La mentada democratización de la Justicia

Cómo es el plan oficial para “democratizar la Justicia” del país.

 

Es todo preliminar y no hay por ahora ningún proyecto que esté totalmente consensuado en las filas del oficialismo pero la decisión política está tomada y la “democratización de la Justicia” que pretende la Presidenta Cristina Fernández será uno de los ejes de discusión del nuevo año parlamentario que arranca en marzo.

Este diario pudo saber que el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, es el encargado de receptar las diferentes propuestas de los legisladores K y de las organizaciones no gubernamentales que comparten la meta fijada por la Casa Rosada.

Sin embargo, por ahora no hay apuro ya que es intención de las autoridades parlamentarias que en los primeros dos meses -marzo y abril- se pueda votar por fin la unificación de los Códigos Civil y Comercial, algo que quedó pendiente en 2012. La nueva codificación fue elaborada por una comisión de juristas, encabezada por el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y fue corregida en unos pocos puntos por la Casa Rosada antes de enviarla al Congreso.

El proyecto fue debatido en audiencias públicas que se hicieron en varias provincias pero hay algunas dudas que lo frenan relacionadas al derecho al agua de las comunidades aborígenes y a la prescripción de deudas entre privados.

Respecto de la “democratización” de la Justicia, una fuente señaló que la idea es que los anteproyectos que están en redacción planteen modificaciones al sistema judicial argentino “que se puedan hacer por ley y que no impliquen la necesidad de una modificación constitucional”.

Se señaló que este año, hasta que no pasen las elecciones de octubre, el kirchnerismo no va a impulsar en el ámbito del Congreso la reforma de la Carta Magna para evitar así que la oposición saque provecho político alertando sobre la re-reelección presidencial. Pero, además, porque hoy el oficialismo no tiene el número de diputados y senadores necesarios para impulsar una nueva Constitución.

Aunque el jefe del bloque de diputados K, Agustín Rossi, viene insistiendo en la necesidad de que sea la propia Corte Suprema la que a través de una acordada resuelva el pago del impuesto a las Ganancias de los magistrados, en el oficialismo consideran que finalmente el tema será abordado a través de un proyecto de ley porque este genera discrepancias en el Máximo Tribunal.

Aunque podría abrirse una batalla jurídica al respecto dado que los jueces gozan de intangibilidad de sus haberes, algunos sectores de la oposición estarían dispuestos a bancar al oficialismo en esta movida. El problema es que nadie quiere pagar, por ahora, costos políticos.

El martes 5 de febrero Cristina Fernández volvió a referirse al tema. “Éstas son las cosas que me hacen ver cada vez con mayor necesidad, sinceramente, la democratización de la Justicia, la democratización en selección de jueces, en juzgamientos de jueces”, dijo para aludir a un caso en el que un magistrado permitió que cientos de damnificados de una empresa de servicios no pudieran cobrar el resarcimiento adecuado.

Siguiendo estas pocas pistas que dio la Jefa de Estado, en el bloque K especulan con que la Casa Rosada propondrá cambios en el Consejo de la Magistratura.

Las principales espadas K en estos temas, como la diputada Diana Conti, vienen insistiendo en dos temas que generan muchas dudas: la selección de los magistrados por votación popular y la necesidad de que los jueces rindan una reválida de sus cargos.

Algunas fuentes consideran que al menos la primera idea no podría llevarse a cabo sin tocar la Constitución actual ya que ésta fija que los magistrados son elegidos a través de un concurso hecho por el Consejo de la Magistratura, que eleva una terna a la Presidencia y ésta escoge un pliego para que lo vote el Senado.

El único de los temas que sí ha atendido el Congreso en los últimos tiempos es la aplicación de los juicios por jurados, que podría hacerse sin avanzar sobre la actual Constitución. Sin embargo, por ahora no hay consenso en el kirchnerismo ni en la oposición sobre en qué casos debería usarse esta modalidad que, en el derecho norteamericano, se aplica en materia penal.

Fuente: www.losandes.com.ar

 

Los secretos detrás de la iniciativa para “democratizar” la Justicia

 

La Presidente llamó a evitar que el Poder Judicial sea un “superpoder sobre el Ejecutivo y el Legislativo”, pero en los últimos años creció la influencia del Gobierno sobre jueces. Cuáles son sus verdaderos problemas.

 

“El problema es cómo nace esto. Parece ser una reacción a determinadas decisiones de la Justicia que no satisfacen al Poder Ejecutivo. No es el mejor camino y hace pensar que esto viene a limitar la autonomía del Poder Judicial”, dice Máximo Fonrouge, presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad, en diálogo con Infobae.

“El derecho tiene una faceta público-política: gran parte de la discusión jurídica es sobre cuestiones que merecen ser objeto de una revisión colectiva. Pero yo no confundiría mayor control ciudadano con mayor control por parte de la rama política. En estas condiciones de fragilidad institucional, esa versión de la democratización de la Justicia se acerca a volver a la Justicia más dependiente de la política”, explica a Infobae Roberto Gargarella, jurista y sociólogo por la Universidad de Buenos Aires.

Todavía no trascendieron las reformas que enviaría el Gobierno al Congreso. Pero sí se conocen las modificaciones que impulsó en el pasado y los principales déficits que tiene actualmente el sistema judicial.

La influencia de la política sobre la Justicia
Para entender cómo funcionan los jueces en un país hay que ver de qué manera son elegidos y controlados una vez que asumen el cargo.

De ambas cosas se ocupa el Consejo de la Magistratura, una institución creada por lareforma constitucional de 1994. Es un cuerpo colegiado compuesto por representantes de los tres poderes del Estado, de los abogados y del ámbito académico, con la intención de que haya equilibrio y pluralismo.

Pero en 2006 se sancionó una ley que modificó su composición. “Con la reforma del Consejo de la Magistratura realizada en 2006, en vez de democratizarlo se lo desdemocratizó, porque se concentró todo en el poder político, se redujo la participación de los académicos, de los abogados y de los jueces, y se aumentó sólo larepresentación del oficialismo”, cuenta Guillermo Lipera, presidente de la Asociación de Abogados Será Justicia, en diálogo con Infobae.

Originalmente tenía 20 miembros: el presidente de la Corte Suprema, 4 jueces, 4 abogados, 2 representantes del ámbito científico y académico, 4 senadores, 4 diputados, y un representante del Poder Ejecutivo. Once miembros no eran políticos y nueve sí.

Con la modificación pasaron a ser 13: 3 jueces, 2 abogados, 1 académico, 3 senadores, 3 diputados y el representante del Ejecutivo. Seis no son políticos, contra siete que sí.
Además, de los ocho legisladores originales, cuatro eran del oficialismo y otros cuatro de la oposición. Pero en la actualidad, de los seis legisladores, cuatro son del oficialismo y sólo dos de la oposición.

“El Consejo funcionaba mal antes y con la reforma es todavía peor: no puede ser sancionado ni nombrado nadie que no quiera el Gobierno”, explica Lipera.

Otro problema que muestra la gran influencia del Poder Ejecutivo sobre la designación de los jueces es que el Consejo no los elige directamente. Tras hacer un concurso selecciona a los mejores y se los presenta en ternas al Presidente, que elige entre los tres que le presentan.

“Hay casos en los que un candidato salió primeros en diez concursos -dice Fonrouge-, pero el Ejecutivo eligió siempre a alguno de los otros dos ternados. Eso es injusto. Muchas veces no se termina designando al más calificado”.

Otra alternativa es que el Presidente directamente no designe, dejando muchos juzgados ocupados por jueces subrogantes (suplentes), que como no tienen el cargo definitivo y dependen del Gobierno para quedarse, son mucho más fáciles de presionar.

“Actualmente hay 160 propuestas de nombramiento realizadas por el Consejo que todavía no se concretaron porque falta la firma de la Presidencia”, cuenta Lipera.

Pero la influencia del Poder Ejecutivo sobre la justicia se percibe todavía más en otro ámbito: los juzgados federales, que son los que intervienen en las causas que tienen como parte al Estado Nacional o a algún funcionario.

“No puede ser que los funcionarios públicos tengan coronita y posean un fuero especial para ser juzgados -dice Lipera. Democratizar la Justicia sería que los funcionarios sean juzgados por los mismos jueces que todos. No tiene que haber más juzgados federales”.
Como atienden muchas menos causas que los fueros nacionales (los que juzgan a los ciudadanos comunes), son menos jueces. Eso facilita su control y la presión que se puede ejercer sobre ellos.

El mejor ejemplo de estos problemas es el polémico juez federal en lo criminal y correccional Norberto Oyarbide. En los últimos años se hizo famoso por estar a cargo de numerosas causas que involucraron a funcionarios nacionales, como la delenriquecimiento patrimonial del matrimonio Kirchner.

Recibió muchas denuncias en su contra en el Consejo de la Magistratura y varios miembros del consejo quisieron iniciarle un juicio político, pero siempre contó con elrespaldo de los representantes oficialistas.

¿Los jueces deberían ser elegidos por voto popular?
“El poder judicial es, en términos relativos, el menos democrático de los tres poderes. No es que sea antidemocrático, pero sus miembro no están sujetos al tipo de elección y control al que están sujetos los demás poderes”, explica Gargarella.

Esto se manifiesta en muchas cuestiones conflictivas, como el aislamiento de los jueces, que se manifiesta en la oscuridad del lenguaje que utilizan. “Las sentencias judiciales son incomprensibles y eso hace que sea muy difícil para el ciudadano común tener vínculos con la Justicia”.

Pero el efecto más grave es -para Gargarella- “la dificultad en el acceso a la Justicia, que es hija de la separación que se ha pensado entre ciudadanos y jueces”.

Esto llevó a algunos juristas y políticos a proponer que los magistrados sean elegidos democráticamente, por el voto, lo que genera muchas discusiones.

“La elección popular de jueces es una solución que tal como se la implementó no funcionó bien. En Bolivia, después de la nueva Constitución, se tomaron medidas que más que acercar la Justicia al pueblo la acercaron al Poder Ejecutivo”, ejemplifica Gargarella.

“Que los jueces sean elegibles es algo muy discutible, que incluso están revisando los países que lo aplican. Tendrían que hacer campaña, para la cual necesitarían fondos. ¿Quién aportaría esos fondos? Si, por ejemplo, las campañas se las financian empresas o grupos que militan en contra o a favor del aborto, los jueces podrían seracusados de parciales”.

Los problemas de la Justicia que más molestan
“Resolver un accidente de tránsito demanda, entre peritos, fiscales, testigos, jueces, etc, unas 30 horas de trabajo, pero termina tardando 3 años y medio. Un caso de corrupción difícilmente pueda demandar más de 300 horas, pero en Argentina tarda 10 años. Ese es el punto que hay que trabajar: habría que transparentar y hacer más eficiente la Justicia”, afirma Lipera.

Sin dudas, lo que más molesta a los ciudadanos es sentir que no hay justicia. Y nada provoca más esa sensación que ver cómo pasan los años sin que haya una sentencia firme.

“Democratizar sería informatizar, permitir que todos podamos acceder a los expedientes por Internet y controlar los tiempos muertos en las causas. Habría que tener un sistema de alertas tempranas en las computadoras que permita a cualquiera saber cuánto demora un juez en ordenar una pericia o en hacer una citación”, concluye.

Fuente: www.infobae.com