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miércoles, 28 de noviembre de 2012

Violencia de Género

VIOLENCIA DE GÉNERO. VIOLENCIA FAMILIAR. Denuncia realizada por la mujer víctima en sede policial. Agente de la policía de la provincia que omite remitir copias al asesor de menores para que solicite medidas de restricción personales, en cumplimiento de la ley de violencia familiar N° 7202. Posterior asesinato de la denunciante y de sus hijas. DELITO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PÚBLICO. Condena. Confirmación. Omisión deliberada. Ausencia de causa de justificación. RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO POR LAS CONSECUENCIAS DE SU ACTITUD OMISIVA. Incumplimiento del servicio de seguridad en la prevención de delitos. CONDENA CIVIL A LA PROVINCIA. Indemnización por daño material y moral. Disminución. DISIDENCIA PARCIAL: confirmación de sentencia – no corresponde la disminución de la indemnización
“… la acción punible reprochada por el art. 249 del Código Penal consiste en omitir, rehusar hacer o retardar algún acto propio de las funciones, y la consumación de este “no hacer” tiene lugar con el acto omisivo, sin necesidad de que se produzca consecuencia alguna o una lesión particular por ello (Creus, Carlos, "Derecho Penal. Parte Especial", Tomo 2, pág. 253; Breglia Arias - Gauna, "Código Penal", Tomo II, pág. 607). Por otra parte, el término “deberes de oficio” comprende cualquier clase de tareas administrativas que integren el contenido de la función o prestación de servicio del agente (Creus, ob. cit. pág. 262).” (Del voto de los Dres. Félix Díaz, Ferraris, Posadas, Vittar, Catalano y Cornejo)

“En cuanto al elemento subjetivo, la figura exige dolo directo, es decir que abarca el conocimiento de que se trata de un acto propio de función, que tal omisión es ilegal y que el sujeto activo tenga la posibilidad de actuar, sin que se requiera una particular malicia. Es necesario que el autor obre a sabiendas de que su proceder es contrario a lo que debe ser con arreglo a la norma jurídica aplicable (Creus, Carlos, “Delitos contra la administración pública”, Editorial Astrea, pág. 208).” (Del voto de los Dres. Félix Díaz, Ferraris, Posadas, Vittar, Catalano y Cornejo)

“En el caso, la conducta de José Abraham Martínez encuadra en el tipo penal reprochado porque omitió dar intervención al asesor de incapaces, no obstante encontrarse obligado a cumplirlo tanto en razón de la existencia de una concreta orden del juez como por su función de instructor sumariante policial en los términos de la ley de violencia familiar, sin que para configurar el tipo hubiera sido necesaria la producción de un resultado determinado, porque el delito se consuma tan pronto como el acto no es realizado en el momento debido. Este último aspecto exige aclarar que deviene difícil avizorar que, frente a lo que significó el designio criminal de Alberto Yapura de matar a toda su familia, la omisión referida del funcionario -de por sí y aisladamente reprochable en los términos del Código Penal como delito contra la administración pública-, haya servido de “condición” para que se produjera ese luctuoso resultado.” (Del voto de los Dres. Félix Díaz, Ferraris, Posadas, Vittar, Catalano y Cornejo)

“De sus propias palabras como de las del otro oficial de servicio, se desprende que en esos tiempos, aunque los funcionarios policiales tenían un conocimiento poco profundo de la ley de violencia familiar, sabían que debían dar tratamiento preferencial a esos casos y cumplir las directivas del juez en los sumarios a su cargo. En orden a las motivaciones concretas por las cuales no dio intervención a la defensoría, la versión de Abraham Martínez es contradictoria, porque por un lado refiere que le otorgó prioridad a las otras notificaciones ante la dificultad que encontraba para extraer fotocopias y forzar así la acumulación de causas, y por el otro, indica que en realidad se confundió y por error lo mandó al fiscal, reconociendo en ambas ocasiones la falsedad del contenido del informe donde formalmente y por escrito comunicaba que esa intervención ya había sido efectivizada en los sumarios previos. Esta actividad de su parte para no cumplir sus funciones -que además hizo caer en error al juez instructor-, son suficientes elementos probatorios para concluir que Martínez obró con pleno conocimiento de que transgredía las normas, sus obligaciones frente a éstas y a una expresa orden del magistrado, todas las cuales le exigían de su parte una determinada y concreta acción que no tuvo lugar.” (Del voto de los Dres. Félix Díaz, Ferraris, Posadas, Vittar, Catalano y Cornejo)

“En consecuencia, resulta necesaria la corrección del fallo impugnado, toda vez que de autos surge la firme convicción de que el imputado tenía una total comprensión de la omisión en que incurrió en el ejercicio de sus funciones, sin que su accionar quede bajo el amparo de causa de justificación alguna, y debe considerarse la acción reprochada una conducta omisiva dolosa en los términos del art. 249 del Código Penal.” (Del voto de los Dres. Félix Díaz, Ferraris, Posadas, Vittar, Catalano y Cornejo)

“… en cuanto a la mensura de la pena a imponer, de acuerdo a los parámetros de los arts. 40 y 41 del C.P., resulta de estimación razonable el año de inhabilitación y los 5.000 pesos de multa solicitados por la Sra. Agente Fiscal en su alegato, dada la falta de antecedentes penales computables, y porque la modalidad del hecho reprochado no sólo consistió en la simple omisión de sus obligaciones de funcionario policial, sino en confeccionar un informe que no se adecuaba a la realidad de los sumarios relacionados que tramitaban en la misma preventora policial donde ejercía su tarea.” (Del voto de los Dres. Félix Díaz, Ferraris, Posadas, Vittar, Catalano y Cornejo)

“… en autos la Provincia de Salta resultó demandada y condenada por el tribunal de juicio a abonar una indemnización en favor de Vanina Emilse Yapura Alderete en concepto de daño moral por la muerte a manos de su padre, de su madre y sus hermanos, al entender que hubo de parte de la Administración del Estado Provincial responsabilidad extracontractual por falta de servicio. (…) Cabe destacar en primer lugar que la responsabilidad extracontractual del Estado por el hecho de sus agentes no es indirecta ni basada en la culpabilidad. En efecto, cuando se trata de un servicio público que el Estado presta a la comunidad, responde directamente por la falta de una regular prestación, dado que aunque la falta sea derivada del hecho de los agentes, existe una imputación directa al titular del servicio.” (Del voto de los Dres. Félix Díaz, Ferraris, Posadas, Vittar, Catalano y Cornejo)

“… resulta relevante diferenciar las acciones de las omisiones y respecto de éstas, si son relativas a mandatos expresos y determinados en una regla de derecho, en los que puede identificarse una clara falta del servicio, de aquellos otros casos en los que el Estado está obligado a cumplir una serie de objetivos fijados por la ley sólo de un modo general e indeterminado, como propósitos a lograr en la mejor medida posible.” (Del voto de los Dres. Félix Díaz, Ferraris, Posadas, Vittar, Catalano y Cornejo)

“Y aquí precisamente radica la distinción entre el caso “Mosca” y el ponderado en el “sub lite”, dado que en el primero se trató de la determinación de la responsabilidad civil del Estado por omisión de mandatos jurídicos indeterminados y se concluyó que el servicio de seguridad no está legalmente definido de modo expreso y determinado, y mucho menos se identifica con una garantía absoluta de que los ciudadanos no sufran perjuicio alguno derivado de la acción de terceros. En definitiva, no existe en tal hipótesis un deber de evitar todo daño, sino en la medida de una protección compatible con la tutela de las libertades y la disposición de medios razonables.” (Del voto de los Dres. Félix Díaz, Ferraris, Posadas, Vittar, Catalano y Cornejo)

“En el caso de autos, en cambio, la omisión concierne a un mandato expreso y determinado en una regla de derecho, consistente en las disposiciones de la ley de violencia familiar, cuya finalidad por lo demás es de orden público.” (Del voto de los Dres. Félix Díaz, Ferraris, Posadas, Vittar, Catalano y Cornejo)

“Es dable ameritar, igualmente, que en la especie hubo un requerimiento específico en sede policial tendiente a la protección de la vida y la integridad física de la Sra. Alderete y sus hijos, lo que conduce a confirmar la indemnización a cargo de la Provincia.” (Del voto de los Dres. Félix Díaz, Ferraris, Posadas, Vittar, Catalano y Cornejo)

“… ahora bien, no puede soslayarse la circunstancia de que el propósito criminal de Alberto Yapura igualmente se podría haber consumado –lo que a la sazón aconteció casi inmediatamente después de formulada la segunda denuncia- aun en el caso de que se hubieran puesto en práctica las medidas legales pertinentes. Por tal razón, el monto de la indemnización debe determinarse prudencialmente sobre la base de que la omisión estatal podría, a lo sumo, calificarse como una “condición” del lamentable episodio ocurrido y en manera alguna como causa de su producción.” (Del voto de los Dres. Félix Díaz, Ferraris, Posadas, Vittar, Catalano y Cornejo)

“Las circunstancias expuestas exigen, entonces, que se reduzca prudencialmente el monto de la indemnización a la cantidad de $ 700.000, en concepto de capital.” (Del voto de los Dres. Félix Díaz, Ferraris, Posadas, Vittar, Catalano y Cornejo)

“… discrepo en lo que concierne a la disminución del quantum indemnizatorio fijado.” (Del voto en disidencia parcial de la Dra. Kauffman de Martinelli)

“… si la Policía Provincial, en razón de la misión que le es propia, ha omitido el cumplimiento del deber que la ley 7202 le imponía, el Estado es responsable por la omisión.” (Del voto en disidencia parcial de la Dra. Kauffman de Martinelli)

“La responsabilidad omisiva del Estado que cae bajo la sanción del art. 1074 del Código Civil es la que surge solamente cuando una disposición legal impusiere la obligación de cumplir el hecho omitido. Tal omisión es sancionable porque el incumplimiento de un hecho ordenado por el derecho implica una violación de la ley, un apartamiento ilícito de sus disposiciones, por ello es que este tipo de comportamiento es sancionable.” (Del voto en disidencia parcial de la Dra. Kauffman de Martinelli)

“… en el caso en análisis, la conducta adoptada por el agente de la Policía de la Provincia Sr. José Abraham Martínez -al no dar cumplimiento a las medidas que el caso requería- resulta reprochable por la omisión de la obligación específica a su cargo.” (Del voto en disidencia parcial de la Dra. Kauffman de Martinelli)

“Por otra parte es preciso tener en consideración que la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conocida como “Convención de Belem do Pará” -a la cual adhiriera nuestro país mediante ley 24.632- en su art. 7º, además de condenar en forma expresa todas las formas de violencia contra la mujer y comprometerse a adoptar por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia, establece claramente la responsabilidad del Estado. En su inciso a) prescribe que es deber de los Estados Partes el de abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar porque las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación. Asimismo, en el inciso b) se prevé que los Estados Partes deben actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer y en el inciso c) se establece el deber de incluir en la legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso, entre otras disposiciones de idéntico tenor contenidas en la convención citada.” (Del voto en disidencia parcial de la Dra. Kauffman de Martinelli)

“… la suma indemnizatoria consignada por el juez en grado debe confirmarse, al haber tenido en consideración que la requirente no sólo fue dañada en su salud sino que además en este luctuoso hecho murieron su madre y sus hermanos. Esta pérdida irreparable unida a los daños físicos y espirituales sufridos por Emilse Vanina Alderete, que quedarán por siempre en su cuerpo y en su espíritu como única sobreviviente de la tragedia familiar, me lleva a la convicción que la suma establecida por el Juez en grado resarce en forma adecuada el grave daño experimentado por la omisión del Estado en el cumplimiento de su obligación específica.” (Del voto en disidencia parcial de la Dra. Kauffman de Martinelli)


 
Fuente: elDial.com - AA7B2E

viernes, 2 de noviembre de 2012

Construcción de la víctima, destrucción del sujeto: El caso de la violencia de género

Por, Raquel Osborne, UNED
Jornadas Feministas de Granada, 5-8 diciembre 2009.
 
 
Introducción
Recientemente, el Congreso de los Diputados planteó algunas modificaciones a los planteamientos de la Ley Integral –que la embriaguez no sirva de atenuante y que la condena prive de la custodia al maltratador- pero dejó fuera del debate otro de los temas más controvertidos: el alejamiento forzoso en las condenas por maltrato y la prisión subsiguiente si esta pena se incumple sin que actualmente cuente la opinión de la mujer ni la valoración del juez caso a caso2.

Las principales asociaciones de mujeres –no así la judicatura- son partidarias de que  este aspecto no se modifique: “Poner esta decisión… en manos [de la mujer maltratada] – comenta una de sus líderes- sería un retroceso. Los procedimientos penales son muy rápidos y el juez apenas tiene tiempo de ver cada caso. Por otro lado, la mujer maltratada no tiene capacidad para saber si está en riesgo. Lo que dice puede tenerse en consideración, pero ella está dentro del ciclo de la violencia y no percibe el peligro que corre” (subrayado nuestro)3.

Esta líder está respondiendo a una víctima de malos tratos que se considera “una víctima de la normativa penal” y que ha hecho público su deseo de vivir con su pareja varón4, indicando que “de saber que se impondría ese alejamiento no le habría denunciado”, lo cual, por otra parte, hizo por un asunto nada baladí: su pareja le dio varios puñetazos en el cuerpo  y en la cara. Después, cogió un cuchillo y lo clavó en el colchón, en la pared y en el armario. En su intento de anular la condena a su agresor por quebrantar la orden de alejamiento la víctima declaró, según la Audiencia que se ocupaba del caso, “en condiciones de plena autonomía personal, independencia económica, con competencia cultural y social, sin atisbo alguno de presión psicológica o rasgos de sumisión”5.

Una cosa son las víctimas reales, y otra la creación imaginaria de la víctima. Ello se realiza por un apriorístico ejercicio de definición de un patrón, que una vez establecido, guiará nuestra mirada en la percepción de “esa víctima”. Por ejemplo, se niega su capacidad de consentir y se legisla en contra de sus propios deseos e intenciones –como en el caso que acabamos de citar. Por otra parte, la “proliferación de víctimas” que la Ley Integral propicia por la definición legal de víctimas de la violencia de género que contiene –o la contrapartida en que también incurre la Ley, la de la exclusión de ciertas mujeres en dicha definición- puede acabar ocultando a las verdaderas víctimas: según algunas juristas, tachar las disputas y conflictos familiares como delitos6, propiciando denuncias –si no se denuncia no hay acceso a ciertos recursos- y ocupando/extendiendo/difuminando recursos escasos, contribuye a la falta de protección para aquellas que realmente la necesitan por su situación de grave riesgo (Laurenzo, Maqueda y Rubio, coords., 2009)

Analizaremos, pues, en la presente ponencia éstas y otras posibles implicaciones de los procesos de creación de una víctima –o de omisión de la misma- más allá de las situaciones reales de victimización.

La estrategia del silencio
Según el sociólogo francés Alain Touraine, vivimos un periodo postfeminista –en el sentido de que el movimiento feminista ya no es tan visible en lo que a la acción colectiva se refiere-7(Touraine, 2007: 101) en el que el protagonismo está volviendo a la sociedad civil, primando la experiencia personal frente a una instancia política que se empeña en interpretar la realidad y la experiencia de las mujeres (Ibid.: 185). Eso es lo que sus investigaciones con entrevistas en profundidad a las mujeres le han enseñado a Touraine: el desfase entre una nueva cultura protagonizada por las mujeres, que se definen como mujeres a partir de sí mismas, y unas ideas que afirman que las mujeres están más dominadas que nunca y que en definitiva, son una creación del poder masculino. La consecuencia inevitable sería la falsa conciencia. De ahí que desde el universo político se hable en nombre de las mujeres pero no siempre contando con las voces de las mujeres (Ibid.: 101). A tal fin, como señala Elisabeth Badinter, se ha de ningunear “todo lo que pueda restar importancia al concepto de dominación masculina [una noción simplificadora y unificadora, según ella misma señala en la p.62] y a la imagen de las mujeres víctimas” (Badinter p.76). Por eso la escritora feminista Gemma Lienas se atrevía a defender que “cuando se realizaron debates para aprobar la ley contra la violencia hacia las mujeres no se invitó a mujeres maltratadas, sino a especialistas en el tema que pudieran hablar de ello sin estar implicados/as” ya que “las mujeres maltratadas niegan a menudo el maltrato y perdonan al maltratador en el juicio (...) Si fuera por la opinión de las propias personas implicadas, los esclavos todavía existirían en los Estados Unidos, porque muchos estaban de acuerdo con su condición”8. Es lo que yo llamaba en otro escrito “la estrategia del silencio” para acallar las voces disidentes con planteamientos diferentes a los nuestros (Osborne, 2007: 39-40). Ahí lo refería al silenciamiento de las prostitutas que, por extensión, abarcaba de igual modo a las mujeres maltratadas, a las que se acusaba de alienación, de falsa conciencia, de menores de edad cuando sus opiniones no coincidían con los defendidos por ciertas feministas. Por añadidura, y no menos importante, son las líderes feministas las que por su posición de poder pueden permitirse el lujo de acallar las otras voces, las de las mujeres subordinadas, las mujeres corrientes que no disponen de recursos ni de foros donde publicitar y difundir sus posiciones. A esto es a lo que me refería en la propuesta inicial que envié a la organización de estas jornadas cuando aludía a que la creación de una víctima sirve para crear jerarquías de mujeres: son pobres mujeres, sobre las que nos sentimos superiores, marcando así una distancia social entre “ellas”, a las que tratamos de forma maternalista, y ”nosotras”, que nos creemos en posesión de la verdad que a ellas concierne.
 
Con la agencia de las mujeres hemos topado
Como he señalado en otro texto (Osborne, 2005), desde la teoría feminista Anna Jónasdóttir, en su libro El poder del amor, distingue entre las formas "contractuales" de la dominación, propias del patriarcado formalmente igualitario, y las que se mantienen mediante la coerción y la violencia manifiestas. Resulta difícil entender en nuestras  sociedades capitalistas avanzadas y de democracias formales que el patriarcado se sostenga sólo por la violencia. ¿Qué práctica social, productiva o creativa, es posible bajo esta supuesta situación, se pregunta nuestra autora? (Jónasdóttir, 1993: 150-151).

Jónasdóttir resalta la insuficiencia de un análisis que sólo concibe el patriarcado como constituido por la vía de la solidaridad entre los varones –son sus palabras-, equivalente a lo que Touraine y Badinter denominan la “dominación masculina”. Lo considera una condición necesaria, como asimismo sucede bajo el capitalismo con las relaciones de solidaridad y competitividad entre los capitalistas, pero del que no entenderíamos bien su funcionamiento si no pusiéramos de relieve la relación entre el capital y el trabajo. Pero no le parece una relación suficiente: el patriarcado es un sistema, como bien remarcó Kate Millet, basado en un entramado de relaciones entre mujeres y varones. En este sentido las mujeres son parte activa de la estructura básica del patriarcado y no un mero recurso sobre el que actúan y al que utilizan los hombres. Si no se contempla esto así, dejan de ser vistas como agentes activos de la construcción social en general y, además, como protagonistas de su propia liberación (Ibid.: 306-7).

La socióloga Janet Saltzman, por su parte, en su libro Equidad y género (1992: 23-24) se refiere a parecida dicotomía de los distintos enfoques teóricos cuando menciona las teorías que hacen hincapié:
a) en los aspectos coercitivos de los sistemas de los sexos -como ella los llama sobre las mujeres, teorías que se centran en la habilidad masculina para mantener sus ventajas sobre las mujeres a fuerza de recursos de poder superiores: económicos, políticos, ideológicos y, en grado menor, físicos.
b) En los aspectos voluntarios de los sistemas de los sexos, fijándose sobre todo en los procesos por los que hombres y mujeres asimilan las formas de ser y comportarse que son normativas entre los sexos, lo cual incluye las elecciones que las propias mujeres hacen y que contribuyen inadvertidamente a su propia desventaja y devaluación. Estaríamos hablando de las formas de socialización.
Según Salztman, los dos enfoques han ido demasiado por separado y sería necesario el proceso de acortar distancias en la dicotomía coercitivo-voluntaria. En ningún caso se deben entender como compartimentos estancos, ya que en la práctica ambos se suelen tener mutuamente en cuenta: la diferencia casi siempre reside en dónde se pone el énfasis. Es decir, ni todo es igualdad, ni todo es coerción ni todo es violencia, sino que unos aspectos se entrelazan con los otros.

Como forma de establecimiento de puente entre las distintas categorías, sobre todo entre las que no implican violencia física directa, podríamos tener en cuenta no sólo lo que les hacen a las mujeres sino lo que las mujeres hacen de lo que les hacen, como señala Dolores Juliano ya no recuerdo donde, y el ejemplo que venimos citando y con el que hemos comenzado este texto nos muestra. Así tendríamos en cuenta la cuestión de la agencia de las mujeres. Otros ejemplos recientes que llaman a la reflexión y que nos muestran la complejidad del tema son, de una parte, la reacción de la mujer que estaba siendo agredida en el caso del profesor Neiras, quien defiende a su agresor; de otra, el citado por Elvira Lindo de una joven conocida suya que le contó de los reiterados abusos y violaciones a que su padre las sometió a ella y a su hermana durante toda su infancia y adolescencia, mientras que su madre miraba para otro lado cuando por las noches el padre se levantaba de la cama para violar a sus hijas9.

Concepto de violencia de género en la Ley Integral
Hemos apuntado más arriba que la Ley Integral crea u omite víctimas. El término Violencia de género se adoptó finalmente con la intención de contraponerlo al de violencia doméstica, de ámbito más restringido –y no ceñido exclusivamente a las relaciones de género.

El concepto de género apunta a las relaciones hombre-mujer, como sujetos de referencia, para así resaltar que el entorno familiar o la pareja no agotan el tipo de violencia a tener en cuenta; por tanto el rasgo a destacar no sería “el lugar” de la violencia sino cualquier tipo de violencia contra las mujeres “resultado de una estrategia de dominación ejercida por el varón para mantener su posición de poder” (Maqueda, 2006: 5). Pero en la práctica no es esta la definición o el campo que abarca el concepto en la Ley Integral, que se ciñe a la violencia entre la pareja heterosexual y en dirección de hombre a mujer-pareja.

La jurista Elena Larrauri comenta las opciones conceptuales, a su juicio controvertidas, hechas en el marco de la Ley que, en la práctica, limita el concepto “violencia de género” a la violencia doméstica. Si violencia de género implica violencia que sufre la mujer por el hecho de ser mujer como se reitera en la LOVG10, parece evidente que es erróneo limitarla al ámbito doméstico.

Todos los delitos agravados en la ley requieren de una mujer pareja, por lo que a pesar de las declaraciones programáticas, el fundamento de la agravación no es “por el hecho de ser mujer”. Si lo característico es la perspectiva de género, entonces el tipo penal debería abarcar también, por ejemplo, los malos tratos sobre una trabajadora sexual (Corcoy, 2005).

Además, de todos los numerosos comportamientos en que existe violencia por motivo de género la ley no aborda, por ejemplo, la violencia sexual, desde el acoso hasta la violación. ¿Por qué están excluidas de la ley las mujeres víctimas de delitos sexuales?11 De esta forma, la violencia sexual que sufren las mujeres no pareciera deberse a su género. Tampoco se plantea la problemática de las mujeres coaccionadas al tráfico de personas para ejercer la prostitución o cualquier otro tipo de trabajo. ¿No forman ellas parte del género? Es curioso que quienes defienden que el trabajo sexual es por definición violencia de género, no prevean la extensión de ayudas específicas a este colectivo. Y en fin, múltiples formas de violencia de género, desde las coacciones, las detenciones, hasta los matrimonios forzosos y asesinatos “por honor” han sido omitidas por una ley que precisamente pretende abordar la violencia que padece la mujer por el hecho de serlo” (Larrauri, 2007: 98-99).

Muchas mujeres, pues, se quedan fuera de esta ley. Por otra parte la ley, por su ampliación de lo que considera como delito de violencia –véase la nota 6 de este trabajo-, ha incrementado los supuestos por los que una mujer puede ser considerada una víctima. Al obligar a denunciar para lograr poner en marcha los mecanismos previstos por la Ley Integral, tenemos el cuadro de la hipervictimización que la ley conlleva –si bien con grandes omisiones como acabamos de comentar-.

La “excesiva” judicialización del tema
Hay una crítica central a la Ley Integral, que proviene de muchos y diversos sectores profesionales cercanos a esta problemática, a saber, la “excesiva judicialización del tema” (Gomáriz y García, 2004). Que una ley integral era necesaria apenas se cuestiona, pero sí hay una significativa coincidencia de opinión acerca del sobreacento puesto en los aspectos penales en detrimento de los aspectos preventivos,  asistenciales y de tratamiento, tanto de los agresores como de las maltratadas (Ruiz-Jarabo Quemada y Blanco Prieto, 2005; Maqueda, 2006, 2009; Larrauri 2007; Laurenzo, Maqueda y Rubio, 2008). Ello revierte en el desequilibrio entre los gastos que engendran los aspectos penales de la ley y el resto de las prestaciones previstas.

Como ya hemos comentado, hay expertos que piensan que penalizar a los escalones más bajos de la violencia, la ocasional o leve, introducida en la Ley Integral –remitimos de nuevo a la nota 6-, está haciendo difícil deslindar el campo de la intervención penal del de los conflictos familiares y dando pie a ciertos sectores de la judicatura a adoptar una actitud hostil de género. Así pues, escribe Maqueda, Laurenzo, desde la doctrina penal, denuncia ese efecto perverso de la nueva normativa, cuando dirige sus reproches hacia “una política criminal desenfocada que, a fuerza de extremar la intervención punitiva, ha acabado por llevar ante los tribunales muchas disputas familiares… [dejando] en la penumbra los casos auténticamente graves de violencia de género –aquellos que sumen a la mujer en un clima constante de hostilidad y agresividad- y [favoreciendo] el falso discurso de la discriminación masculina” (Maqueda 2009: 313). Ante la pregunta que comenzó a estar en el aire en 2006 acerca de qué puede estar fallando con la escalada de las muertes que se conoció aquel año, la Secretaria General para las Políticas de Igualdad declaraba: “La ley tiene una maquinaria engrasada que funciona,  pero necesitamos que las mujeres denuncien, porque es el paso imprescindible para protegerlas” (subrayado nuestro)12.

Una recomendación del Consejo de Europa de 2002 señalaba que la atención a las víctimas de esta violencia no debe depender de la presentación previa de denuncia. Sin embargo, como decíamos, la Ley Integral ha supeditado la obtención de ayudas económicas, derechos laborales y prestaciones de la Seguridad Social a la obtención de la orden de protección. Por extensión, dicha orden se ha convertido, en la práctica, en “la acreditación general de situaciones de maltrato” a efectos de la obtención de una vivienda de protección oficial, o recibir tratamiento psicológico en según qué lugares (Amnistía, 2006: 23). La recomendación del Consejo de Europa sí parece haber sido seguida en la “Ley del derecho de las mujeres por la erradicación de la violencia machista” (aprobada en abril de 2009 por el Parlamento catalán), en la medida en que dicha prevé la asistencia y protección para las víctimas sin exigir la interposición previa de la denuncia, como elogiosamente comentaba Amnistía respecto de lo que en la fecha del informe era sólo un anteproyecto de ley (Ibid.: 24). Para poner en marcha los mecanismos adecuados de ayuda bastará un informe psicológico o médico13.

Los mecanismos previstos por la Ley Integral que acabamos de mencionar han incrementado enormemente las denuncias por violencia de género, lo cual aumenta a su vez en la misma medida el número de víctimas, pues un indicador de su existencia es la denuncia legal. Lo malo, como resaltan los expertos, es que siendo insuficientes las dotaciones de recursos, ello ha podido resultar temerario en ciertos casos bien aireados en los medios de comunicación, como se ha visto en clamorosos fallos en el cumplimiento y seguimiento de las órdenes de protección y, en suma, en la adecuada protección a las víctimas, con resultados letales. Como las denuncias van en aumento, desde el mundo jurídico se insiste en la creación de protocolos específicos que permitan valorar qué mujeres son las que corren más riesgos. Los sindicatos policiales protestan a su vez por el aumento de las denuncias sin que ello haya traído aparejado mayores efectivos: es imposible poner un policía tras cada denunciante y de este modo, el peligro se difumina y los fallos se incrementan, con el consiguiente malestar  de todas las partes implicadas.

Violencias perpetradas por mujeres14
Para enfatizar la dicotomía agresor/víctima, correspondiente con las de dominador/dominada y hombre activo/mujer pasiva (que no sabe lo que le conviene), dicotomías que informan el enfoque de la Ley Integral, se omiten en los discursos de quienes defienden estas posiciones o en su forma de presentar los datos cualesquiera otros ejemplos que contradigan estos binarismos simplificadores. Citaremos con algún detalle uno de los mecanismos al uso, el de la omisión de las violencias perpetradas por mujeres. Al trazar una divisoria respecto de quiénes causan la violencia en función del sexo, observamos que una parte de esta violencia es causada por mujeres. Si analizamos las famosas Macroencuestas a mujeres por parte del Instituto de la Mujer, en particular la primera (2000), ceñida al ámbito doméstico, el único porcentaje que a la hora de los resultados aparecía desagregado por sexo era el de la violencia producida por los padres y por las madres. Recordemos que allí se introducía la distinción entre maltrato declarado –el que las mujeres identificaban directamente como tal- y maltrato técnico –el que era identificado indirectamente por medio de una batería de preguntas que no se catalogaban expresamente como maltrato-. Pues bien, la violencia generada por las madres representaba el 11,4% en cuanto al maltrato declarado se refiere, lo que equivale, extrapolando a la población general, a 72.960 casos (frente a 70.400 de violencia por arte del padre o un 11%.) Cuando el concernido era el maltrato técnico, en cifras absolutas significaba la nada despreciable cifra de 238.720 mujeres (251.775 si el maltratador es el padre) que declaraban haber recibido algún tipo de maltrato por parte de sus madres.

Esto nos da pie a introducir uno de los temas tabúes sobre la violencia entre personas que conviven y es el de las violencias perpetradas por mujeres, en primer lugar contra otras mujeres. Todos los datos que se manejan públicamente para denunciar la violencia de género se enfocan siempre hacia la violencia de hombre a mujer. ¿Qué pasa con la violencia de mujer a mujer, sea de madres a hijas –abundante, como se desprende de los datos presentados-, de hijas a madres –crecientes según las últimas cifras-, de mujeres en parejas de lesbianas o entre chicas en los casos de acoso escolar? ¿Cómo la clasificamos? Si hablamos de violencia de género, es decir, la que se produce entre hombres y mujeres “en relación de pareja” o análoga, ¿cómo calificaríamos la violencia física o, sobre todo, el maltrato psicológico que producen las mujeres hacia los hombres en pareja? Y para el caso de qué estamos considerando relaciones de género, ¿cómo catalogamos la violencia entre dos hombres en sus relaciones íntimas?

Las cifras de las Macroencuestas -“menores” al lado de las grandes cifras que  corresponden a la violencia de hombre a mujer- nos hablan de la violencia femenina en el ámbito doméstico, pero sin embargo a la hora del manejo de los datos por los expertos y, de paso, en el imaginario público, parece como si no existiera violencia por parte de las mujeres. ¿Qué sucede, pues, con esta violencia, que se da de mujer a hombre, hacia otras m ujeres, hacia las personas mayores, hacia la infancia? Que los resultados de esas cifras menores no vengan desagregados en las Macroencuestas indica la falta de voluntad de investigar ese tipo de violencia. Lo que está interesando destacar al Instituto de la Mujer tras el repaso a las distintas Macroencuestas (2000, 2002 y 2006 hasta la fecha) se orienta, más bien, a expresar la disminución del maltrato a lo largo de los años y a minimizar la importancia de las otras violencias –las que no proceden de la pareja15.

A nuestro juicio se podría haber señalado que las cantidades de una y otra violencia no son comparables16, así como que la violencia de mujer a hombre no viene amparada por una ideología que apoya la dominación y el control a los hombres por parte de las mujeres. Mencionar y tener en cuenta la violencia perpetrada por las mujeres no tiene por qué que rebajar un ápice la gravedad de la violencia de hombres a mujeres. Es decir, las mujeres pueden ser también violentas, a veces con violencia física directa, muchas otras con violencia más sutil, psicológica. Una pregunta central que nos debemos hacer en relación a las Macroencuestas sería la siguiente: si hablamos de violencia en el ámbito doméstico como se hace en las Macroencuestas, ¿qué pasaría si se hacen las mismas o parecidas preguntas a los hombres?17 ¿Cuántas respuestas positivas sobre violencia ejercida de mujer a hombre obtendríamos, en particular la psicológica, si aplicamos los mismos criterios de cuantificación?

Sobre la primera Macroencuesta el Instituto de la Mujer proclama como una de sus principales virtudes la disposición por primera vez de información sobre malos tratos referidos a toda la población femenina mayor de edad (Instituto Mujer 2000:3). No hay el menor asomo de duda de la justeza de entrevistar sólo a mujeres, máxime que se ha hecho comparando a las maltratadas con el conjunto de la población femenina, pero nos tememos que la evidencia persiste sobre que la violencia, sobre todo la psicológica, es patrimonio de ambos sexos18. Preguntar siempre sólo a las mujeres y no a los hombres por la violencia que reciben parece estar presuponiendo como punto de partida que las mujeres son incapaces de maltrato. Conocemos, sin embargo –como se desgrana en mi libro-, su capacidad para diversos tipos de violencias. Con esta estrategia se sobreentiende, de paso, que los hombres son los únicos victimarios y que las mujeres sólo pueden ser víctimas –y nunca victimarias-; si no, ¿por qué no se intenta medir su potencial maldad? Subyace en esta concepción el tradicional modelo femenino asociado a la generosidad y abnegación, de las mujeres como dadoras, cuidadoras y encarnaciones del sacrificio. Es un modelo útil para el sometimiento y la subordinación pero fallido en cuanto nos acercamos a las mujeres reales, porque se demuestra falso y, lo que es peor, imposible de cumplir. Presupone que las mujeres no están legitimadas para manifestar alguna de las características que se les niega –ira, ambición, egoísmo, desamor, promiscuidad o violencia- porque, entre otras cosas, se les han atribuido a los varones, se han considerado masculinas. Y sin embargo no debemos olvidar, como señala Badinter, que “estas características, atribuidas tradicionalmente al hombre, pertenecen de hecho a los dos sexos” y que lo que nos queda si las negamos es una mujer callada, pasiva y sumisa” (Badinter 2004: 143). Si de todos modos las manifestamos o las empleamos, somos especialmente condenadas. Bajo esta luz se pueden entender los resultados del estudio realizado por María José Varela, que muestra que cuando las mujeres son autoras de un delito, son castigadas más severamente que los hombres19. Esta imposibilidad de exposición de la doble cara de todo ser humano es un rasgo de inferioridad, de la posición de “no poder” de las mujeres. Es en este sentido en el que interesa reivindicar el derecho al mal, como lo expresa Amelia Valcárcel (1991), o el derecho a no ser excelentes, es decir, a que las mujeres tengan la posibilidad de mostrarse como un ser humano en toda su contradicción, a que no tengan que ser siempre buenas y virtuosas para evitar ser vilipendiadas y descalificadas por completo.

__________________
Notas:
1 Una parte de los argumentos que aquí se presentan provienen, aunque allí son tratados de manera más
extensa, de mi reciente libro Apuntes sobre violencia de género (2009).
2 Mónica Ceberio, “No todo vale contra la violencia de género”, El País, 18 de noviembre de 2009, vida&artes, p. 28. La noticia precisa que “Como se ha impuesto la pena de alejamiento, al hombre se le puede meter en la cárcel por quebrantarla aunque sea con el consentimiento de la mujer, a la que se podría llegar a considerar cómplice del delito”.
3 Mónica Ceberio, “Víctimas protegidas a su pesar”, El País, 8 de octubre de 2009, vida&artes, p.30.
4 Intento aquí introducir la precisión de “pareja varón” por aquello de ser coherente con la visibilización de la realidad lésbica, pero aquí sobra esta precisión porque la Ley Integral sólo se aplica en las relaciones
heterosexuales de pareja y si el hombre es el agresor. 5 Ibid.
6 En la “exposición de motivos” la ley señala lo siguiente: “también se castigarán como delito las coacciones leves y las amenazas leves de cualquier clase cometidas contra las mujeres mencionadas con anterioridad”, cuestiones que estas autoras asocian a conflictos familiares.
7 Cuestión que habría que matizar si nos miramos a nosotras mismas en la reunión que aquí nos convoca.
8 Red catalana de organizaciones feministas contra la violencia de género, Protestas por el tratamiento que la tv catalana ha dado al asunto, 27/01/06.
http://www.redfeminista.org/noticia.asp?id=3582.
9 Elvira Lindo, “Preciosa”, El País, Domingo, 22 de noviembre de 2009, p. 19. Tampoco los varones son de una sola pieza: recordarán sin duda el caso del varón que, con posterioridad a lo sucedido con Neiras, defendió en Barcelona a una mujer que estaba siendo agredida por su pareja en la calle y redujo al agresor. Las autoridades locales quisieron condecorarle por su valor pero tuvieron que retirar su propuesta cuando se supo que el tal varón estaba condenado en su país de origen por maltratador.
10 LOGV o Ley Orgánica contra la Violencia de Género (nota de Raquel Osborne).
11 Los Jueces de Violencia sobre la Mujer tienen jurisdicción sobre estos delitos (art. 44.1 a LOVG), pero en ellos no se impone una agravación específica por el hecho de ser “mujer pareja” como sí hace respecto de las amenazas, coacciones y lesiones. Es otra paradoja de la ley, los criterios utilizados para decidir de qué delitos son competentes los JVM. Véase un claro análisis en Muerza (2005) y más recientemente el Informe del Grupo de Expertos del Consejo General del Poder Judicial (2006).
12 El País, 3 de septiembre de 2006.
13
http://www.amecopress.net/spip.php?article1451 (consultada a fines de junio de 2009).
14 La exposición que se presenta a continuación está contenida, de forma más extensa y con profusión de cifras, en mi libro mencionado Apuntes sobre violencia de género (2009). Con todo, he preferido dejar ciertas partes de mi argumentación sin retocar porque creo que si no se perdería la fuerza de conjunto del planteamiento que estoy defendiendo.
15 Para una información aún más detallada sobre el particular véase el artículo completo de donde se extrae este apartado de las cifras de la violencia (Osborne, 2008).
16 Esto, no obstante, resulta mucho más claro si lo referimos a la violencia física y la sexual; la violencia psicológica hay que tratarla con más matices. Vid. García Quesada y Gomáriz Moraga (2004).
17 Badinter realiza la misma demanda en relación a Francia, p. 96. Según su testimonio, la encuesta Enveff “se refiere exclusivamente a la violencia que se inflige a las mujeres, y a nadie se le ha ocurrido formularles preguntas similares a los hombres” (Badinter 2004:91).
18 Es más, el prejuicio sexista suele afirmar que los hombres son más “noblotes” y directos y que las mujeres son mucho más retorcidas psicológicamente.
19 Marta Costa-Pau, “Severidad judicial con las mujeres”, El País, Domingo, 5 de enero de 2002.

Bibliografía
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jueves, 25 de octubre de 2012

La violencia de género es de interés social, no de interés público

Un juez anuló la imputación contra un hombre por golpear a su ex pareja ya que era un delito "dependiente de instancia privada", que no podía ser investigado de oficio. El magistrado indicó que “aunque no se discute el interés social” de estos actos, “esto no importa asimilarlas a las razones de interés o seguridad pública que autorizan la actuación de oficio”.

El Juzgado de Control N°3 de Córdoba anuló la imputación por lesiones leves dispuesta contra un hombre, que habría golpeado a su ex pareja, debido a que la mujer desistió de impulsar la acción penal en contra del acusado. El magistrado ordenó la inmediata liberación del imputado y giró las actuaciones a un Juzgado de Niñez, Juventud y Violencia Familiar, para que “adopte las medidas que estime pertinentes”.

El juez Luis Miguel Nassiz consideró que ni aún tratándose de un caso de violencia familiar resultaba posible proceder de oficio, pues el delito que se le imputó al acusado requiere de una denuncia de instancia privada para su persecución penal. El magistrado sostuvo que no mediaban “razones de seguridad o interés público” –únicas excepciones que prevé el Código Penal para que se realice una investigación de oficio, sin que la víctima la inste-.

En particular, Nassiz afirmó que “aunque no se discute el interés social que despiertan las conflictivas conductas absorbidas por dichas normas (legislación sobre Violencia Familiar), esto no importa asimilarlas a las razones de interés o seguridad pública que autorizan la actuación de oficio frente a casos en donde el impulso procesal se encuentra sujeto a la voluntad privada”.

“La malla de protección hacia cuestiones tan nodales y sensibles como las que importan la violencia familiar y la violencia de género, y que ha querido instituir nuestro país a través de la órbita legislativa, y en armonía con esta, mediante la ejecutiva y la judicial, no persigue una inflación punitiva, ni mucho menos, que los operadores judiciales, en una suerte de realismo jurídico, terminen creando derecho de uso de una interpretación transmutada”, explicó el titular del Juzgado Penal.

La causa tuvo origen en la denuncia por lesiones leves que realizó una mujer contra su ex pareja, lo que derivó en la imputación del hombre por la supuesta comisión del delito de lesiones leves y en su inmediata aprehensión. El hecho se produjo en un hospedaje, en el que un policía halló a la mujer ensangrentada, con un bebé en brazos.

La Justicia penal comenzó a investigar el caso, sin embargo, la denunciante, acabó desistiendo de impulsar la acción penal en contra del acusado y se abstuvo de declarar en contra de su ex pareja, por considerar que era “la única familia” que tenía.

Sin embargo, el Fiscal del Distrito I y la Fiscal del Distrito III entendieron que existían razones de interés y seguridad pública que justificaban que la investigación del hecho fuera efectuada de oficio. Ante esta situación, la defensa del imputado requirió un control jurisdiccional del tema, solicitó la puesta en libertad de su pupilo y que se anulara la acusación.

De modo puntual, el Juez de Control provincial destacó el interés social que poseen los casos de violencia familiar, pero advirtió que eso no implica que las conductas de esa naturaleza puedan ser entendidas bajo la órbita de “las razones de interés o seguridad pública que autorizan la actuación de oficio frente a casos en donde el impulso procesal se encuentra sujeto a la voluntad privada”.

No hay que “judicializar un conflicto a través del recurso más invasivo con que cuenta el Estado”, cuando éste “podría diluirse por otras vías”, pues se trata de “un supuesto de violencia familiar desplegada en el ámbito íntimo de las partes, sin efectos colaterales o repercusión a terceros ajenos, y en donde, para más, la eventual agredida mantiene la firme convicción de no accionar”, puntualizó Luis Miguel Nassiz.

Luego, el magistrado aseveró que investigar el hecho de oficio “significaría soslayar el derecho de la víctima a optar frente a situaciones en la que el legislador así lo ha permitido, siendo que no puede enarbolarse el género como un emblema de privación de derechos, sino, más bien, de equidades”.

“El germen primordial del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, ahora constitucionalizado, no ha sido otro que el de limitar el poder punitivo del Estado”, precisó el juez cordobés. Esto explica “la adopción en nuestro ordenamiento de un Derecho Penal de Ultima Ratio, que comporta una mínima intervención, subsidiaria, cuando las conductas reprobadas no pueden ser filtradas por otras vías de solución sin efecto criminalizador”, añadió.

En ese marco, el Juez de Control dispuso que las actuaciones fueran enviadas a un Juzgado especializado en Violencia Familiar, pues “se evitará así, de este modo, todo efecto criminalizador innecesario, pero también se corporificará la malla de contención que, ante cuestiones tan sensibles, ha querido ofrecer el Estado en procura del interés social; interés, por otro lado, que se encuentra disociado del interés público al que refiere la preceptiva penal de fondo”.

En consecuencia, el Juzgado de Control cordobés anuló la imputación por lesiones leves que pesaba sobre el acusado, ordenó la inmediata libertad del hombre y giró las actuaciones a un Juzgado local con competencia en temas de Niñez, Juventud y Violencia Familiar.

 
Ref.: "J.E.R. s/control jurisdiccional-violencia familiar".-http://www.diariojudicial.com/documentos/2012_Octubre/FALLO_PEN.VIOLENCIA_FAMILIAR.INVESTIGACIxN_DE_OFICIO.RECHAZO.CORDOBA.-.doc
Fuente: DiarioJudicial.com

martes, 25 de septiembre de 2012

La mujer que no recibió protección.

Por primera vez, un fiscal bonaerense fue denunciado por no tomar medidas efectivas para proteger a una mujer víctima de violencia de género, y en cambio proponer una mediación entre ella y su pareja, a quien había denunciado por darle una golpiza. La joven, Mariana Condoría, fue encontrada muerta dos días después. Tenía 20 años y era madre de tres hijos.

La denuncia se presentó ayer ante la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires contra el titular de la Unidad Fiscal de Investigación Nº6 de La Plata, Marcelo Romero. Fue promovida por la mamá de Mariana, María de los Angeles Pereira, el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ), de La Plata, y la organización barrial El Mate Popular, al cumplirse seis meses de la muerte de la joven. Además, instaron a la procuración a que dicte un protocolo para que los fiscales sepan cómo actuar en los casos de violencia de género y se prohíba el uso de la mediación en ese tipo de causas.

En la presentación se acusa al fiscal de cometer graves irregularidades en su actuación y de violar pactos internacionales de derechos humanos. Puntualmente se le cuestiona el hecho de haber propuesto una instancia de mediación entre Mariana y su pareja, Gabriel Maldonado, cuando lo había denunciado por violencia machista. El hombre ahora está investigado como presunto autor de la muerte de Mariana, ocurrida días después de la decisión dictada por Romero. “La muerte es la constatación de que la Justicia debió haber promovido otra medida que le brindara una protección a la víctima. Y la mediación, la constatación del modo en que terminan muchas denuncias por violencia de género en la provincia”, señaló a Página/12 la abogada Sofía Caravelos, del CIAJ.

Mariana vivía en pareja con Maldonado desde hacía un año y medio. Tenían una hija en común, una beba de cinco meses. Según el testimonio de los familiares incorporado en la causa, Maldonado ejercía todo tipo de violencias hacia Mariana: física, psicológica, agresión hacia sus hijos, obstrucción de su autonomía económica.

El 7 de marzo de este año, Mariana llegó en moto junto a su pareja hasta la casa de su madre. Durante todo el trayecto, Mariana fue recibiendo, de parte de Maldonado, golpes de puño en la cara, cabeza, espalda y abdomen, según relatan sus parientes. La familia, al advertir el estado en el que llegó la joven, la indujo a hacer la denuncia policial. Así fue como se presentó en la comisaría 3ª de La Plata”, relató Caravelos. “No era la primera agresión que recibía Mariana, pero en la comisaría no le preguntaron nada sobre hechos anteriores. La mandaron al cuerpo médico y al hospital para constatar las lesiones; pero no pudo ir por falta de recursos para su movilidad”, agregó la abogada.

La denuncia, precisó, fue recibida por la UFI Nº6, a cargo del fiscal Romero, quien el 8 de marzo dispuso que “se cite a la víctima a efectos de que manifieste cuál es su situación actual respecto del ilícito denunciado, como así si presta conformidad en la iniciación de un proceso de mediación con la intervención de la Secretaría respectiva a efectos de procurar una solución alternativa al conflicto”.

Mariana fue notificada el 13 de marzo y el 14 fue hallada muerta por ahorcamiento en su casa del barrio de Villa Elvira, en las afueras de La Plata, en circunstancias que aún están siendo investigadas, a fin de determinar si se trató de un suicidio o un homicidio a manos de Maldonado: esa causa también tramita en la misma UFI a cargo de Romero. Caravelos no descarta que haya sido un suicidio inducido, por la misma situación de violencia machista que atravesaba la joven.

Ayer, la madre y el CIAJ, representante legal en la causa que investiga la muerte de Mariana, solicitaron que se sancione al fiscal Romero por la gravedad de la decisión adoptada. En el escrito presentado ante la procuración, el CIAJ advierte que “aun cuando distintos organismos internacionales de derechos humanos y la legislación vigente en el ámbito nacional y provincial prohíben que, en casos de violencia de género y contra las mujeres, se fijen audiencias de conciliación, mediación u otros medios que promuevan instancias de acercamiento y/o reconciliación entre la víctima y la persona denunciada, éstas aún son promovidas por los funcionarios judiciales”. A continuación, en la denuncia destaca que “la aplicación de estas medidas en los casos de violencia contra las mujeres tiene efectos contraproducentes en el acceso a la Justicia para las víctimas y en el mensaje permisivo enviado a la sociedad”.

Caravelos indicó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe 2010 “hizo hincapié en que hacer este delito negociable o transable parte de la premisa de que las partes involucradas se encuentran en igualdad de condiciones de negociación, situación que queda excluida de las instancias de violencia contra las mujeres en tanto se enmarcan en relaciones de poder y dominación entre los géneros”. Lamentablemente, agregó Caravelos, Romero no es el único fiscal en la provincia de Buenos Aires que promueve la mediación en casos de violencia de género.
 
Fuente: Página/12

lunes, 3 de septiembre de 2012

Violencia de Género - Lesiones

“S., A. S. - lesiones gravísimas, amenazas y privación ilegítima de la libertad - V., C. J.” – JUZGADO DE INSTRUCCIÓN FORMAL DE SEGUNDA NOMINACIÓN DE ORÁN (SALTA) – 15/08/2012 (Sentencia firme)
 
“… la versión suministrada por el imputado aparece revelando concepciones que el estado argentino se ha comprometido eliminar a partir de la ratificación de la “Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.” En virtud de la cual los estados partes se han comprometido a “Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en ... funciones estereotipadas de hombres y mujeres. “ y en consecuencia merece ser ponderada como derivadas de esquemas patriarcales y una cultura androcéntrica apartada del respeto a los derechos humanos de la mujer y, producto de elucubraciones efectuadas por el encartado con el solo propósito de atenuar o eludir su responsabilidad frente al hecho por el que viene requerido.”

“En merito a las razones expuestas , ponderada la prueba y comprobada la materialidad del hecho, habiendo el encartado de manera consciente y deliberadamente mediante el uso de violencia y amenazas, restringido en los limites queridos por la voluntad de la victima su libertad personal, resultando ella , por su condición de conviviente una persona a quien le debía particular respeto, provocando la privación de su libertad un grave daño a la ofendida, a quien por su parte el incuso le ha producido múltiples y reiteradas lesiones que le han provocado la inutilidad permanente para el trabajo y la pérdida de un sentido cual es el de la vista , habiendo desplegado con su proceder las conductas previstas y reprimidas por los arts. 142 inc. 1 primer y segundo modo de comisión, inc. 2 ultimo supuesto, inc. 3º segundo supuesto y 91 del CP.”

“…. cabe aplicar al caso las reglas del concurso material de delitos contenida por el art. 55 del CP.”

“En efecto, habiendo S. en forma diaria atado por las noches a Vegas a la cama donde dormía, desatándola solo por las mañanas a fin de conducirla al campo a trabajar utilizando una energía y un medio físicamente dañoso, que indica la utilización de violencia doblegando asimismo su voluntad mediante un trato degradante traducido en una actitud intimidatorio constante destinada a privarla de su actividad locomotiva y anunciándole que en caso de develar lo ocurrido la acusaría falsamente que había abusado de sus hijos menores, se interpreta que dicho proceder satisface las agravantes contenidas por art. 142 inc. 1 en sus primera y segunda modalidad de comisión del CP, ello toda vez que, las amenazas o la violencia pueden ejercerse tanto para iniciar la privación de la libertad como en cualquier etapa de la permanencia de la acción si van destinadas a mantenerla.”

“En cuanto a la aplicación de la agravante contenida por el inc. 2 ultimo supuesto, entiende la suscripta que ha quedado suficientemente probada la existencia del respeto particular debido por el incuso a la víctima, derivado ello de la situación de convivencia preexistente, la cual fue derivada de un manifestación de voluntad libre de ambos que, aún despojada de las formalidades legales, debe enmarcarse en una civilizada convivencia signada por el respeto particular y mutuo.”

“Se ha considerado asimismo que resulta de aplicación al caso la agravante contemplada como segundo supuesto por el inc. 3 de la norma bajo examen, ello en el entendimiento que el grave daño calificante en la salud de la victima resulta de la privación de la libertad a la que fue sometida y se traduce en su desestabilización emocional por el miedo, la angustia y la depresión , con sensación de peligro constante del ataque que puede a volver a sufrir por parte del encartado lo que la llevó a estar aislada y cambiar los hábitos de vida , viéndose impedida de resolver situaciones cotidianas.”

“Cabe ahora analizar las afirmaciones efectuadas en relación a la concurrencia material de los delitos endilgados al incuso. Al respecto es dable considerar que con el grave daño a la salud al que hace referencia el inc. 3 del art. 142 del CP se alude a una violencia moral, pero si del uso de violencia resultan lesiones, éstas no son absorbidas por dicha figura, pues el resultado del grave daño a la salud que agrava el delito conforme el inc 3º ,es un resultado de la privación de la libertad y no de la violencia , por lo que no significa que ellos deban quedar absorbidos por el concepto de la figura básica.”

“En ese orden de ideas y tal como se anticipara, ha quedado con suficiencia demostrado en autos , que el encartado de manera consciente y deliberada ha encaminando su proceder a dañar la integridad corporal de la víctima, le produjo múltiples lesiones las que por su magnitud admiten ser conceptualizadas como gravísimas , según lo estatuye el art. 91 del CP , resultando ellas la exteriorización de una intención diversa al de mantenerla cautiva.”
“Por tales razones estima la suscripta resulta procedente dictar auto de procesamiento en contra del encartado por considerarlo autor material y penalmente responsable de los delitos de Privación ilegítima de la libertada agravado por ser cometido con violencia y amenazas, contra una persona a quien se debe respeto particular y por resultar un grave daño a la salud de la ofendida en concurso real con el de lesiones gravísimas previstos y reprimidos por los arts. 142 inc. 1 primer y segundo modo de comisión, inc. 2 ultimo supuesto, inc. 3º segundo supuesto y 91 en función de lo normado por el art. 55 del CP.”

“… atento a la escala penal con que se reprime el delito imputado, las circunstancias que rodearon el hecho y los antecedentes personales del incoado según lo informan su planilla prontuarial adunada en autos, se estima prima facie que llegada la etapa del plenario en caso de recaer condena, ésta sería de ejecución efectiva. Sumado a ello el ámbito en que se desarrollaron los hechos, la ausencia de lazos que lo vinculen laboral y económicamente de manera estable al medio; los rasgos de su personalidad, según lo indican los respectivos informes psicológico y psiquiátrico , de cuyo contenido surge que S. se presenta como una persona con pobre capacidad para su control emocional , manifestándose con marcada agresividad e impulsividad como un modo defensivo ante situaciones de vida que siente lo superan, con ansiedad de tipo paraniode y resulta peligroso para terceros, la proximidad del asiento de esta ciudad con la frontera, hacen suponer fundadamente que el encartado, frente una expectativa de pena rigurosa podrá pretender eludir la acción de la justicia y con ello frustrar la consecución del fin último del proceso.”

“Asimismo, y conforme fuera señalado precedentemente en el caso resulta de aplicación lo normado por el art. 7 de la denominada Convención de Belem do Pará en virtud de cuyos inc. b y f el estado argentino se ha comprometido a actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer y establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos. Objetivos que solo podrán ser concretados garantizando el desarrollo del proceso en todas sus etapas, lo que por las razones dadas se teme se vea frustrado con el encartado en libertad.”

“Por tales razones se torna necesario adoptar las cautelas necesarias a fin de neutralizar la peligrosidad procesal advertida y restringir en los límites de lo absolutamente indispensable la libertad del encausado y disponer la PRISIÓN PREVENTIVA.”

 
Fuente: elDial.com - AA7921

miércoles, 22 de agosto de 2012

Los femicidios, la peor de las estadísticas.

Según un relevamiento del Observatorio de Femicidios en la Argentina, en el primer semestre hubo 119 homicidios de mujeres por violencia machista. En al menos 16 casos, habían llegado a hacer denuncias. Por estas muertes, 161 hijas e hijos perdieron a su madre.
 
Gilda Mariana González tenía 33 años y vivía en Río Cuarto, Córdoba. El 1º de febrero fue baleada y agonizó varias horas hasta morir en un hospital. Su ex marido se entregó por el hecho a las 24 horas del ataque. Sobre él pesaba una orden de captura desde un par de días antes por una golpiza brutal que le había dado a la mujer. El de Gilda es uno de los 119 homicidios de mujeres por violencia de género que se registraron en los primeros seis meses del año, de acuerdo con el relevamiento que lleva adelante el Observatorio de Femicidios en la Argentina, coordinado por La Casa del Encuentro. La cifra significa que cada tres días dos mujeres fueron asesinadas en el país por el hecho de ser mujeres. En siete de cada diez casos, el presunto agresor resultó el marido o ex pareja de la víctima. Uno de los daños colaterales más dramáticos de los femicidios es la cantidad de chicos y chicas que quedan huérfanos brutalmente: 161 hijas e hijos perdieron a su madre como consecuencia de la violencia de género, de los cuales al menos casi un centenar son menores de edad. “Es necesario considerar a la violencia sexista como una cuestión política, social, cultural y de derechos humanos, de esta forma se podrá ver la grave situación que viven las mujeres, niñas y niños en la Argentina como una realidad colectiva por la que se debe actuar de manera inmediata”, señaló a Página/12 Fabiana Tuñez, coordinadora de La Casa del Encuentro, al evaluar las estadísticas.

Si se compara con el mismo período de los últimos dos años, se nota un descenso de los femicidios: 152, en 2011 y 126, en 2010, frente a 119, en 2012. Sin embargo, Ada Beatriz Rico, directora del Observatorio, aclaró a este diario que al sumar los casos que ya se han registrado en julio y lo que va de agosto, se diluye la diferencia y la cantidad se equipara. El año pasado hubo al menos 260 femicidios, según el relevamiento de la ONG.

En los últimos días, la grabación del video que hizo Natalia Riquelme, la joven de Bahía Blanca, en el que registra la golpiza que le propina su ex marido, frente a su casa y delante de la hija pequeña de ambos, como recurso desesperado ante la inacción judicial tras 15 denuncias en contra del agresor, puso en primer plano la impunidad con la que pueden actuar perpetradores de violencia machista. Los femicidios son la expresión más extrema de ese problema social y la muestra más dramática de cómo el Estado no llega a proteger a tiempo a muchas de las víctimas. Al menos en 16 de los femicidios del primer semestre de este año, las mujeres habían hecho denuncias, de acuerdo con los datos recabados por La Casa del Encuentro. Es decir, estaban intentando salir del llamado “círculo de la violencia”. En seis, los agresores tenían una orden de exclusión del hogar o prohibición de acercarse a la víctima, dictada por la Justicia, pero la medida –quedó en evidencia– no fue suficiente para evitar que las volvieran a agredir hasta matarlas.

De los 119 femicidios que contabilizó el Observatorio –sobre la base de los casos publicados en más de un centenar de medios–, en 59 hechos el presunto asesino fue el esposo o el novio, en 24, una ex pareja. Es decir, el grueso de los homicidios fue ejecutado por el marido o el ex. En los demás casos, las muertes fueron perpetradas aparentemente por otros familiares, vecinos o desconocidos.

En cuanto al modo en que fueron ultimadas, el Observatorio registró 13 mujeres que murieron como consecuencias de graves quemaduras, como Wanda Taddei, la esposa del ex baterista de Callejeros, Eduardo Vásquez, condenado en junio a 18 años de prisión por el delito de homicidio agravado por el vínculo, con atenuantes. Pero no fueron las únicas mujeres a las que les prendieron fuego: otras 23 también fueron quemadas en el marco de situaciones de violencia de género, pero lograron sobrevivir a los ataques.

La estadística muestra que de los 119 femicidios, 34 ocurrieron en la vivienda compartida con el femicida y 25 en la de la víctima, lo que significa que la propia casa puede resultar más peligrosa que la vía pública para muchas mujeres que se enfrentan al drama de la violencia doméstica. Otros 40 femicidios tuvieron lugar en la calle. La mayor parte de las mujeres muertas como consecuencia de la violencia machista tenían entre 19 y 50 años.

La Casa del Encuentro empezó hace cinco años a relevar los femicidios publicados en los medios, ante la ausencia de registros oficiales y como una forma de llamar la atención de las autoridades y la opinión pública sobre la gravedad de la violencia hacia las mujeres. “Llevamos adelante el informe de los femicidios, pero al mismo tiempo recibimos a las mujeres que vienen a La Casa del Encuentro en busca de orientación y ahí tomamos dimensión de todo lo que no hay y falta para enfrentar el problema; por ejemplo, en las comisarías no les toman las denuncias por violencia psicológica, o los recursos no llegan a aquellas mujeres de los sectores más pobres. Hacer este informe para nosotras no es ver si el número sube o baja: son vidas, rostros, historias. Familias de las víctimas vienen a nuestra sede y piden justicia por ellas, las que tendrían que estar, por ellas, las que se podría haber evitado que fueran asesinadas”, comentó Rico. La directora del Observatorio cuestionó el hecho de que en la mayoría de las provincias no se destinen recursos para dar respuestas efectivas para proteger a las mujeres. “De la violencia se puede salir y eso lo sabemos y lo saben quienes pudieron salir, pero mientras sigan matando mujeres seguiremos reclamando hasta que el Estado y los estados provinciales decidan que este tema es una prioridad en política pública, sabiendo que por estas horas otra mujer ya no estará, y otra intentará que le crean y le tomen la denuncia”.
 
“Problema de todos” (LA ABOGADA NATALIA GHERARDI)
“La violencia contra las mujeres es un problema que involucra a toda la sociedad. Erradicarla requiere ni más ni menos que transformar la cultura, una cultura patriarcal que considera a la mujer como objeto o como persona moralmente inferior a los varones, que debe su-bordinar sus intereses a los de otra persona –pareja, hijos, padre–. En ese cambio, debemos estar involucradas todas las personas. Esto necesita no sólo campañas, sino también colocar el tema en el centro de la agenda de las más altas esferas de decisión política”, evaluó la abogada Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, una de las referentes del país en la temática.

–¿Qué falló en el sistema de protección de una mujer víctima de violencia doméstica para que la joven de Bahía Blanca tuviera que llegar a filmar su propia golpiza y difundirla después de hacer 15 denuncias sin eco?
–No conozco los detalles particulares del caso, pero creo que es posible lograr algún aprendizaje general a partir de estas situaciones que toman trascendencia pública y de alguna manera nos permiten ver la punta de un iceberg que sigue siendo desconocido: el alcance real de los casos de violencia contra las mujeres. En estos casos, sin duda debe haber fallado el Poder Judicial en donde se hayan planteado los pedidos por medidas de protección (orden de no acercamiento), y también parecen haber fallado los mecanismos de investigación de las denuncias presentadas por amenazas, lesiones. Todas las instancias del Poder Judicial, en todos los fueros, tienen la obligación de tomarse en serio las denuncias de las mujeres y de tomar todas las medidas necesarias para la investigación y sanción de las conductas que constituyan delitos. Pero además, más allá del sistema judicial, en estos casos muchas veces falla la coordinación entre las respuestas que deben dar los tribunales y el apoyo que corresponde a las políticas públicas, al Poder Ejecutivo, nacional, provincial y municipal.

–¿Es un tema de la Justicia penal o civil?
–Si la conducta que se denuncia constituye un delito, entonces interviene la Justicia penal. Pero antes del delito (antes del golpe, antes del intento de homicidio) puede y debe actuar también la Justicia civil dictando las órdenes de protección como la exclusión del hogar del agresor o la reinserción de la mujer al hogar que debió abandonar (previa exclusión del agresor) o la orden de no acercamiento (por ningún medio, a cualquier lugar donde la mujer se encuentre). Sin embargo, estaríamos mirando una parte del problema si nos quedamos solamente en lo que puede y debe hacer la Justicia. Para las mujeres puede ser muy difícil sostener las denuncias y sostenerse en los procesos judiciales –que llevan muchas veces más tiempo del razonable y sin duda, más tiempo del que demanda la urgencia del caso– sin otro tipo de sostén: asistencia y patrocinio jurídico gratuito, contención psicológica, subvenciones económicas, preferencias de vivienda, servicios para asegurar el cuidado para sus hijos/as y personas dependientes, oportunidades de inserción laboral. Todas o algunas de estas cosas son también necesidades concretas de las mujeres que necesitan volver a armar sus vidas en diversos aspectos. Esto no es responsabilidad del Poder Judicial, sino del Poder Ejecutivo. Lo fundamental, también, será asegurar las respuestas coordinadas no sólo entre los distintos fueros de la Justicia, sino también entre los distintos poderes del Estado.

–¿Qué pasa cuando se dictan exclusiones del hogar y el perpetrador no las cumple?
–La policía debe actuar como un auxiliar indispensable de la Justicia. Si el Poder Judicial dicta una orden de exclusión o de no acercamiento, la policía deberá prestar toda su colaboración para que esta orden se cumpla. También la policía debe tomar con seriedad estos casos, con toda la seriedad que se merecen.
 
Fuente: Mariana Carbajal - Pág/12

viernes, 17 de agosto de 2012

Polémica sanción al hombre que golpeó a su ex pareja en Bahía Blanca

Julián Bilbao fue filmado mientras agredía en forma brutal a Natalia Riquelme, delante de su hija, el domingo pasado. Pese a presentar las pruebas correspondientes, una Jueza de Familia de la ciudad le ordenó que no se acerce a la mujer por sólo 90 días.

Julián Eduardo Bilbao, el hombre que fue grabado cuando golpeó a su ex pareja delante de su hija, no podrá acercarse a menos de 200 metros del lugar donde se encuentre Natalia Riquelme, pero sólo por 90 días.

Esta prohibición temporal de acercamiento fue dictada por la Jueza de Familia de Bahía Blanca, Patricia Marenoni. Riquelme, que se encuentra viviendo en la casa de su madre junto a sus dos hijas, admitió que “la magistrada ni siquiera me recibió”.

“La nena no quiere ir a la casa, no quiere volver más. Tiene miedo de que vuelva el padre, por más que le diga que no va a venir, porque tenemos un papel”, señaló Riquelme haciendo referencia a que una de sus hijas presenció el momento de la agresión.

Y agregó: “El tipo está afuera, los golpes son lesiones leves y es un delito excarcelable. Me dijeron que está en Monte Hermoso, en una casa de los padres, a dos cuadras de la playa, mientras yo estoy acá encerrada. Ni siquiera salgo a comprar a la esquina: ¿y si a él se le ocurre venir con un arma, y está jugado, y no hay policía...? Lo que pido es que lo tengan adentro aunque sea un mes, hasta que me pueda conseguir otra casa”, sostuvo Riquelme, quien desde junio de 2011 realizó 17 denuncias y tiene un policía de custodia, que la acompaña dondequiera que vaya.

Natalia admitió estar preocupada por sus dos hijas, de 3 y 6 años, ya que no asisten al jardín desde el domingo pasado. La mayor había empezado un tratamiento psicológico, pero la jueza ordenó suspenderlo porque, según explicó la madre, tres sesiones semanales con diferentes psicólogos “eran mucho para la nena. El padre se comprometió a pagarlo particular, pero no lo pagó”.

Ahora, Natalia espera que en la Subsecretaría de Niñez, Familia y Adolescencia de Bahía Blanca cumplan con lo pactado y, así, le faciliten el tratamiento.

“Como fue una caricia entonces no va preso”, ironizó Riquelme. “No cuenta el drama psicológico de la nena: está incordiosa, se enoja por nada; de pronto está contenta, de pronto grita... Habla y llora como un bebé. Duerme conmigo, me agarra las manos y se aprieta contra mí, como si quisiera ponerse de nuevo dentro de la panza. Recién se peleó con la hermanita por un globo, se enojó y le pegó una piña. Está demostrando lo que vivió”, describió la víctima.

Fabián González, el abogado de Riquelme, indicó que la restricción impuesta por la jueza es provisoria, “porque en el ámbito del Tribunal de Familia se trata de que las condiciones vayan mejorando para que la criatura pueda crecer con su madre y su padre”.

Pero Natalia negó que esa sea su intención. “La jueza ni siquiera me recibió. No es tan difícil ver toda la causa y rever los videos: hay denuncias por amenazas, lesiones, abuso hacia la nena, agresiones de la hermana de él ... Hasta la abuela le pegaba a la nena. ¿Cómo mi hija va a estar con una familia agresiva? No voy a permitir que vuelva a revincularse con su padre”, concluyó Riquelme.

Fuente: Infobae.com

Violencia de Género: Retrato de la impotencia.

Una mujer no identificada de 33 años murió después de ser asesinada por su marido en Boedo, la semana pasada, de tres cuchilladas en el pecho. El asesino se entregó y confesó el crimen. El 3 de agosto encontraron a una chica violada y asesinada en Villa Lugano. La adolescente era buscada –hacía dos días– desde que desapareció de su casa en la villa 1-11-14, en el Bajo Flores. ¿Por qué siguen los femicidios? ¿Por qué no se pueden detener? ¿Por qué con leyes aprobadas no se puede erradicar la violencia de género? ¿Por qué el fenómeno es tan global que sucede tanto en Argentina como en Noruega? ¿Qué hacer?

“No traigo recetas porque aún no hemos resuelto el problema”, asumió la economista Mildrid Mikkelsen, experta en violencia de género y directora del Centro Noruego del proyecto ROSA (que lucha contra la trata de mujeres) en el seminario “Violencia de género: Buscando soluciones para promover y proteger los derechos de las mujeres” que se realizó el 3 de agosto en la Defensoría General de la Nación. Aunque sí dio pistas sobre la creación de refugios, la entrega de créditos y el uso de la tecnología al servicio de cortar con la cadena de violencia que sufren las mujeres.

En este marco, se presentó el “Mapa de Violencia de Género en Argentina”, realizado por la Asociación de Políticas Públicas (APP), por Diego Fleitas y Alejandra Otamendi (ver recuadro). Ambos investigadores acentúan el riesgo de las mujeres más jóvenes y la inequidad de género en las provincias del norte: “Dentro de los hallazgos del trabajo, es de destacar que en los hechos de violencia contra las mujeres se observa una doble dinámica, una propiamente de violencia de género, y otra más vinculada con cuestiones como de violencia urbana y robos. A su vez, se comprobó que en la Argentina de 1997 al 2010 ocurrieron 6077 homicidios y 8806 suicidios de mujeres, siendo notable el incremento de suicidios de jóvenes, en particular en el norte del país. Asimismo, en dichas provincias parecería ocurrir una dinámica más acentuada de violencia de género en general. En cuanto a golpes a mujeres, de acuerdo con un procesamiento que se hizo de una encuesta del Ministerio de Salud, 461 mil mujeres habrían sido golpeadas en el año 2009, pero hay que aclarar que parte de los casos estarían vinculados no directamente con violencia de género sino con la ocurrencia de robos”.

La defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, asumió que “todavía queda mucho por hacer porque no hemos logrado penetrar en el problema cultural que subyace a la violencia de género”. Al respecto, sostuvo que “existe un discurso oficial que repudia la violencia pero también hay una realidad que se contrapone con ese discurso”.

La violencia de género está en la agenda. Pero las soluciones se escurren de los dedos de las manos y les cuestan la vida, los días, las desventuras y las angustias a miles de mujeres. Una de las razones es que existen leyes, pero faltan abogados/as que las defiendan. Martínez remarcó que “no se ha creado hasta hoy un sistema legal que garantice el patrocinio jurídico para las mujeres que son víctimas de violencia, tal como lo establece la ley”. Ante la sensación de impotencia por no poder ver cambios más importantes, la subsecretaria de Promoción de Derechos Humanos de la Nación, María Cristina Perceval, propuso: “Hay que volverse rabiosamente feministas”. Y ella –que fue la autora de la ley para prevenir y erradicar la violencia de género– enfatizó: “Sin ley no se avanza, pero con la ley sola no alcanza”.

UNA ALARMA EN NORUEGA

Mikkelsen no parece rabiosa, pero sí se define feminista. También –tal vez apasionadamente como el rojo de su pelo– optimista. Aunque tiene los pies sobre la tierra y sabe que aun en uno de los países más equitativos del planeta la violencia de género no pudo ser erradicada y que ése es todo un desafío.

¿Cómo es la situación de violencia en Noruega?
–Un 25 por ciento de las mujeres han sido expuestas a alguna forma u otra de violencia. Y el 9 por ciento a violencia severa.

¿Por qué en un país desarrollado como Noruega continúa la violencia de género?
–Hay estructuras del patriarcado existentes. Es difícil entender por qué todavía este problema subsiste con tanto esfuerzo que se ha hecho para erradicarlo. Es preocupante que no haya bajado más la violencia. Pero se puede ver que hay más denuncias por violencia doméstica y por violación. Yo pienso que eso está bien porque es una indicación de que el estigma en la sociedad se está bajando y que más mujeres se atreven a denunciar. En el 2011, más de mil mujeres pusieron denuncias por violación ante la policía y hay un incremento del 14 por ciento del 2007 al 2011. También en esa fecha subieron un 174 por ciento las denuncias por violencia doméstica. Se cree que ese incremento se debe a que por fin se pueden lograr algunos resultados, pero también a que el artículo del código penal que reglamenta esta violencia entró en vigor en el 2006.

¿La violencia se da en todas las clases sociales?
–Se cree que se distribuye igualmente entre las clases sociales pero depende también qué tipo de violencia. Los matrimonios forzosos se dan en la población de migrantes.

¿Qué medidas han sido las más efectivas para combatir la violencia?
–En cuanto a protección, el rol que han desempeñado los refugios es fundamental en el sentido de visualizar el problema y de dar una solución concreta. Para buscar soluciones se tiene que conocer a las mujeres expuestas a las violencias. También cambiar actitudes, como introducir módulos educativos en diferentes carreras, que tratan de sensibilizar sobre la temática en la policía, los trabajadores sociales, el personal de salud público. Ha sido importante en el sentido que ya una mujer violada pueda ir a la policía sin tener temor de ser tratada mal y que también crean en su historia y no lo vean como un problema familiar. La educación sexual es muy buena en las escuelas y eso es importante.

¿La educación sexual es fundamental para evitar que comience la violencia?
–Los jóvenes entienden que hay ciertas barreras que no pueden cruzar. Las violaciones ocurren en fiestas y esto puede ser porque toman demasiado alcohol y eso se podría prevenir dentro de la educación discutiendo esa temática en la escuela.

¿Cómo usan la tecnología?
–Hay dos alarmas: una que porta la mujer –que parece un celular– para activar la alarma y otros para comunicarse con la policía. Tiene GPS y puede localizar inmediatamente a la mujer en el caso de que esté en peligro. Esto es para las que ya denunciaron, que tienen orden de restricción y que necesitan que se cumpla. Este sistema funciona bien. Pero ahora se piensa implementar un sistema de alarma contra el agresor, que consiste en que el hombre porte una alarma –como una pulsera que no se puede quitar– con un transmisor preprogramado que alerta a la policía y se activa si entra a un lugar donde no puede entrar. De esta manera, se evita que la mujer tenga que tener el peso de protegerse a sí misma.

¿Hay programas para hombres violentos?
–El hombre violento entra en terapia con un psicólogo con el objetivo de hacerle entender su violencia y su responsabilidad y hacerle cambiar, porque se ve que los hombres repiten la violencia. Si salen de una relación con una mujer repiten la violencia en la relación siguiente. Entonces hay que romper esa cadena y ocuparse de los varones.

¿Cómo influyen los medios de comunicación?
–Es importante publicar más fotos que las que enfocan a la mujer como víctima. Se trata de empoderar a la mujer para que pueda salir de la situación y tener una mejor vida. Para que un periodista escriba algo sobre la temática en el periódico se necesita hablar con una víctima y saber todo sobre los sufrimientos, y yo pienso que es importante salir de esa imagen de la mujer como víctima. Siempre me impresiona tanto que mujeres que han sufrido abusos increíbles tienen tanta fuerza y logran salir de la situación, y es mejor enfocar en sus posibilidades en vez de en su sufrimiento. Me encuentro también mucho con mujeres víctimas de trata o violencia sexual que intentan salir de la prostitución y los periodistas siempre quieren fotos de ella como si todavía estuvieran vendiendo sexo y si no que estén en la televisión llorando con su bebé diciendo que Noruega es el mejor país del mundo y eso crea una imagen de la mujer que no es correcta. Porque las mujeres que han sobrevivido a abusos sexuales, trata o violencia doméstica tienen una capacidad de supervivencia increíble y eso significa que también tienen muchos recursos.

¿Dan créditos o subsidios laborales?
–Yo creo mucho en tener la posibilidad de trabajar. He visto cambios increíbles en las mujeres que han tenido la posibilidad de empezar una vida normal, encontrarse con otra gente que no tiene esa experiencia de violencia, quizá por primera vez, sentirse estimadas, valoradas. Es muy importante.

¿Cuál es tu perspectiva?
–Yo soy feminista y es imposible entender que en un país tan rico como Noruega no vamos a llegar a un punto donde vamos a tener la igualdad entre los géneros. No veo ninguna razón para que eso no pase, hay que continuar el trabajo, un día vamos a tener una sociedad sin violencia contra las mujeres. Estoy segura.

EN LA PRACTICA
Una mujer recibe un golpe. A otra le tocan la cola en su trabajo y su jefe se ríe ante sus quejas. Una madre deja de tener plata para darles de comer a sus hijos cuando su marido se va de la casa. Una esposa es obligada a tener sexo por la fuerza con su marido. Nada de esto puede pasar. Pero sucede. La Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia hacia las Mujeres combate la violencia simbólica, económica, sexual, obstétrica, física, emocional, aunque hay diversos obstáculos para llevarla a la práctica y que los derechos se conviertan en hechos.

Por eso, la Defensoría General de la Nación presentó el libro Violencia de género: estrategias de litigio para la defensa de los derechos de las mujeres, publicado con el apoyo de la embajada británica en Buenos Aires. “La idea del libro es constituirse en una herramienta de trabajo no solamente para los defensores públicos, sino también para todos los abogados y abogadas, y ser el puntapié inicial para un buen trabajo en red, pero aún queda un trabajo muy grande para lograr que se cumplan las leyes que fueron aprobadas y que no sean sólo declamaciones”, sostuvo la defensora general de la nación, Stella Maris Martínez.

Raquel Asensio, coordinadora de la Comisión sobre Temáticas de Género de la Defensoría General de la Nación, apunta: “Argentina adhirió a la Convención de Belem do Para y sancionó la ley 26.485, sin embargo, en la práctica, muchas mujeres se sienten indefensas, ¿a qué se debe esto?, ¿cuál es el mejor camino a tomar? Si bien la Argentina asumió fuertes compromisos, los mismos no se tradujeron en políticas públicas que garanticen a las mujeres que viven en situación de violencia los recursos necesarios que les permitan romper con la relación de violencia en la que se encuentran inmersas. Erradicar la violencia sexista exige erradicar la discriminación de género, objetivo que involucra no sólo a la Justicia, sino a todos los poderes públicos y a la sociedad en general. Frente a situaciones de violencia concretas, la respuesta estatal no puede restringirse al responsable, sino que también debe asegurar asistencia integral a las víctimas y medidas preventivas efectivas”.

La solución no está solo en la ley, sino en garantizar la ley con políticas públicas: “En casos de violencia de género en las relaciones familiares o interpersonales, se deben implementar políticas integrales que ofrezcan una posibilidad real a las víctimas de salir de la relación violenta. Ello implica que tales políticas contemplen, por ejemplo, asistencia médica, legal y psicológica gratuitas, el acceso a una vivienda y a programas de capacitación y reinserción laboral, facilidades para acceder al crédito, la posibilidad de mantener escolarizados a los niños, entre otras medidas”, describe Asensio.

Otro problema es conseguir un abogado/a y, mucho más, cuando hay urgencias, cuesta salir de la casa o no hay dinero para solventar un profesional. “Pese a la implementación de varias iniciativas tendientes a ampliar el acceso a la Justicia en este tipo de casos, aún persisten numerosas barreras que impiden que las mujeres puedan reclamar en sede judicial sus derechos, tales como el desconocimiento sobre sus derechos y los mecanismos de exigibilidad, falta de un reconocimiento de la violencia como un problema social y no simplemente como algo que sucede en las familias, persistencia de prejuicios y estereotipos de género en las y los operadores judiciales, entre otros”, afirma la coordinadora de la Comisión sobre Temáticas de Género de la Defensoría General de la Nación . Y agrega: “La ley 26.485 y su decreto reglamentario establecen el derecho de las mujeres víctimas de violencia a contar con asistencia jurídica gratuita y preferentemente especializada, sin necesidad de acreditar la falta de recursos para costear un abogado particular. Sin embargo, ante la falta de funcionamiento de servicios jurídicos suficientes para brindar ese servicio a todas las víctimas de violencia de género, se autoriza a las mujeres a formular las denuncias de hechos de violencia en sede judicial sin necesidad de contar con asistencia letrada. Pero sería importante que toda mujer víctima de violencia pueda contar en forma gratuita con asesoramiento y asistencia letrada como garantía de una mejor defensa de sus derechos”.

Fuente: Página/12