miércoles, 5 de septiembre de 2012

La historia que no se cuenta de Arancibia Clavel (Segunda Parte)

FAMILIA DE ESCRITORA ISABEL ALLENDE EN LA MIRA
Si bien el archivo de Arancibia Clavel muestra que el foco principal de su tarea son los exiliados, también está la prueba de que mantuvo vigilancia permanente sobre los otros chilenos que como él participaron de la conspiración para asesinar a Schneider y se refugiaron en Argentina.

Sobre Mario Igualt, cuñado de Roberto Viaux, informa el 21 de octubre de 1974: “Está trabajando para los servicios de seguridad argentinos de los cuales recibe una remuneración bastante alta. Su contacto es un oficial Schiaffino (del SIE)”. Cuatro días más tarde informa que Ramón Huidobro, embajador de Chile en Argentina hasta el 11 de septiembre de 1973, padrastro de la escritora Isabel Allende y la última persona –junto a su esposa, Francisca Llona– que vio con vida al general Carlos Prats, logró salir de Argentina. Estaba amenazado de muerte y lo buscaban para asesinarlo.

No era el único. En una orden perentoria enviada por “Luis Gutiérrez”, chapa que usa el jefe el Departamento Exterior de la DINA y que en esos días esconde la identidad del general Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, se le pide “la ubicación de trabajo y domicilio particular de los más connotados del régimen pasado en Buenos Aires y Mendoza”. La primera nómina de los chilenos simpatizantes de la Unidad Popular viviendo en Argentina fue depositada personalmente por Arancibia en el escritorio de “Luis Gutiérrez” en Santiago.

Mario Igualt le sigue preocupando: “He sabido que Igualt utiliza en Chile una cédula de identidad falsa a nombre de Pino para negocios poco claros. En Argentina también tiene doble documentación. La falsa lleva el nombre de Horacio Pizarro”.

A medida que la represión recrudece en Argentina, Arancibia extiende sus nexos con los militares y civiles de la represión. El sacerdote salesiano Luis Gallo se trasforma a fines de 1974 en su blanco. Escribe: “Está en Santiago, es contacto de la guerrilla argentina de Córdoba con los extremistas chilenos. Deben cercarlo. Es muy hábil y peligroso”.

Uno de los puntos iniciales que demandaron mayor trabajo fue encontrar las vías más seguras para el envío de documentos desde y hacía Chile. Durante un tiempo se hizo a través de Sonia Montecinos, secretaria del encargado de negocios de la embajada de Chile en Buenos Aires, Carlos Osorio. En Chile, los sobres los recibía en el Ministerio de RR.EE. Miguel Poklepovic Klamce, quien debía llamar a “Don Elías” (otra chapa utilizada por Iturriaga).

Lo anterior me fue confirmado por el propio Poklepovic, en declaración notarial, quien incluso me informó que la solicitud de ayudar en esta tarea la recibió en Santiago, en la cena en casa de un familiar de Arancibia.

La vigilancia de la DINA en Buenos Aires se concentró en los chilenos que trabajaban en la CEPAL y en la Fundación Ebert, de la entonces Alemania Occidental. En uno de los documentos se lee: “El representante de la Ebert es Klauss Dressel, domiciliado en Florida 716, octavo piso, departamento C. Actúa junto a Walter Nocker, delegado laboral de la embajada alemana en Chile. Walter actúa como correo y enlace de los dos países. Obtener el máximo de antecedentes de la fundación así como de los sujetos mencionados”.

La respuesta la entregó Arancibia en persona en la sede de la DINA en calle Belgrado en Santiago. Y también agregó datos sobre su otro objeto de vigilancia, el grupo de Mario Igualt, al que veía como una competencia: “El padre Ernesto Rojas, quien hizo las acusaciones en noviembre de 1974, va a Chile a fines de diciembre, les avisaré para que tengan entrevista. Tiene mayores antecedentes de la red que ha tratado de formar Igualt en la que estarían Enrique Rojas, Julio Fontecilla, Jorge Arce y Carlos Labarca (cuñado del almirante Martínez Bush y todos prófugos por el crimen del general Schneider) . Este último sería contacto de un comandante Carrasco de la DINA con oficinas en el Ministerio de Justicia”.

Arancibia se equivocó. Igualt ya trabajaba para la DINA. Labarca también. Ello coincidió con la llegada del jefe oficial de la red DINA en Buenos Aires: el coronel Víctor Barría Barría. En un documento despachado desde Santiago se lee: “El coronel Barría es nuestro representante oficial y tú eres un jefe de información clandestino. Tus relaciones con él deben ser totalmente encubiertas. No te debes quemar. Debes seguir trabajando en la misma forma en que lo has hecho hasta ahora”.

LA CONEXIÓN ARGENTINA
El anuncio de la llegada del coronel Barría impulsó a Enrique Arancibia a desplegar una mayor actividad. En diciembre de 1974, el ex estudiante de ingeniería informa de un socio clave para la actividad represiva de la DINA en el exterior y la “Operación Cóndor”. Martín Ciga Correa, jefe de seguridad de la Universidad de Buenos Aires, le ofrece información de todos los chilenos, docentes y estudiantes, en dicha casa de estudios.

Pero Ciga era un viejo conocido de la DINA. Dirigente del grupo Milicia Nacionalista, participó del asesinato de Prats. No fue escogido al azar. Su historial terrorista habla de ello. Militó en los grupos de choque del nacionalismo argentino donde recibió el apodo de “Cristo” y en “Los Panzer”, un grupo armado de la llamada Juventud Nacionalista Socialista. Al morir Perón, el grupo de López Rega, fundador de la Triple A, convence a la presidenta Estela Martínez de designar ministro de Educación a Oscar Ivanisevich, quien pone como rector de la Universidad de Buenos Aires a Alberto Ottalagano. No fue un escándalo. La represión brutal lo impidió. Porque Ottalagano exhibe en su reseña académica ser el autor de un libro cuyo titulo es Soy fascista, ¿y qué?.

El nuevo rector y autor del libro contrató de inmediato a Ciga Correa como jefe de seguridad de la universidad. Muy pronto sería identificado como autor del asesinato de Daniel Winier, estudiante de Ingeniería, secuestrado el 29 de noviembre de 1978. Pero no pasó un día en prisión. Es Ciga el que a fines de 1974 le entrega a Arancibia una nueva información que éste transmite a Santiago: “El grupo que eliminó a Prats tendría una lista de otros 8 chilenos”. Ciga también le informa que Ramón Huidobro y su esposa Panchita ya están en Estados Unidos. El matrimonio nunca supo que saliendo apresuradamente de Argentina escapó de una muerte segura.

Lo mismo habría ocurrido –de acuerdo a estos archivos– con María Isabel Camus, ex ejecutiva de Codelco en tiempos de la UP y una de las 8 personas sindicadas como “blancos a eliminar”. “Su dirección es la misma que la de nuestro agregado naval. Todos los antecedentes de sus movimientos los tiene la SIDE”, informó Arancibia.

Todo eso costaba mucho dinero. Porque así como Arancibia recibía un sobre mensual con dólares de la DINA, un complemento de su sueldo en el Banco del Estado, los servicios que prestaba Ciga no eran gratis. Tampoco la información que entregaba. En un oficio enviado por Arancibia a Santiago, se lee: “Envío fotocopia de cheque pagado por Ciga a María José Riesco Bezanilla, chilena, por informaciones que esta entregaba a Ciga sobre chilenos en la Universidad (de Buenos Aires, UBA)”.

El calor de febrero (1975) no impidió que Arancibia siguiera los pasos de otros sacerdotes “conectados con el movimiento subversivo”, a quienes identifica en relación con el cura “jesuita estadounidense radicado en Salta, padre Haas, rector de la Universidad Católica de esa ciudad y amigo personal de Allende. Este cura es visitado asiduamente por exiliados chilenos y bolivianos”.

El negocio de las armas, por encargo de sus jefes, lo mantuvo ocupado en marzo de 1975. Su interlocutor era Luis Sanies, el “contacto lo inició Jorge Ramírez del Bank of America”. Sanies es “mayor en retiro, del Estado Mayor Conjunto, Jefatura Dos de Inteligencia, subalterno del general Della Croce y quien servirá de enlace directo con el almirante Peyronnel, actual jefe de la SIDE”. El viernes 14 de marzo a las 15 horas se lleva a cabo la cita.

Por el informe que despachó se desprende que la SIDE no está respondiendo a la colaboración con la DINA. “Sanies está de acuerdo en que la colaboración se haga en forma extraoficial, sin embajada”. Y agrega “todos los antecedentes sobre los ‘juguetitos’ que tiene para vender, entre ellos una cotización de proyectiles”.

Un aumento de su sueldo es el premio por este negocio con Sanies y su segundo (Horacio Sturlla), que se concreta en Santiago. Arancibia cambia de foco y pide que se investigue al subgerente de comercio exterior del Banco del Estado, Alfonso Ubilla, al tiempo que informa del aumento de desaparecidos por la represión en Argentina: “Han caído hasta el 13 de abril 160 personas, lo que hace un promedio de un muerto cada 15 horas. En los últimos días han caído 8 chilenos. Se estiman R.I.P.”.

“OPERACIÓN COLOMBO” PASO A PASO
Abril seria un mes en que Arancibia mostraría a sus jefes la eficiencia de sus contactos. El supuesto cadáver del ingeniero chileno David Silbermann, ex gerente de Chuquicamata, secuestrado en octubre de 1974 desde la cárcel en Santiago y desde entonces desaparecido, fue hallado en un estacionamiento de Buenos Aires. En el archivo de Arancibia están las hojas manuscritas con los datos de Silberman enviados desde Santiago para ese montaje. Sería el comienzo de una de las operaciones más brutales del régimen chileno: la “Operación Colombo”, que intentará hacer aparecer como asesinados por sus propios compañeros en el exterior a 119 detenidos desaparecidos chilenos. Arancibia jugará un papel clave en ese montaje.

“Adjunto material relacionado con los ejecutivos de las operaciones aparecidos en diferentes órganos de prensa. Va foto de Ubal Tahl, posiblemente RIP por coordinación federal. Las facturas que acompañan a Colombo se pagarán en el transcurso de la semana junto con 15 facturas argentinas”, dice el cable cifrado que le envió a “Luis Gutiérrez”, jefe del Departamento Exterior de la DINA. Las facturas son detenidos.

Pero no todo funcionó como estaba planeado. El 22 de abril, Arancibia le envió un informe al general Raúl Iturriaga: “Lamentablemente hasta el momento la publicidad para el caso ‘Colombo’ ha sido casi nula. Mañana me entrevistaré con Martín Ciga para saber exactamente qué pasó. Para esta semana están prometidos los dos restantes que aparecerán con 15 ‘criollos’. Espero que la publicidad sea mayor. Martín me solicitó atención de fotografía para aproximadamente siete personas. Espero llevarlas conmigo. También me ofreció un negocio con Isabel Camus”.

Isabel Camus estaba nuevamente en peligro. Como miles de chilenos y argentinos sobre los que se había desatado una cacería inédita. Arancibia viajó a Chile el 25 de abril para coordinar los detalles de la “Operación Colombo” en marcha. Los nombres de 7 prisioneros ya ejecutados, sobre los que Martín Ciga pide atención de fotografía (pasaportes o cédulas) se discutieron en el cuartel central de la DINA.

Como brazos operativos de la DINA, coordinados personalmente por Arancibia Clavel, se integró el grupo Falange de Fe, con sede en Córdoba y cuyo jefe era Jorge E. Flores Allende. Sanies también constituyó otro brazo operativo a sueldo. Dos brazos armados para actuar y reprimir en Buenos Aires y Córdoba según decidiera la jefatura de la DINA en Santiago.

LAS HOJAS MANUSCRITAS
La real es que ni Sanies ni Flores podían competir con el grupo de Ciga Correa, el principal brazo operativo que tuvo la DINA en Argentina. En las carpetas de plástico negras que conservó Arancibia quedó la huella macabra de esa sociedad. Con fecha 8 de mayo aparecen las listas manuscritas con los nombres de más de 100 detenidos chilenos a los que se debe hacer como ejecutados en Argentina. Son hojas de cuaderno simples, con borde azul y faltas de ortografía. Allí figuran nombres que jamás han tenido explicación porque no aparecen en ningún registro de prisioneros o desaparecidos: Samuel Ovando Abarca Molina, Gabriela Arredondo Andrade y Soledad Sepúlveda.

Ciga hacía su trabajo. Así se desprende del informe que despachó Arancibia el 16 de mayo sobre la primera fase de la Operación Colombo, “efectuada por el grupo de Martín Ciga en forma perfecta”, escribe. Un informe que estremece pues también allí detalló la eficacia de los grupos paramilitares que sembraban el terror en esos días en el país vecino. A los que Arancibia simplemente llama “comandos de ejecución”.

“Su ejecutor directo es el comisario Ramírez (a), ‘El Carnicero’, especialista en quemados y ahogados. Con los últimos acontecimientos políticos este grupo ha decidido unirse al grupo de Martín (Ciga)”, relató Arancibia a sus jefes al informarlos de su última adquisición: el grupo Arens.

La dirección del domicilio particular de Ricardo Lagos y de otros cinco investigadores de Flacso en Buenos Aires es la última anotación que agregó Arancibia en su detallado informe sobre los grupos paramilitares argentinos.

Pero algo ocurrió. El 23 de mayo despachó un informe con carácter de urgente: “Me ha llamado la atención el silencio con respecto a la ‘publicidad’ del caso ‘COLOMBO’. Desde hace una semana que no se tiene ninguna información de ustedes al respecto. Me gustaría saber a qué determinación se llegó para saber como manejarme con el periodista Carlos Manuel Acuña que me llama casi todos los días. Mañana obtendré todos los antecedentes que se mandaron a Santiago por intermedio de la Interpol. Las copias se las consiguió Vicente (coronel Víctor Barría) ”.

Colombo tenía problemas. Aún así, la conexión de la DINA con su símil argentino (SIDE) quedó nuevamente establecida. Sanies fue el nexo con el coronel Spinetto, “segundo del SIDE interior, es decir del trabajo subversivo”, escribió Arancibia. Y agregó: “Lo que les interesa es el contacto por si tuviera que hacerse un operativo no oficial”.

EL EMBAJADOR DISCOLO

La última fase de la Operación Colombo era inminente. Y en esos precisos días el embajador de Chile en Argentina, René Rojas Galdames, le disparó a Manuel Contreras un misil que jamás fue público: les cortó la valija diplomática a los hombres de la Dina. Arancibia enfureció y buscó alternativa. Será Michael Townley quien la encontrará en pilotos de Lan Chile que por unos pocos dólares aceptaron el trabajo. Pero Rojas quedó en una lista negra con cuentas por cobrar.

Más tarde, como consta en sus archivos, Arancibia recurrirá a un alto jefe de inteligencia argentino para que vigile y espíe al embajador Rojas y a su familia. La vida privada de sus hijas fue descrita con procacidad en los informes de la DINA, mientras la tensión entre Rojas y el coronel Barría crecía. Arancibia escribe: “Es fundamental que este señor entienda para quién trabaja. El embajador viaja ahora a Santiago. Seguramente irá a mover su mafia radical en contra de los funcionarios leales. Pido a la empresa que se tomen las medidas drásticas correspondientes”.

Años más tarde, en la noche del 10 de noviembre de 1981, la CNI haría explotar un auto al frente del domicilio del embajador en Santiago (Las Vizcachas), con cuatro ocupantes en su interior. La versión oficial señaló que los cuatro jóvenes, que murieron calcinados, preparaban un atentado a la casa del ex embajador cuando las bombas por error explosionaron. Lo que comprobó el juez Joaquín Billard años después fue que los cuatro ocupantes del automóvil habían sido detenidos previamente por la CNI. Uno de ellos hasta hoy no ha podido ser identificado, pues le faltaban la cabeza, los pies y las manos. Muchos creen que fue una venganza de los ex Dina contra Rojas.

LA HUELLA DE TOWNLEY
En esos días de 1975, en los papeles de Arancibia aparece Michael Townley por Buenos Aires. Ambos se conocen. Y muy bien. Desde que coinciden en la operación en la que se asesinó al general Carlos Prats y su esposa en una calle de Palermo en Buenos Aires (1974). Esta vez Townley irrumpe con un rol relevante en la Operación Colombo. El propio Manuel Contreras lo ha enviado con una tarjeta firmada por él y dirigida al subsecretario de Seguridad Interior, Héctor García Rey, para finiquitar Colombo.

En ella Contreras le ofrece “incondicional apoyo que tendrá de nuestra parte en todas sus actividades” y le pide “dedicarle unos minutos a quien es ya un viejo conocido suyo”. En efecto, Arancibia y García Rey se conocen. La tarjeta es el sello de que la misión que lleva el primero es oficial. Y al más alto nivel.

La reunión entre Arancibia Clavel y García Rey tiene lugar el viernes 1 de agosto. “Sobre las listas de chilenos entrados a la Argentina por diferentes pasos, entregados en su oportunidad por el señor Diego Castro (identidad falsa de Raúl Iturriaga Neumann), me las entregará con sellos y firmas tal como se planteó en la entrega original. Contestó que estas listas estarán el 5 de agosto y las va a confeccionar su propio hermano presente en la entrevista. Le pedí pasaportes argentinos en blanco a lo cual se comprometió a entregarme cinco el mismo martes 5”.

Lo que se le exige a García Rey son los papeles oficiales que acreditarán que los 119 chilenos a los que se quiere hacer aparecer como asesinados por sus propios compañeros en el exterior, efectivamente pasaron desde Chile a territorio argentino por distintos pasos cordilleranos. Son los mismos que aparecen en la lista manuscrita con más de 100 nombres de detenidos que estaba en su archivo.

Tras uno que otro inconveniente, y la oportuna intervención de otro socio importante de la Dina y protagonista de la guerra sucia argentina, Jorge Osvaldo Riveiro (alias “Rawson”, segundo al mando del SIE), la operación queda lista para su ejecución final. García Rey será mencionado en adelante como “Tito”. Meses más tarde, cuando García es amenazado de muerte, se le ofrece descanso y reposo en Chile para él y su familia. Lo mismo hace Riveiro, quien viaja a Santiago con su esposa con todos los gastos pagados por la DINA, el 2 de septiembre de 1975. Se embarca en Paraguay. Un tramo que será recurrente entre los hombres comprometidos en la Operación Cóndor, de los cuales Riveiro será pieza clave.

Así lo prueba un informe fechado el 27 de agosto de ese año, en el que Arancibia le escribe a Iturriaga: “El teniente coronel Osvaldo Rawson tiene la idea de formar una central de inteligencia coordinada entre Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay”.

La historia que sigue se ha escrito ya varias veces. Tras la aparición de la revista argentina Lea (60 nombres) y el diario Novo O’Día de Curitiba, Brasil (59 nombres), con la nómina de los 119 chilenos supuestamente asesinados en Salta por sus propios compañeros, llegaron los titulares de la prensa chilena. El 23 de julio, miles de chilenos leyeron con horror: “Exterminados como ratones” ( La Segunda), “El MIR asesina a 60 de sus hombres en el exterior” ( La Tercera), “Identificados 60 miristas ejecutados por sus propios camaradas” ( El Mercurio), “Sangrienta pugna del Mir en el exterior” ( Las Últimas Noticias).

Durante varios días se destacó que por todos ellos se había presentado recursos de amparo “lo que demuestra la mentira que los marxistas han fabricado sobre la acción de los servicios de seguridad”. Ese montaje, uno de los más estremecedores que se vivió en dictadura y que puso por primera vez la palabra “desaparecido” sobre la mesa, fue digitado desde el cuartel central de la DINA y lleva la huella clave de Enrique Arancibia Clavel.

El régimen de Pinochet insistió a través de todos sus canales diplomáticos y políticos que no tenía ninguna relación con el montaje de la Operación Colombo. Aun cuando los sobrevivientes de las cárceles iniciaran una huelga de hambre insistiendo en que a la mayoría de ellos los habían visto en alguna de las cárceles secretas en donde los mantuvieron detenidos. Aun cuando quedara demostrado que la revista Lea tuvo esa sola edición en Buenos Aires, y salió de una imprenta de López Rega, el fundador de la Triple A de Argentina y socio de la DINA. Y a pesar de que lo mismo ocurrió con el diario de Curitiba, pero articulado por el cónsul de Chile en Río de Janeiro, Gerardo Roa.

“OPERACIÓN EUROPA”
Las operaciones de ejecución no terminaron con las repercusiones de Colombo. Por el contrario. En los archivos de Arancibia Clavel está la prueba. Ciga Correa pidió más “trabajos” a ejecutar en Buenos Aires o en cualquier otra ciudad del mundo; y “una metralleta Sterling o del tipo, más silenciadores”. Y le puso un alto precio a su función.

Una acotación de Arancibia retiene la atención: “Martín pregunta si la ‘Operación Europa’ va a necesitar colaboración de parte de ellos”. El 15 de agosto, Ciga recibe una respuesta afirmativa: trabajará en el “tramo alemán” de la “Operación Europa”. Y sólo eso. Hoy sabemos que en ese momento faltaban sólo días para el atentado contra Bernardo Leighton y su esposa, ejecutado el 5 de octubre en Roma. Ambos sobrevivieron, pero con graves secuelas. Y también, del fallido intento de asesinar al terrorista venezolano Carlos “El Chacal” (Ilich Ramírez Sánchez) , a cambio de una gruesa recompensa que le pide Manuel Contreras al Sha de Irán. ¿Cuáles fueron los otros atentados? ¿Cuántos tuvieron éxito? No hay respuesta aún.

Pero los archivos de Aranciba entregan otras respuestas. Como lo que ocurrió cuando el dirigente del Mir Jorge Isaac Fuentes Alarcón (“El Trosko”), fue detenido en Asunción y entregado por la policía secreta de Paraguay a la DINA. Cuando se entera en Buenos Aires el teniente coronel Riveiro “Rawson”, se enfurece. Está convencido de que Fuentes tiene información clave de la Junta Coordinadora Revolucionaria y lo quiere para ellos. Los servicios se disputarán las presas de la cacería humana haciendo trastabillar la incipiente cooperación.

No es el único problema que enfrentan la DINA y Arancibia en esos días. Porque Riveiro (“Rawson”) es informado de que Manuel Contreras ha organizado una reunión de coordinación de los servicios secretos de las dictaduras del Cono Sur en Santiago. La que consideraba su idea original debutaría en noviembre y él no estaba invitado. El oficial argentino estalla. Arancibia movería sus piezas en los días en que Manuel Contreras se preparaba para inaugurar oficialmente el 26 de noviembre la Operación Cóndor en Chile. Oficialmente, porque en los hechos hacía ya un tiempo que la coordinación para asesinar opositores estaba en marcha.

LA CAPTURA DE EDGARDO ENRIQUEZ
La actividad represiva no para. Días antes del estreno de Cóndor, el 17 de noviembre de 1975, Arancibia despacha el siguiente informe a Santiago: “Según informaciones del comandante Jorge Osvaldo (Riveiro), ‘Pollo Enríquez’ ubicado en Baires. Se esperan novedades. El tal Claudet (Jean Ives Claudet, detenido desaparecido) podría ser Humberto Sotomayor, enviar foto. Claudet es RIP. En últimas instrucciones de la Junta Coordinadora Revolucionaria aparecen involucrados Renán Fuentealba y Bernardo Leighton”.

El jefe del MIR, Edgardo Enríquez, sería detenido en Buenos Aires. Su detención y eliminación marcaría un hito en la DINA. La participación del aparato del SIE en su captura no fue gratis. La DINA ofreció conectar los dos servicios en forma directa y permanente a través de un telex especial que la propia DINA financió y proporcionó. Manuel Contreras cumplió. En marzo, la coordinación de los servicios represivos secretos de Chile y Argentina pasa a un nivel superior. Un detalle sorprende. Revisando el archivo de Enrique Arancibia Clavel se advierte que en esos días de noviembre de 1978, con la guerra inminente entre ambos países, ese telex nunca dejó de funcionar. La guerra sucia no tuvo tregua.

NUEVOS SOCIOS PARA EL TERRORISMO
Los documentos que contiene el archivo de Arancibia Clavel, el único que finalmente se haya encontrado de la DINA, son un registro impactante del horror. Allí están las cédulas de identidad de algunos de los desaparecidos que siempre se negó que hubieran sido detenidos. Fotos de cuerpos despedazados, mutilados o carbonizados. ¿Qué hacían en Argentina? Un misterio. Porque Arancibia siempre rehusó hablar de ello.

Tampoco se sabe más que lo que está en esos papeles del seguimiento, detención y asesinato de Alexei Jaccard Siegler, quien aterrizó en Buenos Aires el 16 de mayo de 1977. Venía de Europa y traía consigo dinero para llevar a Chile a sus compañeros del Partido Comunista. Al día siguiente de su arribo fue capturado. Su rastro se perdió, pero en los informes figuran algunas claves sobre la tortura que sufrió y su ejecución, como también sobre la cacería que se desató y que terminó con otros 15 chilenos desaparecidos.

Un episodio que revela la otra cara de la represión: el robo permanente de dineros y objetos de valor de los que eran despojados los prisioneros. Al punto que los hombres de Ciga Correa, del italiano fascista Stephano Delle Chiaie y los cubanos Virgilio Paz y los hermanos Novo, más Arancibia y otros chilenos, terminan formado una sociedad cuyo objetivo será secuestrar empresarios para cobrar rescates y traficar armas. Un capítulo que ningún tribunal ni argentino ni chileno ha investigado hasta ahora.

En los archivos de Arancibia hay varios documentos que prueban la nueva incursión de los agentes de la represión. Como el que da cuenta de la reunión que Ciga Correa, Virgilio Paz y otros tienen en junio de 1976 en la casa cuartel que habita Michael Townley en Lo Curro, para “planificar una serie de secuestros a realizarse en Argentina dada la necesidad de conseguir fondos propios”.

EN LA MIRA DEL FBI

Hacia fines de 1976, la necesidad de dinero que revelan los hombres del terrorismo internacional se hace más evidente. Así también los lujos que se permiten. Enrique Arancibia Clavel no se queda al margen. Con su pareja Humberto Zambelli, se han convertido en socios como propietarios del departamento en el que viven juntos en Buenos Aires. Para los fines de semana, se han comprado un terreno en el sector residencial de Tortuguitas y allí se hacen construir un quinche, una especie de palafito con techo de paja, y una piscina. Un perfecto refugio de descanso. Todo aquello requiere dinero. Arancibia explorará nuevas vetas comerciales para su grupo. También coordinará compras más complejas.

Como la que informa en un misterioso sobre que despacha desde Buenos Aires dirigido a Alejandro Bontempi de Operaciones Lan Chile en Santiago. Al interior hay otro sobre más pequeño dirigido a “Luis Gutiérrez” y su número de teléfono en el cuartel general de la DINA: 31402. Arancibia espera impaciente la respuesta. Como no llega, se alarma. Y manda un telex.

En el sobre pequeño iba el informe de las compras de pertrechos efectuadas por “Javier” (el cubano Virgilio Paz, quien participó en el asesinato de Orlando Letelier, fue condenado por la justicia de EE.UU. y se refugió un tiempo en Chile), por encargo de la DINA: equipos de radio y otros elementos para la fabricación de bombas del mismo tipo que la que se utilizó para asesinar a Carlos Prats y su esposa en 1974.

Y se fabricaron. Y se usaron. Así lo demostró la justicia estadounidense en un terreno de experimentos: la misma bomba que asesinó a Prats en septiembre de 1974, se utilizó en septiembre de 1976 para hacer explotar el auto en que viajaba Orlando Letelier y su asistente en Washington.

Los elementos fueron comprados por Virgilio Paz, quien utilizó una cédula de Alejandro Bontempi, haciéndolo residir en Argentina. En los archivos de Arancibia está la huella.

Operaciones que terminaron con Enrique Arancibia en la mira del FBI. El 12 de octubre de 1977 queda registrado en la agenda del agregado del FBI en Buenos Aires, Robert Scherrer, su cita con Arancibia, quien se presenta como “amigo” del coronel Víctor Barría, el jefe oficial de la DINA en Buenos Aires. Le pide visa para viajar a California. Son días en que según los archivos están en marcha varios negocios para conseguir fondos. Y todos terminan en Estados Unidos.

La visa le costará caro. Porque más tarde Scherrer dirá que sin que se lo pregunte, Arancibia le cuenta que su trabajo en el Banco del Estado es sólo una cubierta para su trabajo real como jefe de la red clandestina de la DINA en el vecino país.

El final de estos archivos coincide con la pérdida del poder total que gozó Manuel Contreras y sus hombres. La descomposición trasunta en cada informe. Mucho más en las cartas que oficiales le escriben a Arancibia desde Chile. Un capítulo que lleva al entramado oculto de la gestación, financiamiento y desarrollo en Chile de la “Operación Cóndor”, que sirvió para desplegar en los ’70 y años 80, un enorme aparato de terrorismo de Estado internacional en concomitancia con los servicios de seguridad de las otras dictaduras del Cono Sur. Y todo ello bajo el alero logístico y financiero de la DINA.

Cientos de agentes desplegados por el mundo, sofisticadas redes de comunicación, fabricación de armas químicas y biológicas, viajes, pagos a agentes de otros países y muchos otros ítems requirieron de una estructura de financiamiento millonaria que salió de las arcas del Estado de Chile y de una compleja red de sociedades asentadas en paraísos fiscales.

Aún hoy esas redes mantienen contactos y vínculos de protección. Así lo reveló el asesinato del químico de la DINA, Eugenio Berríos, en Uruguay en 1993, quien trabajó precisamente para ese secreto Departamento Exterior fabricando armas químicas. Arancibia lo conoció muy bien. En su archivo hay varias referencias a “Hermes”, su nombre de batalla en la DINA y las réplicas que provoca su imprudencia al haberlo mencionado con nombre y apellido en uno de sus telex. Y también, una de sus tarjetas de visita.

La prueba de esa red de impunidad es la libertad de la que gozaba el propio Arancibia Clavel desde 2007 en Buenos Aires por un incomprensible interpretación legal de sus condenas. Más grave aún es la total impunidad de la que goza hasta hoy Martín Ciga Correa. No sólo porque proporcionó la principal ayuda que permitió poner la bomba en el auto del general Prats, un doble crimen por los que nunca ha sido interrogado. Ciga posee la llave que conduce a los secretos del destino final de muchos detenidos desaparecidos de Chile y Argentina. Y también de qué se hizo con grandes cantidades de dinero que alimentaron la represión.

 
Por : Mónica González en Reportajes de investigación
Fuente: ciperchile.cl

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