La historia que no se cuenta de Arancibia Clavel (Primera Parte)

Treinta y cuatro puñaladas recibió Enrique Arancibia Clavel el 29 de abril pasado. La noticia impactó en Argentina, donde pasó 11 años en prisión por el crimen del general Prats y su esposa. En Chile, su huella en las operaciones represivas más brutales de la dictadura marcó a miles de sobrevivientes y familiares de desaparecidos. Una historia oculta por el mismo manto de impunidad que cubrió al crimen de Prats por más de 30 años y que quedó plasmada en el increíble archivo que guardó el jefe de la red DINA en Buenos Aires, descubierto en 1986. Esta es su historia.

El peluquero y bailarín argentino Humberto Zambelli subió al auto Renault 12 y enfiló raudo hacia el aeropuerto de Ezeiza. Ese 4 de noviembre de 1978 iba al encuentro de su pareja, Enrique Arancibia Clavel, cuya tarjeta de visita indicaba que era agente del Banco del Estado en Buenos Aires. Una pantalla muy bien pagada para el jefe de la red clandestina de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) en Argentina, quien regresaba conmocionado desde Santiago. El bailarín del ballet de Susana Jiménez no sospechaba que todos sus pasos eran observados y fotografiados.

Zambelli estaba nervioso. La despedida había estado marcada por la tensión. Más tarde diría que “un complicado estado emocional” afectaba a su amigo íntimo. Razones tenía, Arancibia. Un terremoto se vivía en ese momento en los servicios secretos del régimen luego que el general Manuel Contreras fuera enviado a retiro y después detenido en el Hospital Militar al abrirse un proceso presionado por Estados Unidos por su responsabilidad en el asesinato del ex canciller Orlando Letelier, en Washington (1976). La transformación de la DINA en CNI y la llegada del general Odlanier Mena como jefe, daban cuenta de su incierto futuro laboral.

De allí que Zambelli hiciera preparativos especiales para la recepción. El encuentro, dirían los hombres que observaban sus movimientos, fue muy efusivo. Arancibia regresaba además, de un Chile cargado de signos de guerra. En Buenos Aires y otras grandes ciudades argentinas se realizaban en esos días simulacros bélicos y oscurecimientos para prevenir ataques aéreos. Ambos países se preparaban para un enfrentamiento que parecía inevitable. Tan sólo dos días antes, el 2 de noviembre, las conversaciones que se desarrollaban en la Comisión Mixta chileno-argentina se dieron por clausuradas. La guerra era inminente.

El ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Hernán Cubillos, comunicaba que su país recurriría al Tribunal de la Haya, mientras en el Vaticano se desataba una febril actividad con llamados a Chile y Argentina en un desesperado y último esfuerzo por evitar la catástrofe.

El efusivo abrazo de Zambelli y Arancibia fue observado desde cerca por los hombres diseminados en el terminal aéreo. Algunos, a duras penas lograron asfixiar una sonrisa. La pareja nada advirtió. En el mismo auto emprendieron el regreso hacia el elegante departamento que habitaban. Se habían conocido en el verano de 1974, y desde entonces ya no se separaron.

Poco alcanzaron a disfrutar, porque súbitamente el auto fue interceptado por los policías argentinos que los vigilaban. Arancibia fue detenido y acusado de espionaje. Poco después, su departamento era allanado por los mismos policías que no tardaron mucho en encontrar lo que buscaban.

En el doble fondo del aparador del comedor hallaron una voluminosa documentación cuyo contenido provocó la primera sorpresa. Porque lo que saltó ante los ojos del grupo de la Policía Federal trasandina fue un documento con información confidencial sobre el canciller de Chile, Hernán Cubillos, y su relación con la CIA y el diario El Mercurio durante el gobierno de Salvador Allende.

En los días en que la guerra con Argentina estaba a punto de estallar, el jefe de la red de agentes secretos de Chile en el vecino país se dedicaba a investigar al canciller que encabezaba las negociaciones. Ese sería el último informe enviado por Enrique Arancibia a Santiago bajo el nombre de “Luis Felipe Alemparte Díaz”, su identidad como agente DINA.

Lo que seguía al informe sobre Cubillos en los documentos cuidadosamente ordenados en carpetas de plástico negras, eran las copias y respuestas de las órdenes que recibió desde el cuartel central de la DINA en Santiago desde 1974, incluyendo cartas privadas con altos oficiales del mando del servicio secreto. Entre ellos, Michael Townley, quien acababa de ser expulsado (abril de 1978) por el régimen de Pinochet a Estados Unidos para ser juzgado y condenado como autor material del crimen de Orlando Letelier y su asistente Ronnie Moffit (Washington, 1976). Pinochet y Contreras insistían en que Townley nunca fue agente de la DINA. Y allí estaban las pruebas de su participación en las operaciones más secretas del organismo represivo.

Las carpetas contenían cuatro años de la historia de la represión desatada fuera del territorio chileno por el principal servicio de seguridad secreto, con una red de agentes desplegados por varios países y la colaboración estrecha con los otros servicios de las dictaduras del Cono Sur. Una parte de la historia de la “Operación Cóndor” que inexplicablemente Arancibia guardó en su aparador.

A los argentinos, ya involucrados en su propia masiva y brutal represión, el contenido no los sorprendió. Cómo lo usaron, es hasta ahora un secreto. Lo real es que al cabo de algunos meses, gran parte de los papeles quedó abandonado para luego ser prácticamente embutido a la fuerza en cinco cajas donde se condensó el proceso por espionaje. De allí pasaron a una oscura y solitaria sala del Archivo Judicial. Al olvido.

Ocho años más tarde, la autora de este reportaje iría a Buenos Aires a investigar el asesinato del general Carlos Prats y su esposa. En un pasillo, un hombre le diría casi al oído que buscara ese expediente. Fueron días intensos de tocar muchas puertas y que culminaron cuando con la ayuda del periodista argentino Horacio Verbitsky, un impávido funcionario finalmente sacó las cinco cajas del proceso y me dejó a puertas cerradas en esa gélida sala del Archivo Judicial. Lo que se abriría ante mis ojos provocó un frío mayor que el que en ese invierno de 1986 imperaba en Buenos Aires.

UN TERRORISTA A SUELDO
Dos meses después del Golpe de Estado, en noviembre de 1973, Arancibia Clavel se presentó en el cuartel general de la recién creada Comisión DINA. “Lo hice para saludar al entonces coronel Manuel Contreras y ofrecerme a su disposición para llevarle cualquier tipo de información”, declaró el propio Arancibia ante un tribunal argentino el 28 de noviembre de 1978.

“A los pocos días fui entrevistado por un oficial de la DINA al que por su cargo llamaban ‘Don Elías’ (Raúl Iturriaga Neumann) y que era uno de los jefes del Departamento Exterior. Me dio instrucciones de cómo debía hacer llegar la información a través del canal que considerara más idóneo, explicándome que no debía utilizar mi verdadero nombre ni tampoco divulgar mi condición de miembro del Servicio Exterior de la DINA”, se explayó.

Fue así que Enrique Arancibia Clavel se convirtió en agente de la DINA en Argentina. Su pantalla fue la representación del Banco del Estado en el vecino país, cargo para el que fue recomendado por su vicepresidente, Valentín Robles. Para contratarlo debieron obviar un obstáculo importante: Arancibia en ese momento era un prófugo de la justicia, acusado de actos terroristas, como integrante del grupo que asesinó al comandante en jefe del Ejército, René Schneider, en octubre de 1970.

Su huella como “El Dinamitero” –así lo llamaban– quedó en las bombas que se colocaron en la Bolsa de Comercio, en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, en el entonces Canal 9 de TV y en el aeropuerto de Santiago. Sólo el azar hizo que el artefacto más potente que colocó en el recinto aéreo no explosionara.

Así lo confesó ante los tribunales chilenos en el juicio por el crimen de Schneider (fojas 1.877), donde reconoció su participación. También acusó al general Roberto Viaux de ser el autor intelectual de la cadena de actos terroristas que él mismo ejecutó con otros miembros del grupo de ultraderecha. Se buscó, dijo, preparar el clima para el secuestro de Schneider, cuyo objetivo final era impedir que Allende asumiera como presidente de Chile. Por eso, después de cada atentado, se lanzaban panfletos de una hasta ese momento desconocida Brigada Obrero Campesina (BOC): “para hacer creer que los autores eran de un grupo de ultra izquierda y crear un clima adverso”.

Arancibia fue detenido. Tenía 26 años, y cursaba cuarto año de Ingeniería en la Universidad de Chile después de un breve paso por la Escuela Naval. Su padre, oficial de la Armada (r) y uno de sus hermanos oficial de la misma rama. Otro, era oficial del Ejército. A pesar de su propia confesión, de los explosivos que hallaron en su domicilio el 8 de octubre de 1970, y de las numerosas pruebas en su contra, fue dejado en libertad bajo fianza.

Esa misma noche huyó hacia el sur de Chile. Todo estaba organizado por alguien a quien nunca se quiso identificar. Porque lo ocultaron en la Hostería del Lago Ranco, y en febrero de 1971, el dueño de esa hostería (de apellido Provoste) lo trasladó al otro lado de la frontera por el paso Tromen (Mamuil Malal), saliendo del país con una cédula falsa. Allí lo esperaba el ex edecán del general Juan Carlos Onganía, cuando ejerció el mando de Argentina como dictador en los años 60.

En 1966, en la Conferencia de los Ejércitos Americanos realizada en Buenos Aires, Onganía propuso institucionalizar una fuerza interamericana de defensa permanente, de intervención regional contra el enemigo subversivo. Su principal detractor fue precisamente el general René Schneider, quien aún no asumía como jefe del Ejército chileno.

Tres años más tarde, el terrorista prófugo por su rol en la conspiración que culminó con el asesinato del comandante en jefe del Ejército, era contratado como funcionario público por el régimen que encabezaba otro general.

“Comencé a dar cumplimiento a las instrucciones que me diera el capitán Luis Gutiérrez”, declaró en 1978. Y así lo prueban los documentos que Arancibia guardó en su poder.

ELIMINAR A PRATS
El último día de septiembre de 1974 los autores intelectuales del crimen del general Carlos Prats creyeron haber eliminado un escollo clave para que Pinochet se hiciera del poder total en el Ejército y en la Junta Militar. Sacando del escenario al general que reivindicó hasta 18 días antes del Golpe el honor militar para impedir la dictadura y la represión, pensaron haber hecho desaparecer también el fantasma siempre presente del general René Schneider, su antecesor en la comandancia en jefe del Ejército, asesinado en octubre de 1970. Y los principios que ambos defendieron.

Pasarían casi treinta años antes de que se hiciera justicia. Y fue precisamente el rechazo de la Corte Suprema al desafuero del general Augusto Pinochet por su participación en el asesinato de Prats y su esposa Sofía Cuthbert, solicitada por la jueza argentina María Servini, el que provocó en 2003 la apertura histórica en Chile del juicio por el crimen del ex jefe del Ejército.

Muy pronto el ministro a cargo del caso, Alejandro Solís, encontraría la prueba más importante que faltaba: el informe con el seguimiento de todos los pasos de Prats y los planos de su casa, entregados por el oficial de la DINA Juan Morales Salgado a Manuel Contreras. Un informe que se había mantenido en completo secreto y que permitió comprobar fehacientemente la autoría de la DINA. Y también la participación gravitante de Enrique Arancibia Clavel.

Porque la última pieza del puzzle descubierta por Solís provocó también que otros confesaran: el crimen se ordenó desde Santiago en junio de 1974, y los datos que recogió Morales Salgado y que permitieron poner la bomba que despedazó los cuerpos de Prats y su esposa en el lugar preciso y a la hora precisa, fueron aportados por Enrique Arancibia Clavel.

El cuadro se terminó de armar en Chile. Arancibia Clavel ya estaba condenado en Buenos Aires. Y de paso se probó que Michael Townley, el hombre que puso la bomba, nunca mintió. Su primera confesión la hizo ante policías chilenos –Nelson Jofré y Rafael Castillo, acompañados por el subcomisario Eduardo Riquelme González de la O.C.W. Interpol Chile– el 2 y 3 de septiembre de 1992, en Estados Unidos. Un interrogatorio que ordenó el ministro Adolfo Bañados:
– A mediados de 1974, Manuel Contreras da la orden a Pedro Espinoza para que se elimine a Prats en Buenos Aires. Se ofrecen 20 mil dólares a un grupo extremista argentino –TripleA– para ejecutar la misión. Pero los argentinos, luego de recibir el dinero, no tuvieron el valor suficiente como para matarlo. Ante esa circunstancia y bajo la presión del general Contreras y el brigadier Espinoza, se le asignó la misión al jefe de la DINA exterior, en ese momento, el comandante Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, quien utilizaba el nombre falso de ‘Diego Castro Castañeda’; y al oficial Armando Fernández Larios. Recuerdo que tres días antes del atentado me encontré con el comandante Iturriaga en Buenos Aires. Este fue hecho con la cooperación de ciudadanos argentinos de la Triple A. El jefe de la DINA Exterior era el comandante Iturriaga y como segundo estaba el capitán José Zara –confesó Townley.

Pero en 1992 Pinochet mantenía su poder político y su influencia en la Corte Suprema. El sello de la impunidad era inquebrantable. Más aún para el crimen de un jefe del Ejército. La confesión de Townley quedó archivada. Para muchos, Arancibia sería el único condenado.

El contrato de Enrique Arancibia Clavel en la representación del Banco del Estado de Chile en Argentina tiene como fecha de inicio el 1 de octubre de 1974, horas después de perpetrado el atentado que terminó con la vida del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert en una calle de Palermo en Buenos Aires. Casi un premio.

Pero durante el proceso por su muerte en Argentina a nadie le llama la atención la fecha. Tampoco que el bailarín Humberto Zambelli, su pareja, declarara en el juicio por espionaje que se conocieron en el verano de 1974, en Argentina. Días en que Arancibia aseguró que estaba en Chile.

MIRTHA LEGRAND Y SUSANA JIMENEZ
De no haber sido por las famosas Mirtha Legrand y Susana Jiménez, Arancibia y Zambelli no se habrían conocido. Porque fue cuando el segundo se desempeñaba como peluquero de la casa Miguelito Romano de Mar del Plata, que le tocó atender a Legrand y también a su esposo, Daniel Tinayre, quien lo contrató para ser bailarín en la comedia musical “Hair”. Un éxito total. Corría 1973 y las funciones se prolongaron durante ocho meses. Cuando “Hair” bajó el telón, Zambelli volvió a Mar del Plata pero ya no como peluquero: actuaría en un local nocturno llamado “Hidrógeno”, donde conoció a Susana Jiménez. La diva argentina lo contrataría para bailar en el Teatro Astros.

Era el verano de 1974 y en una de esas noches que salía de la función su vida nuevamente daría un vuelco. Al menos eso fue lo que relató ante sus interrogadores en 1978:
–Me espera una persona joven, de sexo masculino. Me invita varias veces a tomar café y charlar. Con el correr de los días acepto la invitación e incluso lo llevo a la casa de mis padres, en Lanús. Así fue como entramos de lleno en una relación amistosa con quien resultó ser Enrique Arancibia Clavel –declaró en el juicio por espionaje en contra de Arancibia.

Cuatro años después, la historia volvería a dar un brinco. Caería Arancibia y con él, el archivo que guardó en el doble fondo. Allí donde están las pruebas que lo inculpan en la represión contra chilenos.

 

Por : Mónica González en Reportajes de investigación
Fuente: ciperchile.cl