Crimen organizado, la información entre sus manos.

Por, Benoît Hervieu

Despacho Américas, con los corresponsales de Reporteros sin Fronteras

 

Durante el decenio 2000, 141 periodistas y colaboradores de medios de comunicación perdieron la vida en represalias y atentados atribuidos a grupos criminales. Mafias y carteles representan hoy a escala mundial la principal amenaza para la libertad de informar. Fenómeno transnacional, el crimen organizado no se reduce al sangriento ajuste de cuentas o a hechos dispersos, se ha convertido en una verdadera influencia de la economía paralela sobre la economía legal, que la prensa tiene enormes dificultades en describir. Inaprensible y lejos del tiempo mediático, el crimen organizado es cada vez más amenazante para la seguridad de los periodistas, pero también para la capacidad de investigación del “cuarto poder”.

 

Crimen organizado”. Es bajo esta denominación genérica que el mundo tras la guerra fría propulsó a los nuevos predadores del periodismo. Mafias, carteles, señores de la guerra convertidos en traficantes, paramilitares obrando por su propia cuenta, grupos separatistas que practican la extorsión y el tráfico para financiarse, suplantaron a los últimos regímenes dictatoriales como el principal peligro físico para los profesionales de los medios de comunicación.

De los periódicos a los boletines, de las misceláneas informativas a la “nota roja”, la prensa parece condenada a contar los muertos, incluidos los suyos. Ahora, si el crimen organizado se superpone con frecuencia a una delincuencia violenta, constituida por extorsiones, secuestros y asesinatos, también refleja una realidad económica y geopolítica de la que los medios de comunicación no dan cuenta generalmente. Más aún, puesto que ésta no permite identificar los tipos de organizaciones criminales que interactúan, su funcionamiento y sus ramificaciones. Esta dimensión del crimen organizado, que supera con mucho el tiempo mediático, también debe comprenderse en relación con su impacto en el “mundo legal” y sus estructuras, incluida la de comunicación. Lejos de querer derrocar las plataformas políticas, económicas o mediáticas de las sociedades, el crimen organizado tiene, por el contrario, el interés de formar parte de ellas y de utilizarlas. Este hecho fundamental permite vislumbrar la vulnerabilidad de la prensa, no sólo  como víctima, sino como actora o engranaje de un sistema paralelo al que ofrece una desembocadura posible. Así, un cable de la embajada estadounidense en Bulgaria que data de 2005 –difundido por Wikileaks cinco años más tarde–, revelaba la participación mayoritaria del empresario ruso-israelí Mikhaïl Tchorny en el periódico Standard. Acusado de “lavado de dinero” y bajo una orden de arresto de la Interpol, el empresario conservó sus títulos de propiedad a través de prestanombres. Un ejemplo, entre otros, de los nuevos obstáculos interpuestos al periodismo de investigación y a la independencia de los medios de comunicación.

Hervidero criminal
Una prensa confrontada directamente a la violencia de las organizaciones criminales a penas puede sobrevivir. País emblemático de esta situación, México soporta desde diciembre de 2006 una ofensiva federal contra los carteles –que moviliza a unos 50.000 militares–, además de los sangrientos ajustes de cuentas de estos últimos. Esta guerra, que no se llama completamente por su nombre, ha dejado un saldo humano de cerca de 35.000 muertes; más de 15.000 de ellas se registraron tan sólo  en el año 2010. El Cartel del Pacífico, el Cartel delGolfo, la Familia Michoacana, el Cartel de Sinaloa o Los Zetas, son algunos de los integrantes de este hervidero criminal, que no habría prosperado sin la decadencia general del Estado, la  complicidad de algunas autoridades y la insuficiente reacción internacional en la lucha contra el narcotráfico. “Estamos en peligro por el simple hecho de ser  reconocidos como periodistas”, nos confiaba undía un periodista de Ciudad Juárez, uno de los epicentros de la ofensiva federal. “O somos torturados y asesinados, o vivimos bajo la amenaza permanente. No tanto por lo que publicamos, la censura es tan fuerte, sino por lo que sabemos o se considera deberíamos saber”.

 

La vida cotidiana de la prensa, sobre todo de provincia, está acompasada por los disparos, las decapitaciones, a veces las réplicas militares y rara vez por las acciones efectivas, sin olvidar los ataques  contra las instalaciones de los medios de comunicación. Obligados a informar y expuestos ellos mismos, numerosos periodistas no pueden ir más allá de un tratamiento rápido de la información, con frecuencia reducido. “Es imposible realizar en esas condiciones un análisis o una cobertura de fondo de la criminalidad o del narcotráfico.
No hay mas que reacciones mediáticas a las balaceras”, explica Claudia Méndez, periodista de El Periódico, uno de los principales diarios de Guatemala, donde “el efecto mexicano” se combina ahora con la violencia nacida de las guerras civiles. Aquí, como en Colombia, “desmovilización” no significa “desarme”. Los escuadrones de la muerte, incluso ciertas guerrillas, se han convertido en subdivisiones criminales que se disputan el control de los diferentes tráficos; subcontratados por los grandes carteles, corrompen  e incitan a policías y militares mal pagados. Así, en el último trimestre del año 2010, 8% de los efectivos de la policía federal mexicana fueron destituidos porque se sospechaba estaban coludidos con el narcotráfico.

Maná mundial, plagas localesEl tráfico de droga domina, y con mucho, un mercado que ha cambiado enormemente durante los años 2000 por la explosión simultánea de la demanda y de la capacidad de producción. Apoyándose en estadísticas de las Naciones Unidas, Bruce Bagley, profesor de la Universidad de  Miami, especialista en este tema, señalaba en 2007 la existencia de unos 6 millones de consumidores regulares de cocaína en Estados Unidos; después, estimó la misma cantidad en los 27 Estados de la Unión Europea. En materia de cocaína, también  según datos de la ONU, la producción global otencial era de 750 toneladas métricas a inicios de los años 90. Ésta registró un primer pico de 950 toneladas en 1996, antes de estabilizarse al alta en 1.000 toneladas a partir de 2004. Colombia se adjudica hasta ahora, ella sola, cerca de dos tercios de esta producción –con unas 600 toneladas métricas en promedio–, seguida por Perú y Bolivia, donde el tráfico crece de nuevo con destino a América del sur (Brasil, Argentina). El progreso de la cultura y de la producción de opio es aún más claro, se elevó de 1.000 toneladas anuales en 1980 a 9.000 en 2007.
 

En este caso, el primer proveedor es Afganistán, que alcanzó las 5.000 toneladas en 1999, en pleno reinado de los talibanes. Brevemente contrariada por la caída de estos últimos y por la ocupación estadounidense de 2001, la actividad volvió a crecer de nuevo hasta llegar a las 6.000 toneladas en ese país desde 2006 y los precios se dispararon. Cuatro kilos de opio que costaban 200 dólares en 2008 se venden dos años más tarde a 1.000 dólares, según el Institute for War and Peace Reporting (IWPR), que estimaba una alza total de 78% durante el periodo 1998-2009; este gran salto del opio se calcula fue de más de 156% en Afganistán. “Toda esta droga puede  enviarse sin problemas  Paquistán, hasta los centros urbanos como Karachi, de donde la heroína se dirige hacia los Estados del Golfo, de Europa del Oeste y del continente americano. Un maná como éste, vuelve la corrupción sistemática y las zonas tribales, fuera de control real de las autoridades, ofrecen un punto de tránsito y de flujo ideal”, explica un periodista paquistaní de la región fronteriza de Peshawar. Como en México, la disputa por el control de un punto de intersección como este, se convierte en una parte particularmente alarmante por los crímenes contratados y los secuestros, en busca del rescate. Resignado, un periodista de Quetta, capital de la provincia de Baluchistán, donde circula la heroína afgana, nos señala: “aquí, la ley normal no se aplica y es francamente imposible difundir la menor información sobre el tráfico y sus consecuencias”. A lo largo de la frontera paquistaní- afgana los periodistas tribales deben incluso someterse a la censura impuesta por sus allegados que se encuentran implicados. “Si no se nos amenaza directamente, la presión puede venir de nuestras propias familias”, explica uno de ellos. Las raras audacias de investigación manifestadas tras el derrocamiento de los talibanes en 2001 a menudo lo pagaron caro. Desde 2005, y tras el asesinato de cinco periodistas locales, el miedo recuperó su lugar en las zonas tribales.

 

Autoridades, fuente socavada
¿De quién hablar?, ¿cómo verificar?, ¿con qué fuentes? En una situación tan caótica e inextricable, la prensa se convierte a su pesar, en el instrumento de mala publicidad dirigida a tal o cual organización criminal. Publicidad que se paga caro con represalias.

“Atribuimos” al cartel de Sinaloa  tal ejecución. “Sospechamos” que Los Zetas son los responsables de tal matanza. Las organizaciones criminales también se preocupan por su reputación y desde hace tiempo comprendieron la importancia estratégica de los medios de comunicación. Preocupada por su autoprotección, una prensa amenazada y con pocos medios se apega sólo al discurso oficial. Una paradoja, pues sabemos la poca confianza que los ciudadanos tienen en las autoridades de esas zonas en conflicto.

El abandono de las investigaciones emprendidas, después de los artículos sobre los temas criminales en general, para difundir sólo los comunicados de la policía –por lo que ha optado con frecuencia la prensa local mexicana–, ya no constituye una garantía de protección. Los carteles consideran a las autoridades como sus competidores y la mala publicidad cuesta caro. Las medidas de autocensura del periódico El Mañana, de Nuevo Laredo, en el estado de Tamaulipas, no lograron evitar un atentado con armas pesadas cometido contra sus oficinas en febrero de 2006.

Si se acude a las autoridades también se corre el riesgo de afectar la cobertura de los hechos como tal. “Su colusión con el crimen organizado es a la vez conocida y difícil de mesurar. Ahora bien, los políticos tienen evidentemente interés en controlar la información y no precisamente en proteger a los periodistas. La censura más o menos directa, las presiones, en especial financieras, constituyen otros obstáculos para un verdadero trabajo de investigación y también incitan a la autocensura”, indica un periodista de los Balcanes que pidió permanecer en el anonimato. El interlocutor cita el caso de la estación de radio serbia B92, que rápidamente sufrió un corte de anuncios publicitarios tras haber realizado una investigación sobre los dudosos circuitos financieros de la empresa industrial Delta, que representaba 40% de la economía del país. Esta situación también se constata en el Kurdistán iraquí, donde pronto se conmemorará la muerte, el 4 de mayo de 2011, del periodista independiente Sardasht Osman, secuestrado y asesinado un año antes. “O los medios de comunicación dependen económicamente de las autoridades y no hacen preguntas, o son independientes de verdad y no obtienen ninguna respuesta de las autoridades. En Kurdistán el derecho de informar y de ser informado no cuenta con ninguna garantía jurídica, lo que desalienta a los periodistas a interpelar a las administraciones”, explica un periodista local.

En Guinea Bissau, donde el peso del tráfico de droga ha hecho del país un verdadero “narcoestado”, la precariedad de los periodistas es tanta que estos rara vez temen represalias. Frente a los cuatro soportes de prensa gubernamentales, cuatro estaciones de radio privadas y cinco periódicos que en su mayoría son propiedad de las cabezas de los partidos políticos o de hombres en el poder, “ni siquiera podemos hablar de censura o de autocensura. Los periodistas trabajan por un salario insignificante y pueden esperar algo mejor ofreciendo sus servicios a un político”, nos explica un observador local, recordando como ejemplo el caso de Mama Saliu Sané, de Radio Bombolom FM. Las amenazas de muerte a domicilio recibidas por el periodista, obligado a exiliarse en Burkina Faso en 2009 durante un tiempo, se debían a su calidad de “asesor” del Procurador General de la República. Esta subordinación explica también por qué los periodistas de la antigua colonia portuguesa ceden tan fácilmente ante la moda de las llamadas “revistas informativas”, que no son sino la repetición, sin ningún control de sus redacciones, de las muy frecuentes conferencias de prensa organizadas por las autoridades o los actores políticos y sociales. “Todo el mundo tiene interés en ellas. Sin embargo, algunos periodistas han comprendido que una información mejor pasa por fuentes más internacionales, a menudo por las ONG», indica un periodista local. En Venezuela, Javier Mayorca, responsable de la sección de la nota roja del periódico El Nacional, percibió rápido las limitaciones de las fuentes oficiales. “En materia de criminalidad ordinaria, como de crimen a gran escala [una cuarta parte de la cocaína producida al año en Colombia pasa por Venezuela; el número de homicidios en ese país se elevó a cerca de 18.000 en 2010, según fuentes extraoficiales –N. de la R.], el gobierno venezolano y sus servicios impusieron un filtraje extremo de información. Esto es aún más evidente desde que el presidente Hugo Chávez decidió suspender la colaboración con la Drug Enforcement Administration (DEA) de Estados Unidos, en 2005. Estamos obligados a buscar fuentes externas. Las autoridades temen por la imagen del país, no quieren parecer impotentes. Así, su información está distorsionada”. Un reflejo mediático bastante común en los Estados que han sido sobrepasados por los hechos, radica en jactarse del presupuesto que han invertido, más que anunciar éxitos perennes.

Así, Estados Unidos anunció que durante el periodo 2007-2010, en el marco de la Iniciativa Mérida, destinó 1,6 mil millones de dólares a la lucha contra el tráfico de droga en México, Centroamérica, Haití y República Dominicana. A título del Plan Colombia, iniciado diez años antes, más de 7 mil millones de dólares habrían sido invertidos con el mismo objetivo, esencialmente en controvertidas operaciones militares. ¿Para obtener qué resultado? En México 85.000 armas –90% de ellas provenientes de Estados Unidos– fueron decomisadas en cuatro años de guerra contra los narcotraficantes. En 2004 el Congreso estadounidense rechazó el Assault Weapon Ban, que restringía la compra de armas de gran calibre, esta negativa no es gratuita considerando el triste balance de la ofensiva militar en México. Cifras y efecto de anuncios hacen aquí perder de vista una realidad compleja que un tratamiento mediático puntual tiende, también él, a ocultar.

Imagen distorsionada
“¿Los arrestos de mafiosos sirven para algo?”, titulaban de manera provocadora en diciembre de 2010 los periodistas de Slate.fr, Margherita Nasi y Grégoire Fleurot. En la foto que ilustraba el artículo, Antonio Iovine (foto), presentado como el jefe de la Camorra Napolitana y arrestado el 17 de noviembre de 2010 en el norte de Nápoles, muestra un rostro triunfal en medio de un cordón de carabineros y policías más incómodos que él. La historia no precisa si el calabrés de la ‘Ndrangheta, Domenico Giorgi, arrestado dos días después en Turín, supo dar a su caída la apariencia de un golpe publicitario. En lo se refiere al narcotraficante jamaiquino Christopher “Dudus” Coke –alias “The President”–, éste logró conservar su reputación de benefactor del barrio Tivoli Gardens, al oeste de Kingston, al momento de caer, en mayo de 2010, al final de un verdadero estado de sitio. Incluso pasó como un justiciable perjudicado por su gobierno cuando fue extraditado a Estados Unidos.

 

La redada del 20 de enero de 2011 para combatir la rama estadounidense de la Cosa Nostra, realizada  en los estados de Nueva York, New Jersey y Rhode Island, es más espectacular por su balance: 127 personas encarceladas, 91 de ellas sospechosas de pertenecer a los cinco clanes dominantes de la mafia italoestadounidense (Genovese, Gambino, Lucchese, Colombo y Bonanno). Las palabras están allí –“redada”, “padrino”, “mafia”–, así como la  imagen necesaria para portarlas. Ahora bien, ese bendito pan mediático no sirve forzosamente en la lucha contra el crimen organizado.

“Esta imaginería tiene la desventaja de limitar el crimen organizado a la figura tradicional de Don Vito Corleone [Marlon Brando en El Padrino –N. de la R.]”, subraya el catedrático Bruce Bagley. “Por otra parte, inevitablemente, ésta atribuye al crimen organizado la estructura relativamente  centralizada y piramidal que caracteriza a las organizaciones mafiosas tradicionales a la italiana.

Pero no todo el crimen organizado responde a este modelo”. Tan sólo en Italia, la famosa banda Magliana de los años 70, dada a conocer por la película Romanzo Criminale –a veces subcontratista de la mafia, en ocasiones mercenaria del “contraterrorismo” de Estado durante los años de plomo–, funcionaba más sobre la base de una colaboración asociativa, estaba muy lejos de ser la red de clan encarnada por la ‘Ndrangheta o, en un inicio, por la Cosa Nostra. “Sobre todo –continúa Bruce Bagley–, una redada o un arresto ofrecen material mediático clave en mano, valorizan caras, sin modificar en nada la dinámica general del crimen organizado”. El criminólogo francés Xavier Raufer, citado por Slate.fr, no opina algo muy distinto cuando ironiza sobre “el truco que consiste en hacer creer a los medios de comunicación que tal organización es la más importante o que tal mafioso es el jefe más buscado”. ¿Qué peso tiene, en definitiva, un Domenico Giorgi entre las rejas frente a los 7.000 miembros de unos 155 ‘ndrine, según cálculos del el sitio de estudios Mafia.fr, clanes de la mafia calabresa que generan ellos solos más de 3% del PIB italiano?

La periodista colombiana María Teresa Ronderos, fundadora del sitio Verdad Abierta, advierte a su vez sobre la tendencia de adornar a los personajes, así como a las organizaciones que representan. ”La prensa colombiana presentó muy a menudo a jefes paramilitares como Salvatore Mancuso, o a traficantes del tipo de Pablo Escobar, como individuos coloridos e invencibles, cerebros empresariales muy eficaces y, en ocasiones, protectores. La población colombiana, traumatizada, recuerda lógicamente que el paramilitarismo es la causa de más de un millar de matanzas a gran escala y de 45.000 desapariciones en una década. Pero esos bloques paramilitares, como los carteles, también se convirtieron en los instrumentos de un sistema económico –a veces político– que los supera, donde todo es reemplazable e intercambiable rápidamente”. Y a menudo subterráneo.

Información a compartir
¿Cómo se organizan y controlan los envíos? ¿Cómo se elaboran y recrean las redes del crimen organizado? ¿Cómo se abolen, a través de los circuitos y los montajes financieros, las fronteras entre la economía paralela y la economía legal? El estudio del crimen organizado bajo el reducido ángulo de hechos diversos parece insuficiente enunciando tan sólo estas preguntas. Esta vez, el reto de la información concierne tanto a los países industrializados como a aquellos “en desarrollo”, a los Estados democráticos, como a los regímenes autoritarios o conocidos como tales. Y en ninguna parte la prensa puede considerarse mejor preparada.

 

“El desconocimiento global del fenómeno se traduce en una esquematización que se vuelve falsa, que quisiera que la producción se situara exclusivamente en el sur, cuando el consumo sería el asunto del norte. La cobertura del crimen organizado no interroga lo suficiente a las políticas internacionales y por ello los ‘clichés defensivos’ se perpetúan. Colombia = cocaína, México = violencia, Afganistán = terrorismo”, lamenta Álvaro Sierra, ex periodista del diario colombiano El Tiempo, hoy profesor universitario en Costa Rica. Corresponsal durante mucho tiempo para la prensa escrita en la triple frontera de Brasil, Argentina y Paraguay, donde los tres principales tráficos (droga, armas y prostitución) hacen estragos, el brasileño Mauri König también reconoce la dificultad para detectar las redes existentes. “En la región muy turística de Iguazú, el lavado de dinero o su reinyección en los circuitos legales representa una actividad criminal al menos igual de importante que el tráfico stricto sensu (en sentido estricto). La competencia entre los representantes aislados de los medios de comunicación juega en detrimento de una cobertura eficaz de este aspecto de la cuestión, poco perceptible, donde los intereses son enormes. Cada periodista quiere ser el primero en publicar la información y no se toma el tiempo para intercambiarla con sus colegas. Deberíamos compartir nuestra información y nuestras fuentes, trabajar de verdad juntos para poder tratar en realidad un tema tan complejo”.

En Senegal, otro apreciado destino turístico, la faceta violenta del crimen organizado se muestra rara vez. En abril de 2009 el diario La Gazette, basándose en fuentes extraoficiales, estimaba que el dinero invertido en el sector informal y después reciclado a través de pequeñas empresas (autos usados, salas de juegos, restaurantes, hostelería), ascendía a unos 150 mil millones de francos CFA –cerca de 250 millones de euros–, es decir, el equivalente al presupuesto anual del Estado. El lavado de dinero también encuentra amplias desembocaduras en el marco de la libre circulación de > bienes instituida por los acuerdos comerciales entre los Estados de África del oeste, en la actividad de las agencias de cambio, incluso en el otorgamiento de mercados públicos. Como nos lo resume el asesor de medios de comunicación, Mamadou Ndao, los periodistas se sienten autorizados a realizar una investigación de fondo una vez que el escándalo descubierto sale a la luz. Así sucedió con el arresto del millonario guineano Kerfala Person Camara, en diciembre de 2010 en el aeropuerto de Dakar, que tenía en su posesión la suma de 130.000 dólares, como a menudo transportan los trajinantes de dinero transfronterizos.

Otro método consiste en enfrentarlos a una pesada burocracia, sin el apoyo jurídico de una protección de fuentes, o hacerlos padecer las amenazas frecuentes de “encubrimiento de robo de documentos” o de “violación del secreto de instrucción” blandidas por la justicia o, en el peor de los casos, hacerles correr el riesgo de procesos judiciales y demandas exorbitantes como compensación por daños a personalidades de primer plano. En El Caribe anglófono, donde la libertad de prensa parece poco amenazada, numerosos periodistas se quejan de que ante la mínima investigación sobre cuentas offshore se enfrentan al “secreto bancario”. “Todo el mundo se da cita para la captura de un Dudus Coke, pero no se dice nada de los movimientos de fondos en nuestros bancos o del tránsito de capitales. Queremos hablar del paraíso turístico, pero no del paraíso fiscal”, ironiza el jefe de redacción del diario jamaiquino The Gleaner, Byron Buckley.

Tranquilos fácilmente
Esta descripción no carece de eco en la Unión Europea. En especial en Grecia, donde una broma en boga en tiempos de crisis asegura: “¡ya no hay lugar para las mafias porque la clase política lo tomó todo!” Periodista del periódico Eleftheriotipia, Nikos Zirganos, constató por él mismo la verdad que encierra esta frase investigando sobre el tráfico de antigüedades y obras de arte. “Cometeríamos un error al subestimar la capacidad de absorción del producto del crimen organizado en este país, donde el turismo y sus infraestructuras ofrecen enormes ventajas”, matiza. La “Suiza de los Balcanes” comenzó por acoger los bienes de los jefes de la guerra de la ex Yugoslavia durante los años 90. “Después, el contagio se extendió no sólo en el sector hotelero sino también en el bancario. La mafia búlgara encontró aquí nuevas entradas y el fenómeno se aceleró evidentemente con la integración del país a la Unión Europea. ¿Qué pasará un día con Albania?”, se pregunta el periodista. Reconociendo un nivel de libertad de prensa globalmente satisfactorio, Nikos Zirganos no duda en señalar la timidez actual de la prensa griega en materia de investigación. “Seguir el rastro del blanqueo de dinero, explorar las redes, implicaría ya disponer de estadísticas o de datos administrativos más o menos fiables, y ese no es el caso”. Otro periodista incluso se queja de la corrupción que rodea el acceso a la información pública. “Pero debemos superar nuestra falta de ambición. Grecia se está convirtiendo en una plataforma del tráfico de personas y de prostitución. Esta realidad está mal o poco cubierta. ¿Por qué? Porque tendemos a pensar que un país como el nuestro, considerado democrático y europeo desde hace mucho tiempo, estaría a salvo. Nos tranquilizamos fácilmente. Una prensa de envergadura internacional en nuestros países debe tener, no obstante, un papel crucial”.

Este rasgo de sabiduría helénica vale para toda la prensa “del norte” o de los países etiquetados como “desarrollados”. Por otra parte, vale también tanto para los poderes políticos de esos países como para sus periodistas. ¿No amenazaba Silvio Berlusconi en noviembre de 2009 con “estrangular” [sic] a los autores de libros o películas sobre ‘el pulpo’ (la mafia) que dan mala imagen de Italia? “Hasta en tono de broma, este lenguaje evoca el del crimen organizado y, de hecho, sostiene el principio de la ley del silencio”, expresa el periodista Lirio Abbate, uno de los mejores especialistas en el tema de las mafias, hoy obligado a vivir escondido y bajo protección. ¿Cómo conseguirán los medios de comunicación responder a este poder de influencia de las organizaciones criminales a menudo tan visibles como infiltradas, capaces incluso de erigirse como competidores de los Estados? Reporteros sin Fronteras no tiene los medios ni la capacidad de reemplazar a los Estados para oponerse al peligro que el crimen organizado constituye hoy para los periodistas. Basándonos en los testimonios recolectados para elaborar este informe, exponemos algunas propuestas de reflexión que merecen, en nuestra opinión, ser examinadas:
- Una mayor interacción de la prensa y de los periodistas especializados en redes internacionales, a través de Internet (cf. enlaces útiles y video), que pueda ofrecer una mejor cobertura del crimen organizado en sus diferentes aspectos.
- Un intercambio que permita compartir la información y las fuentes de los periodistas y corresponsales de los diferentes medios de comunicación presentes en una misma zona de conflicto.
- Un sistema de alerta, de apoyo, incluso de padrinazgo, por parte de los grupos de prensa más importantes, a favor de los corresponsales y de los periodistas expuestos en las regiones de riesgo.
- La valorización, por parte de los medios de comunicación nacionales de gran audiencia o de la prensa internacional, del trabajo de los periodistas –sobre todo de los independientes– que enfrentan un peligro inmediato.
- El desarrollo de una formación específica en la cobertura del crimen organizado en las redacciones, escuelas de periodismo y universidades, apoyada en la experiencia de periodistas que han trabajado en el área.
- El desarrollo, en algunos países, de sociedades de periodistas habilitadas para controlar los activos y capitales de los grupos de prensa, con el objetivo de evitar o limitar toda infiltración financiera dudosa al interior de los medios de comunicación, que pueda perjudicar su independencia. rs.

Industrias del terror
Mafias
Utilizado en un inicio para denominar a una sociedad secreta e iniciática, el término “mafia” se aplica hoy al conjunto de organizaciones criminales capaces de infiltrarse en los engranajes de la sociedad, a veces en el corazón mismo del Estado. Las mafias rusas o balcánicas, hoy en pleno auge tras la caída de la cortina de hierro, responden a estas características, como las “históricas” mafias italianas o japonesas.

En Asia, el poder de influencia de los grupos mafiosos se ilustra muy bien con el caso filipino, pero también con el de países como Bangladesh, India, Paquistán y Nepal. Los pequeños grupos criminales dedicados al contrabando están tan acostumbrados, como las grandes mafias, a emplear los métodos del terror y de la intimidación, como lo recuerda el trato infligido en noviembre de 2010 a Sushil Dhungana, del semanario nepalés Ghodaghodi Sandesh. Secuestrado por siete hombres armados, al periodista le cortaron los dedos diciéndole: “¡Te has convertido en un gran periodista, ahora vas a sentir lo que quiere decir eso!”

 

Carteles
El funcionamiento como una organización competidora del Estado, que en ocasiones recurre a la confrontación directa de las autoridades –arreglando de paso algunas pasarelas en torno suyo–, caracteriza a los carteles latinoamericanos. Por otra parte,  el dominio del territorio reivindicado por los carteles se lee en su nombre: Medellín  ese de Pablo Escobar) o Cali, en Colombia; Juárez, Golfo o Sinaloa, en México. Esta forma de organización también se encuentra en los grupos paramilitares que operaban antes como suplementos del ejército. Desde la desmovilización de los 30.000 combatientes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) entre 2003 y 2006, de 5.000 a 8.000 de ellos se habrían reorganizado en una veintena de grupos –entre ellos las temibles Águilas Negras– que operan en una docena de departamentos. Guerillas Un último caso es el de los movimientos conocidos como guerrillas, cuya deriva hacia el crimen organizado suplantó progresivamente su lucha armada tradicional, como reflejo de supervivencia. Es el caso de las FARC colombianas, muy debilitadas desde 2008. En Perú, la denominación “Sendero Luminoso” aún funciona como marca del terror –en particular para la prensa local–, pero en ella se inscriben grupos criminales sin nexos reales con la guerrilla maoísta del mismo nombre, ahora residual. En Afganistán, el cimiento político o ideológico de los talibanes no bastaría sin una base económica, garantizada por el tráfico de droga.

De forma paralela a estas guerrillas “a la deriva” han emergido, más recientemente, grupos armados de esencia revolucionaria, pero directamente modelados bajo el esquema de la gran delincuencia. Así nacieron en Grecia la “Conspiración de las Células del Fuego” y la “Secta de los Revolucionarios”, a las que se les atribuyó el asesinato del periodista Sokratis Giolias, el 19 de julio de 2010, en Atenas. De un género similar, el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), conformado por una quincena de “soldados” dedicados a la extorsión, fue señalado como el autor de un atentado contra el Canal 9, el 12 de enero de 2011, en Asunción.

 

Esfuerzos de protección
En Italia una decena de periodistas vive y trabaja bajo protección. El recurso de los guardaespaldas muestra, sin embargo, sus limitaciones. En Colombia, el uso de agentes del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) –servicio de inteligencia en el que claramente se infiltró el paramilitarismo– fue desastroso para los periodistas críticos de la política de “seguridad nacional” del presidente Álvaro Uribe. El secreto de las fuentes, así como la seguridad física real de los profesionales de los medios de comunicación, se ven amenazados fácilmente por este tipo de dispositivos.

 

En México, un nuevo mecanismo para la protección de periodistas promovido por el gobierno federal surgió en 2010. Éste, pretende dar un mejor seguimiento a los casos de amenaza, así como la federalización de los ataques y crímenes cometidos contra la prensa. “Esta federalización no es una idea nueva. El presidente Felipe Calderón la ha mencionado desde el inicio de su mandato, y presenta el riesgo, si no se realiza  ninguna reforma estructural de las instituciones competentes, de acelerar el archivo burocrático de los casos”, aseguró el ex procurador federal Samuel González.

Esperando que se creen políticas internacionales adaptadas, periodistas y  organizaciones defensoras de la libertad de prensa intentan reunir sus fuerzas, pero las redes de apoyo organizadas en el gremio continúan siendo raras. Lanzada en 1998 por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), le Red de Alerta y de Protección a Periodistas asistió durante diez años a unos 400 periodistas en situación de riesgo. Ese trabajo de vigilancia también existe en la Europa balcánica, a través del South East Europe Media Organisation (SEEMO) y sus 800 afiliados presentes en una veintena de países.

Convención de Palermo
La lucha contra el crimen organizado implicaba un refuerzo de la cooperación judicial y económica entre los Estados. Es cosa hecha, al menos en papel, tras la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que tuvo lugar en Palermo en diciembre del año 2000. El texto surgido de sus trabajos, que entró en vigor en 2003, intenta atenuar, a veces corregir, el efecto de neutralización que puede ejercer una legislación nacional frente a otra en materia de combate del crimen organizado. La Convención de Palermo establece en particular los retos de la protección de víctimas de la explotación o del tráfico de personas, así como de la lucha contra el blanqueo de dinero. Un gran desafío en vista de los 500.000 muertos y los cerca de 500 millones de euros que deja anualmente la actividad criminal a escala mundial desde el inicio de los años 2000. Para los periodistas, blanco privilegiado, la protección adecuada queda aún por definir.

En 2010, el relator especial de la ONU para la libertad de expresión, Frank La Rue, pidió que se ampliara la noción “zona de conflicto”, que se limita al caso de las guerras declaradas.

Fuente: Reporteros sin Fronteras