porque presumen el peligro procesal cuando ese juicio puede acarrear una pena de magnitud, olvidándose de la magnitud de la pena en “no expectativa”, es decir, la que ya están cumpliendo los inocentes durante su encierro formalmente “provisional”. De este modo, mediante la utilización de este recurso suavizante, los jueces vuelven jurídicamente tolerable lo que para el estado de derecho constitucional no lo es.

A través de esta peculiar manera de decidir, se recurre una falaz dialéctica entre medios y fines, en cuyo marco, tanto las leyes de encarcelamiento preventivo y la interpretación que de ellas efectúan los jueces, se presentan como “útiles” para “salvaguardar los fines del proceso”, cuando lo cierto es que la verdadera función que cumplen es el de presentar como legal aquello que lejos está de serlo.

Pienso que la discusión acerca de esta medida cautelar llamada “prisión preventiva”, debe dejar de girar en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la misma, para comenzar a debatirse acerca de su verdadera naturaleza, esto es, la de ser un medio no declarado que permite a los jueces separar a determinados sujetos de la sociedad que ellos integran, afirmando lo necesario e indispensable de su aplicación para derrotar, en una “lucha sin cuartel”, a los pequeños predadores sociales. En el marco de un proceso penal, estos últimos son tratados como “no personas” o, en palabras de Agamben, como “homo sacer”.

De acuerdo a Madeleine Román este tratamiento desubjetivante que sobre ciertos grupos sociales efectúan los jueces, se efectiviza en defensa de los sectores que en forma voluntaria o inconsciente representan los últimos sin declararlo, arrogándose el poder de nombrarse “sociedad civil o sociedad decente”, produciendo un imaginario racista en torno al problema criminal que les permite violar el marco legal existente en forma continúa (Román, 2005: 157). Sin embargo, poco o nada se dice sobre esta realidad no visible, porque la aceptación lisa y llana de la aplicación de la lógica de los medios dirigidos a fines al encarcelamiento preventivo, implicaría el comienzo del fin del sistema de ejercicio de la violencia establecido por el Estado de Derecho, que se consagrara con la Revolución Burguesa (Benjamín, 1991: 24).

Así, la imposibilidad material de volver manifiestas aquellas razones que no se esgrimen para “legalizar” el encarcelamiento preventivo, se normaliza con el establecimiento de “excepciones” a la letra constitucional. Claro que, las excepciones a las que nos referimos, por ahora sólo se aplican -y no por casualidad- a los socialmente desclasados. Pero nada nos asegura que esta guerra iniciada contra los derechos y garantías de ciertos ciudadanos -quienes por su escaso poder adquisitivo han perdido aquel carácter- quede limitada a ellos. Mientras tanto, la crítica se sigue perfilando en términos puramente jurídicos, permitiendo la consolidación de los eufemismos. Por eso, los límites legales a la   violencia estatal se muestran día a día más permeables a los fines, y las  consecuencias de ello son sufridas por los cuerpos de miles de personas pobres, no solamente con el encarcelamiento preventivo sino también con las regulares ejecuciones sumarias.

A fuerza de repetir ciertos conceptos como “magnitud de la pena en expectativa”, “frustración de los fines del proceso”, “peligrosidad personal de comisión de nuevos delitos”, etc. se logra quitarle densidad a la palmaria violación al estado de derecho que acarrea la generalización del encierro preventivo. Como es difícil enfrentar y asumir la realidad de un estado donde la proclamada “excepción” es regla, nadie se anima a decir sin ambigüedades que los procesados encarcelados no son inocentes. Y no lo son porque, como consecuencia de la miseria planificada a la que están expuestos, no sólo han perdido sus derechos sociales sino también sus derechos civiles y políticos, desde el mismo momento en que con sus actos se han atrevido a atacar a quienes representan a la sociedad decente. Así, aunque no se manifieste en las palabras, parece ser que quien “acomete” contra la sociedad civil o “decente” -que por su pobreza no integra- se termina aviniendo voluntariamente a perder todos sus derechos. El discurso judicial utilizado para justificar el encarcelamiento preventivo, al apelar a las nociones referidas a lo largo de este artículo, degrada la humanidad del “supuesto” infractor penal. En palabras de Madeleine Román, este discurso está infectado por el parásito de la moralidad, que ve al sujeto delincuente como un extraño o enemigo. Esta situación nos obliga a construir un discurso criminal alternativo que mire el problema con ojos éticos. (Román, 2005; Zaffaroni, 2006: 18-19). La ausencia de esta mirada ética nos continúa condicionando como sociedad y permite que las cárceles sigan siendo verdaderos campos de concentración. En suma: los jueces hacen suyos los argumentos por medios de los mundialmente se ha difundido una especial manera de interpretar y tratar el problema criminal, que poco por no decir nada tiene que ver con los modelos que impuesto por el estado de derecho3 ( Pavarini; 2006).

Esta realidad es la que se debe valorar al criticarse el encarcelamiento preventivo, para así impedir que el debate siga transcurriendo dentro de un terreno donde la explicación jurídica suele adoptar miles de formas diferentes para ocultar lo esencial, esto es, la muerte de los sujetos presos sin condena. Es hora de admitir que el encarcelamiento preventivo no sólo es inconstitucional por abolir el derecho a la inocencia sino que lo es porque segrega y mata selectivamente. En efecto, la situación carcelaria de la provincia de Buenos Aires demuestra un estado de total abandono de los pobres diablos privados de su libertad, en la que solo algunos logran sobrevivir. Sin embargo, cuando diversas organizaciones de Derechos Humanos denunciaron las cifras de muertes en custodia y las condiciones denigrantes de encierro4, los funcionarios públicos se apresuraron a dar su versión a la prensa, negando sistemáticamente los actos de crueldad que ocurren con su apacible consentimiento.

A pesar de ser la situación denunciada materia de control de los jueces, esta competencia no es asumida por los mismos, siéndole indiferente el cumplimento  estricto de los estándares mínimos en materia de condiciones de detención.5 Asumen que la mera contemplación del horror no los convierte en responsables y menos aún si quienes lo sufren son seres a quienes bastante más frecuentemente de lo necesario se los presenta como nuestros enemigos. Los magistrados, cual falsos profetas o sofistas construyen un discurso que apela a oscuros sentimientos recurriendo a palabras que logran develar la aparente obviedad de su sentido común, corrompiendo el lenguaje común y eliminando cualquier resistencia que pretenda interpretar la realidad de una manera diferente. Por eso, definen el encarcelamiento mediante sus esencias y nos presentan un mundo sin contradicciones, donde la carga política es inexistente y donde el sujeto como tal, también lo es. En palabras de Bourdieu el desarrollo de estas líneas de acción del habitus judicial, de hecho no tienen ni pueden tener, la clara regularidad de una conducta deducida de un principio normativo. Por el contrario conforman una actitud de espontaneidad interpretativa que se define sobre confrontación improvisada de situaciones renovadas en forma casi permanente. En consecuencia el desafío es abstenerse de buscar la racionalidad constitucional del encarcelamiento preventivo porque su sustento depende de la aplicación de una lógica que debe de dejar de ser lógica en el punto en que ser lógica la volvería impracticable.

 
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Notas
1 Quiero agradecer a María Celina Berterame por sus comentarios y la edición final de este artículo. Gabriel Elías Heriberto Ganón. Profesor de Grado y Posgrado Criminología y Política Criminal de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Defensor General del Dpto. Judicial de San Nicolás Buenos Aires
2 Utilizo la palabra penado porque el criterio establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el Caso Gramajo establece que sufre pena todo aquel que sufre los mismos efectos aunque se le otorgue otro nombre en este caso encarcelado preventivamente.
3 Paradójicamente, esa misma manera de entender tanto la criminalidad como las prácticas sociales es la que filosóficamente da sustento a los planes de reforma judicial que la corporación judicial tanto cuestiona.
4 La Comisión Provincial por la Memoria denunció en año 2004 las muertes producidas
5 Cabe destacar que la obligación de controlar el cumplimiento de los estándares mínimos en materia de condiciones de detención de las personas, fue establecida por el fallo “Verbitsky” de fecha 11y el consiguiente pronunciamiento de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, que ordenço a los jueces.
 
Bibliografía
Agamben, Giorgio(1995) “Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life” California, Stanford University Press. Hay version en castellano Homo Sacer: Poder Soberano y Nuda Vida.
Bergalli, Roberto (2004) “ Alessandro Baratta: la búsqueda epistemológica y su pensamiento crítico” en Revista Anthropos nº 204. ed. Anthropos Barcelona, España.
Benjamín, Walter (1990) “ Por una crítica de la violencia” en Iluminaciones IV ed. Taurus. Barcelona, España.
Bourdieu, Pierre(1997 ) “Razones Prácticas” ed. Anagrama, Barcelona, España
Garapon, Antoine (1997) “ Justice et le mal” en Garapon Antoine y Salad Denis (comp) ed Odile Jacob, Paris, Francia.
Perelman, Charles(1988) “ La lógica jurídica y la nueva retórica” ed. Civitas Monografías, Madrid, España.-
Román, Madeleine(2005) “ Estallidos: polisemia y polimorfia del derecho y la violencia” ed. Publicaciones Puertorriqueñas, Puerto Rico.-
Zaffaroni, Eugenio Raúl (2006) “ El enemigo en el derecho penal” ed. Ediar, Buenos Aires, Argentina.