En distintos ámbitos académicos y profesionales crece la tendencia a nominar las exigencias de baja en la edad de punibilidad sobre adolescentes mediante otro término que hace más transparente dichas demandas: la prisionalización. Dicho recurso lingüístico es más preciso que los anteriores pues, en definitiva, alude directamente al reclamo que muchos sectores presentan bajo distintos eufemismos como, por ejemplo, la consabida responsabilización penal juvenil. Es cierto que esta última se entremezcla con el bienintencionado compromiso con los Derechos Humanos de sectores que pretenden limitar la acción punitiva del Estado, garantizando un proceso judicial constitucional. Pero cuando advertimos, entre otros aspectos, con qué facilidad se encolumnan detrás de ella los sectores más autoritarios de la sociedad argentina, no pocas veces asociando delito juvenil con inseguridad, se vislumbra la dominante intencionalidad de fondo propulsada por algunos grupos de poder.
Es evidente cómo, cíclicamente, muchos delitos graves cometidos por mayores son opacados en la ‘opinión publicada’ a raíz de algún hecho presuntamente cometido por "un menor". ¿Qué extraño mecanismo subyace en esta evidente desproporción estadística, y tan arbitraria vinculación con eso que llaman inseguridad? Tengamos presente que la inseguridad no es un fenómeno local sino global (no por ello universal), con singularidades según cada región. Desde luego que la intensidad del problema no es la misma en Suiza que en España, o en los barrios residenciales de EE.UU. que en algunos de sus famosos barrios periféricos. Pero es real que se trata de una problemática cotidiana para Occidente. Al respecto, pensando desde y para Europa, el prestigioso sociólogo francés Michel Kokoreff (1) sostuvo recientemente que el modelo de Estado liberal no es inoperante en sus políticas de seguridad sino que las necesita ineficaces para asegurar la continuidad de las demandas ciudadanas sobre las mismas. Esto es así porque, al abandonar otras obligaciones (propias del Welfare State), encuentra debilitada su razón de ser a la que, con gusto renunciaría definitivamente. Pero como ello sería demasiado en el actual marco de valores políticos, defiende formalmente como propias unas pocas funciones: seguridad, educación, salud, justicia. Aún así, sin embargo, solo toma realmente la primera, haciéndola hegemónica. A partir de ella constituye la vía regia para la reconstitución de su legitimidad social. Si la lógica estatal liberal resolviera efectivamente el problema de la inseguridad atentaría contra su más importante fuente de sustento. Esto explica, en parte, la visible asociación entre lógicas liberales y penalización, ya no solo en Europa sino en países donde distintas facciones siguen viendo en lo extranjero-blanco una fuente de modelos a seguir, como si ninguna crisis civilizatoria cursara actualmente en aquellos espejos en los que se miran.
En esta matriz de pensamiento se inscriben las ideas de penalización atenuada, fuertemente propagandizadas, sin cuestionar distintos supuestos de base. Entre ellos encontramos la engañosa idea de la progresividad en la acción política: “cambiemos la ley ahora, después cambiaremos lo demás”. “Lo demás” remite a una ilusión de la que algunos se percatan y otros no, pues lo que se necesita es la transformación de la institucionalidad vigente y las matrices de pensamiento que la sustentan, en lapsos que exceden ampliamente la gestión de cualquier gobierno. Limitarse a transformar el marco jurídico, de esta forma y con la cuestión penal como norte de la acción encierra como mínimo tres yerros:
a) Insiste en relacionar la cuestión con la inseguridad;
b) Cree que el cambio de la norma jurídica es, siempre, un paso adelante en una línea progresiva inexorable (pecado capital del Positivismo); y
c) Abona el axioma erróneo según el cual infringir dolor al joven (penarlo, sancionarlo) opera constructivamente. Estos errores resultan, sin embargo, funcionales a la referida ineficacia que se ensambla con las tentativas reivindicatorias de las decadentes lógicas liberales.
Pretenden, inclusive, legitimar los Estados construyendo nuevos enemigos internos, por lo cual avanzan en términos de una visible militarización policial. Y por el contrario, casi no encuentran eco en estos grupos de poder las demandas en favor de nuevas lógicas garantistas que superen el límite de lo penal para, así, crecer con toda la potencia constitucional. Esto es lógico dado que, en definitiva, dichas propuestas se inscriben dentro del Constitucionalismo Social, fuertemente asociado con la redistribución de la riqueza y el avance hacia formas de co-responsabilización ante las situaciones de conflicto penal.
(1) Kokoreff, Michel (2010). Experiencias urbanas de jóvenes en Francia. Conferencia ante el XXIV Encuentro de la Asociación Argentina de Magistrados, Funcionarios y Profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia – II Encuentro Regional de la Asociación Internacional Mercosur de Jueces de la Infancia y Juventud. Buenos Aires
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