“…en materia de correo electrónico deberíamos determinar si la acción tuvo lugar en la cuenta del destinatario desde donde se tomaron los e-mails o si la acción recayó en el proceso de envío del correo, desde la cuenta del emisor y antes de llegar a la cuenta del destinatario. Así siguiendo la regla señalada, en el primer caso se trataría de competencia provincial y en el segundo federal. Más allá de ello, cuando estamos ante un hecho de violación de correo electrónico ya sea por acceso, apoderamiento, desvío, etc., no se encuentra comprometido un interés federal pues no se trata de correspondencia tramitada por el servicio de correo. Los diferentes prestadores de web mail –en cualquiera de sus modalidades- no son operadores de correo, no se encuentran empadronados por ante la Comisión Nacional de Comunicaciones, ni son regulados por el plexo normativo referido al servicio postal, por lo que no integran el servicio postal argentino. Esto no quiere decir –reitero- que el correo electrónico quede desprotegido frente a maniobras delictivas (los arts. 153 y ss. del C.P. son aplicables al email). Tampoco quiere significar que la garantía de la inviolabilidad de correspondencia prevista por el art. 18 de la Constitución Nacional no se aplique a los mismos, menos aún que la libertad de expresión no abarque las manifestaciones vertidas por ese medio. Si lo decisivo para la regulación adoptada por la ley 48 por el legislador ha sido el “carácter federal de la actividad postal” entorpecida por el delito y cuya regulación corresponde al Congreso Nacional, el servicio entorpecido debe ser de aquellos que configuran la actividad postal. Ello pues el envío de email no encuadra dentro de la correspondencia de correos prevista por la mencionada ley ni por el actual art. 33 del C.P.P.N., en definitiva no hay un interés que trascienda lo meramente particular que justifique la intervención del fuero federal.”
Fuente: Por José Luis Agüero Iturbe - elDial.com - DC190C
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