La necesidad de la reforma procesal penal federal.

En el mes de agosto de este año se presentó ante el Ministro de Justicia de la Nación, Julio Alak, y en la comisión de derecho penal, de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, un petitorio firmado por más de 200 jueces nacionales y federales, con asiento en la Capital Federal y en las distintas provincias del país, solicitando al poder legislativo que se discutan los proyectos de reforma procesal penal con estado parlamentario, para modificar el actual Código Procesal Penal hacia un sistema acusatorio.

La iniciativa contó con el apoyo y gestión de la Asociación de Magistrados de la Nación y de jueces que poseen una visión crítica del actual modelo, a la que adhirió, luego, la Federación Argentina de la Magistratura.

Esta solicitud resulta de vital importancia, pues rompe la máxima de todo proceso de reforma en cuanto a que son los jueces los opositores al cambio. Eso significa que, por primera vez, desde el seno del Poder Judicial se está requiriendo un cambio.

El sistema actual posee grandes falencias en términos de eficacia del juzgamiento, generando una grave selectividad penal, que afecta el respeto de los derechos y garantías de los ciudadanos, con escasa participación de la víctima, alteración del rol que le corresponde a cada actor del proceso penal y una tramitación burocrática de las causas.
En ese sentido, distintas mediciones demostraron la escasa cantidad de casos que llegan a la etapa de juicio.

Así, por ejemplo, en las causas no delegadas que tramitaron durante el 2011 en la justicia federal, de la totalidad de los casos ingresados (22.521) sólo 702 fueron elevados a juicio, lo que representa 3,11 % del total.

 

Además, cuando se pasan a la instancia oral, sólo 19% concluye en un debate, priorizándose en forma tardía los acuerdos abreviados o salidas alternativas al proceso penal.

Capacidad
Tampoco el sistema posee capacidad para enfrentar procesos complejos, de crimen organizado o corrupción, pues diferentes investigaciones han determinado un promedio de 14 años para su investigación, los que terminan prescribiendo por violación al plazo razonable.

Contar con nuevas herramientas que nos permitan trabajar y prestar un servicio adecuado que haga efectivo el proclamado “afianzamiento de la Justicia” -respetando los derechos y garantías de las personas, imputados y víctimas del delito- es un imperativo constitucional impostergable.

Es decir, garantizar la gestión adecuada de los conflictos, donde el Ministerio Público investigue los delitos de distinta categoría y magnitud con instrumentos procesales idóneos, tal como sucede en otros países de América Latina y en varias de las 15 de las provincias argentinas que están implementando o ya han puesto en marcha el cambio.

El sistema federal no puede, una vez más, ser el último que modifique el modelo de enjuiciamiento penal, pues los asuntos que allí se resuelven tienen un impacto directo tanto a nivel internacional como en la vida democrática del país.

Participación
La presentación efectuada debe ser entendida como el paso inicial para que el poder político se decida comenzar a discutir cuál es el modelo más adecuado para el sistema federal, y la forma en implementarlo, con una amplia participación de todos los actores involucrados, como los colegios profesionales, las asociaciones civiles, las universidades y los medios de comunicación.

Una de las cuestiones que entiendo debe ser considerada a los efectos de evitar que el cambio sea sólo parcial es prever que el nuevo modelo de enjuiciamiento posea participación ciudadana y leyes orgánicas modernas tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público. Todo ello, a los efectos de que nos permita -de una vez por todas- salir del modelo obsoleto en el cual nos encontramos inmersos.

La imagen que tiene la sociedad sobre el funcionamiento del Poder Judicial es consecuencia de que el sistema procesal mixto que rige en el orden federal no garantiza la transparencia necesaria para evaluar cómo se gestionan y resuelven los conflictos sociales.
No existe duda de que el cambio es necesario, desde el Poder Judicial se ha tomado la iniciativa para que comience un debate profundo y democrático del enjuiciamiento penal vigente, ahora resta que los actores políticos comiencen a debatir en el ámbito parla

 

 

Por Ángela Ester Ledesma / Jueza de la Cámara Federal de Casación Penal. Profesora Regular de la UBA y miembro del Comite Consultivo del INECIP / Colaboración especial del INECIPmentario.

Fuente: ComercioyJusticia.com.ar