La Justicia condenó, en el primer precedente de este tipo en el país, a Juan José Gil por amenazar a testigos de casos en los que se investigaban crímenes cometidos durante la última dictadura militar. Por eso, un Tribunal provincial le dio al acusado cinco años de prisión.
La Justicia santafesina tuvo diversos problemas a la hora de abordar los procesos por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. Por eso, no hace mucho tiempo que este tipo de procesos es llevado a cabo en la provincia, con todas las dificultades que eso conlleva debido a los impedimentos que se fueron dando en diversos términos al respecto (evidencias desaparecidas, leyes de indultos, etcétera).
Ahora que el camino está abierto, se presentó una nueva dificultad que tuvo como mayor exponente a Julio López y su desaparición en democracia: las amenazas a los testigos.
Por eso, el Poder Judicial de Santa Fe cuenta ahora con un precedente histórico a nivel nacional. Juan José Gil, acusado en un proceso de estas características, fue condenado por el Tribunal Oral Federal de la capital provincia a cinco años de prisión por amenazar a las personas que brindaron su testimonio en una causa que investigaba, precisamente, delitos cometidos durante la última dictadura militar argentina.
Los jueces del Tribunal, compuesto por José María Escobar Cello, María Ivon Vella y Otmar Paulucci, condenaron este lunes a Gil "como autor penalmente responsable de los delitos de amenazas agravadas y coacciones agravadas, en dos hechos en concurso real".
Citando los artículos 12 y 19 del Código Penal, la jueza Vella informó que "en tal carácter”, se brindó al acusado “la pena de 5 años de prisión y inhabilitación absoluta por el mismo tiempo de la condena".
Los querellantes habían pedido penas de entre 12 y 13 años de prisión para Gil. Por otro lado, la defensa del acuso pidió la absolución y el fiscal federal subrogante, Martín Suárez Faisal, solicitó una pena de ocho años.
Debido a la gravedad del caso, que no fue aislado, el Ministerio de Justicia santafesino puso en funcionamiento un programa de acompañamiento, asistencia y protección a testigos, querellantes y sus patrocinantes, a la vez que realizó un significativo aporte de pruebas a través del área de Investigación, Apoyatura y Seguimiento de causas de lesa humanidad de la Secretaría de Derechos Humanos.
Todo comenzó con una denuncia radicada ante la Asociación Norte Amplio por los Derechos Humanos, de la ciudad de Reconquista, donde se dejaba constancia de dos correos electrónicos en los que Gil amenazaba a los testigos.
Esto ocurrió en 2009, donde, gracias a la denuncia, el acusado fue procesado por el juez federal de Reconquista, Mario Alurralde, por los delitos de “amenazas y coacciones agravadas”, tras probar que los correos habían sido enviados por Gil después de un peritaje informático.
Fuente: DiarioJudicial.com
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