Estado y seguridad pública: algunas consideraciones básicas

¿Qué esperamos reunidos en el foro? Es a los bárbaros que hoy llegan.

¿Por qué empieza de pronto este desconcierto y confusión? (¡Qué graves se ha vuelto los rostros!)
¿Por qué las calles y plazas a prisa se vacían y todos vuelven a casa compungidos?
Porque se hizo la noche y los bárbaros no llegaron. Algunos han venido de la frontera
Y contado que los bárbaros no existen.
¿Y qué va a ser de nosotros ahora sin bárbaros?
Esta gente, al fin y al cabo, era una solución.
Konstantino Kavafis (Esperando a los bárbaros)

 

1. Los orígenes del Estado moderno y la cuestión de la seguridad pública
No hay ninguna teoría del Estado que no destaque la importancia de la seguridad pública como cuestión constitutiva del Estado. Como menciona Beck “las sociedades presuponen –política y teóricamente- el dominio estatal del espacio-. Lo cual quiere decir que le visión sociológica resulta de autoridad ordenadora –orden y violencia- del Estado Nacional (Beck, 1997: 46). Es por ello, que esta temática se encuentra presente en toda la teoría sociológica y política desde la modernidad, pasando por las obras contractualistas de Thomas Hobbes y John Locke, hasta las conceptualizaciones de Marx, Durkheim y Weber, podemos encontrar este elemento como un atributo fundante el Estado moderno. En El Leviatán, Thomas Hobbes, justifica el nacimiento del Estado sosteniendo que “el fin de esta institución es la paz y la defensa de todos, y como quien tiene derecho al fin lo tiene también a los medios, corresponde de derecho a cualquier hombre o asamblea que tiene la soberanía, ser juez, a un mismo tiempo, de los medios de paz y de defensa, y juzgar también acerca de los obstáculos que se oponen a los mismos” (Hobbes, 2001: 143). Así la seguridad interna, es el fundamento del pacto originario que realizan los individuos para salir del pobre estado de naturaleza en donde no hay derecho alguno. Justamente, el derecho de naturaleza que protege el Estado, en virtud del cual se realiza el pacto es salvaguardar la propia vida, y es por ello que el medio más apto que les da la razón a los individuos es la celebración de un contrato en donde instituyen un gobierno.

Con John Locke (1632-1704), padre del liberalismo político inglés, surge una nueva corriente filosófica que va a reducir los límites de lo público y la acción Estatal. Los presupuestos son contrarios a las teorías absolutistas de Hobbes. Para este pensador en los momentos pre-estatales hay una sociedad civil (no es un Estado de guerra) y encontramos una serie de derecho que él denomina “naturales”, entre los que subraya el de la vida y la propiedad privada. Postula que los hombres viven en este Estado de naturaleza en una situación de paz y sometidos a leyes naturales que surgen de la razón. Los hombres salen a través del pacto social del estado de naturaleza porque no existe allí justicia imparcial que asegure los derechos naturales y por la necesidad de proteger la vida y la propiedad contra los atentados de transgresores desean los bienes de los hombres laboriosos e industriosos que viven en paz. El fundamento de este Pacto es salvaguardar estos derechos naturales que no están garantizados en un Estado de naturaleza. Si dicho Pacto es violado por la autoridad pública que resultó de la voluntad de los ciudadanos, se vuelve al estado de naturaleza. La autoridad se sostiene en tanto asegure los derechos naturales que el individuo buscó proteger al entrar en la sociedad. Por ello, el escocés sostiene una visión de Estado como la expresión de una comunidad y no como la voluntad de un soberano que aparece en Estado Absolutista. De esta manera afirma que “el Estado viene a disponer de autoridad para determinar la pena que deberá aplicarse a las diferentes infracciones ejecutadas por los componentes de esa sociedad, según piense que se merecen. Este es el poder de realizar las leyes. También dispone de la capacidad de castigar cualquier daño causado a uno de los miembros por alguien que no es” (Locke 197: 103). Por consiguiente, el poder punitivo en cuestiones de  seguridad interna viene a ser también para la perspectiva liberal un elemento constitutivo del moderno Estado Nación.

En el pensamiento de Marx y Engels, la noción de Estado aparece poco desarrollada, pero sin embargo comparte el atributo de reconocer el ejercicio de la violencia como atributo definitorio, en consonancia con los postulados de Weber. Según la definición más generalizada de Estado, que es la acuñada por este último el Estado es toda empresa que ha conseguido con éxito el monopolio legítimo de la violencia al interior de un territorio determinado. La utilidad de la definición del sociólogo alemán es que podemos encuadrarla como “mínima”, en virtud que caracteriza al Estado por el componente específico que lo define. A seguir, explicamos en más detalles estos atributos. Así, como mencionan Marx y Engels en el Manifiesto comunista “la burguesía suprime cada vez más el fraccionamiento de los medios de producción, de la propiedad y de la población. Ha aglomerado la población, centralizado los medios de producción y concentrado la propiedad en manos de unos pocos. La consecuencia obligada de ello ha sido la centralización política. Las provincias independientes, ligadas entre sí casi únicamente por lazos federales, con intereses, leyes gobiernos y tarifas aduaneras diferentes han sido consolidadazas en una sola nación, bajo un solo Gobierno, una sola ley, un solo interés nacional de clase y una sola línea aduanera” (Marx y Engels 1994: 36). En esta obra se acuña la visión de Estado como la herramienta de opresión de una clase sobre la otra. Esta sostiene que el componente específicamente político de la dominación es la violencia, dado que la coerción es el medio que utiliza la clase dominante para subyugar a las clases oprimidas.

Tanto para Marx y Engels, como para Weber, hay una relación intrínseca entre capitalismo, Estado moderno y ejercicio de la violencia: no existe uno sin el otro. Dentro de la perspectiva marxista, a cada modo de producción se le corresponde una superestructura política. En el caso del modo de producción capitalista, la superestructura capitalista, el Estado burgués será el que mantendrá la dominación mediante el ejercicio de la violencia mediante una institución autónoma. Así como los obreros son expropiados de los medios de producción, los capitalistas son expropiados de los medios de coerción. A diferencia de los Estados feudales en donde el señor feudal contaba con milicias particulares, en el Estado burgués lo que encontramos que hay un tercero que es el Estado –a través del aparato represivo de Estado- quien se encarga de garantizar el orden y ser el garante mediante la violencia de la propiedad privada de los medios de producción. Weber, por su parte sostendrá que la moderna administración burocrática, será un prerrequisito para que se desarrolle el capitalismo, en tanto y cuanto se requiere una administración racional que mantenga el orden y desarrolle una capacidad extractiva que garantice el  funcionamiento del aparato burocrático. Como menciona Saín la rama del aparato estatal encargado de mantener el orden capitalista son las policías, al postular “más allá de la enorme variedad de formatos organizacionales y funcionales que ha adquirido históricamente, la policía moderna constituye la institución encargada de velar por el mantenimiento del orden público my la seguridad de los ciudadanos, a las órdenes de las autoridades políticas, a través del desarrollo de un conjunto de labores que giran básicamente en torno del control del delito y los desórdenes públicos (Saín, 2007: 75).

 

2. Delito, criminología y forma de Estado
Una primera observación que podemos realizar es que la criminología desde la perspectiva jurídica ha tenido muchas deficiencias a nivel teórico y empírico y ha causado mucho daño en la construcción del objeto de estudio. La “criminología académica” ha incurrido en muchos errores, como la antropología física criminalística, y el abordaje del delito privado como tema central de indagación. Por consiguiente es menester desnaturalizar los supuestos de esta ciencia, en un intento por construir una manera de abordar la realidad. Siguiendo los marcos teóricos de Berger y Luckmann afirma que la “realidad del delito” es una construcción social, que en los tiempos actuales está dominada por los medios de comunicación. Esa realidad es una imagen y por ende un recorte. Esto genera un “pánico moral”, que hace que los individuos vivan en un mundo paranoide, en donde se habilitan discursos políticos de tipo represivo, como son los ejemplos de Italia y Gran Bretaña.

A diferencia de lo que ocurría en las antiguas sociedades de masa, donde la política manejaba la comunicación -un ejemplo claro fueron los totalitarismos de entreguerras, que se basaron en una amplia propaganda y construcción de la realidad apoyada en los medios de comunicación-; en la actualidad vemos una inversión de los términos, ya que lo mediático maneja lo político. “El control de la información y el entretenimiento, mediante ello, de las opiniones e imágenes ha sido, a lo largo de la historia, el instrumento de sostén del poder estatal, que se perfeccionaría en la era de los medios de comunicación de masas” (Castels, 1999: 282). En términos de agenda pública, son los medios los que construyen “issues” y colocan temas en agenda política. Esta tendencia, tiene su epicentro en el caso estadounidense, en donde puede advertirse un claro proceso de endurecimiento del sistema penal, contando en la actualidad con más de 2 millones de reclusos en sus cárceles. Siguiendo a Jonathan Simon se rastrea el comienzo de esta tendencia durante la presidencia de Johnson, robusteciéndose en los años 70. Hay factores endógenos de la política que explican esta tendencia. El desprestigio del Senado Norteamericano produjo el surgimiento de los gobernadores como figuras de la política nacional, los cuales son más proclives a adoptar políticas de seguridad como las que llevan a cabo en sus distritos, de carácter represivo. En el siguiente gráfico podemos advertir la evolución de la tasa de encarcelamiento en los Estados Unidos a partir de 1928.

Las explicaciones son complejas, pero dentro de un marco más general podemos considerar el tipo de Estado como variable independiente del sistema penal. La hipótesis central es que hay dos modelos con sus especificidades: El modelo de Estado de Bienestar y el modelo de Estado Gendarme. Por un lado, el llamado Welfare State se comenzó a desarrollar con la crisis de los años 30, de la mano de Franklin Delano Roosevelt, en donde se gestó un modelo inclusivo, basado en la incorporación de los individuos vía empleo y de distribución del ingreso, asegurando un piso mínimo de condiciones de vida. Con la crisis de los años 30, se harán necesario otro tipo de Estado y el intervencionismo público impondrá otras reglas de juego, siendo la acción Estatal lo que pondrá racionalidad a la economía. Durante el período de entreguerras va a surgir como producto de la honda recesión mundial el denominado Estado Keynesiano, el cual inspirado por la teoría económica de John Maynard Keynes, planteará pasar de la economía de la oferta a la economía de la demanda, en donde el rol del Estado el de contrarrestar las crisis cíclicas a partir del uso de la política fiscal, crediticia y monetaria. Dentro de este paradigma, el aumento de gasto público y del financiamiento del mismo mediante la emisión monetaria, generará un efecto multiplicador en la economía, que traccionará la demanda, y por lo tanto se impedirán los efectos recesivos. Si bien esta expansión de la oferta monetaria y el gasto público traen inflación, el mismo será contrarrestado por el crecimiento económico. Por otro lado, el pasaje de la economía de la oferta implicó la regulación del desempleo mediante el aumento de la obra pública y la intervención en el mercado de trabajo, lo cual trajo un aumento de los asalariados dentro de la distribución del ingreso. Así el Estado es quién mediante la planificación y la asignación de recursos en la economía es quién administrará la racionalidad al capitalismo. Tras la Segunda Guerra Mundial, el enfrentamiento entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, configuró un escenario bipolar en donde el bloque occidental fue hegemonizado por el liderazgo estadounidense. Para dotar de mayor legitimidad y viabilidad a las economías centrales, esta nueva potencia aplicó el Plan Marshall (una oferta de crédito para la reconstrucción de los países que habían quedado devastados por la guerra) en aras de atraer a los países de Europa Occidental a su órbita. Como menciona Hosbawn: “Se produjo una reestructuración y una reforma sustanciales del capitalismo, y un avance espectacular en la globalización y en la internacionalización de la economía. El primer punto produjo una ‘economía mixta’, que facilitó a los Estados la planificación y la gestión de la modernización económica, además de incrementar muchísimo la demanda. Los grandes éxitos económicos de la posguerra en los países capitalistas, con contadísimas excepciones (Hong Kong), son ejemplos de industrialización efectuada con el apoyo, la supervisión, la dirección y a veces la planificación y la gestión de los gobiernos (…). Al mismo tiempo, el compromiso político con el pleno empleo y –en menor grado- con la reducción de las desigualdades económicas, es decir, un compromiso con el bienestar y la seguridad social, dio pie por primera vez a la existencia de un mercado de consumo masivo de artículos de lujo que ahora pasarían a considerarse necesarios” (Hosbawn: 1997, 272).

El denominado “pacto de posguerra” implicó una combinación de capitalismo, democracia y pleno empleo. Esto implicó también un carácter redistributivo que se articuló con un determinado régimen de bienestar y una distribución (primaria y secundaria) de la renta a favor de los asalariados; en donde el gobierno actuaba como un árbitro neutral entre el capital y el trabajo. Así, entre los años 1945 y 1973 se vivieron los “años dorados del capitalismo” o “treinta gloriosos”. Si bien en todos los países se produjo una situación de pleno empleo hacia los años 60, una redistribución del ingreso a favor de los trabajadores y un crecimiento económico, hubo diferentes variantes del Estado de Bienestar. Al caracterizar los distintos tipos del mismo, podemos encontrar tres modelos de regímenes de bienestar siguiendo la clasificación de Esping-Andersen (2000): los denominados liberal, conservador y socialdemócrata. Podemos resumir las principales características de cada uno: 1) el modelo socialdemócrata e institucional, propio de los países escandinavos, caracterizado por una extensión universal de los servicios públicos, la vinculación de la Seguridad Social y las pensiones más a la noción de ciudadano que a la de trabajador y una amplia provisión pública de los servicios de atención a la familia; 2) el modelo continental corporativista, propio de los países como Austria, Francia, Alemania e Italia, caracterizado por la vinculación de las prestaciones sociales a la condición de trabajador, la debilidad de los servicios de atención a la familia y la consiguiente carga para la mujer de la atención a los niños y los ancianos; y, finalmente 3) el modelo liberal y anglosajón, desarrollado en Estados Unidos y Reino Unido, en el cual la ayuda se centra en aquellos que se comprueba que no tienen medios, y las transferencias son universales pero muy modestas. Cada uno de ellos es el resultado de la efectividad y la extensión de la protección que ejercen las políticas estatales frente a las contingencias del mercado, y del papel que cumplen las instituciones privadas - familia, sindicatos, organizaciones de la sociedad - en proveer bienes y servicios. La tipología se basa finalmente en la forma en que los países se agrupan alrededor de tres dimensiones: las relaciones entre el estado y el mercado, la estratificación y los derechos sociales.

Hacia, la década del 70 se van a producir una serie de acontecimientos que van a marcar el agotamiento del modelo del Estado de Bienestar. Estos hechos fueron los siguientes:
––La crisis fiscal de los Estados Unidos, producto del excesivo gasto militar que derivó en la declaración de la inconvertibilidad del dólar en 1971.
––El surgimiento de los Nuevos Países Industrializados (NIC’s) ubicados ––en el eje del sudeste asiático (Hong Kong, Corea, Malasia y Singapur) que registraron mayor crecimiento y una relocalización de las empresas transnacionales
––La pérdida de la tasa de ganancia del sector industrial frente al sector terciario de la economía
––La denominada “crisis del petróleo” iniciada en el año 1973, en donde la OPEP obligó a las compañías petroleras a aumentar los precios de forma drástica, por lo que el precio del petróleo se cuadruplicó desde 1974 hasta llegar casi a los 12 dólares por barril (75 dólares/m³).

Estos factores produjeron una profunda crisis económica que se manifestó en el fenómeno de la “estanflación”, es decir la combinación de reducción de la economía con aumento generalizado de precios. Producto de ello, comienza a crecer el paro y un aumento generalizado de la pobreza en los países centrales. Así, empieza un gran cuestionamiento por parte de los sectores monetaristas y conservadores al Estado de Bienestar, al cual le atribuyeron la causa de la crisis. “Los neoliberales aducían que la economía y la política de la edad de oro dificultaban (…) el control de la inflación y el recorte de los costes, que habían de hacer posible el aumento de los beneficios, que era el auténtico motor del crecimiento en una economía capitalista. (…) Sostenían, la ‘mano oculta’ del libre mercado de Adam Smith produciría con certeza un mayor crecimiento de la ‘riqueza de las naciones’ y una mejor distribución posible de la riqueza y la renta; afirmación que los keynesianos negaban” (Hosbawn, 1997: 409). Estos diagnósticos implicarán la traducción de gobiernos denominados “neoconservadores”, entroncados en la ideología del neoliberalismo. Centralmente, el proyecto reformista implicó volver a la racionalidad agregada de las acciones individuales, y por lo tanto requirió un retraimiento de la esfera estatal. Según Oszlak (1994) Los ejes de la reforma del Estado implicaron: 1) Privatizaciones de empresas públicas; 2) Desregulación y apertura de la economía; 3) Desmonopolización; y 4) Descentralización. Esta última fase configuró un nuevo escenario, en donde los procesos de globalización e internacionalización de la economía, erosionan como producto de la reforma las capacidades de los Estados, al mismo tiempo que la constitución de bloques regionales y libre movilidad de factores hacen que los viejos Estados Nación, empiecen a ceder potestades, por un lado al mercado, y por otro lado a los gobiernos supranacionales. Esto genera interrogantes, sobre las herramientas con la cuentan a partir del nuevo contexto los países para intervenir en las cuestiones como la reducción de la pobreza, la distribución de la renta, el mercado de empleo, y la asignación de recursos en las economías, en aras de revertir los procesos de exclusión que se vienen generando desde la década del 1980 y se reforzaron con el retiro del Estado de la regulación y el recorte de las políticas sociales.

En términos conceptuales, podemos decir que el Estado abandona las funciones de legitimación, en aras de la funciones de eficiencia. Así, “a un nivel descriptivo, podemos alegar que mantener tanto la legitimidad como eficiencia es una tarea primordial de los modernos regímenes democráticos y que diversas ramas e instituciones del sistema político se especializan en suministrar uno de esos prerrequitos. (…) La necesidad de poner en práctica simultáneamente ambas funciones tiende a causar ciertas deformaciones y tensiones que en los sistemas políticos deben resolverse mediante estrategias capaces de reconciliar ambos requerimientos” (Offe, 1990: 118). Por consiguiente, con la crisis del Estado de Bienestar se abandona la función de legitimación ponderándose la función de la eficiencia, lo cual hace necesario un mayor énfasis en el elemento represivo. Esto se cristaliza en el modelo de Estado Gendarme, el cual tiene un fuerte componente excluyente y de coacción física. Esto se ancla en la tradición liberal y la nueva corriente conservadora que había sido tan crítica del Estado de Bienestar. Como sostiene Rossiter, el punto nodal del liberalismo conservador se anclará en una visión del gobierno inherentemente arbitrario e ineficiente, pero al mismo tiempo postulará que este “tiene vitales funciones que cumplir en la sociedad industrial y reconocerá que la sociedad moderna es tan peligroso el vacío de poder como el abuso de poder” (Rossiter, 1986: 261). En esta nueva interpretación, se plasma un optimismo en la comunidad, en donde la provisión de ciertos servicios sociales descansa en una combinación entre comunitarismo y mercantilización, articulado con un énfasis discursivo mayor en el orden. Este hincapié en el orden habilita el accionar represivo del Estado gendarme y por consiguiente el endurecimiento del sistema penal norteamericano. En definitiva, el sistema penal está articulado con un modelo de Estado. Así, podemos afirmar hay una relación inversamente proporcional entre mejor distribución del ingreso y tasa de encarcelamiento del sistema penal. Por consiguiente, los países que poseen una distribución equitativa de la renta tienen menor número de presos por habitante que los países con distribución más inequitativa del ingreso.

 

3. Estado Gendarme y criminología mediática
De esta manera el Estado Gendarme busca la construcción de un chivo expiatorio, en el proceso de configuración de enemigos, y por lo tanto se debe recluir al grupo peligroso. Ese grupo peligroso es construido mediante la socialización temprana por parte de los medios masivos de comunicación. La principal herramienta con la que cuentan estos son las series policiales en donde se muestra una imagen del americano medio, blanco que se presenta como un héroe que se enfrenta al delito por fuera del sistema penal. En este discurso, la burocracia, encarnada en los jueces entorpece y por lo tanto es aliada del delito, motivo por el cual sortear y violar la ley para combatir el crimen es la tónica. Así si el ciudadano medio en el Estado de Bienestar es el trabador, en el Estado Gendarme es ciudadano medio es la “víctima”, la cual es construida por los medios de comunicación. La figura de la víctima es un ícono de la criminología mediática, ya que se habilita en nombre del dolor a que emita ciertos discursos que desprestigian el accionar lento de la policía y la justicia.

Por consiguiente, es necesario descartar esta criminología mediática y construir una criminología académica con un abordaje teórico y metodológico de otro tipo. Para ello, es preciso partir del supuesto que la única realidad mensurable empíricamente son el número de muertos. Una indagación acerca de quién es principal asesino en la historia nos muestra la escalofriante conclusión que los Estados en funciones no bélicas mataron 3 veces más que todas las guerras juntas, poniendo como ejemplo a la KGB y la GESTAPO. Las fuerzas policiales, por consiguiente son la principal causa de asesinatos. Este hecho fue relegado por la criminología académica, y por lo tanto es un error teórico muy importante, ya que este campo disciplinar no se ocupó del genocidio, que fue la principal causa de muertes en la historia de la humanidad. Por lo dicho es importante la investigación empírica sobre los delitos, y por consiguiente las ciencias sociales deben realizar un aporte a resolver estas cuestiones que son muy importantes. Las políticas de prevención del delito se deben basar en un diagnóstico de la situación a intervenir, y ello es la principal falencia con que cuenta el estudio del delito en nuestro país: la ausencia de datos. Un ejemplo de ello, son los Estados Unidos, que cuenta con una academia que tiene muy desarrollada la investigación de campo en esta temática. En nuestro país, hay una sistemática política por parte de las fuerzas de seguridad y el sistema judicial para ocultar información, en virtud de lo cual se dificulta la recolección de datos para la investigación. Luego sostiene que hay que discutir el modelo de policía, argumentando que hay que cercenar la autonomía de las fuerzas de seguridad.

En la criminología mediática se construye una imagen del delincuente que es el joven de barrio bajo (villa, favela), lo cual habilita discursos a favor del descenso de la edad de imputabilidad y el endurecimiento de las penas. Este argumento se ancla en la visión de la derecha que ve a la autonomización de las policías como una respuesta a la falta de efectividad del sistema punitivo que considera el accionar policial y penal como la única solución a la problemática del delito. Como menciona Saín, “esa impronta punitiva centra su atención exclusivamente en los delitos violentos y/o en los delitos contra la propiedad, generalmente cometidos por delincuentes rústicos pertenecientes a las clases bajas. Y, en ese marco, es habitual el reclamo por crimininalizar a los delitos de esta índole cometidos por menores, proclamando un serie de reformas penales basadas en la baja de la imputabilidad penal” (Saín, 2010: 60). Otra cuestión de la criminología es el peso que tiene la economía criminal, que se encuentra globalizada. Podemos afirmar que hay una “criminalidad de mercado”, en donde hay una demanda de bienes y servicios ilícitos crecientes con una tasa de rentabilidad extraordinaria. Esta economía criminal se encuentra estructurada en una división internacional del trabajo, en donde hay países que demandan esos bienes y servicios, otros que los producen y transportan. En nuestros días, Estados Unidos es el principal centro de acumulación de la renta de la economía criminal y del lavado de dinero proveniente de estas fuentes Como menciona Castels, “los flujos financieros de origen criminal, cada vez más importantes, son elementos claves para estimular o desestabilizar economías nacionales enteras, de tal modo que la política económica ya no puede gestionarse en muchos países y zonas del mundo sin incluir este factor altamente impredecible. (Castels, 1999: 288). Por consiguiente, se estructura una problemática compleja en donde el sector productivo más dinámico y lucrativo de la economía a escala global se corresponde con la actividades ilegales, con una movilidad de factores y volumen mucho mayor que la economía legal. Por ello, esta criminalidad de mercado cuenta con la capacidad de desestabilizar países enteros de un día para otro si se retira el flujo de dinero que manipula, complejizando el escenario y cercenando el abanico de opciones para su combate. A ello se suma su enraizamiento con las actividades legales, que denominaremos “teoría de los grises” y su vinculación con el poder político. Castels, ilustra en su libro “La era de información” este proceso con el caso mexicano en la década de los 90, mostrando como la penetración de la economía del narcotráfico contribuyó a desestabilizar los vestigios de institucionalización del régimen príista.

La legalización de las actividades criminales, entre las que se destaca el tráfico de drogas haría disminuir una tasa de ganancia que hoy en día es enorme, dado que la demanda de bienes y servicios criminales es inelástica, lo que genera una competencia monopólica. Al mismo tiempo el volumen de dinero que mueve la economía criminal es muy grande como para retirarlo del mercado sin producir un cataclismo económico en el globo. El caso de México es el más comentado, ya que su cercanía con EE. UU. lo convierte en un país productor y de paso muy importante. Podemos destacar como positivo que Argentina no sea todavía un gran consumidor, productor de esos bienes y servicios; al mismo tiempo que se encuentra geográficamente lejos del principal demandante.